domingo, junio 03, 2007

Se intensifica paro laboral de defensores de oficio

Antonio Jiménez Gómez

Trabajadores de la Defensoría de Oficio anunciaron que el próximo lunes habrán de parar labores y tomarán los juzgados, para que ninguno de sus compañeros abogados pueda desahogar audiencias.
Lo anterior luego de que la audiencia que tenían programada para el mediodía de ayer, en la Secretaría General de Gobierno, fue cancelada sin previo aviso.
Los defensores, que desde la semana pasada iniciaron un paro laboral para demandar la destitución de su director, José Ramírez Villalba, acudieron a Palacio de Gobierno, para la reunión con funcionarios estatales en la que se trataría de destrabar el conflicto. Pero no se realizó.
Cabe recordar que los trabajadores están inconformes por el trato despótico del funcionario, así como por haber despedido de forma injustificada a 17 de ellos en semanas pasadas.
Asimismo, demandan la dotación de implementos de trabajo que van desde cosas simples como hojas blancas hasta escritorios, y equipo de cómputo.
Los defensores de oficio dijeron que como resultado de la movilización del pasado lunes, el secretario de Gobierno envió un oficio al director de la Defensoría en el que le solicitaba que se abstuviera de realizar cualquier tipo de represalias en contra de los manifestantes.
Asimismo, ofreció revisar el pliego petitorio, hacer llegar las demandas al gobernador y este viernes ofrecer una respuesta sin embargo estuvieron casi medio día en la sala del secretario, quien acudió a la ceremonia del Día de la Marina realizada en Acapulco.
En su lugar, el secretario particular Noé Jiménez Silverio, quien ofrecía únicamente volver a escuchar las peticiones, por eso se salieron del edificio y amenazaron con la movilizarse el próximo lunes.
La defensoría de oficio cuenta con 92 abogados con los que atiendan más de siete mil 500 casos anualmente, lo que consideraron que es totalmente inadecuado pues cada defensor tiene una carga de trabajo exagerada que no les permite dar la atención debida a cada caso.
Los quejosos reconocieron que hay un pequeño grupo de abogados que simpatiza con el nuevo director porque les ha otorgado canonjías.
Sin embargo, advirtieron que a partir del próximo lunes habrán de tomar los juzgados de toda la entidad para que ellos tampoco puedan desahogar las audiencias.
Agregaron que, tal y como lo habían anunciado, el paro será con carácter de indefinido hasta que haya una respuesta del gobierno a las demandas planteadas, y reiteraron que su pliego petitorio no está sujeto a negociaciones.

Actúan Semarnat y Profepa con negligencia: García

Antonio Jiménez Gómez

De nada sirve hacer denuncias en contra de talamontes, porque las autoridades ambientales del gobierno federal llegan ocho meses después, afirmó el diputado local Raymundo García Gutiérrez.
Indicó que cuando fue alcalde de Acatepec, municipio enclavado en la zona alta de la región de la Montaña, en reiteradas ocasiones presentó denuncias ante la Secretaría del Medio Ambiente federal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de los taladores ilegales.
Sin embargo, reiteró que la vez que acudieron al llamado, lo hicieron ocho meses después, cuando los talamontes ya habían terminado con amplias zonas de bosque y se encontraban en otro lado.
“Y esa vez lo documentamos con fotos y testimonios, para que no dijeran que era invento nuestro, y aún así se tardaron mucho. Por eso, eso de la preservación del medio ambiente es puro cuento”, afirmó el actual diputado local por el Partido de la Revolución Democrática.
Los que mas están deforestando son lo que lo hacen de manera legal, porque les otorgan los permisos Semarnat, y a Profepa no le alcanza su gente para supervisar.
Recordó que cuando fue alcalde “hice la denuncia y me llegó la gente de Profepa ocho meses después. Lo que quería en su momento, era que fueran a ver cómo se habían derribado árboles unos ciudadanos para sembrar maíz”.
Estableció que ese grupo de personas que estaban talando montes se negaba a cumplir las órdenes de las autoridades comunales y municipales, por lo que era necesaria una presión mayor, pero no llegó.
“Entonces, lo que hicimos fue turnarlo a la Profepa con fotos, nombres de la gente que había estado involucrada. Tardaron ocho meses y cuando fueron, ya la vegetación había retoñado, pero ya no había árboles grandes”, detalló en entrevista.
A partir de ello, estableció que hay “pasividad “ de las autoridades ambientales del país, para en realidad implementar acciones que permitan la preservación de la riqueza natural del estado.

CAMBIAR PRINCIPIOS, NECESARIO

El diputado local por la región de la Montaña estableció que si las autoridades federales en realidad quieren cumplir con su responsabilidad, lo ideal “lo que tiene qué hacerse es que si la Semarnat va autorizar la explotación de la madera, primero se tiene que reforestar, que reforesten los interesados en explotar la madera.
“Finalmente es un recurso renovable, hay que aprovechar la madera. Entonces, se tiene que reforestar realmente, cuidando los árboles, por lo menos en la misma extensión que van a cortar”, indicó García Gutiérrez.
Expresó que aún cuando la normatividad actual establece que se debe plantar diez árboles por cada uno que sea cortado, ese sistema no está funcionando y no hay quien vigile su cumplimiento, por lo que es necesario modificar el esquema de operación y que, quien quiera aprovechar ese recurso, que le invierta antes.
“Esto es necesario que se modifique para que no nos sigamos dañando. Hay algunos que sólo ven el beneficio económico, pero se debe tomar conciencia real de que todo el daño que le hagamos a la vida silvestre nos afecta tarde o temprano”, enfatizó el legislador.

JUSTICIA CONVENENCIERA

El integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local también cuestionó la forma en cómo se aplica la justicia ambiental, ya que mientras en ocasiones se detiene y castiga a campesinos que transportan leña para autoconsumo, ninguna autoridad actúa en contra de los aserraderos.
“No le podemos aplicar todo el peso de la ley a un campesino que va a cortar leña para su casa, mientras que los aserraderos procesan trozos y trozos, camiones y tortons, y nadie les dice nada”, comentó.
Y agregó que si las autoridades ambientales autoriza a los aserraderos determinado volumen de madera para procesar, ellos siempre meten más y es el negocio, sin que la autoridad haga algo al respecto.
“Lo cierto es que si les autorizan 2 mil metros cúbicos, sacan 2 mil 500. ¿Y quién vigila? Nadie. ¿Quién está pesando los camiones para ver cuánto saca? Nadie. Unicamente ahí van documentando, pero únicamente registran dos camiones y uno no. Entonces ese es el problema”, abundó.

No se construirá hospital en Chichihualco, confirmó alcalde

Antonio Jiménez Gómez

El alcalde de Leonardo Bravo, Willivaldo Valente Pastor, anunció que la Secretaría de Salud Guerrero negó la posibilidad de que en la cabecera de ese municipio se construya un hospital básico para prestar atención médica a más de 23 mil habitantes.
Sin embargo, dijo que en su lugar se construirá un “centro de salud ampliado” que será el primero en su tipo en la entidad, y permitirá responder a las necesidades médicas básicas de los habitantes de Chichihualco.
El alcalde indicó que los vecinos de su municipio tendrán que conformarse con seguir acudiendo a los hospitales de Chilpancingo –a por lo menos 40 minutos de tiempo de recorrido—o al de Filo de Caballos –trayecto que puede prolongarse más por ser zona serrana—para ser atendidos.
Valente Pastor indicó que el viernes pasado acudió a una reunión de trabajo en la Secretaría de Salud, en la que se les informó que se declaró desierto el proceso de licitud para la construcción del centro de salud en Chichihualco.
“Se declaró desierto el concurso, toda vez que de cuatro empresas participantes, dos se descalificaron, dos quedaron para el análisis económico, pero una quedó baja y otra alta. Hay mucha seriedad por parte de Salud en analizar los presupuestos que presentaron las empresas”, comentó el alcalde.
Indicó que a partir de esa situación, será esta semana cuando se vuelva a emitir la convocatoria para que las empresas concursen para la realización de ese proyecto.
El alcalde de filiación priista dijo que la gestión que se hizo era para contar con un hospital básico comunitario, pero la Secretaría de Salud se negó a respaldar ese proyecto debido a la cercanía (sic) de la cabecera municipal con Chilpancingo.
“Por la cercanía con la capital va a ser un centro de salud con servicios ampliados. Va a tener prácticamente todos los servicios, e incluso posiblemente hasta una ambulancia, lo que nos va a permitir que en casos muy complicados se puedan traer los pacientes a Chilpancingo”, refirió.
Valente Pastor estableció que a pesar de las limitaciones, “es un proyecto muy interesante y además muy necesario para la cabecera municipal”, donde habitan casi 12 mil habitantes, más las comunidades aledañas, para sumar una población municipal de más de 23 mil personas.
Expresó que por parte del ayuntamiento, para tratar de incrementar la cobertura de los servicios de salud, durante el último año de su administración se construyeron tres centros de salud en diversas comunidades.
“Estamos haciendo esfuerzos en las diversas comunidades”, dijo Willibaldo Valente, quien indicó que también se están creando casas de salud en otras comunidades.
Fue entonces cuando indicó que para el caso de varias comunidades ubicadas en la zona serrana, sus habitantes tienen la opción de acudir al hospital que se encuentra en la localidad de Filo de Caballos, en el municipio de Heliodoro Castillo.