La diputada panista Jessica García Rojas exigió al secretario General de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, un informe pormenorizado de los gastos en materia de honorarios que se erogaron durante 2006 con motivo del proceso de reforma política.
Lo anterior, luego de que el funcionario estatal diera a conocer que los tres millones de pesos que se autorizaron por el Congreso local para dicho proceso el año pasado, se habían gastado en cuestiones de logística, así como el pago de honorarios al personal que laboró y de personajes prestigiados que participaron en dicho proceso.
Chavarría Barrera dijo que el informe de los gastos ejercidos a causa de la reforma en 2006 ya fue elaborado y entregado a la Contraloría General del Gobierno del Estado.
Incluso, comentó ante el pleno del Congreso local con motivo de su comparecencia para analizar el segundo informe de gobierno, que esa información ya aparece en la cuenta pública del Poder Ejecutivo que fue entregada recientemente a la Auditoría estatal.
Sin embargo, la explicación no agradó a la legisladora panista, quien desde la semana pasada planteó la necesidad de que se informara de forma clara, detallada y transparente el gasto de los millonarios recursos autorizados por el Congreso local para la reforma política.
Por ello, al hacer uso de su derecho de réplica, desde su curul cuestionó la explicación muy general dada por el funcionario estatal, por lo que le solicitó un informe pormenorizado de los pagos de honorarios realizados en torno al proceso de la reforma política.
Cabe mencionar que Novedades Chilpancingo solicitó formalmente, al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública vigente, una copia de dicho informe de gastos correspondientes a 2006, la cual fue negada en virtud de que la Mesa Central de Alto Consenso no permitía su difusión.
En tanto que desde el pasado 17 de abril, la diputada panista solicitó ante el pleno del Congreso local, que el gobierno de Guerrero entregara un informe pormenorizado de la aplicación de los recursos asignados para la reforma política durante 2006 y lo que va del presente año.
En cuanto a los gastos de la reforma para 2007, Chavarría Barrera indicó que se están destinando a la organización de los foros de consulta, y de actividades de logística de las propias mesas temáticas.
García Rojas insistió en torno al tema de la reforma política. A nombre de los legisladores de Acción Nacional, asumió la responsabilidad que les corresponda, pero reiteró su adición a los reclamos sociales de la forma en como se conduce dicho proceso.
Resaltó la necesidad de que se recupere el formato, los objetivos y el sentido de los trabajos de la reforma, ya que “este gobierno ha evidenciado la desubicación de algunos de sus funcionarios, quienes usando la personalidad y fuerza del Poder Ejecutivo, forman y liderean grupos políticos y corrientes al interior de su partido”.
viernes, abril 27, 2007
Cuestionan "mundo irreal" del procurador
Diputados de todos los partidos políticos criticaron la actuación del procurador General de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, en virtud de que el contenido de su informe de labores de 2006 no corresponde con la realidad que viven los guerrerenses.
Los legisladores le reprocharon al fiscal estatal su poca capacidad para poner orden al interior de la institución, así como la pobreza de resultados en cuanto a los que es la procuración de justicia.
Asimismo, le reclamaron la mala actuación que ha tenido la fiscalía guerrerense en la investigación de los homicidios del diputado José Jorge Bajos Valverde y del periodista Amado Ramírez Dillanes.
El tono de los reclamos a la gestión del funcionario estatal llegó al grado de que la diputada Ericka Lürhs Cortés, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, le solicitó que presentara su renuncia.
En respuesta, Murueta Urrutia respondió que se está haciendo el mejor esfuerzo, que no cuenta con presupuesto y elementos humanos suficientes, e incluso le reprochó a la sociedad el clima de hostilidad que hay contra la Procuraduría.
Si actuamos rápido, hacemos mal; si lo hacemos con cautela, hacemos mal; de todas maneras nos atacan, afirmó Murueta Urrutia durante su comparecencia ante el pleno del Congreso local, con motivo del análisis del segundo informe de gobierno.
LLUVIA DE CRITICAS
La priista Erica Lührs Cortés afirmó que se la comparecencia del fiscal estatal fue un desfile de muchos números y muy pocos resultados, aunque lo felicitó por su memoria, ya que del cúmulo de preguntas que le hizo, no anotó nada.
En su posicionamiento a nombre del PRI, la legisladora indicó que en lo que va del año se han registrado 81 ejecuciones, en tanto que hay 300 homicidios sin resolver, de los cuales sólo 75 son adjudicables al crimen organizado.
“Es triste y lamentable la realidad que vivimos todos los días”, indicó Lührs Cortés, quien agregó que hay “una enorme irritación social” por los pobres resultados en materia de procuración de justicia.
Asimismo, admitió que si bien es un esfuerzo titánico atender los 20 mil delitos que ocurren en la entidad, exigió que los pocos que se investiguen que se haga bien.
Por su parte, el ecologista Arturo Alvarez Angli cuestionó también el contenido de la memoria entregada por Murueta Urrutia a los diputados, ya que lo dicho en ese documento no correspondía a la realidad, con lo cual coincidió la panista Jessica García Rojas.
Esta legisladora también arremetió contra el fiscal estatal, a quien le reclamó el que a dos años del actual gobierno, en ese rubro exista un “rezago del todo inaceptable e inexplicable”, así como el hecho de que se haya omitido el tema de la violencia contra las mujeres y los niños, incluido el tema de prostitución infantil que es conocida y preocupante en Acapulco.
El también priista Fermín Alvarado Arroyo planteó que es evidente la creciente y aterradora incapacidad de la Procuraduría General de Justicia, para cumplir con su responsabilidad.
Ineptitud, indolencia e irresponsabilidad fueron algunos de los adjetivos que utilizó para calificar el trabajo de la fiscalía estatal
“Hubiéramos esperado, procurador, verlo a usted llegar al lugar de los hechos a donde acribillaron a nuestro compañero Jorge Bajos. Y nunca apareció. Usted es el responsable de la investigación de los delitos que se cometen en nuestro estado… Nunca lo hemos visto, procurador, más que en su escritorio, en la procuraduría.
Y lo mismo pasó en el caso del lamentable crimen del periodista Amado Ramírez, agregó el legislador tricolor, quien criticó que se mande “a servidor públicos de quinta o sexta categoría, que todos son respetables”.
Asimismo, criticó que las líneas de investigación del caso Ramírez, las reduzca a un simple lío de faldas, y los yerros cometidos en las pesquisas del caso Bajos.
Sobre el caso del atentado sufrido por el ex sub procurador Antonio Nogueda, “no ha merecido siquiera una boletín de prensa para saber lo que está haciendo la Procuraduría al respecto”.
“La procuraduría de Guerrero no funcionan y no le sirven a la sociedad, y se está mandando un mensaje muy dañino para el fomento y la construcción de una cultura de la legalidad, porque el mensaje que se manda a la sociedad es de que aquí se puede cometer cualquier tipo de delitos y no se castiga”, acotó Alvarado Arroyo..
El perredista Germán Farias Silvestre admitió que tal vez se podría reconocer la labor administrativa que está realizando al interior de la institución, pero le recordó que la labor principal de la institución es la persecución de los delitos. “Y creo, procurador, que en eso ha dejado mucho que desear”, acotó.
También le reclamó el hecho de que elementos de la institución continúen utilizando vehículos de dudosa procedencia, y qué se hizo con los automotores que fueron recuperados.
Otro punto que fue cuestionado por el perredista es el hecho de que en su informe, la Procuraduría estatal reportaba cero suicidios en todo el año en Acapulco, cuando el dato no correspondía a la realidad.
También los diputados Mario Ramos del Carmen, de Convergencia, y Rey Hernández, del Partido del Trabajo, criticaron agriamente el desempeño de los funcionarios de la fiscalía estatal.
“No hay trabajo suficiente... Hay niveles escandalosos de corrupción... En las agencias del Ministerio Público es notorio que se cobra por todo”, declaró el legislador petista.
Por su parte, Ramos del Carmen le dijo a Murueta Urrutia: “en este tiempo que le ha tocado ser titular se han dado momentos complicados”, pero estableció que ello no impide que sea necesario que no haya impunidad ni delitos que no se persigan.
“Las buenas intenciones no son suficientes... El tortuguismo y el burocratismo son comunes denominadores en las agencias del Ministerio Público”, añadió en la tribuna.
LA PROCU, EL PATITO FEO DE SIEMPRE
Por su parte, el procurador Murueta Urrutia indicó que el mal estado en que se encuentra la Procuraduría de Justicia estatal, se debe a que siempre estuvo abandonada por gobiernos anteriores.
“Era el patito feo”, indicó ante los diputados, y expresó que anteriormente se acostumbraba a que se le entregaba plaza de policía ministerial a cualquier persona.
Asimismo, se quejó de que la institución no sólo tiene que hacer frente a los embates de la delincuencia, sino también de la ciudadanía, y esto por el clima de hostilidad que hay de parte de la gente.
Si actuamos rápido, hacemos mal; si lo hacemos con cautela, hacemos mal; de todas maneras nos atacan, se quejó el procurador de Justicia, quien durante toda la comparecencia mantuvo un perfil tranquilo.
Agregó que una de las áreas más abandonadas ha sido la de los agentes de los Ministerios Públicos adscritos a los juzgados, los cuales nunca habían sido capacitados hasta ahora.
Asimismo, anunció que será el próximo mes cuando inicie el curso de selección de nuevos agentes del Ministerio Público.
Los legisladores le reprocharon al fiscal estatal su poca capacidad para poner orden al interior de la institución, así como la pobreza de resultados en cuanto a los que es la procuración de justicia.
Asimismo, le reclamaron la mala actuación que ha tenido la fiscalía guerrerense en la investigación de los homicidios del diputado José Jorge Bajos Valverde y del periodista Amado Ramírez Dillanes.
El tono de los reclamos a la gestión del funcionario estatal llegó al grado de que la diputada Ericka Lürhs Cortés, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, le solicitó que presentara su renuncia.
En respuesta, Murueta Urrutia respondió que se está haciendo el mejor esfuerzo, que no cuenta con presupuesto y elementos humanos suficientes, e incluso le reprochó a la sociedad el clima de hostilidad que hay contra la Procuraduría.
Si actuamos rápido, hacemos mal; si lo hacemos con cautela, hacemos mal; de todas maneras nos atacan, afirmó Murueta Urrutia durante su comparecencia ante el pleno del Congreso local, con motivo del análisis del segundo informe de gobierno.
LLUVIA DE CRITICAS
La priista Erica Lührs Cortés afirmó que se la comparecencia del fiscal estatal fue un desfile de muchos números y muy pocos resultados, aunque lo felicitó por su memoria, ya que del cúmulo de preguntas que le hizo, no anotó nada.
En su posicionamiento a nombre del PRI, la legisladora indicó que en lo que va del año se han registrado 81 ejecuciones, en tanto que hay 300 homicidios sin resolver, de los cuales sólo 75 son adjudicables al crimen organizado.
“Es triste y lamentable la realidad que vivimos todos los días”, indicó Lührs Cortés, quien agregó que hay “una enorme irritación social” por los pobres resultados en materia de procuración de justicia.
Asimismo, admitió que si bien es un esfuerzo titánico atender los 20 mil delitos que ocurren en la entidad, exigió que los pocos que se investiguen que se haga bien.
Por su parte, el ecologista Arturo Alvarez Angli cuestionó también el contenido de la memoria entregada por Murueta Urrutia a los diputados, ya que lo dicho en ese documento no correspondía a la realidad, con lo cual coincidió la panista Jessica García Rojas.
Esta legisladora también arremetió contra el fiscal estatal, a quien le reclamó el que a dos años del actual gobierno, en ese rubro exista un “rezago del todo inaceptable e inexplicable”, así como el hecho de que se haya omitido el tema de la violencia contra las mujeres y los niños, incluido el tema de prostitución infantil que es conocida y preocupante en Acapulco.
El también priista Fermín Alvarado Arroyo planteó que es evidente la creciente y aterradora incapacidad de la Procuraduría General de Justicia, para cumplir con su responsabilidad.
Ineptitud, indolencia e irresponsabilidad fueron algunos de los adjetivos que utilizó para calificar el trabajo de la fiscalía estatal
“Hubiéramos esperado, procurador, verlo a usted llegar al lugar de los hechos a donde acribillaron a nuestro compañero Jorge Bajos. Y nunca apareció. Usted es el responsable de la investigación de los delitos que se cometen en nuestro estado… Nunca lo hemos visto, procurador, más que en su escritorio, en la procuraduría.
Y lo mismo pasó en el caso del lamentable crimen del periodista Amado Ramírez, agregó el legislador tricolor, quien criticó que se mande “a servidor públicos de quinta o sexta categoría, que todos son respetables”.
Asimismo, criticó que las líneas de investigación del caso Ramírez, las reduzca a un simple lío de faldas, y los yerros cometidos en las pesquisas del caso Bajos.
Sobre el caso del atentado sufrido por el ex sub procurador Antonio Nogueda, “no ha merecido siquiera una boletín de prensa para saber lo que está haciendo la Procuraduría al respecto”.
“La procuraduría de Guerrero no funcionan y no le sirven a la sociedad, y se está mandando un mensaje muy dañino para el fomento y la construcción de una cultura de la legalidad, porque el mensaje que se manda a la sociedad es de que aquí se puede cometer cualquier tipo de delitos y no se castiga”, acotó Alvarado Arroyo..
El perredista Germán Farias Silvestre admitió que tal vez se podría reconocer la labor administrativa que está realizando al interior de la institución, pero le recordó que la labor principal de la institución es la persecución de los delitos. “Y creo, procurador, que en eso ha dejado mucho que desear”, acotó.
También le reclamó el hecho de que elementos de la institución continúen utilizando vehículos de dudosa procedencia, y qué se hizo con los automotores que fueron recuperados.
Otro punto que fue cuestionado por el perredista es el hecho de que en su informe, la Procuraduría estatal reportaba cero suicidios en todo el año en Acapulco, cuando el dato no correspondía a la realidad.
También los diputados Mario Ramos del Carmen, de Convergencia, y Rey Hernández, del Partido del Trabajo, criticaron agriamente el desempeño de los funcionarios de la fiscalía estatal.
“No hay trabajo suficiente... Hay niveles escandalosos de corrupción... En las agencias del Ministerio Público es notorio que se cobra por todo”, declaró el legislador petista.
Por su parte, Ramos del Carmen le dijo a Murueta Urrutia: “en este tiempo que le ha tocado ser titular se han dado momentos complicados”, pero estableció que ello no impide que sea necesario que no haya impunidad ni delitos que no se persigan.
“Las buenas intenciones no son suficientes... El tortuguismo y el burocratismo son comunes denominadores en las agencias del Ministerio Público”, añadió en la tribuna.
LA PROCU, EL PATITO FEO DE SIEMPRE
Por su parte, el procurador Murueta Urrutia indicó que el mal estado en que se encuentra la Procuraduría de Justicia estatal, se debe a que siempre estuvo abandonada por gobiernos anteriores.
“Era el patito feo”, indicó ante los diputados, y expresó que anteriormente se acostumbraba a que se le entregaba plaza de policía ministerial a cualquier persona.
Asimismo, se quejó de que la institución no sólo tiene que hacer frente a los embates de la delincuencia, sino también de la ciudadanía, y esto por el clima de hostilidad que hay de parte de la gente.
Si actuamos rápido, hacemos mal; si lo hacemos con cautela, hacemos mal; de todas maneras nos atacan, se quejó el procurador de Justicia, quien durante toda la comparecencia mantuvo un perfil tranquilo.
Agregó que una de las áreas más abandonadas ha sido la de los agentes de los Ministerios Públicos adscritos a los juzgados, los cuales nunca habían sido capacitados hasta ahora.
Asimismo, anunció que será el próximo mes cuando inicie el curso de selección de nuevos agentes del Ministerio Público.
Sólo dos de cada cien averiguaciones reciben sentencia condenatoria
De cada cien averiguaciones previas que se inician por parte de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, sólo seis de ellas logran una sentencia, y de esas sólo dos son de carácter condenatorio.
Ello se desprende de las cifras dadas a conocer en el desglose del informe de gobierno 2006-2007, en lo relativo al rubro de Procuración de Justicia, el cual fue analizado ayer en el pleno del Congreso local.
El documento entregado por el procurador Eduardo Murueta Urrutia, establece que durante 2006 se iniciaron 16 mil 590 averiguaciones precias, casi mil menos que el año anterior.
Sin embargo, de estas sólo 6 mil 242 fueron consignadas ante un juez, y de éstas, apenas poco más de mil con detenido, en tanto que sólo en 4 mil 377 se liberaron órdenes de aprehensión.
Ello significa que más de diez mil averiguaciones resultaron improcedentes. De las que sí fueron procedente, sólo en la mitad se liberó alguna orden de aprehensión.
En el rubro de las órdenes de aprehensión, el documento establece que los elementos de la Policía Investigadora Ministerial lograron incrementar el número de detenidos en poco más de 14 por ciento, respecto al año 2005, al concretar 2 mil 683; con lo que tuvieron un rendimiento de poco más del 50 por ciento.
Sin embargo, al llegar al rubro de sentencias penales logradas, aún cuando hubo un incremento respecto al año anterior, las mil 220 representan apenas el seis por ciento del total de las averiguaciones iniciadas.
De ese total, apenas 410 lograron sentencia condenatoria, lo que representa una efectividad de apenas el dos por ciento, en tanto que en 428 hubo sentencias absolutorias; es decir, fueron más los presuntos responsables que resultaron inocentes que culpables.
El anexo estadístico contenido en la memoria de labores del año pasado de la Procuraduría de Justicia estatal indica también que hubo una disminución de 39 agentes del Ministerio Público del Fuero Común, y de 46 elementos de la Policía Investigadora Ministerial de 2005 a 2006.
Otro dato que llama la atención es el incremento exponencial que hubo en cuanto a participación de elementos de la Ministerial en operativos de seguridad pública, los que se incrementaron de 235 en 2005 a 6 mil 893 durante el año pasado.
MÁS DE MIL HOMICIDIOS EN 2006
De acuerdo a las estadísticas oficiales de la Procuraduría General de Justicia estatal, durante 2006 ocurrieron en total mil 284 homicidios en Guerrero, de los cuales una tercera parte es del tipo culposo, y los demás son calificados como dolosos. Ello implica un incremento de casi 150 casos de un año a otro.
En el documento también se hace referencia a la incidencia delictiva, de la que se establece que durante el año de análisis sólo 21 casos de secuestro fueron denunciados y ocho plagiarios fueron detenidos, lo cual fue cuestionado por los diputados locales en el sentido de que cuántos delitos de ese tipo ocurrieron realmente.
De acuerdo al documento, en un anexo se establece que durante 2006 fueron sancionados 82 servidores públicos, de los cuales, casi la mitad son agentes del Ministerio Público titulares y auxiliares.
Sin embargo, en la página siguiente se establece que se aplicaron en total 91 sanciones; es decir, hay una diferencia de nueve casos entre sanciones y sancionados.
Asimismo, llama la atención el hecho de que, según la Procuraduría estatal, durante el año pasado no ocurrieron suicidios en Chilpancingo y Acapulco, y que en total, se registraron sólo siete de ese tipo de casos en todo el estado, durante el año pasado.
Ello se desprende de las cifras dadas a conocer en el desglose del informe de gobierno 2006-2007, en lo relativo al rubro de Procuración de Justicia, el cual fue analizado ayer en el pleno del Congreso local.
El documento entregado por el procurador Eduardo Murueta Urrutia, establece que durante 2006 se iniciaron 16 mil 590 averiguaciones precias, casi mil menos que el año anterior.
Sin embargo, de estas sólo 6 mil 242 fueron consignadas ante un juez, y de éstas, apenas poco más de mil con detenido, en tanto que sólo en 4 mil 377 se liberaron órdenes de aprehensión.
Ello significa que más de diez mil averiguaciones resultaron improcedentes. De las que sí fueron procedente, sólo en la mitad se liberó alguna orden de aprehensión.
En el rubro de las órdenes de aprehensión, el documento establece que los elementos de la Policía Investigadora Ministerial lograron incrementar el número de detenidos en poco más de 14 por ciento, respecto al año 2005, al concretar 2 mil 683; con lo que tuvieron un rendimiento de poco más del 50 por ciento.
Sin embargo, al llegar al rubro de sentencias penales logradas, aún cuando hubo un incremento respecto al año anterior, las mil 220 representan apenas el seis por ciento del total de las averiguaciones iniciadas.
De ese total, apenas 410 lograron sentencia condenatoria, lo que representa una efectividad de apenas el dos por ciento, en tanto que en 428 hubo sentencias absolutorias; es decir, fueron más los presuntos responsables que resultaron inocentes que culpables.
El anexo estadístico contenido en la memoria de labores del año pasado de la Procuraduría de Justicia estatal indica también que hubo una disminución de 39 agentes del Ministerio Público del Fuero Común, y de 46 elementos de la Policía Investigadora Ministerial de 2005 a 2006.
Otro dato que llama la atención es el incremento exponencial que hubo en cuanto a participación de elementos de la Ministerial en operativos de seguridad pública, los que se incrementaron de 235 en 2005 a 6 mil 893 durante el año pasado.
MÁS DE MIL HOMICIDIOS EN 2006
De acuerdo a las estadísticas oficiales de la Procuraduría General de Justicia estatal, durante 2006 ocurrieron en total mil 284 homicidios en Guerrero, de los cuales una tercera parte es del tipo culposo, y los demás son calificados como dolosos. Ello implica un incremento de casi 150 casos de un año a otro.
En el documento también se hace referencia a la incidencia delictiva, de la que se establece que durante el año de análisis sólo 21 casos de secuestro fueron denunciados y ocho plagiarios fueron detenidos, lo cual fue cuestionado por los diputados locales en el sentido de que cuántos delitos de ese tipo ocurrieron realmente.
De acuerdo al documento, en un anexo se establece que durante 2006 fueron sancionados 82 servidores públicos, de los cuales, casi la mitad son agentes del Ministerio Público titulares y auxiliares.
Sin embargo, en la página siguiente se establece que se aplicaron en total 91 sanciones; es decir, hay una diferencia de nueve casos entre sanciones y sancionados.
Asimismo, llama la atención el hecho de que, según la Procuraduría estatal, durante el año pasado no ocurrieron suicidios en Chilpancingo y Acapulco, y que en total, se registraron sólo siete de ese tipo de casos en todo el estado, durante el año pasado.
Triplica Mario Morerno deuda privada del ayuntamiento capi
La deuda privada del ayuntamiento de Chilpancingo se incrementó durante el último año en 350 por ciento, de acuerdo a documentos oficiales de la Tesorería Municipal.
Ello implica que si la administración de Mario Moreno Arcos recibió de Saúl Alarcón Abarca un adeudo a proveedores y otros empréstitos de seis y medio millones de pesos, actualmente esta deuda supera los 22 millones de pesos.
De acuerdo con versiones de empleados de la tesorería municipal, la mayoría de los principales afectados con el incumplimiento de pagos del gobierno municipal son amigos y hasta familiares del responsable de esa área, Salvador Gómez Martínez.
Entre los pasivos que llaman la atención se encuentran los que se mantienen con Ivan Vladimir Arroyo, cuyo adeudo supera los tres millones de pesos; a Mónica Elinor Salinas, se le deben 239 mil 635 pesos, en tanto que a Xochiquetzal Damián el gobierno municipal no le ha pagado 77 mil 510 pesos con 97 centavos.
De acuerdo a los documentos, dichos adeudos son por diversos conceptos, que van desde papelería, equipo de oficina, material de construcción y proveedores de lo más diversos.
La existencia de estos pasivos ha provocado una situación de crisis en las arcas municipales, ya que se tiene problema con las comprobaciones de los gastos que se realizan.
De acuerdo a los informes internos del ayuntamiento, la falta de comprobaciones asciende supera los 13 millones de pesos. Entre las cuentas pendientes, destaca la del propio tesorero que en un año y meses, de gastos ha recibido un millón 540 mil 235 pesos, sin que haya entregado la facturación correspondiente.
De acuerdo a los documentos, la falta de comprobación de gastos se incluyen a prácticamente todos los funcionarios de primer nivel del gobierno municipal, que han recibido recursos del erario público para gastos en comisiones.
Los empleados de esa área gubernamental indicaron que Gómez Martínez se ha aprovechado de su cargo para usar recursos públicos justificándolos con documentos en los que se han falsificado firmas.
Asimismo, ha expedido cheques por duplicado para que uno se entregue al proveedor y otro sea cobrado por el funcionario. Incluso, los empleados indicaron que al respecto ya existe una denuncia en contra del tesorero municipal.
Sin embargo, no pudieron precisar más detalles al respecto pues dijeron que ese problema se ha intentado manejarlo con mucha discreción para que no trascienda.
Ello implica que si la administración de Mario Moreno Arcos recibió de Saúl Alarcón Abarca un adeudo a proveedores y otros empréstitos de seis y medio millones de pesos, actualmente esta deuda supera los 22 millones de pesos.
De acuerdo con versiones de empleados de la tesorería municipal, la mayoría de los principales afectados con el incumplimiento de pagos del gobierno municipal son amigos y hasta familiares del responsable de esa área, Salvador Gómez Martínez.
Entre los pasivos que llaman la atención se encuentran los que se mantienen con Ivan Vladimir Arroyo, cuyo adeudo supera los tres millones de pesos; a Mónica Elinor Salinas, se le deben 239 mil 635 pesos, en tanto que a Xochiquetzal Damián el gobierno municipal no le ha pagado 77 mil 510 pesos con 97 centavos.
De acuerdo a los documentos, dichos adeudos son por diversos conceptos, que van desde papelería, equipo de oficina, material de construcción y proveedores de lo más diversos.
La existencia de estos pasivos ha provocado una situación de crisis en las arcas municipales, ya que se tiene problema con las comprobaciones de los gastos que se realizan.
De acuerdo a los informes internos del ayuntamiento, la falta de comprobaciones asciende supera los 13 millones de pesos. Entre las cuentas pendientes, destaca la del propio tesorero que en un año y meses, de gastos ha recibido un millón 540 mil 235 pesos, sin que haya entregado la facturación correspondiente.
De acuerdo a los documentos, la falta de comprobación de gastos se incluyen a prácticamente todos los funcionarios de primer nivel del gobierno municipal, que han recibido recursos del erario público para gastos en comisiones.
Los empleados de esa área gubernamental indicaron que Gómez Martínez se ha aprovechado de su cargo para usar recursos públicos justificándolos con documentos en los que se han falsificado firmas.
Asimismo, ha expedido cheques por duplicado para que uno se entregue al proveedor y otro sea cobrado por el funcionario. Incluso, los empleados indicaron que al respecto ya existe una denuncia en contra del tesorero municipal.
Sin embargo, no pudieron precisar más detalles al respecto pues dijeron que ese problema se ha intentado manejarlo con mucha discreción para que no trascienda.
Exigen castigo a ex alcaldes de Apango
27AAPANGO
demandan justicia
en caso Apango
Antonio Jiménez Gómez
Integrantes del Frente Ciudadano de Apango demandaron al Congreso local y a la Auditoría General del Estado, que ejerzan ya alguna acción en contra del ex alcalde Antonio Viliulfo Morales, a quien acusan de haber desviado 27 millones de pesos.
Sergio Mota, representante de ese grupo ciudadano, informó que desde el pasado 15 de marzo, el auditor estatal emitió un oficio dirigido al presidente de la Comisión de Vigilancia de la AGE, para que se realicen los trámites correspondientes para que se le inhabilite para ocupar cualquier cargo público.
Sin embargo, indicó que hasta el momento ninguna autoridad ha hecho algo para castigar las irregularidades que cometió ese y otros ex alcaldes, en uno de los municipios más marginados de la región centro de la entidad.
Mota Sánchez reiteró que desde hace años han venido pugnando ante las autoridades fiscalizadoras y el Congreso local, para que , primero, se investigaran las irregularidades financieras ocurridas en el ayuntamiento de Mártir de Cuilapan.
Y , posteriormente, una vez que éstas desviaciones fueron certificadas por la Auditoría estatal, que se procediera a aplicar una sanción a los ex alcaldes; sin embargo, eso no ha ocurrido.
Aquí los afectados, dijo Sergio Mota, son los niños que no recibieron los apoyos que les fueron enviados, las comunidades indígenas que no tienen las obras que han exigido durante años, y cuyos recursos terminaron en las bolsas de los ex alcaldes.
El representante del Frente Ciudadano de Apango recordó que apenas el mes pasado se entregó un oficio al Ejecutivo estatal en el que se denuncia que el auditor estatal no ha cumplido el compromiso asumido en infinidad de ocasiones, respecto a entregar información sobre el desvío de 27 millones de pesos. Sin embargo, tampoco el Ejecutivo ha dado respuesta a su demanda.
El gobierno estatal se ha negado a entregar información financiera sobre la administración del ex alcalde de Mártir de Cuilapan, Antonio Viliulfo Morales Iglesias, informó.
Lo anterior al grado de que esa información no está siquiera en poder de la misma Auditoría, ya que desde el pasado 16 de diciembre de 2006, la AGE solicitó información certificada a la Secretaría de Finanzas, de cuánto recurso presupuestal recibió Morales Iglesias, durante el periodo 2002-2005. pero el reporte no ha sido entregado de forma completa.
A partir de esa carencia de datos, los procedimientos de resarcimiento del dinero desviado está detenido, respondieron funcionarios de la AGE a las quejas de los representantes de Mártir de Cuilapan.
De acuerdo a las denuncias del Frente, el ex alcalde Justiniano Hernández Parra cuenta con un pendiente 12 millones de pesos no solventados a las arcas del ayuntamiento, y de Antonio Viliulfo Morales Iglesias, con 27 millones por resarcir.
demandan justicia
en caso Apango
Antonio Jiménez Gómez
Integrantes del Frente Ciudadano de Apango demandaron al Congreso local y a la Auditoría General del Estado, que ejerzan ya alguna acción en contra del ex alcalde Antonio Viliulfo Morales, a quien acusan de haber desviado 27 millones de pesos.
Sergio Mota, representante de ese grupo ciudadano, informó que desde el pasado 15 de marzo, el auditor estatal emitió un oficio dirigido al presidente de la Comisión de Vigilancia de la AGE, para que se realicen los trámites correspondientes para que se le inhabilite para ocupar cualquier cargo público.
Sin embargo, indicó que hasta el momento ninguna autoridad ha hecho algo para castigar las irregularidades que cometió ese y otros ex alcaldes, en uno de los municipios más marginados de la región centro de la entidad.
Mota Sánchez reiteró que desde hace años han venido pugnando ante las autoridades fiscalizadoras y el Congreso local, para que , primero, se investigaran las irregularidades financieras ocurridas en el ayuntamiento de Mártir de Cuilapan.
Y , posteriormente, una vez que éstas desviaciones fueron certificadas por la Auditoría estatal, que se procediera a aplicar una sanción a los ex alcaldes; sin embargo, eso no ha ocurrido.
Aquí los afectados, dijo Sergio Mota, son los niños que no recibieron los apoyos que les fueron enviados, las comunidades indígenas que no tienen las obras que han exigido durante años, y cuyos recursos terminaron en las bolsas de los ex alcaldes.
El representante del Frente Ciudadano de Apango recordó que apenas el mes pasado se entregó un oficio al Ejecutivo estatal en el que se denuncia que el auditor estatal no ha cumplido el compromiso asumido en infinidad de ocasiones, respecto a entregar información sobre el desvío de 27 millones de pesos. Sin embargo, tampoco el Ejecutivo ha dado respuesta a su demanda.
El gobierno estatal se ha negado a entregar información financiera sobre la administración del ex alcalde de Mártir de Cuilapan, Antonio Viliulfo Morales Iglesias, informó.
Lo anterior al grado de que esa información no está siquiera en poder de la misma Auditoría, ya que desde el pasado 16 de diciembre de 2006, la AGE solicitó información certificada a la Secretaría de Finanzas, de cuánto recurso presupuestal recibió Morales Iglesias, durante el periodo 2002-2005. pero el reporte no ha sido entregado de forma completa.
A partir de esa carencia de datos, los procedimientos de resarcimiento del dinero desviado está detenido, respondieron funcionarios de la AGE a las quejas de los representantes de Mártir de Cuilapan.
De acuerdo a las denuncias del Frente, el ex alcalde Justiniano Hernández Parra cuenta con un pendiente 12 millones de pesos no solventados a las arcas del ayuntamiento, y de Antonio Viliulfo Morales Iglesias, con 27 millones por resarcir.
Reprueban diputados a secretario de Educación
Antonio Jiménez Gómez
La auditoría al Plan de Previsión Social, la regularización de los aviadores, la baja calidad de la enseñanza y las irregularidades en el trabajo del magisterio, fueron algunos de los principales cuestionamientos de los diputados durante la comparecencia del secretario de Educación, José Luis González de la Vega ante los diputados del Congreso local.
Luego de que el funcionario rindió su informe complementario sobre la situación de la educación en el estado, los legisladores cuestionaron la escasa información sobre esos problemas.
González de la Vega inició ayer el tercer día de comparecencias con motivo del análisis del segundo informe de gobierno, a la que sólo asistieron al pase inicial de lista 28 de los 45 diputados.
En su exposición inicial, el funcionario se abocó a enunciar los datos estadísticos más relevantes de su segundo año de gestión.
Sin embargo, los diputados de diversos partidos políticos, indicaron que el sector aún enfrenta los mismos problemas centrales que existían desde el inicio del actual gobierno estatal.
Guerrero cuenta con un “modelo educativo que esclaviza y condena a la marginación, sentenció la diputada priista Flor Añorve Ocampo, a nombre de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional.
Por su parte, a nombre de la fracción perredista Marino Miranda criticó también los problemas que se mantienen en cuanto a calidad de la enseñanza, niveles de reprobación y deserción. Asimismo, declaró que el magisterio sigue siendo un problema para el desarrollo del sector educativo.
Indicó que la cobertura en educación inicial es limitada y debe incrementarse a través de centros de acceso público administrados por la secretaría, en tanto que en preescolar, “es conveniente redoblar esfuerzos para que para el ciclo 2008-2009 se logre la cobertura del 100 por ciento, dando prioridad a las zonas indígenas y de marginación del estado”.
En primaria, indicó el legislador del sol azteca, “el reposicionamiento en la cobertura es de destacarse, así como la disminución de niveles de deserción y reprobación, pero falta ver si en realidad se eleva la calidad y determinar si el nivel de reprobación no es consecuencia es por la falta de alumnos”.
Asimismo refirió que el analfabetismo disminuyó muy poco durante 2006, además de que a pesar de que hay bastantes programas de apoyo, el nivel de calidad de la enseñanza todavía dista mucho de lo que se requiere
Priistas y perredistas coincidieron en que aún es tiempo para que la Secretaría de Educación convoque a un verdadero pacto social para la educación, para que se saque del retraso al sistema estatal.
INFORMACIÓN CONFUSA: PAN
Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Benito García Meléndez, indicó: “hasta hoy hemos visto pocos resultados que apunten a... promover la apertura y la modernización de un sistema anquilosado”.
“La abundancia de cifras que se consignan en el informe complementario no cumple a cabalidad con la obligación de transparencia en el ejercicio de los recursos destinados al sector educativo, más aún cuando éstas se presentan en forma a veces confusa”, indicó el legislador albiazul.
García Meléndez agregó que era notoria la ausencia de criterios específicos sobre el nuevo plan de estudios, lo que “nos conduce a afirmar que los datos que hoy han sido presentados, más que abonar a la evaluación de las políticas públicas educativas, se torna un obstáculo para el fortalecimiento de éstas”.
En cuanto a los logros en materia de cobertura y baja de la deserción, mencionados por el secretario de Educación, el diputado local advirtió: “no basta que los niños y jóvenes guerrerenses accedan a la escuela y permanezcan en ella. Es necesario que alcancen los objetivos de aprendizaje”.
Estableció que se continúa la práctica de suspender clases por cualquier pretexto en nivel primaria: “es común que la salida de los alumnos es media hora antes de lo establecido, y que en días de quincena los maestros suspendan dos horas para cobrar sus cheques, lo que equivale a dos semanas de suspensión de clases al fin del ciclo”.
También refirió que se debe abundar más en el problema que enfrenta el sistema escolar, ya que en agosto de 2006, se informó que de 10 que inician la primaria, sólo tres terminan la secundaria.
DIFÍCIL CREER CIFRAS: PV
El diputado del Partido Verde, Arturo Alvarez Angli, también criticó el contenido del informe complementario al afirmar que “cuesta un poco de trabajo creer en las cifras que aquí se expresan, en los avances en materia de alfabetización y cobertura educativa”.
Indicó que la preocupación es que si en la realidad existe un respaldo “de las cifras y porcentajes que está mostrando... y que no estaríamos frente, cómo ha sucedido en ocasiones anteriores, de cifras maquilladas que son difíciles de evaluar y difíciles de auditar”.
Álvarez Angli agregó que en cuanto a los avances logrados en menor índice de reprobación: “No tenemos una manera concreta de comprobar si esto se debe a un avance en su aprovechamiento educativo o a una complacencia por parte de los maestros. Pudiéramos estar frente a cifras maquilladas”. Aunque sobre esto el secretario de Educación respondió que su informe puede someterse a cualquier prueba de verificación, pues “las cifras son puntuales”.
Alvarez Angli aclaró que dichos planteamientos no eran una acusación al secretario de Educación, sino una observación a como opera normalmente la dependencia a su cargo.
Otro tema que cuestionó el legislador es el resultado de la auditoría del Plan de Previsión Social, ya que “hasta la fecha no hemos logrado tener el resultado final”, por lo que exigió que se dé a conocer esa información a la brevedad posible.
Asimismo, cuestionó de la poca información de lo hecho para disminuir el déficit financiero de la secretaría, así como de la pobre seguimiento administrativo a funcionarios y ex funcionarios que hayan podido incurrir en malos manejos y la falta de información concreta sobre aviadores.
REALIDAD ES GRAVE: PC Y PT
El diputado petista Marcos Zalazar Rodríguez coincidió con su homòlogo ecologista en que los números presentados por la SEG pueden decir muchas cosas, mientras que la realidad es diferente.
Ante ello, dijo que más allá de las cifras alegres, no se debe olvidar que en las zonas indígenas de Guerrero, incluso en la periferia de las grandes ciudades, todavía se utilizan bancas elaboradas de forma rústica, lo que significa un gran pendiente.
A su vez, el diputado por Convergencia, Mario Ramos del Carmen, cuestionó el por qué no se han alcanzado los objetivos que había anunciado previamente el funcionario estatal, en tanto que criticó el hecho de que el sector educativo siga muy politizado.
LAS CIFRAS OFICIALES
El secretario de Educación celebró que Guerrero ocupa el sexto lugar nacional en cobertura del nivel preescolar y el tercero en primaria, en tanto que se invirtieron 27 millones de pesos en asesorías a padres de familia de educación especial.
Asimismo, resaltó que los índices de reprobación y de deserción han disminuido, aunque admitió que ambos problemas siguen concentrándose en el nivel secundaria.
Informó que, de acuerdo a lo programado, se prevé que por primera vez se pueda equipar a las secundarias del estado para el próximo ciclo escolar, en tanto que celebró el avance logrado en la parte administrativa, al poner en operación una ventanilla única, lo que permitió disminuir el burocratismo.
En cuanto a la venta de plazas, González de la Vega informó que se han presentado 23 denuncias penales en contra de los presuntos responsables de esa anomalía.
Sin embargo, se quejó: “Vamos bien, pero algunos juzgados no nos han dado una respuesta favorable; hemos apelado en ese sentido. Me he reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia para pedirle que se liberen órdenes de aprehensión en contra de quienes ya han sido investigados por venta de plazas, pero por razones misteriosas, los jueces omiten la acción penal”.
La auditoría al Plan de Previsión Social, la regularización de los aviadores, la baja calidad de la enseñanza y las irregularidades en el trabajo del magisterio, fueron algunos de los principales cuestionamientos de los diputados durante la comparecencia del secretario de Educación, José Luis González de la Vega ante los diputados del Congreso local.
Luego de que el funcionario rindió su informe complementario sobre la situación de la educación en el estado, los legisladores cuestionaron la escasa información sobre esos problemas.
González de la Vega inició ayer el tercer día de comparecencias con motivo del análisis del segundo informe de gobierno, a la que sólo asistieron al pase inicial de lista 28 de los 45 diputados.
En su exposición inicial, el funcionario se abocó a enunciar los datos estadísticos más relevantes de su segundo año de gestión.
Sin embargo, los diputados de diversos partidos políticos, indicaron que el sector aún enfrenta los mismos problemas centrales que existían desde el inicio del actual gobierno estatal.
Guerrero cuenta con un “modelo educativo que esclaviza y condena a la marginación, sentenció la diputada priista Flor Añorve Ocampo, a nombre de la fracción parlamentaria del partido Revolucionario Institucional.
Por su parte, a nombre de la fracción perredista Marino Miranda criticó también los problemas que se mantienen en cuanto a calidad de la enseñanza, niveles de reprobación y deserción. Asimismo, declaró que el magisterio sigue siendo un problema para el desarrollo del sector educativo.
Indicó que la cobertura en educación inicial es limitada y debe incrementarse a través de centros de acceso público administrados por la secretaría, en tanto que en preescolar, “es conveniente redoblar esfuerzos para que para el ciclo 2008-2009 se logre la cobertura del 100 por ciento, dando prioridad a las zonas indígenas y de marginación del estado”.
En primaria, indicó el legislador del sol azteca, “el reposicionamiento en la cobertura es de destacarse, así como la disminución de niveles de deserción y reprobación, pero falta ver si en realidad se eleva la calidad y determinar si el nivel de reprobación no es consecuencia es por la falta de alumnos”.
Asimismo refirió que el analfabetismo disminuyó muy poco durante 2006, además de que a pesar de que hay bastantes programas de apoyo, el nivel de calidad de la enseñanza todavía dista mucho de lo que se requiere
Priistas y perredistas coincidieron en que aún es tiempo para que la Secretaría de Educación convoque a un verdadero pacto social para la educación, para que se saque del retraso al sistema estatal.
INFORMACIÓN CONFUSA: PAN
Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Benito García Meléndez, indicó: “hasta hoy hemos visto pocos resultados que apunten a... promover la apertura y la modernización de un sistema anquilosado”.
“La abundancia de cifras que se consignan en el informe complementario no cumple a cabalidad con la obligación de transparencia en el ejercicio de los recursos destinados al sector educativo, más aún cuando éstas se presentan en forma a veces confusa”, indicó el legislador albiazul.
García Meléndez agregó que era notoria la ausencia de criterios específicos sobre el nuevo plan de estudios, lo que “nos conduce a afirmar que los datos que hoy han sido presentados, más que abonar a la evaluación de las políticas públicas educativas, se torna un obstáculo para el fortalecimiento de éstas”.
En cuanto a los logros en materia de cobertura y baja de la deserción, mencionados por el secretario de Educación, el diputado local advirtió: “no basta que los niños y jóvenes guerrerenses accedan a la escuela y permanezcan en ella. Es necesario que alcancen los objetivos de aprendizaje”.
Estableció que se continúa la práctica de suspender clases por cualquier pretexto en nivel primaria: “es común que la salida de los alumnos es media hora antes de lo establecido, y que en días de quincena los maestros suspendan dos horas para cobrar sus cheques, lo que equivale a dos semanas de suspensión de clases al fin del ciclo”.
También refirió que se debe abundar más en el problema que enfrenta el sistema escolar, ya que en agosto de 2006, se informó que de 10 que inician la primaria, sólo tres terminan la secundaria.
DIFÍCIL CREER CIFRAS: PV
El diputado del Partido Verde, Arturo Alvarez Angli, también criticó el contenido del informe complementario al afirmar que “cuesta un poco de trabajo creer en las cifras que aquí se expresan, en los avances en materia de alfabetización y cobertura educativa”.
Indicó que la preocupación es que si en la realidad existe un respaldo “de las cifras y porcentajes que está mostrando... y que no estaríamos frente, cómo ha sucedido en ocasiones anteriores, de cifras maquilladas que son difíciles de evaluar y difíciles de auditar”.
Álvarez Angli agregó que en cuanto a los avances logrados en menor índice de reprobación: “No tenemos una manera concreta de comprobar si esto se debe a un avance en su aprovechamiento educativo o a una complacencia por parte de los maestros. Pudiéramos estar frente a cifras maquilladas”. Aunque sobre esto el secretario de Educación respondió que su informe puede someterse a cualquier prueba de verificación, pues “las cifras son puntuales”.
Alvarez Angli aclaró que dichos planteamientos no eran una acusación al secretario de Educación, sino una observación a como opera normalmente la dependencia a su cargo.
Otro tema que cuestionó el legislador es el resultado de la auditoría del Plan de Previsión Social, ya que “hasta la fecha no hemos logrado tener el resultado final”, por lo que exigió que se dé a conocer esa información a la brevedad posible.
Asimismo, cuestionó de la poca información de lo hecho para disminuir el déficit financiero de la secretaría, así como de la pobre seguimiento administrativo a funcionarios y ex funcionarios que hayan podido incurrir en malos manejos y la falta de información concreta sobre aviadores.
REALIDAD ES GRAVE: PC Y PT
El diputado petista Marcos Zalazar Rodríguez coincidió con su homòlogo ecologista en que los números presentados por la SEG pueden decir muchas cosas, mientras que la realidad es diferente.
Ante ello, dijo que más allá de las cifras alegres, no se debe olvidar que en las zonas indígenas de Guerrero, incluso en la periferia de las grandes ciudades, todavía se utilizan bancas elaboradas de forma rústica, lo que significa un gran pendiente.
A su vez, el diputado por Convergencia, Mario Ramos del Carmen, cuestionó el por qué no se han alcanzado los objetivos que había anunciado previamente el funcionario estatal, en tanto que criticó el hecho de que el sector educativo siga muy politizado.
LAS CIFRAS OFICIALES
El secretario de Educación celebró que Guerrero ocupa el sexto lugar nacional en cobertura del nivel preescolar y el tercero en primaria, en tanto que se invirtieron 27 millones de pesos en asesorías a padres de familia de educación especial.
Asimismo, resaltó que los índices de reprobación y de deserción han disminuido, aunque admitió que ambos problemas siguen concentrándose en el nivel secundaria.
Informó que, de acuerdo a lo programado, se prevé que por primera vez se pueda equipar a las secundarias del estado para el próximo ciclo escolar, en tanto que celebró el avance logrado en la parte administrativa, al poner en operación una ventanilla única, lo que permitió disminuir el burocratismo.
En cuanto a la venta de plazas, González de la Vega informó que se han presentado 23 denuncias penales en contra de los presuntos responsables de esa anomalía.
Sin embargo, se quejó: “Vamos bien, pero algunos juzgados no nos han dado una respuesta favorable; hemos apelado en ese sentido. Me he reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia para pedirle que se liberen órdenes de aprehensión en contra de quienes ya han sido investigados por venta de plazas, pero por razones misteriosas, los jueces omiten la acción penal”.
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