Pide investigar a funcionarios públicos por desvío de recursos

Varios funcionarios del gobierno estatal deben ser investigados por el presunto desvío de recursos con fines preelectorales, o por condicionar la entrega de estos a sumarse a determinado grupo político, denunció el diputado local por el Partido del Trabajo, Marcos Zalazar Rodríguez.
Indicó que casos como el de la secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra López, son muy evidentes y obvios, y deberían aplicarse candados más severos y no sólo “llamados a misa”.
Luego de que el pasado jueves, el secretario de Desarrollo Rural se pronunciara abiertamente integrante de la corriente política que promueve el gobernador del estado, y de que la titular de la Sedesol estatal sea señalada de apoyar candidaturas al interior del PRI y hacer precampaña por la alcaldía de Acapulco, el petista criticó ese tipo de prácticas.
En ese sentido, indicó que las autoridades federales deben constatar si efectivamente se está aplicando el dinero que se autorizó el Congreso de la Unión para ser invertido en el combate a la pobreza y programas sociales en Guerrero, “o se está torciendo para algunas cuestiones políticas o de precampaña que se andan haciendo”.
Zalazar Rodríguez expresó que “hay varios secretarios, sobre todo la de Desarrollo Social, que anda aspirando a varias cosas, y eso deja entrever que se están utilizando los programas para esos fines”.
En ese sentido, estableció que “lo correcto, lo sano sería que, si tiene una aspiración, que se dedique a ese tipo de actividades y deje el cargo, la responsabilidad y la confianza que le dio el Ejecutivo del estado”.

CENTRALIZACIÓN DE APOYOS, POR PRECAMPAÑAS

Entrevistado en sus oficinas del Congreso local, el legislador de origen indígena estableció que, contrario a la versión oficial, en el ámbito del campo, las necesidades de las comunidades están latentes.
“No se han atendido bien porque todo se ha centralizado, sobre todo en lo relativo a las despensas u otro tipo de apoyos mínimos que todos están controlados por el Ejecutivo”, afirmó.
“Si él palomea, se dan y si no los palomean no le dan nada a la gente. Entonces, esto lo he constatado con algunos directores, que dicen que tienen las ganas de apoyar a la gente, pero admiten que no tienen la última palabra ya que sólo es el gobernador el que puede autorizar las cosas”, añadió.
El representante popular consideró que aún cuando aparentemente existen las secretarías o los departamentos del gobierno del estado que están a cargo de la atención al público, en la realidad “no tienen la facultad decisiva de determinar si dan o no dan apoyos. Tienen que recibir luz verde”.

APOYOS, SOLO PARA UN GRUPO POLITICO

“Y desde esa óptica, entendemos que los programas se están manejando con fines electorales. Que si eres de mi grupo o no, y si te pasas a mi grupo vas a tener la atención inmediata a tus demandas”, dijo en alusión a algunos funcionarios que promocionan la corriente de Izquierda Renovadora.
“Entonces, ya se está descomponiendo el rumbo que se asumió en un principio por el gobierno del estado, ya se está politizando, se está manejando con fines personales y de intereses políticos de quienes quieren asumir otro cargo de representación popular”, acotó.
Zalazar Rodríguez fue cuestionado en torno al papel que deben jugar el Congreso local e incluso las autoridades electorales; sin embargo, aseveró que ante esta situación, el primer obligado de vigilar que esas anomalías se compongan es el gobernador del estado.
“Si él sigue con su grupo tratando de buscar adeptos, sigue con lo mismo, tratar de manejar las cuestiones de gestión a gente que se suma a su grupo, y las demás corrientes de su partido o de otros, seguir en otra postura”, dijo.
“Aquí –en el Congreso local-- nosotros podemos hacer muchas cosas, pero el primer obligado a que se respeten las formas de cómo se aplican los recursos y cómo se debe manejar la política, está cometiendo el mismo error, entonces a dónde vamos a ir”, enfatizó.
Y en el caso de que “el Consejo Estatal Electoral pudiera hacer muchas cosas, pero si no está facultado o no tiene luz verde para hacer su trabajo, es en vano. Puede descubrir muchas cosas, pero quien sanciona al final es quien es responsable de la política en el estado”.

Denuncian presuntas irregularidades en el ayuntamiento de Apango

Integrantes del Frente Ciudadano de Apango denunciaron que quien fuera el responsable de la auditoría realizada al ayuntamiento de Mártir de Cuilapan el año pasado, ahora es uno de los funcionarios más influyentes de la administración municipal.
Denunciaron que Gisel Rodríguez, quien trabajaba en la Auditoría General del estado, ahora es el director de Desarrollo rural y uno de los que más influyen en las decisiones del alcalde.
Los denunciantes indicaron que el funcionario municipal es propietario de una constructora, mientras que su esposa trabaja en el Comité de Planeación para del Desarrollo del Estado de Guerrero (Copladeg), siendo la que autoriza las cotizaciones de las obras a desarrollar en los municipios.
Ese cúmulo de coincidencias contrastan con la negativa de las autoridades municipales de otorgar información en torno a los resultados de las auditorías y avance en la comprobación de irregularidades por parte de ex alcaldes.
Sergio Mota Sánchez y Crisóforo Nava Barrios establecieron que a pesar de que lo han solicitado de forma legal y por escrito, el alcalde Gerardo Celino Flores se niega a proporcionar información sobre los problemas de desvío de recursos en ese municipio.
Ambos indicaron que vía oficio solicitaron al alcalde información sobre los resultados de la denuncia sobre el desvío y resarcimiento de recursos de la hacienda municipal de Mártir de Cuilapan, por 27 millones de pesos que, según la AGE, realizó el ex alcalde Antonio Viliulfo Morales Iglesias, durante el periodo 2002-2005.
Indicaron que el alcalde actual públicamente se comprometió ante la gente a entablar demandas, procedimientos administrativos y lo que fuera necesario para que se recuperaran los dineros desviados por el ex alcalde.
Sin embargo, hasta el momento no se ha proporcionado información que permitan confirmar que dicho compromiso ha aterrizado en hechos reales, establecieron los integrantes del Frente Ciudadano.
Contrario a eso, indicaron que apenas la semana pasada, el director jurídico de la AGE les informó que el ayuntamiento de Apango no había entregado a esa instancia un informe que le había solicitado sobre los desvíos de recursos del ex alcalde, por lo que no se podía avanzar en ese caso.
En consecuencia, la AGE dictó un acuerdo por el que se difiere una audiencia constitucional que formaba parte del desahogo de pruebas contra el ex alcalde, y se retrasa más la resolución final.
Por otra parte, informaron que a pesar de las pruebas de corrupción en contra del ex alcalde, Viliulfo Morales presentó recientemente una solicitud de amparo ante un juez federal, para lograr evadir la obligación del resarcimiento de los recursos económicos no solventados.
En ese sentido, exigieron al alcalde que aclare las irregularidades en las que está incurriendo y que podrían, a su juicio, ser una prueba de complicidad con las anteriores autoridades locales.

Ignorantes, acusa Fermín a detractores

Quienes me acusan son ignorantes de las leyes, afirmó el diputado local priista Fermín Alvarado Arroyo, quien hoy tendrá una audiencia para ofrecer pruebas en el proceso que se reabrió en su contra para no ratificarlo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
“¡Aquí hay mucho diputado moralino que habla de ética. Aquí no venimos a hablar de eso, venimos a hacer leyes y a respetarlas. No a guiarnos por asuntos del corazón, del sentimiento ni por el estómago, y mucho menos a tomar decisiones a partir de la ignorancia jurídica!”, espetó.
Luego de que la justicia federal concedió un amparo al legislador plurinominal, para que fuera repuesto el procedimiento mediante el cual la anterior Legislatura lo sacó del Poder Judicial, Alvarado Arroyo dijo que va a pelear sus derechos.
Sin embargo, al ser cuestionado sobre si dejaría la diputación por regresar a la Sala Familiar del Tribunal Superior en Guerrero, dijo que no tenía planeado un movimiento así.
Fue la semana pasada cuando los diputados Ernesto Fidel Payán Cortinas y Fernando Donoso Pérez criticaron las intenciones del priista, de recuperar su lugar en el Poder Judicial estatal.
Al respecto, Alvarado Arroyo les respondió a quienes lo critican que se debe a “la ignorancia del derecho. Aunque hay un principio constitucional que establece que la ignorancia de la ley no exime de la responsabilidad de todos los servidores públicos de cumplirla”.
Dijo que en Guerrero la aplicación de la ley es torcida o de plano no se aplica ni se respeta.
Indicó que con el amparo que le concedió la justicia federal, está emprendiendo una “lucha por la vigencia y el respeto del estado de derecho, porque el gobernante no atropelle, no violente garantías”.
El ex secretario general de gobierno indicó que el amparo que obtuvo significa que un tribunal federal colegiado determina que se violó un procedimiento al no concederse la garantía de audiencia que establece la Constitución federal hace dos años, en el sentido de que nadie podrá ser condenado si no es oído y vencido en juicio.
Al ser cuestionado de por qué hasta ahora tramitó el amparo federal, cuando magistrados que fueron no ratificados después que él incluso ya fueron reinstalados en sus cargos, el legislador acapulqueño sólo respondió que jurídicamente no había ninguna analogía.
“Jurídicamente no se puede juzgar por analogía. Aún cuando pudieran aparecer casos similares, los juzgadores no podrán hacerlo. Cada caso particular tiene su especificidad y el juzgador le da a cada uno el trámite, el procedimiento y los tiempos correspondientes”, explicó.
Por otra parte, el ex magistrado fustigó que el que tenga que devolver los ingresos que ha tenido como diputado en caso de que sea reinstalado, no es el tema de debate actualmente, sino sólo que se reponga el procedimiento y se le conceda el derecho de audiencia, lo cual se espera ocurra hoy lunes al mediodía.Incluso, dijo que aún cuando se quedó sin el trabajo de la magistratura, el hecho de que haya sido diputado local es también un empleo que necesitaba porque su familia no podía quedarse sin comer.