Proponen investigar fraccionamientos irregulares

El pleno del Congreso local propuso exhortar a dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal que investiguen las posibles irregularidades en que incurrieron constructores de 14 fraccionamientos, algunos de los cuales sufrieron afectaciones con motivo del paso de la tormenta tropical Henriette.
Sin embargo, el documento no fue sometido a votación debido a que después de varias horas de sesión, los diputados fueron abandonando paulatinamente el salón de sesiones, forzando a que fuera suspendida por falta de quórum.
En el documento que será sometido a votación hasta el próximo martes, se planteó que en dado caso de que se confirmen irregularidades derivadas de la acción u omisión de autoridades estatales o municipales, se finquen las responsabilidades penales que correspondan.
El dictamen presentado ayer, también convoca a los propietarios de viviendas inundadas, que se organicen y asesoren legalmente, para que demanden a las empresas inmobiliarias que edificaron los fraccionamientos, para exigir el pago de indemnizaciones, compensaciones, devoluciones o aquellas acciones jurídicas que consideren pertinentes.
También proponen la posibilidad de denunciar a servidores públicos que hayan incurrido en actos u omisiones que hayan derivado en autorizaciones o ausencia de regulación en el desarrollo de fraccionamientos, y piden a los ciudadanos que no compren viviendas en esos desarrollos.
Dicho documento fue signado por los diputados ecologista Alejandro Carabias Icaza, la panista Jessica García Rojas, el priista Fermín Alvarado Arroyo y el perredista Wulfrano Salgado Romero.
Los legisladores indicaron que desde el 15 de mayo de 2006, se solicitó la investigación sobre las violaciones al Plan Director de Desarrollo Urbano de ese municipio, así como el otorgamiento ilegal de licencias de construcción y de impacto ambiental con los que cuentan desarrollos irregulares; sin embargo, no se obtuvo información del ayuntamiento.

LAS “TAREAS”

Los legisladores piden al ayuntamiento acapulqueño que no otorgue cambios de uso de suelo o licencias de construcción para desarrollos habitacionales de alta densidad, en zonas inundables, de humedales o donde no sea apto para ese tipo de obras.
A la Contraloría municipal y al Cabildo porteño se solicita que investigue y determine si las licencias y aprobaciones de recientes desarrollos habitacionales fueron emitidos de forma legal, y en su caso se determinen sanciones administrativas y se finque responsabilidad penal contra funcionarios que hayan incurrido en irregularidades.
También se pide a la Secretaría del Medio Ambiente estatal que agilice los trabajos de ordenamiento ecológico territorial de Acapulco, además de que no autorice evaluaciones en materia de impacto ambiental ni cambios de uso de suelo con vocación forestal, para fraccionamientos que no sean compatibles con usos de suelo o no tengan autorización de la Comisión Nacional del Agua.
En tanto que piden a Protección Civil estatal elabore un dictamen para conocer las condiciones de riesgo de los nuevos desarrollos inmobiliarios ante fenómenos meteorológicos adversos.

HAY MUCHAS IRREGULARIDADES

Para el coordinador de los diputados priistas, Abraham Ponce Guadarrama, es muy dudoso que las casas afectadas por el paso de Henriette se hayan construido en lugares donde no se debió expedir la licencia de uso de suelo, porque no son terrenos aptos.
“Tengo entendido que son tres empresas las que están implicadas en esas construcciones. Entonces, ellos obtuvieron el permiso. Creo que ahí deben revisarse las licencias, quiénes las expidieron y fincar responsabilidades”, afirmó el legislador tricolor.

LOS FRACCIONAMIENTOS IMPUGNADOS

Los desarrollos inmobiliarios realizados por la empresa Casas Geo cuya legalidad deberá ser investigada son el fraccionamiento La Marquesa en sus cinco etapas, Las gaviotas, Villas Paraíso I y II, y La Marquesita, que se encuentra en cimentación a pesar de que no cuenta con licencia de construcción.
Del consorcio Ara, se pidió investigar al fraccionamiento Casas Ara, así como el Costa Dorada de la Imobiliaria Homex, casas Sesga de la empresa del mismo nombre, y el fraccionamiento La Ceiba y Residencial Diamante de inmobiliarias desconocidas.

LAS CONCLUSIONES

El dictamen presentado ayer por el Congreso local establece que por las lluvias registradas durante dos días a causa de la tormenta tropical se registraron daños en el municipio de Acapulco, provocando la muerte de seis personas y la evacuación de decenas de familias para garantizar su seguridad.
Adicional a lo anterior se presentaron cuantiosos daños en casas habitación, tanto a pertenencias como a los inmuebles de recientes desarrollo habitacionales ubicados en la zona de Llano Largo y otras áreas ubicadas en cauces naturales de agua ubicados en la zona de influencia de la Laguna Negra y la de Tres Palos.A partir de ello, el dictamen aprobado ayer establece la posibilidad de que servidores públicos hayan incurrido en actos u omisiones que afectaron la integridad física y seguridad de la población, su salud, y los recursos naturales del municipio y del estado.

Desmiente director de ISSSTE a subsecretario de Salud

El director del hospital del ISSSTE en Chilpancingo, Sergio Martín Alday Alarcón, calificó de infundadas las declaraciones del subsecretario de Regulación Sanitaria estatal, Pedro Salgado Sales, y negó que en ese lugar trafique con sangre.
Asimismo, descartó también la aseveración de que esa clínica no cuenta con permiso para operar su banco de sangre, ya que se tiene la licencia número 20290003, expedida por la Secretaría de Salud federal, a través del centro nacional de transfusión sanguínea, y fue firmada por el director Antonio Marín López.
Dicho documento faculta al médico Enrique Astudillo a operar el banco de sangre que se encuentra en el interior del hospital mismo que tiene el folio 50101778.
Alday Alarcón reconoció que en abril pasado, la Secretaría de Salud estatal supervisó el banco de sangre del ISSSTE y realizó algunas observaciones, entre las que destacan la insuficiencia de la infraestructura.
La dependencia estatal recomendó hacer obras como ampliar el espacio del consultorio del médico encargado, y modificar procedimientos como llevar un control más riguroso del libro de registros.
Dichas recomendaciones, indicó el galeno se han atendido en las posibilidades del hospital y para las que no se tiene capacidad, como la ampliación de las instalaciones del banco, se solicitó el apoyo directamente a la delegación del ISSSTE para que se considere en el presupuesto de egresos del próximo año.
“Este año hemos tenido importantes inversiones en infraestructura del hospital, se construye una más amplia y moderna sala de urgencias, llegaron incubadoras y ventiladores manuales nuevos y se trabaja en el programa de consultorio digno para que los derechohabientes reciban atención de calidad”, dijo el director, quien agregó que en lo anterior se han invertido más de seis y medio millones de pesos.
Sin embargo, insistió en que, a pesar de las observaciones, la licencia de operación del banco de sangre se encuentra vigente y por tiempo indeterminado, aún cuando el propio hospital se encuentra en proceso de renovación de su licencia sanitaria.
Sobre las críticas que hizo el subsecretario de Salud, Alday Alarcón se abstuvo de opinar, ya que oficialmente no hay ninguna notificación a esa instancia.
Comentó que desde hace meses, se reiteró a los encargados del banco de sangre que el proceso de donación es totalmente gratuito y a los derechohabientes se les garantice siempre el acceso a sangre segura.
Agregó que el hospital tiene una política altruista y que se colabora con los nosocomios la Madre y el Niño, el Raymundo Abarca Alarcón, el del Seguro Social y muchas clínicas privadas.
Indicó que cuando estas instituciones necesitan de urgencia sangre que haya en ese hospital, se les proporciona de inmediato de forma totalmente gratuita, con el único compromiso de que envíen para reposición dos donadores por cada unidad y en algunos de los casos tienen que reponer también las bolsas, pero sin ningún cobro de por medio.

Nombran a ex procurador como director de Defensoría de Oficio

Luego de varias semanas de conflicto interno al interior de la Dirección de Defensoría de Oficio, ayer fue designado el ex procurador General de Justicia estatal, Jesús Salas Moreno, como nuevo titular del área.
Salas Moreno fue el fiscal estatal que tomó el cargo luego de la masacre ocurrida en el vado de Aguas Blancas, y actualmente es socio en un bufete jurídico con el actual procurador Eduardo Murueta Urrutia.
El nuevo director de la Defensoría de Oficio fue funcionario de segundo nivel en el gobierno de José Francisco Ruíz Massieu, cuando ocupó el cargo de subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos.
También ha ocupado prácticamente todos los cargos en el escalafón del Poder Judicial desde secretario de acuerdos, juez, hasta magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
El nombramiento ocurrió a pesar de que se había informado que el ahora ex director José Ramírez Villalba, no se encontraba destituido del cargo, ya que era investigado por presuntas irregularidades que habría cometido, de acuerdo a empleados de esa área.
El nuevo director rindió protesta ayer ante el secretario general de Gobierno y los defensores que recién fueron integrados a esa área, quien le encomendó atender la tensa situación que priva en dicha dirección.
El secretario Armando Chavarría aclaró que el nombramiento no es temporal sino “definitivo y se hizo en base a las facultades que tiene el gobernador del estado que es quien firma el documento”.
Chavarría Barrera informó que en los próximos días se emitirá la resolución final en el caso de los defensores de oficio que se encuentran suspendidos por el proceso administrativo que se le sigue en la Contraloría.
Indicó que por su parte ya aportó los elementos que prueban que cuando faltaron a su trabajo –motivo por el cual se les separó del cargo--, fue porque acudieron a una audiencia a la Secretaría General de Gobierno.

EL PAPEL DUDOSO DE LA CONTRALORÍA

El funcionario estatal fue cuestionado en torno al desacato en que ha incurrido la Contraloría General, al no acatar la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el sentido de reinstalar a los abogados suspendidos, así como del caso omiso que ha hecho a las recomendaciones de él mismo en torno a los motivos de dicha suspensión.
Sin embargo, Chavarría Barrera omitió afirmar que exista un desacato intencionado, y comentó que la Contraoloría está haciendo lo que le corresponde, aunque aclaró que las resoluciones de los tribunales se deben acatar..

Acuerda Congreso ratificar a magistrado "incòmodo"

Por primera vez en lo que va de la actual Legislatura, la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación propuso ratificar a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia estatal, a pesar de que el dictamen del Ejecutivo solicitaba lo contrario.
Durante la sesión del pleno de ayer, el presidente de dicha comisión, Ernesto Fidel Payán Cortinas presentó el proyecto de acuerdo en el que se propone la ratificación de Vicente Rodríguez Martínez como magistrado numerario del Poder Judicial de Guerrero.
Dicho dictamen fue aprobado con 23 votos a favor y cuatro en contra, así como no hubo abstenciones.
En entrevista, Payán Cortinas indicó que a pesar de este dictamen, se sigue manteniendo el criterio de oposición a la inamovilidad de los magistrados del Poder Judicial.
Pero en el caso de Rodríguez Martínez, la petición de su no ratificación por parte del Poder Ejecutivo atendió a principios que no son propios del Poder Judicial, haciendo a un lado la carrera y experiencia de quien cuenta con verdaderos conocimientos en la materia, argumentó.
En el caso del magistrado ratificado ayer, dijo que contrario a lo aseverado por el Ejecutivo estatal, “cuenta con las características de honorabilidad, excelencia profesional, diligencia, honestidad invulnerable, al no acreditarse de forma fidedigna y convincente la contravención a dichos principios”.
En el dictamen sobre el caso del magistrado, no se demuestran las circunstancias en que incurrió Rodríguez Martínez “para emitir resoluciones supuestamente en forma extemporánea, ya que se omitió precisar el número de fojas que integran cada uno de los expedientes”.
Por ello, se determinó que no era aplicable lo dispuesto por el artículo 51 del Código de Procedimientos Penales estatal, que prevé un plazo no mayor a 30 días para el dictado de las mismas, puesto que en ninguno de los casos se rebasa dicho plazo.
Adicional a lo anterior, el Ejecutivo estatal no le concedió la garantía de audiencia para que aportada pruebas en su defensa en torno a las acusaciones que se le hicieron, “quedando en absoluto estado de indefensión para desvirtuar lo aseverado en el dictamen que lo condena a no ratificarlo en el cargo”.
En cuanto a las quejas interpuestas en su contra, la Comisión de Asuntos Políticos encontró causales de improcedencia, además que no se advierten los elementos que acrediten deshonestidad o falta de honorabilidad.
Por otra parte, el magistrado impugnado realiza actualmente un doctorado en Derecho, cuenta con una trayectoria en el Poder Judicial que inicia desde 1988, habiendo ocupado los cargos de proyectista, juez mixto y de paz, así como secretario general de acuerdos del pleno del Tribunal.
“No podemos dejar pasar el momento en que se dan las condiciones para reencausar los principios que deben regir al interior del Poder judicial, a fin de fortalecer su independencia en sus decisiones y la profesionalización de sus órganos”, agregó.

Arrecia protesta en Tlalixtaquilla

Indígenas mantuvieron ayer la toma del ayuntamiento de Tlalixtaquilla, para exigir la pavimentación de la carretera que comunica a esa población con el municipio de Alcozauca y con el estado de Oaxaca.
Esta protesta se suma al bloqueo que mantienen aproximadamente 500 personas aproximadamente, entre mujeres y hombres, desde el domingo pasado a la entrada a la localidad de La Luz de Juárez.
A pesar de diversas negociaciones que se hicieron para que el incidente no empañara la gira del gobernador del estado que se realiza hoy por ese municipio, los inconformes afirmaron que mantendrán el plantón hasta que puedan dialogar con dicho funcionario.
Desde el pasado domingo, los inconformes encabezados por los dos comisarios municipales de esa localidad, del lado oriente y poniente, se apostaron sobre la carretera que comunica a Tlalixtaquilla, para exigir que sean concluidos los trabajos de la pavimentación de 2.7 kilómetros.
El secretario municipal, Benigno Ramírez Gómez, confirmó que los campesinos se posesionaron de la carretera desde el sábado por la noche para amanecer el domingo y amenazan con no retirarse hasta que su petición sea resuelta.
Los inconformes establecen que la carretera no se ha pavimentado por la oposición de un reducido grupo de personas que se oponen al desarrollo del municipio.
Indicaron que son cinco las personas con esa actitud, que son lidereadas por el regidor de Salud perredista, Antonio Maldonado Arciniega, quien se niega a dar su anuencia para que los trabajos puedan continuar.
Y es que supuestamente, la obra se paralizó porque con los trabajos de pavimentación esas ocho personas salen perjudicadas en sus propiedades, por lo que están pidiendo un pago de 500 pesos por metro cuadrado cuando el tabulador oficial marca que el precio es de apenas 16 pesos.
Los inconformes exigieron ayer que el gobierno estatal dialogue con los inconformes y los convenza para que continúe la obra, o que cambien de lugar el camino.
Indicaron que dicha carretera agilizará la comunicación con el municipio de Alcozauca, pero que también permitirá un mejor traslado entre los estados de Guerrero y Oaxaca.

Admite gobierno fallas en atenciòn a contingencia meteorologica

La “comunicación” a la población sobre el riesgo que implicaba la tormenta tropical Henriette registró fallas, admitió el secretario General de Gobierno, Armando Chavarría Barrera.
Indicó que durante una evaluación que se hizo de la forma en como respondió el gobierno estatal ante el meteoro, cuyo paso provocó la muerte de seis personas –cinco de ellas niños—y el traslado de 561 personas a albergues, se admitió que hubo fallas.Sin embargo, el funcionario salió en defensa de la subsecretaria de Protección Civil, Nubia Sáyago González, de quien dijo sí estuvo atenta al desarrollo del meteoro.

Comparecerán el martes por asunto CAPAMA

El alcalde de Acapulco, el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y la auditora especial de ese organismo deberán comparecer el próximo martes ante diputados locales.
La comparecencia será para explicar las acciones que se han implementado para enfrentar la situación de crisis financiera y operativa que enfrenta el organismo operador.
El diputado ecologista Alejandro Carabias Icaza lamentó que dicha comparecencia ocurrirá cinco meses después de que fue ordenada por el pleno del Congreso local.De acuerdo a lo estipulado por el acuerdo del Congreso local respecto a este caso, hoy viernes vence el plazo para que los funcionarios de la CAPAMA entreguen información contable, financiera y operativa.

Admite Salud existencia de tráfico de sangre... y no hace nada para evitarlo

La Secretaría de Salud admitió que en Chilpancingo y Acapulco existe un mercado negro de sangre, el cual es solapado por la misma dependencia con el argumento de que “no existe ninguna denuncia formal”.
“Esas cosas no se pueden ocultar ni las ocultaremos”, afirmó el subsecretario de Regulación Sanitaria, Pedro Salgado Sales, al ser cuestionado sobre el tráfico de líquido hemático en instituciones hospitalarias de la capital del estado.
El funcionario estatal indicó que el lugar donde se da más la venta ilegal de paquetes de sangre es en el hospital del ISSSTE de Chilpancingo; a pesar de ello, la Secretaría de Salud no ha hecho nada para controlar la anomalía, salvo invitar al director de esa institución a que intente controlar la situación.
Salgado Sales convocó ayer a una conferencia de prensa para abordar el tema del cierre del banco de sangre del hospital general de Chilpancingo, hecho que negó argumentando que no tiene la facultad legal para hacerlo.
En su exposición, cayó en reiteradas contradicciones, afirmando que ahora sí está aplicando la normatividad en materia de transfusión y empleo de sangre, para posteriormente indicar que no aplica la ley porque ello implicaría cerrar todos los centros de distribución y aplicación de ese producto.
Asimismo, indicó que según el director del hospital capitalino, la sangre que se distribuye desde ahí es segura, aunque preciso que se opera de forma irregular desde que fue creado en 1983.
Al ser cuestionado sobre la razón de por qué en dos años que lleva al frente del cargo no ha logrado la legalización de dicho banco de sangre, indicó que está trabajando en ello y que se confía en que para 2008 se legalizará dicho depósito, en tanto que se crearán dos más en la Zona Norte y en Tlapa.

EL TRAFICO QUE SE SOLAPA

Al ser cuestionado sobre si existe un tráfico ilegal de sangre, el subsecretario de Regulación Sanitaria estatal declaró que hay un mercado negro que opera principalmente en Chilpancingo y en Acapulco.
El funcionario abordó el tema en el sentido de que es algo que sabe todo mundo, pero a pesar de ello su área no ha implementado alguna acción legal en contra de persona alguna por esa actividad.
Pedro Salgado Sales declaró que es el hospital del ISSSTE donde se ha confirmado que hay una venta indiscriminada de sangre; pero tampoco se ha actuado legalmente para impedirlo, admitió.
El funcionario dijo que lo único que ha hecho es reunirse con el director de ese nosocomio para pedirle que ponga orden y que trate de que ya no se dé esa práctica.
Salgado Sales indicó que las irregularidades en la operación de dicho nosocomio llegan al grado de que el banco de sangre que fue autorizado para operar ahí, está a nombre de una persona y no de una institución.
Refirió que la licencia fue autorizada “al médico Astudillo”, lo que representa un problema porque no se trata de un negocio particular, sino de un servicio que presta una institución pública.
Al ser cuestionado sobre si funcionarios del Centro Estatal de Medicina Transfusional podrían estar implicados con el tráfico ilegal de sangre, el subsecretario lo negó.
En la sala de juntas de la Secretaría de Salud, el funcionario dio a conocer los requisitos que deben cumplirse para que en un hospital pueda operar un banco de sangre, los cuales no cumple el nosocomio que opera la dependencia en la capital y que da servicio a miles de habitantes de la región Centro, e incluso de la Montaña.
De acuerdo a los registros oficiales, dos clínicas privadas sí cuentan con permiso y responsable para operar centros de transfusión, en tanto que 22 más no pueden hacer ese tipo de maniobras.

LAS CONTRADICCIONES

Al inicio de su exposición y en diversas ocasiones, el subsecretario de Salud alegó que por primera vez se está haciendo que todos los hospitales que cuentan con servicio de transfusión sanguínea cumplan con la normatividad.
Sin embargo, posteriormente declaró: “si aplicáramos la ley cerraríamos todos los bancos de sangre y eso sería caótico para el estado”.
Asimismo, tras asegurar que en la actual administración se está trabajando para ahora sí acabar con la anarquía con la que operaban los centros de almacenamiento de sangre, indicó que antes de aplicar sanciones por sus irregularidades, está dialogando con los responsables para que tengan buena voluntad y se apeguen a la norma.
Salgado Sales también disculpó los pocos resultados que ha logrado en dos años en materia de regularización de bancos de sangre, argumentando que no hay recursos para ello.

Un lujo, ser donador de sangre en Guerrero

Mientras que en otros estados del país, instituciones públicas ofrecen estímulos económicos para estimular la donación de sangre, una persona que requiera de ese producto tiene que presentar a dos donadores ante la Secretaría de Salud por cada bolsa de líquido hemático que requiera.
Sin embargo, mientras que autoridades de la Secretaría de Salud se justifican en no tener presupuesto y admiten que se cobra alrededor de 500 pesos por cada donante, la realidad es que desde el año pasado, cada persona que pretenda donar su sangre deberá pagar casi mil pesos.
Durante la conferencia de prensa ofrecida por el subsecretario de Regulación Sanitaria, Pedro Salgado Sales, éste confirmó en que la gente que es enviada al Centro Estatal de Medicina Transfusional de Acapulco, aparte del gasto en sus pasajes, debe pagar una cuota de recuperación.
Es decir, si una familia de Chilpancingo requiere de dos unidades de sangre, debe presentar dos donadores; los voluntarios tendrían que ir a Acapulco, y aparte de donar su sangre pagar por ello.
De acuerdo a Salgado Sales, se cobran 489 pesos por certificar la calidad de la sangre que fue donada, más otros cien pesos para confirmar la compatibilidad del fluido; es decir, casi 600 pesos.
Ello implicaría que, en el caso de la familia que presenta dos voluntarios a donadores, debería pagar a partir de las cifras dadas a conocer por el funcionario alrededor de mil 200 pesos –más los pasajes del traslado Chilpancingo-Acapulco-Chilpancingo--.

LA REALIDAD DEL COBRO

Sin embargo, de acuerdo a un oficio emitido por la ex directora del Centro Estatal de Medicina Transfusional, Atanasia Parra Vázquez, informa al director de un hospital privado que desde enero de 2006 la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud autorizó a dicho centro cobrar cuotas de recuperación.
Ello por concepto de Certificación de unidades de componentes sanguíneos, de acuerdo al tabulador autorizado en la Ley de Ingresos del Estado vigente.
El oficio confirma que por la valoración del donador se cobran cien pesos más otros 489 pesos por la certificación de unidades de componente sanguíneo; pero adicionalmente también se cobran otros 351 pesos por la realización de pruebas cruzada, con lo que el costo total por donador se eleva a 940 pesos.
De acuerdo al documento, cuya copia tiene Novedades, el cobro de esa cantidad cambia la solicitud de dos donadores por unidad de componente sanguíneo a un donador más el costo de certificación de la unidad obtenida.
Incluso, se hace énfasis en “la necesidad de que se promueva la donación de sangre para que podamos contar con ese tejido vital”.
Sin embargo, el subsecretario Pedro Salgado indicó que el cobro era generalizado para todos los voluntarios que acudieran a donar sangre.
Por su parte, ex trabajadores del Centro transfusional informaron que a cambio de los 940 pesos, en la caja de la institución sólo se otorgaba un recibo simple con la leyenda de pagado, sin confirmar el monto del dinero ingresado.
Ello implicaba un buen negocio para algunos de los empleados de confianza del centro, ya que, de acuerdo a los declarantes, en ocasiones ingresaban hasta 20 mil pesos diarios.
Por su parte, el subsecretario Salgado Sales sólo admitió que había irregularidades en el cobro, pero que ya están siendo subsanadas.

LUIS BARRERA SOLAPA CORRUPCIÓN: ORTEGA

Sobre estas irregularidades, el secretario de la Comisión de Salud del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, indicó que en reiteradas ocasiones se ha exigido al secretario Luis Barrera Ríos que entregue cuentas claras sobre la operación de dicho centro.
Sin embargo, como ello no ha ocurrido, afirmó que se está evaluando la posibilidad de solicitar que la Auditoría General del Estado realice una revisión acuciosa a las finanzas del centro transfusional para detectar irregularidades y confirmar la corrupción que impera en el interior.
“Queremos cuentas claras: ¿cuánto entra por el desangrado? Porque se hacen varios estudios. Tengo entendido que no se puede cobrar más de 500 pesos”, comentó el legislador de filiación perredista.
Estableció que de acuerdo a las denuncias que ha recibido, “me parece que hay irregularidades en la entrada de esas cuotas de recuperación. Y el secretario de Salud ya lo sabe. Yo personalmente se lo he dicho dos o tres veces, y la verdad ignoro qué se esté haciendo en ese sentido”.
Sobre el cobro de las cuotas de recuperación, dijo que si se está abusando de la gente pobre o si se está utilizando la sangre que va a dejar la gente que tiene la necesidad de operarse en un hospital público para enviarla a clínicas particulares, me parece grave”.

Sí ordenó Salgado cerrar banco de sangre

La Secretaría de Salud ha solapado durante meses el mal manejo de los bancos de sangre, y no ha hecho nada para controlarlo, afirmó el secretario de la Comisión de Salud del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez.
El legislador indicó que desde hace más de un mes médicos del hospital general de Chilpancingo denunciaron que la Secretaría de Salud había cancelado la operación del banco de sangre de esa institución.
“Incluso hasta el propio puesto de sangrado fue quitado. Este asunto lo sabe el propio secretario de Salud”, refirió el legislador del Partido de la Revolución Democrática.
Sobre el hecho, Ortega Jiménez argumentó que la Subsecretaría de Regulación Sanitaria “está cayendo en una irregularidad grave”.
Asimismo, indicó que en reiteradas ocasiones cuestionó al propio secretario, Luis Rodrigo Barrera Ríos, sobre las irregularidades que eran denunciadas en torno a ese tipo de establecimientos, sin que recibiera respuesta alguna.
El también presidente de la Comisión de Vigilancia de la Autidoría General del Estado, indicó que cuando supo del cierre del banco de sangre se inconformó ante el titular de salud en el estado.
Sin embargo, indicó que un aspecto más preocupante es la decisión de la dependencia de que quienes tuvieran que presentar donadores, fueran remitidos hasta Acapulco, donde además debían pagar por ese servicio.
“Se me hacía injusto que pasara esta situación, cuando la gente pobre de la zona Centro y Montaña que acude al hospital general, la mandaran a Acapulco a desangrar, cuando van a donar sangre para ser utilizada en un familiar de ellos”, declaró Ortega Jiménez.
Por ello, indicó que Salud estatal debe regular estrictamente el manejo de la sangre en Guerrero.
“Entiendo que quien surtía la sangre a las clínicas particulares, al ISSSTE, al IMSS y no sé a quién más, era el hospital general. Se debe llevar un padrón por clínica o por hospital de cuántas unidades de sangre le son surtidas, y también se debe ver si en eso no existe un negocio turbio en donde la sangre no se vende, porque eso no se puede ni se debe”, argumentó el legislador.
En consecuencia, aseveró que la Subsecretaría de Regulación Sanitaria debe poner orden, pero también poner el ejemplo, ya que fue grave que el hospital civil dejó de tener banco de sangre, para trasladarlo a un hospital privado.
Ortega Jiménez indicó que si el hospital civil de Chilpancingo no cumple los requisitos para operar dicho banco, no es pretexto para ahora cerrarlo: “¿acaso la Secretaría de Salud apenas se dio cuenta? ¿No llevan ya dos años funcionando con el actual secretario y hasta hoy se dan cuenta de que el personal no está certificado?”.
Eso implica una irresponsabilidad de las autoridades sanitarias, que hasta ahora se dan cuenta, cierran y le dan la oportunidad de que un particular haga negocio.
“Debe haber ética y responsabilidad en los funcionarios públicos. Creo que es un llamado a la Secretaría de Salud, para que Luis Barrera revise ahí y que cuanto antes vea la forma, gestione, realice, o haga lo que tenga que hacer, para que el banco de sangre se regularice, que manden a la gente a certificarse, porque el encargado tiene los conocimientos pero no tiene la certificación, lo cual es muy chistoso”, consideró el perredista.

Orena Cenapred desalojo de villas magisteriales

El Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) emitió un dictamen en el que prohibe que 17 viviendas del fraccionamiento magisterial Villas El Parador sean habitadas, debido a las deficiencias que registran en su construcción y que ponen en peligro a quienes lleguen a habitarlas.
El dictamen también aclara que se realizó una revisión a 28 viviendas correspondientes a la segunda sección de dicho fraccionamiento, de las cuales todas registraron anomalías diversas.
Entre dichas irregularidades, establece el informe, se encuentran el hundimiento de los pisos debido a la mala compactación del suelo, la inclinación de paredes y el agrietamiento de la estructura.
Durante un recorrido hecho por Novedades se constató que los derrumbes en los taludes de dicho fraccionamiento continúan, incluso a pesar de que esas zonas fueron protegidas con una red metálica en tanto que se sembró pasto para afianzar la zona.
Asimismo, se confirmó que el responsable de la obra tiene más de una semana que no se presenta en Villas El Parador, e incluso antes de retirarse entregó las llaves y radios de la oficina.

LAS CONCLUSIONES DEL DICTAMEN

El documento del Cenapred aclara que la revisión realizada en días pasados fue “en atención al Comité de Vecinos de la segunda etapa ubicada en el fraccionamiento Villas del Parador de esta ciudad, en la que solicitan un dictamen estructural de las condiciones en que se encuentran sus viviendas debido a las fuertes lluvias”.
A partir de ello, refiere que, además de los tres dictámenes realizados por la Subsecretaría de Protección Civil estatal, en lo que respecta a las obras de muros y taludes, entre otros, los técnicos del Cenapred evaluaron el riesgo estructural de las 28 viviendas.
Dichos inmuebles forman parte de la segunda etapa de la calle Juan B. Salazar, de las cuales 19 se encuentran habitadas y 9 se encuentran deshabitadas.
En cuanto a la geología de la zona, el dictamen confirma que en el área de estudio afloran rocas, hay varios tipos de materiales intercalados entre sí, de los cuales el conglomerado principal tiene una conformación que tiende a formar lodos cuando se humedece haciendo que el material en su conjunto pierda cohesión y se deslave, porque está pobremente cementado.
Asimismo, se presentan zonas irregulares de arenas y arcillas de diferentes espesores sin tener una estratificación constante, en tanto que la arcilla al humedecerse forma zonas de inestabilidad no aptas para la construcción.
En consecuencia, los especialistas las viviendas que se están construyendo tendrán problemas de asentamientos o deslizamientos, por el tipo de materiales donde están asentadas y por las pendientes tan fuertes –algunos más de 30 grados, inclusive cercanas a 90 grados-- sobre las que se trabaja.

CASAS MAL CONSTRUIDAS

De la revisión hecha por personal del Cenapred, se observaron asentamientos en pisos de 1 hasta 10 centímetros, en tanto que las viviendas presentan desplomes que van desde un centímetro hasta 5.5 centímetros en los muros de carga, los cuales también ya registran agrietamientos.
Aunado a lo anterior, los especialistas observaron humedecimiento en muros colindantes, así como en las losas de los techos, lo cual se suma a que se realizaron “chaflanes en las juntas constructivas del patio de servicio y la casa para ocultar la separación por el asentamiento”.
Por otra parte, el muro de tipo Keystone que se construyó para apuntalar un talud, “presenta múltiples fracturas y desplomes de aproximadamente 10 centímetros en diferentes secciones”.
A partir de los daños verificados a este fraccionamiento de reciente construcción, “el tipo de material y tomando en cuenta la actual temporada de lluvias, así como la actividad sísmica existente en la zona, las viviendas de en mención presentan un alto riesgo para sus ocupantes, e inhabitables” concluye el dictamen.
En ese sentido, el Cenapred recomendó “reubicar a las familias para evitar una contingencia mayor, debido a los indicios del deslazamiento de la ladera inestable”.
Asimismo, propuso que se debe “mantener en constante monitoreo la zona ante tormentas locales propias de la temporada de lluvias, ya que el muro Keystone donde se encuentra asentada la etapa 2, presenta humedecimiento y desplome”.

Denuncian problemas por falta de médico

Representantes de varias comunidades indígenas de Ayutla exigieron a la Secretaría de Salud que les asigne un médico “que sí sepa curar y que tenga medicina”, porque desde hace 14 años que les construyeron el centro de salud regional, sólo han llegado ahí pasantes de Medicina.
Aunado a lo anterior, desde hace un par de semanas, ya ni médico pasante hay en ese lugar, por lo que quienes se enferman y tienen para pagar el transporte, deben ser trasladados hasta Ayutla.
Representantes de media docena de poblaciones acudieron ayer a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, a demandar que les envíen un médico y que también otorguen medicinas a su centro médico ubicado en el pueblo de Ocotitlán.
Algunos de los representantes indígenas, indicaron, salieron desde sus pueblos a las cuatro de la madrugada para llegar al mediodía a las oficinas del secretario de Salud.
Unos no pudieron llegar, porque los caminos están bloqueados o los ríos crecidos; para el caso del comisario de Ocotitlán, Bernabé Gil Hilario, tuvo que cruzar un afluente donde el agua le llegaba arriba de la cintura para acudir a Chilpancingo.

ENTRE EL ABANDONO Y LA POBREZA

Hace una semana, una mujer de un paraje rural fue picada por un alacrán; sin embargo, el centro de salud de Ocotitlán, el más cercano les queda a dos horas, por lo que el esposo con el temor de que fuera a morir, optó por ir con su pareja caminando hasta esa comunidad.
Sin embargo, cuando llegaron al pueblo y buscaron al médico, se enteraron de que el centro de salud estaba cerrado porque el pasante asignado tenía días de haberse ido.
La mujer fue revisada por la enfermera quien confirmó el piquete de alacrán, pero informó a la pareja que ella no podía hacer nada ya que no contaba con suero antialacránico para suministrarlo a la paciente.
Ante esa situación, la opción de la pareja era trasladarse hasta la ciudad de Ayutla, para que la mujer recibiera el suero; sin embargo, no tenían para pagar el pasaje, por lo que optaron por regresarse caminando a su paraje.
Ya en ese lugar, relató el representante de Ocotitlán, la mujer tuvo que ser curada con remedios naturales, a base de cebolla y ajo... no había otra opción.

EL MEDICO RECETA PERO NO TE CURA

Ignacio Hipólito Vázquez, de La Sidra; Feliciano García Flores de El Timbre, y Bernabé Gil Hilario de Ocotitlán, acudieron en representación de esas comunidades y de otras como Arroyo Zapote, El Sauce y varias más.
La demanda era simple: “queremos un médico que sí sirva, porque los médicos que nos mandan recetan pero no curan”.
Los indígenas tlapanecos relataron que en los 14 años que lleva de operación el centro de salud, sólo han conocido a médicos pasantes que no tienen la capacidad en ocasiones de enfrentar los problemas que se les presentan.
Aunado a lo anterior, el centro de salud casi nunca tiene medicamentos, por lo que aún cuando los vea el médico, quienes se quieren curar tienen que pagar el transporte para llegar a Ayutla, y ahí adquirir las medicinas.
Por ello, dijeron que los pueblos se unieron para reclamarle a la Secretaría de Salud esas anomalías y demandarle que ya envíen un médico que sí los cure.

Coca Cola Zero, con precursores cancerígenos

El secretario de Salud Federal, José Ángel Córdova, alertó a la población con bajo peso a no consumir grandes cantidades de refresco Coca Cola Zero, debido a que contiene una sustancia que es identificada como precursora de cáncer.

El funcionario federal indicó que la alerta se mantendrá hasta que concluyan los últimos estudios científicos sobre el posible daño que puede causar a la salud este producto
Advirtió que de comprobarse los efectos negativos de este refresco se podría retirar los permisos a la compañía refresquera o reetiquetar los envases con una leyenda precautoria.
Angel Córdoba reconoció que hace un año se dieron los permisos para autorizar la utilización del cliclomato de sodio que contiene dicha bebida, pero dijo que para estar completamente seguros se están haciendo los estudios pertinentes. lo anterior a pesar de que esa sustancia fue prohibida por la FDA de Estados Unidos porque se comprobó que causaba cáncer en las ratas.
La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó hace un año la utilización del ciclomato de sodio ya que autoridades de esta dependencia argumentaron que esta molécula no representaba riesgos a la salud. Incluso la semana pasada aún avalaban esta introducción, sin embargo, ahora el secretario de Salud ha informado que se ha comenzado a realizar estudios a este producto.

Alertan pos posibles afectaciones de Huracán Félix

Protección Civil estatal alertó a la población que habita en la región de la Montaña y la Zona Norte de Guerrero, en torno a las afectaciones que podría provocar el huracán Félix durante los próximos días.
Hasta la noche de ayer, el meteoro se perfilaba a impactar de frente a la península de Yucatán, tal y como lo hiciera hace dos semanas el huracán Dean.
Al igual que Dean, Félix lleva una gran fuerza por lo que los pronósticos indican que podría pasar por encima de la península para llegar a las aguas cálidas del Golfo de México y recuperar la fuerza que pueda perder en su paso por tierra.
En ese sentido, la subsecretaria de Protección Civil estatal, Nubia Sáyago González, alertó a la población que habita en zonas de alto riesgo y en la parte norte y oriente del estado.
Lo anterior porque a partir de las condiciones que se preveen para el desarrollo del huracán Félix, podría afectar con su corriente de nublados periféricos al territorio guerrerense, y provocar deslaves y crecimiento de las corrientes de ríos y arroyos.
Sáyago González indicó que hasta el momento, se han registrado diez muertos a causa de la temporada de lluvias, siete de ellos han sido a causa de derrumbes, en tanto que dos más han sido arrastre de corrientes por intentar pasar ríos crecidos.
Por ello, reiteró el exhortó a la población para que, en caso de lluvias constantes, extreme precauciones cuando transite por carreteras o si vive en zonas de alto riesgo.
Asimismo, alertó a la gente que esté preparada con sus documentos personales y pertenencias elementales, en caso de que se requiera su traslado a un albergue.
La funcionaria estatal indicó que hasta ayer continuaban operando los albergues a donde el fin de semana pasado fueron trasladadas 561 familias en diversos municipios, debido a las afectaciones que sufrieron sus viviendas a causa de las lluvias.

Fiscalización de recursos sólo una aspiración: García

La real fiscalización de los recursos que ejercen los diversos niveles de gobierno es sólo una aspiración de la sociedad, ya que ni la Contraloría ni la Auditoría cumplen una función real de informar a la gente, afirmó el diputado Raymundo García Gutiérrez.
Durante la sesión de trabajo de la Mesa Temática de la Función Pública, el legislador indicó que es necesario que haya mayor transparencia en la forma en que las instituciones gubernamentales ejercen el presupuesto que se les asigna.
Ahí el legislador local indicó que ya se están procesando las propuestas recibidas en los foros, y otras que continúan llegando, para presentar los resultados de los trabajos de esa mesa temática el próximo 13 de septiembre, fecha en que cumple un año de iniciado el proceso de reforma política en Guerrero.
“La gente quiere mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, demanda una mayor simplificación administrativa y una mejor fiscalización de la forma en como se gasta el dinero gubernamental. Debemos garantizar en la ley y en la práctica que esa aspiración se cumpla”, refirió el diputado por la región de la Montaña.
La reunión de trabajo de esa mesa temática se realizó en el salón de la fracción perredista del Congreso local; casi sin quórum ya que apenas acudieron seis representantes de instituciones y partidos políticos.
Ahí, parte de la discusión se centró en la necesidad de que exista un órgano autónomo, integrado por representantes de la sociedad, que sea el encargado de vigilar y presionar para que las autoridades fiscalizadoras en el estado en realidad rindan cuentas y ofrezcan resultados.
Asimismo, se abordó el tema de homologar la legislación estatal para incluir en la Constitución de Guerrero la obligatoriedad del derecho a la información por parte de las autoridades, y a partir de ello reformar la ley de acceso a la información pública.
Por su parte, la integrante de la Comisión de Acceso a la Información indicó que, mientras se logran esas reformas, se está proponiendo a nivel de los ayuntamientos que informen sobre su presupuesto y gasto en obra pública a través de sus páginas de internet.
Y para el caso de aquellos municipios donde el acceso a esa tecnología es difícil, se propone la instalación de una mesa de atención a las peticiones de información de la gente.
Por su parte, el diputado Raymundo Garcìa insistió en la necesidad de que no sólo se reforme la Ley de Acceso a la Información Pública, sino que también otro tipo de normas para hacer más exhaustiva la fiscalización de los recursos públicos.
Indicó, por ejemplo, que es urgente darle mayores atribuciones a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, para que de las denuncias en torno a corrupción o desvío de recursos se les dé seguimiento y haya sanciones a quienes incurran en ese tipo de anomalías.
Estableció que en la medida en que se logre una mejor legislación y haya servidores públicos más comprometidos, dejarán de pesar factores políticos en la persecución de quienes incurren en actos de corrupción, y la sociedad reconocerá dicho esfuerzo.
“Cuando hay sanciones, todo mundo anda derechito”, indicó el legislador perredista, quien agregó que es necesario incluso reformar las situaciones a partir de las cuales se puede exigir la destitución de un auditor general.

Exigen investigar a funcionarios de Cereso

Diputados locales exigieron a la Secretaría de Seguridad Pública estatal que someta a investigación al director y personal de confianza del Centro de Readaptación Social de Chilpancingo, debido a las irregularidades ocurridas durante el cateo realizado la tarde del domingo pasado.
Los legisladores coincidieron en afirmar que resultó muy sospechosa la actitud del director del penal, quien mantuvo durante una hora a agentes federales y estatales de investigación en el patio de las instalaciones, cuando se supone que iban a realizar un “operativo sorpresa”.
Los presidentes de las Comisiones de Seguridad Pública, de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local demandaron a las autoridades estatales que se aclare la forma de proceder de sus funcionarios penitenciarios.
En entrevistas por separado, Humberto Calvo Memije, Ramiro Solorio Almazán y Rossana Mora Patiño, respectivamente, indicaron que el retener a los agentes de investigación federales y estatales durante una hora en los patios del cereso capitalino fue una decisión por demás sospechosa.
Fue la tarde del domingo pasado cuando agentes federales de investigación e investigadores ministeriales acudieron al cereso local para realizar un cateo de sorpresa.
Sin embargo, cuando intentaron iniciar la inspección en busca de drogas, armas o algún otro tipo de artículos prohibidos, fueron detenidos por el director, Carlos Coronel Avitia, quien hasta después de una hora les permitió el acceso al área de celdas.
Asimismo, durante su revisión encontraron a una mujer originaria de Chilapa que, luego de haber pasado por todos los filtros de seguridad para acceder a las instalaciones penitenciaras, portaba en el interior un paquete con varios gramos de mariguana.

MUESTRA DE QUE PREVALECE CORRUPCION

Para el integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Raymundo García Gutiérrez, este tipo de conductas, en lugar de brindar certeza a la ciudadanía acerca de los esfuerzos que se realizan para readaptar a quienes han cometido delitos, siembran la duda de en realidad qué es lo que ocurre en las cárceles.
“Si se dan ese tipo de prácticas es porque existe influyentismo al interior de los penales, corrupción entre los funcionarios y debilidad en las instituciones”, declaró el legislador de origen indígena.
Y agregó que en un reclusorio no deben registrarse ese tipo de irregularidades, ya que por eso se supone que son instituciones dedicadas a rehabilitar a quienes han violentado la ley.
Por ello, exigió que se de la renovación de las autoridades administrativas del cereso de Chilpancingo, y que la Secretaría de Seguridad Pública finque las responsabilidades legales que sean necesarias.
El legislador perredista indicó que para que los cateos sean productivos, se requiere que se realicen sin poner sobre alerta a los reclusos y hasta a las autoridades internas.
Calificó de lamentable cuando se llega a filtrar información sobre ese tipo de acciones policiacas; sin embargo, es condenable cuando son las propias autoridades penitenciarias las que no permiten que se realicen los cateos de forma inmediata.
García Gutiérrez afirmó que se debe investigar si hubo negligencia, irresponsabilidad o dolo, tanto de las autoridades del penal como de los propios elementos que acudieron a realizar el cateo, para haber permitido que los retuvieran.

SEGUIMOS IGUAL QUE ANTES

La también perredista Rossana Mora Patiño indicó que a más de dos años de la actual administración, “hace falta realmente un proyecto de readaptación social en el estado. Se siguen repitiendo los mismos vicios, están las mismas gentes y las mismas estructuras, y así no vamos a salir adelante”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local refirió que la actitud de los funcionarios del cereso de Chilpancingo da pie a la duda y a la especulación en torno a la razón por la que se retrasó el cateo, y qué sucedió dentro del reclusorio durante ese tiempo.
Por ello, dijo que la Procuraduría General de la República tiene que hacer un reclamo enérgico al director de los ceresos en el estado, para que también se deslinde la responsabilidad.

Persisten irregularidades en ceresos estatales

El ombudsman del estado, Juan Alarcón Hernández, confirmó que prevalecen irregularidades en la operación de las cárceles en Guerrero, siendo una de las más graves y origen de otras la sobrepoblación de internos.
El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) calificó de irregular el actuar de los funcionarios de la penitenciaria capitalina, que impidieron que se realizara de forma oportuna un cateo en esas instalaciones.
“Si eran agentes de la AFI debidamente autorizados por el delegado de la PGR para hacer esa investigación, el paso debe ser de inmediato porque si no se entorpece la investigación correspondiente. Hay irregularidades...”, declaró Alarcón Hernández.
Y agregó: “Hay una anormalidad en cuanto a la espera de una hora que es muchísimo, para poder realizar una visita. Es tanto como dar aviso para que no ocurra lo que pudiera ocurrir. Creo que es negativo”.
El presidente de la Coddehum refirió que el hecho de que posteriormente se haya detenido a una mujer que había introducido mariguana al cereso, a pesar de haber pasado previamente por los filtros de seguridad es otra irregularidad más que no puede dejarse pasar.
Por eso, indicó que la Procuraduría General de la República debería iniciar una investigación en torno a la serie de irregularidades que se registraron en el cateo del domingo pasado, para deslindar responsabilidades.
“Se despiertan muchas interrogantes, pero si hay alguna situación de denuncia por parte de alguien en particular –en contra de los federales--, nosotros tendríamos en todo caso hacer la investigación y turnarla a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el resultado de la misma”, comentó Juan Alarcón.

DIAGNÓSTICO PREOCUPANTE

El ombudsman indicó que, a pesar de las buenas intenciones de las autoridades penitenciarias estatales, aún hay altibajos, y se siguen registrando viciosy problemas que había antes.
“Hay muchos problemas en los centros de readaptación social. Se ha querido lograr una mejoría, pero hay cuestiones de influencias que hacen que no se logre la igualdad dentro de los ceresos, hay a veces”, declaró el presidente de la Coddehum.
Dijo que también se han recibido denuncias en torno a la forma en como se asigna la posibilidad de manejar tiendas al interior de los centros de readaptación social, en lo cual también pesa el tráfico de influencias.
Sin embargo, lamentó la actitud represiva de las propias autoridades penitenciarias, ya que cuando se han registrado quejas en contra de ese tipo de irregularidades, los inconformes son trasladados a otros centros de reclusión.
“Pero, claro, los centros de readaptación social es un mundo de gente. De las más de cuatro mil 300 personas que están detenidas, la capacidad de los centros es de para 3 mil 700, entonces, consecuentemente hay una sobrepoblación”, añadió el ombusdman estatal.
Asimismo, Alarcón Hernández confirmó que se han dado casos de “autogobiernos” encabezados por los propios reclusos al interior de los penales: “Hay gente que se pone de acuerdo con algunos directores”, afirmó.
Incluso, dijo que quienes se quejan por ese tipo de situaciones, “son amenazados, intimidados, y a veces golpeados por algunos grupos, muchas veces se dice que esos grupos están en contubernio con algún director. Sí ha habido este tipo de cosas”.

Prevalece desorganización e improvisación en comité

Antonio Jiménez Gómez

Desorganización e improvisación prevalecen en los trabajos del comité responsable de realizar el diagnóstico sobre derechos humanos en Guerrero.
Nuevamente, representantes de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticaron la forma en cómo está trabajando dicho comité.
Y es que, de acuerdo a lo que trascendió durante la reunión que se realizó ayer, los integrantes de ese grupo pretenden hacer en seis semanas lo que no pudieron en siete meses.
Ayer se reunieron para leer uno de los capítulos del segundo borrador que se tiene actualmente de dicho documento, para que, después de ello, ponerse de acuerdo en una metodología de lectura que se aplicaría para revisar el resto del contenido.
De esa forma, se pretende terminar antes de que concluya el mes de octubre el trabajo que no se hizo en lo que va del presente año, de acuerdo a los integrantes de dicho grupo de trabajo.
Reunir y procesar información, darle un enfoque de derechos humanos y de género al texto que actualmente es superior a las 300 cuartillas, son sólo algunos de los pendientes que se tienen hasta el momento.
Una de las representantes de la organización Tlalchinollan, Ana Paula Hernández Pontón, les recalcó que, si de leer se trataba, “una cosa es lo que se quita y lo que se queda, pero qué pasa con lo que le falta” al documento, el cual ya había recibido severas críticas en la reunión posterior.
“Persisten ausencias fuertes en el documento y no se establece cómo se van a saldar, faltan datos, falta metodología, y en donde hay datos no se cumplen con los estándares internacionales mínimos marcados por el Alto Comisionado o aunque sea ejemplos de la situación que se refiere”, agregó.
Cuando los integrantes de la mesa argumentaron que para allegarse de más información se pretenden realizar mesas de consulta, la funcionaria de la ONU les cuestionó sobre si en realidad dichos foros eran garantía de que se podría resolver el problema de fondo que enfrenta el intento de diagnóstico sobre los derechos humanos en Guerrero.
“Hay disparidades importantes que en un día no se van a resolver. La ausencia de una perspectiva de derechos humanos no se resuelve con incluir datos, además falta conceptualización”, insistió la representante de Tlalchinollan.
Por su parte, la representante de la oficina del Alto Comisionado, Nyra Cárdenas, cuestionó a los participantes en la reunión realizada en el salón Jorge Bajos Valverde, del Congreso local, en torno a sí en realidad habían leído el documento, antes de ponerse a criticar y a proponer.
La reunión se prolongó durante varias horas, y en ella se acordó al final seguir trabajando para complementar la información que le falta al borrador del diagnóstico, y tratar de solventar poco a poco las deficiencias para concluir el documento durante el presente año.
La meta, dijo la diputada Rossana Mora Patiño, es que a partir de los resultados que se logren, se pueda gestionar un presupuesto para impulsar la creación de un programa estatal de derechos humanos para el próximo año.