La real fiscalización de los recursos que ejercen los diversos niveles de gobierno es sólo una aspiración de la sociedad, ya que ni la Contraloría ni la Auditoría cumplen una función real de informar a la gente, afirmó el diputado Raymundo García Gutiérrez.
Durante la sesión de trabajo de la Mesa Temática de la Función Pública, el legislador indicó que es necesario que haya mayor transparencia en la forma en que las instituciones gubernamentales ejercen el presupuesto que se les asigna.
Ahí el legislador local indicó que ya se están procesando las propuestas recibidas en los foros, y otras que continúan llegando, para presentar los resultados de los trabajos de esa mesa temática el próximo 13 de septiembre, fecha en que cumple un año de iniciado el proceso de reforma política en Guerrero.
“La gente quiere mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, demanda una mayor simplificación administrativa y una mejor fiscalización de la forma en como se gasta el dinero gubernamental. Debemos garantizar en la ley y en la práctica que esa aspiración se cumpla”, refirió el diputado por la región de la Montaña.
La reunión de trabajo de esa mesa temática se realizó en el salón de la fracción perredista del Congreso local; casi sin quórum ya que apenas acudieron seis representantes de instituciones y partidos políticos.
Ahí, parte de la discusión se centró en la necesidad de que exista un órgano autónomo, integrado por representantes de la sociedad, que sea el encargado de vigilar y presionar para que las autoridades fiscalizadoras en el estado en realidad rindan cuentas y ofrezcan resultados.
Asimismo, se abordó el tema de homologar la legislación estatal para incluir en la Constitución de Guerrero la obligatoriedad del derecho a la información por parte de las autoridades, y a partir de ello reformar la ley de acceso a la información pública.
Por su parte, la integrante de la Comisión de Acceso a la Información indicó que, mientras se logran esas reformas, se está proponiendo a nivel de los ayuntamientos que informen sobre su presupuesto y gasto en obra pública a través de sus páginas de internet.
Y para el caso de aquellos municipios donde el acceso a esa tecnología es difícil, se propone la instalación de una mesa de atención a las peticiones de información de la gente.
Por su parte, el diputado Raymundo Garcìa insistió en la necesidad de que no sólo se reforme la Ley de Acceso a la Información Pública, sino que también otro tipo de normas para hacer más exhaustiva la fiscalización de los recursos públicos.
Indicó, por ejemplo, que es urgente darle mayores atribuciones a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, para que de las denuncias en torno a corrupción o desvío de recursos se les dé seguimiento y haya sanciones a quienes incurran en ese tipo de anomalías.
Estableció que en la medida en que se logre una mejor legislación y haya servidores públicos más comprometidos, dejarán de pesar factores políticos en la persecución de quienes incurren en actos de corrupción, y la sociedad reconocerá dicho esfuerzo.
“Cuando hay sanciones, todo mundo anda derechito”, indicó el legislador perredista, quien agregó que es necesario incluso reformar las situaciones a partir de las cuales se puede exigir la destitución de un auditor general.
Durante la sesión de trabajo de la Mesa Temática de la Función Pública, el legislador indicó que es necesario que haya mayor transparencia en la forma en que las instituciones gubernamentales ejercen el presupuesto que se les asigna.
Ahí el legislador local indicó que ya se están procesando las propuestas recibidas en los foros, y otras que continúan llegando, para presentar los resultados de los trabajos de esa mesa temática el próximo 13 de septiembre, fecha en que cumple un año de iniciado el proceso de reforma política en Guerrero.
“La gente quiere mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, demanda una mayor simplificación administrativa y una mejor fiscalización de la forma en como se gasta el dinero gubernamental. Debemos garantizar en la ley y en la práctica que esa aspiración se cumpla”, refirió el diputado por la región de la Montaña.
La reunión de trabajo de esa mesa temática se realizó en el salón de la fracción perredista del Congreso local; casi sin quórum ya que apenas acudieron seis representantes de instituciones y partidos políticos.
Ahí, parte de la discusión se centró en la necesidad de que exista un órgano autónomo, integrado por representantes de la sociedad, que sea el encargado de vigilar y presionar para que las autoridades fiscalizadoras en el estado en realidad rindan cuentas y ofrezcan resultados.
Asimismo, se abordó el tema de homologar la legislación estatal para incluir en la Constitución de Guerrero la obligatoriedad del derecho a la información por parte de las autoridades, y a partir de ello reformar la ley de acceso a la información pública.
Por su parte, la integrante de la Comisión de Acceso a la Información indicó que, mientras se logran esas reformas, se está proponiendo a nivel de los ayuntamientos que informen sobre su presupuesto y gasto en obra pública a través de sus páginas de internet.
Y para el caso de aquellos municipios donde el acceso a esa tecnología es difícil, se propone la instalación de una mesa de atención a las peticiones de información de la gente.
Por su parte, el diputado Raymundo Garcìa insistió en la necesidad de que no sólo se reforme la Ley de Acceso a la Información Pública, sino que también otro tipo de normas para hacer más exhaustiva la fiscalización de los recursos públicos.
Indicó, por ejemplo, que es urgente darle mayores atribuciones a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, para que de las denuncias en torno a corrupción o desvío de recursos se les dé seguimiento y haya sanciones a quienes incurran en ese tipo de anomalías.
Estableció que en la medida en que se logre una mejor legislación y haya servidores públicos más comprometidos, dejarán de pesar factores políticos en la persecución de quienes incurren en actos de corrupción, y la sociedad reconocerá dicho esfuerzo.
“Cuando hay sanciones, todo mundo anda derechito”, indicó el legislador perredista, quien agregó que es necesario incluso reformar las situaciones a partir de las cuales se puede exigir la destitución de un auditor general.
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