Sigue en la “congeladora” ley
De justicia para adolescentes
Antonio Jiménez Gómez
A diez meses de que debió haber entrado en vigor la Ley de Justicia para Adolescentes en Guerrero, debido a la conclusión del periodo constitucional previsto, la iniciativa local aún sigue en la congeladora legislativa.
Aún cuando mañana se realizará un periodo extraordinario de sesiones, en la agenda no se abordará esta iniciativa de ley, a la cual le falta sólo la segunda lectura para ser aprobada.
De acuerdo a la reforma aprobada al artículo 18 Constitucional, se obliga a los estados del país a crear su propio sistema de justicia para adolescentes antes del 14 de septiembre, a fin de ajustarla a la aprobación de presupuestos.
La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2005, establece que el sistema de justicia para adolescentes será aplicable en la Federación, los estados y el Distrito Federal, “a quienes se atribuya la realización de alguna conducta tipificada como delito por las leyes penales y que tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad”.
Las personas menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como delito, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social, establece el texto de la reforma.
Sin embargo, transcurrió septiembre, la discusión del presupuesto de Egresos para el presente año, y no se consideró ni legal ni financieramente la operación de dicha reforma legal.
Al respecto, tanto los poderes Legislativo como Judicial han mantenido una actitud de secrecía en cuanto a las razones reales por las cuales no ha prosperado la entrada en vigor de dicha reforma, que para el caso de Guerrero fue aprobada en lo general por la Comisión de Justicia y presentada el pleno del Congreso local.
Sin embargo, sólo se le dio primera lectura y a partir de ahí el trámite fue suspendido, de forma tal que prácticamente al concluir el segundo año de la actual legislatura no hay indicios de que pueda ser discutida y en su caso aprobada por el pleno.
UNA HISTORIA DE RESISTENCIAS
Desde el 18 de agosto del año pasado –hace casi un año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón, anunció que se propondría la transformación integral del sistema de justicia para menores de edad, que incluirá la creación de juzgados especiales para ese sector de la población.
Ello para que se tuvieran mayores garantías de respeto a sus derechos y que sus casos sean tratados por especialistas del Poder Judicial y no por funcionarios administrativos que desconocen las leyes, como ocurre en la actualidad.
Sin embargo, aclaró en ese momento que sería el Congreso local el que valoraría si desaparece el Consejo Tutelar, y se crean defensores, ministerios públicos, jueces y magistrados especializados en juicios de adolescentes.
Para el 12 de septiembre, se realizó una reunión en la que participaron representantes de los tres poderes, así como de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
En esa ocasión, Román Pinzón informó que apenas se estaba realizando el cálculo de lo que le costará a esa instancia crear una red de jueces y personal que permita cumplir con esa reforma constitucional.
Román Pinzón confió en que en el presupuesto del próximo año, los diputados aprueben recursos adicionales para financiar el costo que tendrá poner en marcha el sistema de justicia para personas de 14 a 18 años de edad, y que sustituirá al sistema tutelar que opera actualmente.
Sin embargo, en ese momento se admitió por parte de los representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial que faltaba la profesionalización del personal de diversas instituciones responsable de cumplir con dicha reforma.
En contraste, cinco días después, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Cortés Badillo, daba a conocer que el Albergue Tutelar para Menores de Chilpancingo ya había sido remodelado para adaptarlo a las condiciones que planteaba la reforma constitucional que entró en vigor a nivel federal, para la creación de un sistema de justicia para adolescentes.
Agregó que con el propósito de cumplir con las especificaciones que marca dicha reforma, se invirtieron más de 2.3 millones de pesos en hacer más seguras las instalaciones, con trabajos que incluyeron la creación de espacios para que ahí laboren los jueces instructores y los ejecutores de sentencias, agentes del Ministerio Público y defensores de oficio especializados.
Y señaló que con la entrada en vigor de la reforma constitucional, el 12 de marzo de 2006, desde ese momento la Secretaría de Seguridad Pública previó iniciar los trabajos de acondicionamiento del hasta ahora albergue tutelar de Chilpancingo.
Sin embargo, a diez meses de que debió haber entrado en vigor la ley, el Poder Judicial informa que se está llevando a cabo la preparación profesional del personal que atenderá los casos de adolescentes infractores.
Sin embargo, el Congreso local se encuentra en un periodo de receso, por lo que los trabajos legislativos habituales iniciarán hasta el próximo mes de diciembre, cuando cumpla un año la obligatoriedad constitucional.
De acuerdo a la Comision Nacional de Derechos Humanos, el de Guerrero es uno de los tres Congresos estatales que ha evadido el cumplimiento de esa reforma constitucional.
lunes, julio 09, 2007
Implementan medidas
Sanitario en Chilapa
Antonio Jiménez Gómez
Ante el riego sanitario derivado del arrastre de animales y desechos orgánicos durante el desbordamiento del río Ajolotero, en Chilapa, trabajadores de la Secretaría de Salud implementaron un “cerco sanitario”.
Desde la mañana de ayer, personal de esa dependencia se presentó en la zona arrasada por la corriente desde la noche del sábado pasado, para implementar acciones de saneamiento y control de vectores de enfermedades.
A dos días de que una tormenta local provocó que el río que atraviesa Chilapa se desbordara, Protección Civil estatal confirmó que sólo 88 viviendas sufrieron daños por inundaciones, principalmente pérdida de enseres domésticos, en tanto que cuatro más registraron daños estructurales.
Sin embargo, la preocupación de las autoridades locales y estatales se centró ayer en la implementación de medidas para evitar cualquier foco infeccioso, derivado de la muerte de animales, y los lodos y aguas que todavía invadían ayer hogares y vialidades.
Una amplia zona de la ciudad, ubicada en los alrededores del cauce del Ajolotero sufrió los estragos de la inundación, ocurrida desde la noche del sábado. Y a pesar de que las labores de limpieza se realizaron domingo y lunes, hasta ayer permanecía el riesgo de que se pudieran generar problemas de salud pública por la contaminación derivada de las secuelas del desbordamiento.
Ayer, personal de Protección Civil estatal y del ayuntamiento de Chilpancingo continuaron las labores de evaluación de daños y limpieza de lugares públicos y viviendas.
En tanto que ante la posibilidad de un brote de dengue o de otro tipo de enfermedades, debido a la presencia de animales muertos que fueron arrastrados por la corriente, personal de vectores y de la jurisdicción sanitaria implementaron medidas de contención y de saneamiento.
Sanitario en Chilapa
Antonio Jiménez Gómez
Ante el riego sanitario derivado del arrastre de animales y desechos orgánicos durante el desbordamiento del río Ajolotero, en Chilapa, trabajadores de la Secretaría de Salud implementaron un “cerco sanitario”.
Desde la mañana de ayer, personal de esa dependencia se presentó en la zona arrasada por la corriente desde la noche del sábado pasado, para implementar acciones de saneamiento y control de vectores de enfermedades.
A dos días de que una tormenta local provocó que el río que atraviesa Chilapa se desbordara, Protección Civil estatal confirmó que sólo 88 viviendas sufrieron daños por inundaciones, principalmente pérdida de enseres domésticos, en tanto que cuatro más registraron daños estructurales.
Sin embargo, la preocupación de las autoridades locales y estatales se centró ayer en la implementación de medidas para evitar cualquier foco infeccioso, derivado de la muerte de animales, y los lodos y aguas que todavía invadían ayer hogares y vialidades.
Una amplia zona de la ciudad, ubicada en los alrededores del cauce del Ajolotero sufrió los estragos de la inundación, ocurrida desde la noche del sábado. Y a pesar de que las labores de limpieza se realizaron domingo y lunes, hasta ayer permanecía el riesgo de que se pudieran generar problemas de salud pública por la contaminación derivada de las secuelas del desbordamiento.
Ayer, personal de Protección Civil estatal y del ayuntamiento de Chilpancingo continuaron las labores de evaluación de daños y limpieza de lugares públicos y viviendas.
En tanto que ante la posibilidad de un brote de dengue o de otro tipo de enfermedades, debido a la presencia de animales muertos que fueron arrastrados por la corriente, personal de vectores y de la jurisdicción sanitaria implementaron medidas de contención y de saneamiento.
Exigen a federación auditoria especial en Taxco
Antonio Jiménez Gómez
Regidores del ayuntamiento de Taxco enviaron a la Secretaría de la Función Pública una denuncia en torno a las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de filiación panista, Ramiro Jaimez Gómez.
Los inconformes demandaron al gobierno federal y al del estado, que se apliquen auditorías especiales a las finanzas del ayuntamiento, para determinar en qué se están gastando los recursos presupuestales desde hace año y medio.
En un escrito enviado a la Presidencia de la República y a dicha dependencia federal, los perredistas Hugo Figueroa Ocampo, María del Carmen Toledo Lagunas y Rubén González Vázquez, y los priistas Víctor Lagunas Cabrera, Alejandra Gómez Zagal y Domingo Salvador García Jaimez, denuncian el caos administrativo que impera al interior del ayuntamiento.
Los regidores manifiestan su “total inconformidad por la forma de conducir los destinos de nuestro municipio del C. Ramiro Jaimez Gómez, presidente municipal”.
Acusan al alcalde panista de estar en contubernio con los regidores de su partido para mayoritear las propuestas que hacen en las sesiones del cabildo, lo que está provocando un caos que convierte a la actual en la peor administración municipal que ha tenido Taxco en los últimos años.
El oficio, signado por los inconformes fue fechado en Taxco desde el pasado 14 de junio, y tiene el sello de recibido de la Oficina del Secretario de la Función Pública con fecha 4 de julio del presente año.
En él, los regidores denuncian el retraso en el pago de dos meses de salarios y la totalidad de los aguinaldos a todo el personal de confianza del gobierno municipal.
“Primero, argumentando que las participaciones federales no le habían sido entregadas en tiempo y forma, tratando de echarle la culpa al gobernador del estado... Cuando su argumento se vino abajo, sistemáticamente ha tratado de culpar a la administración anterior”, argumentan los regidores de PRI y PRD.
Asimismo, critican las declaraciones del alcalde en el sentido de que los recursos del ayuntamiento se han destinado al pago de la deuda institucional heredada por la anterior administración, a pesar de que existen documentos que prueban lo contrario.
Por ello, acusan que hasta el momento Jaimez Gómez no ha demostrado en que se gastan los ingresos del municipio a pesar de que ya se encuentra a la mitad de su administración.
En el texto de la denuncia, los regidores rescatan la controvertida autorización otorgada por el alcalde de Taxco para la construcción de un centro comercial, que “ha destruido totalmente la fisonomía” de esa ciudad.
Agregan que ahora, Ramiro Jaimez pretende quitar el empedrado de algunas de las principales calles de esa ciudad colonial “poniéndoles cemento hidráulico, lo que vendría a quitarle el poco atractivo que aún guarda”, lo cual fue planteado en una sesión de cabildo y fue rechazado por los inconformes.
Agregan que ante la propuesta de que se cobrara a los hoteles el impuesto predial para capitalizar al ayuntamiento, el alcalde se negó argumentando que ese tipo de negocios proporcionaban servicios al gobierno municipal.
De paso, denuncian que en esa ciudad se han incrementado los niveles de inseguridad y delincuencia, y que el alcalde protege a los altos mandos de la policía local, quienes han sido acusados de negligencia, abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos, al grado de que el Congreso local tuvo que intervenir al respecto.
De acuerdo a los regidores, la solicitud de auditoría especial por parte de los gobiernos federal y estatal a la administración taxqueña, fue acompañada por fotografías y documentación, por lo que exigieron un “rápido esclarecimiento de los problemas existentes”.
Antonio Jiménez Gómez
Regidores del ayuntamiento de Taxco enviaron a la Secretaría de la Función Pública una denuncia en torno a las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de filiación panista, Ramiro Jaimez Gómez.
Los inconformes demandaron al gobierno federal y al del estado, que se apliquen auditorías especiales a las finanzas del ayuntamiento, para determinar en qué se están gastando los recursos presupuestales desde hace año y medio.
En un escrito enviado a la Presidencia de la República y a dicha dependencia federal, los perredistas Hugo Figueroa Ocampo, María del Carmen Toledo Lagunas y Rubén González Vázquez, y los priistas Víctor Lagunas Cabrera, Alejandra Gómez Zagal y Domingo Salvador García Jaimez, denuncian el caos administrativo que impera al interior del ayuntamiento.
Los regidores manifiestan su “total inconformidad por la forma de conducir los destinos de nuestro municipio del C. Ramiro Jaimez Gómez, presidente municipal”.
Acusan al alcalde panista de estar en contubernio con los regidores de su partido para mayoritear las propuestas que hacen en las sesiones del cabildo, lo que está provocando un caos que convierte a la actual en la peor administración municipal que ha tenido Taxco en los últimos años.
El oficio, signado por los inconformes fue fechado en Taxco desde el pasado 14 de junio, y tiene el sello de recibido de la Oficina del Secretario de la Función Pública con fecha 4 de julio del presente año.
En él, los regidores denuncian el retraso en el pago de dos meses de salarios y la totalidad de los aguinaldos a todo el personal de confianza del gobierno municipal.
“Primero, argumentando que las participaciones federales no le habían sido entregadas en tiempo y forma, tratando de echarle la culpa al gobernador del estado... Cuando su argumento se vino abajo, sistemáticamente ha tratado de culpar a la administración anterior”, argumentan los regidores de PRI y PRD.
Asimismo, critican las declaraciones del alcalde en el sentido de que los recursos del ayuntamiento se han destinado al pago de la deuda institucional heredada por la anterior administración, a pesar de que existen documentos que prueban lo contrario.
Por ello, acusan que hasta el momento Jaimez Gómez no ha demostrado en que se gastan los ingresos del municipio a pesar de que ya se encuentra a la mitad de su administración.
En el texto de la denuncia, los regidores rescatan la controvertida autorización otorgada por el alcalde de Taxco para la construcción de un centro comercial, que “ha destruido totalmente la fisonomía” de esa ciudad.
Agregan que ahora, Ramiro Jaimez pretende quitar el empedrado de algunas de las principales calles de esa ciudad colonial “poniéndoles cemento hidráulico, lo que vendría a quitarle el poco atractivo que aún guarda”, lo cual fue planteado en una sesión de cabildo y fue rechazado por los inconformes.
Agregan que ante la propuesta de que se cobrara a los hoteles el impuesto predial para capitalizar al ayuntamiento, el alcalde se negó argumentando que ese tipo de negocios proporcionaban servicios al gobierno municipal.
De paso, denuncian que en esa ciudad se han incrementado los niveles de inseguridad y delincuencia, y que el alcalde protege a los altos mandos de la policía local, quienes han sido acusados de negligencia, abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos, al grado de que el Congreso local tuvo que intervenir al respecto.
De acuerdo a los regidores, la solicitud de auditoría especial por parte de los gobiernos federal y estatal a la administración taxqueña, fue acompañada por fotografías y documentación, por lo que exigieron un “rápido esclarecimiento de los problemas existentes”.
Que la federación deje de burlarse de Guerrero:
Proponen diputados no pagar
Peaje en la Autopista del Sol
Antonio Jiménez Gómez
Diputados locales calificaron como una burla las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sentido de que la Autopista del Sol se encuentra en buenas condiciones, y amagaron con respaldar medidas de presión al gobierno federal para que apure los trabajos de reconstrucción.
El diputado Fernando Donoso Pérez declaró que “es una grave inmoralidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Capufe el estado en el que tienen la Autopista del Sol, y sobre todo cobrar el peaje en una carretera que raya en los extremos del peligro y de la inseguridad”.
El perredista dijo que a pesar de las constantes reuniones que se ha tenido como Congreso local con Capufe y la SCT, y los constantes exhortos que se han emitido, no se ha logrado más que un pequeño descuento en el pago del peaje.
“De por sí, si la carretera estuviera en buen estado, las tarifas son exageradas. Pero ya no podemos permitir que se siga cobrando y que la federación se siga riendo de los guerrerenses”, acotó.
Y agregó que se debe repensar la necesidad de asumir posiciones más drásticas y urgentes, como la suspensión del pago de las casetas hasta que se concluya la reparación real de la autopista y no sólo un maquillaje.
La diputada Rossana Mora Patiño también propuso que se suspenda el pago del peaje en la Autopista, porque a pesar de que han pasado años de reparaciones, esa vía sigue cada vez peor.
Y lo más preocupante, resaltó, es que el gobierno federal considera que no es su responsabilidad, en tanto que no hay ninguna garantía para quienes por ella circulan.
“¿A quién conviene este negocio? ¿Por qué la negligencia del gobierno federal? Porque sí se están embolsándose el dinero de las casetas, y no les importan los derrumbes y accidentes que ocurren”, comentó la también perredista.
“Esto no puede seguir así, porque la gente corre un gran riesgo. Hay que invitar a que se utilice mejor la carretera libre, porque no pasa nada por parte de Capufe. Hay una gran negligencia de las autoridades”, dijo Mora Patiño.
La diputada panista Jessica García Rojas dijo que aún cuando sea positivo que se realicen reparaciones a la vía de cuota, casi no hay patrullas que la resguarden, hay automovilistas que circulan a exceso de velocidad, y no hay la suficiente señalización en las zonas de obras.“Es reprobable que esta Legislatura local lleva año y medio exigiendo que se terminen las reparaciones, exigiendo señalización, exigiendo mayor calidad, exigiendo la revisión del cobro. Y la respuesta del gobierno federal no ha sido la deseada. Hay que exigirle, pero a través de las instancias legales y no con la toma de casetas que en nada ayuda”, remató.
Proponen diputados no pagar
Peaje en la Autopista del Sol
Antonio Jiménez Gómez
Diputados locales calificaron como una burla las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sentido de que la Autopista del Sol se encuentra en buenas condiciones, y amagaron con respaldar medidas de presión al gobierno federal para que apure los trabajos de reconstrucción.
El diputado Fernando Donoso Pérez declaró que “es una grave inmoralidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Capufe el estado en el que tienen la Autopista del Sol, y sobre todo cobrar el peaje en una carretera que raya en los extremos del peligro y de la inseguridad”.
El perredista dijo que a pesar de las constantes reuniones que se ha tenido como Congreso local con Capufe y la SCT, y los constantes exhortos que se han emitido, no se ha logrado más que un pequeño descuento en el pago del peaje.
“De por sí, si la carretera estuviera en buen estado, las tarifas son exageradas. Pero ya no podemos permitir que se siga cobrando y que la federación se siga riendo de los guerrerenses”, acotó.
Y agregó que se debe repensar la necesidad de asumir posiciones más drásticas y urgentes, como la suspensión del pago de las casetas hasta que se concluya la reparación real de la autopista y no sólo un maquillaje.
La diputada Rossana Mora Patiño también propuso que se suspenda el pago del peaje en la Autopista, porque a pesar de que han pasado años de reparaciones, esa vía sigue cada vez peor.
Y lo más preocupante, resaltó, es que el gobierno federal considera que no es su responsabilidad, en tanto que no hay ninguna garantía para quienes por ella circulan.
“¿A quién conviene este negocio? ¿Por qué la negligencia del gobierno federal? Porque sí se están embolsándose el dinero de las casetas, y no les importan los derrumbes y accidentes que ocurren”, comentó la también perredista.
“Esto no puede seguir así, porque la gente corre un gran riesgo. Hay que invitar a que se utilice mejor la carretera libre, porque no pasa nada por parte de Capufe. Hay una gran negligencia de las autoridades”, dijo Mora Patiño.
La diputada panista Jessica García Rojas dijo que aún cuando sea positivo que se realicen reparaciones a la vía de cuota, casi no hay patrullas que la resguarden, hay automovilistas que circulan a exceso de velocidad, y no hay la suficiente señalización en las zonas de obras.“Es reprobable que esta Legislatura local lleva año y medio exigiendo que se terminen las reparaciones, exigiendo señalización, exigiendo mayor calidad, exigiendo la revisión del cobro. Y la respuesta del gobierno federal no ha sido la deseada. Hay que exigirle, pero a través de las instancias legales y no con la toma de casetas que en nada ayuda”, remató.
domingo, julio 08, 2007
Se reportan daños en cientos de viviendas
Daños deja en Chilapa
Desbordamiento de río
Arrasa el torrente del Ajolotero con viviendas, negocios y enseres; bajo el lodo y basura una parte de la ciudad; instrumenta Protección Civil estatal y municipal operativo desde la noche del sábado
Antonio Jiménez Gómez
Daños en por lo menos 200 viviendas y 15 negocios que se ubican al margen del río Ajolotero, provocó el desbordamiento de ese afluente la noche del sábado y madrugada del domingo.
A pesar de que la corriente prácticamente barrió con varias calles y la inundación alcanzó los 25 centímetros, hasta el momento no se reportan pérdidas humanas ni heridos.
Debido a la intensidad de una tormenta que se registró la tarde-noche de ayer, el volumen del agua que captó el Ajolotero fue demasiado, al grado de que en algunos puntos se salió del cauce.
Incluso, fue tal la magnitud y fuerza del torrente que pasó por encima de uno de los puentes vehiculares que se encuentran sobre el margen, y arrancó de tajo un barandal.
De acuerdo a los primeros reportes de Protección Civil estatal, el cauce del Ajolotero estaba limpio, ya que no se encontró mucha basura a lo largo de la zona afectada.
Sin embargo, la corriente arrastró piedras, lodo y troncos, algunos de grandes dimensiones, que fueron los que provocaron que en algunos puntos del cauce se conformaron pequeñas represas que contribuyeron al desbordamiento.
Personal de Protección Civil estatal reportó el desbordamiento del afluente desde las diez de la noche del sábado 7 de julio, pero la corriente siguió afectando la ciudad durante las siguientes horas.
Hasta la tarde de ayer, el balance inicial de los daños señala afectaciones parciales en un centenar de viviendas ubicadas en seis colonias de Chilapa, como Xocomulco, Los Sauces, Zapata y Barrio de Villa, las que registraron principalmente pérdidas de enseres domésticos.
También hubo daños parciales en por lo menos 15 negocios, cuyas mercancías fueron echadas a perder por el lodo y el agua que se introdujo en los locales durante la noche.
LA EMERGENCIA
De acuerdo a fuentes consultadas del ayuntamiento de Chilapa y de la Subsecretaría de Protección Civil, fue alrededor de las ocho de la noche cuando se inició el desbordamiento del Ajolotero.
Ante la situación, Protección Civil municipal habilitó un albergue temporal y evacuó a decenas de familias, ante la posibilidad de que la tormenta continuara y se registraran mayores inundaciones.
En tanto que ante la emisión de la alerta de la autoridad municipal, personal de Protección Civil y de la Policía Preventiva estatales se trasladaron la misma noche del sábado a Chilapa para sumarse a las labores de apoyo a la población.
La noche para cientos de chilapeños fue larga y de incertidumbre, al ver que el lodo y el agua iba cubriendo los pisos de sus casas. Mientras tanto, en las inmediaciones del cauce, el estruendo que provocaba la corriente también generó miedo entre los pobladores.
El amanecer fue aciago para la población. En las calles aledañas al río quedaron muebles regados así como una densa capa de lodo que prácticamente hacía intransitables las vialidades.
Quienes acudieron al albergue regresaron a sus viviendas para darse cuenta de la magnitud de los daños, y de inmediato empezaron a trabajar para limpiar y rescatar lo que fuera posible.
En tanto, personal del gobierno estatal se abocó a limpiar los troncos y demás restos que se encontraban en el cauce para lograr que el agua corriera sin mayor obstáculo.
Hasta la tarde de ayer las labores de limpieza continuaban, así como autoridades estatales y municipales se organizaban para realizar un censo de las viviendas y el tipo de afectaciones que sufrieron.
Daños deja en Chilapa
Desbordamiento de río
Arrasa el torrente del Ajolotero con viviendas, negocios y enseres; bajo el lodo y basura una parte de la ciudad; instrumenta Protección Civil estatal y municipal operativo desde la noche del sábado
Antonio Jiménez Gómez
Daños en por lo menos 200 viviendas y 15 negocios que se ubican al margen del río Ajolotero, provocó el desbordamiento de ese afluente la noche del sábado y madrugada del domingo.
A pesar de que la corriente prácticamente barrió con varias calles y la inundación alcanzó los 25 centímetros, hasta el momento no se reportan pérdidas humanas ni heridos.
Debido a la intensidad de una tormenta que se registró la tarde-noche de ayer, el volumen del agua que captó el Ajolotero fue demasiado, al grado de que en algunos puntos se salió del cauce.
Incluso, fue tal la magnitud y fuerza del torrente que pasó por encima de uno de los puentes vehiculares que se encuentran sobre el margen, y arrancó de tajo un barandal.
De acuerdo a los primeros reportes de Protección Civil estatal, el cauce del Ajolotero estaba limpio, ya que no se encontró mucha basura a lo largo de la zona afectada.
Sin embargo, la corriente arrastró piedras, lodo y troncos, algunos de grandes dimensiones, que fueron los que provocaron que en algunos puntos del cauce se conformaron pequeñas represas que contribuyeron al desbordamiento.
Personal de Protección Civil estatal reportó el desbordamiento del afluente desde las diez de la noche del sábado 7 de julio, pero la corriente siguió afectando la ciudad durante las siguientes horas.
Hasta la tarde de ayer, el balance inicial de los daños señala afectaciones parciales en un centenar de viviendas ubicadas en seis colonias de Chilapa, como Xocomulco, Los Sauces, Zapata y Barrio de Villa, las que registraron principalmente pérdidas de enseres domésticos.
También hubo daños parciales en por lo menos 15 negocios, cuyas mercancías fueron echadas a perder por el lodo y el agua que se introdujo en los locales durante la noche.
LA EMERGENCIA
De acuerdo a fuentes consultadas del ayuntamiento de Chilapa y de la Subsecretaría de Protección Civil, fue alrededor de las ocho de la noche cuando se inició el desbordamiento del Ajolotero.
Ante la situación, Protección Civil municipal habilitó un albergue temporal y evacuó a decenas de familias, ante la posibilidad de que la tormenta continuara y se registraran mayores inundaciones.
En tanto que ante la emisión de la alerta de la autoridad municipal, personal de Protección Civil y de la Policía Preventiva estatales se trasladaron la misma noche del sábado a Chilapa para sumarse a las labores de apoyo a la población.
La noche para cientos de chilapeños fue larga y de incertidumbre, al ver que el lodo y el agua iba cubriendo los pisos de sus casas. Mientras tanto, en las inmediaciones del cauce, el estruendo que provocaba la corriente también generó miedo entre los pobladores.
El amanecer fue aciago para la población. En las calles aledañas al río quedaron muebles regados así como una densa capa de lodo que prácticamente hacía intransitables las vialidades.
Quienes acudieron al albergue regresaron a sus viviendas para darse cuenta de la magnitud de los daños, y de inmediato empezaron a trabajar para limpiar y rescatar lo que fuera posible.
En tanto, personal del gobierno estatal se abocó a limpiar los troncos y demás restos que se encontraban en el cauce para lograr que el agua corriera sin mayor obstáculo.
Hasta la tarde de ayer las labores de limpieza continuaban, así como autoridades estatales y municipales se organizaban para realizar un censo de las viviendas y el tipo de afectaciones que sufrieron.
Inicia AGE "caza" de alcaldes y ex alcaldes incumplidos
Antonio Jiménez Gómez
El auditor general del estado, Ignacio Rendón Romero, informó que los ex alcaldes que no han cumplido con la entrega de sus cuentas públicas podrían ser inhabilitados, en tanto que los actuales podrían ser sujetos de una revocación de mandato por el mismo motivo
Rendón Romero dio a conocer que ya envió al Congreso local una propuesta para que se analice la posibilidad de imponer sanciones que podrían llegar hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos, a ex alcaldes que no han cumplido con la entrega de cuentas públicas.
Asimismo, Rendón Romero informó que en el caso de los 13 ayuntamientos que actualmente no han enviado la cuenta pública correspondiente a 2006, no sólo se está planeando la inhabilitación de sus tesoreros.
Comentó que también se envió información a las comisiones de Vigilancia, Presupuesto e Instructora del Congreso local, para que se pueda iniciar un juicio de revocación de mandato en contra de los alcaldes por incumplir la ley de fiscalización.
Cabe agregar que hasta finales de junio, 51 ayuntamientos tampoco habían cumplido con la entrega del informe cuatrimestral 2007.
LOS EX ALCALDES
En el caso de los ex alcaldes, el auditor estatal indicó que la AGE no puede imponer directamente sanciones a los ex munícipes, ya que esa facultad le fue conferida a partir de la reforma a la Ley de Fiscalización realizada en 2006, por lo que será el Poder Legislativo el que tome la decisión al respecto.
Actualmente, a un año y medio de que concluyeron sus administraciones, 36 de 81 –casi la mitad-- ex alcaldes del periodo 2002-2005 no han terminado con la entrega de sus cuentas públicas.
De ese total, 14 no entregaron ningún documento comprobatorio de lo que fue el último año de su administración (2005), en tanto que los demás tienen por lo menos alguna auditoría cuatrimestral pendiente.
Ante ello, Rendón Romero indicó que ya se está proponiendo que se impongan sanciones, ya que ha transcurrido más de año y medio desde que terminaron las anteriores administraciones municipales
“En cuanto a los alcaldes, en una primera etapa, los que terminaron su periodo en noviembre de 2005, se ha requerido la presentación de su cuenta pública, en segunda instancia estamos enviando ya al Congreso del estado toda la información par que puedan ejercer las sanciones en contra de los incumplidos”, declaró en entrevista el titular del órgano fiscalizador.
El caso más grave que prevalece hasta la actualidad de incumplimiento de la Ley de Fiscalización es el de Tlacoapa, municipio ubicado en la región de la Montaña, que a la fecha debe cinco cuentas cuatrimestrales.
En tanto que Chilapa, Cualác, Eduardo Neri, San Luis Acatlán, Tetipac y Tlapehuala tienen pendiente de entregar cuatro informes de cómo ejercieron su presupuesto.
En la lista oficial de la Auditoría estatal, actualizada al 29 de junio del presente año, también se observa que los ex alcaldes de Ajuchitlán del Progreso, Atlixtac, Metlatónoc, Pedro Ascencio de Alquisiras, San Miguel Totolapan y Xalpatláhuac no han cumplido con la totalidad de las cuentas de 2005.
Mártir de Cuilapan, Zapotitlàn Tablas y Zitlala son ayuntamientos cuyos ex alcaldes tienen pendiente la entrega de tres cuentas, aún cuando en los dos últimos no son continuas.
Otros seis ex alcaldes deben las cuentas públicas correspondientes a los últimos siete meses de su administración, en tanto que 13 más no han concluido satisfactoriamente su periodo gubernamental porque tienen pendiente la entrega de un solo documento, el último de ellos.
Cabe comentar que en algunos de los casos que aún tienen cuentas pendientes con la AGE, los ex alcaldes son actualmente diputados locales.
Sin embargo, de acuerdo con el mismo órgano fiscalizador, hasta el momento ningún ex alcalde, principalmente los que enfrentan mayores irregularidades, ha sido sometido a algún procedimiento que los inhabilite para ocupar cargos públicos, derivado de su irresponsabilidad.
Sin embargo, Rendón Romero informó que ya se turnaron sus expedientes para que sea el propio Congreso quien determine las sanciones correspondientes.
Antonio Jiménez Gómez
El auditor general del estado, Ignacio Rendón Romero, informó que los ex alcaldes que no han cumplido con la entrega de sus cuentas públicas podrían ser inhabilitados, en tanto que los actuales podrían ser sujetos de una revocación de mandato por el mismo motivo
Rendón Romero dio a conocer que ya envió al Congreso local una propuesta para que se analice la posibilidad de imponer sanciones que podrían llegar hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos, a ex alcaldes que no han cumplido con la entrega de cuentas públicas.
Asimismo, Rendón Romero informó que en el caso de los 13 ayuntamientos que actualmente no han enviado la cuenta pública correspondiente a 2006, no sólo se está planeando la inhabilitación de sus tesoreros.
Comentó que también se envió información a las comisiones de Vigilancia, Presupuesto e Instructora del Congreso local, para que se pueda iniciar un juicio de revocación de mandato en contra de los alcaldes por incumplir la ley de fiscalización.
Cabe agregar que hasta finales de junio, 51 ayuntamientos tampoco habían cumplido con la entrega del informe cuatrimestral 2007.
LOS EX ALCALDES
En el caso de los ex alcaldes, el auditor estatal indicó que la AGE no puede imponer directamente sanciones a los ex munícipes, ya que esa facultad le fue conferida a partir de la reforma a la Ley de Fiscalización realizada en 2006, por lo que será el Poder Legislativo el que tome la decisión al respecto.
Actualmente, a un año y medio de que concluyeron sus administraciones, 36 de 81 –casi la mitad-- ex alcaldes del periodo 2002-2005 no han terminado con la entrega de sus cuentas públicas.
De ese total, 14 no entregaron ningún documento comprobatorio de lo que fue el último año de su administración (2005), en tanto que los demás tienen por lo menos alguna auditoría cuatrimestral pendiente.
Ante ello, Rendón Romero indicó que ya se está proponiendo que se impongan sanciones, ya que ha transcurrido más de año y medio desde que terminaron las anteriores administraciones municipales
“En cuanto a los alcaldes, en una primera etapa, los que terminaron su periodo en noviembre de 2005, se ha requerido la presentación de su cuenta pública, en segunda instancia estamos enviando ya al Congreso del estado toda la información par que puedan ejercer las sanciones en contra de los incumplidos”, declaró en entrevista el titular del órgano fiscalizador.
El caso más grave que prevalece hasta la actualidad de incumplimiento de la Ley de Fiscalización es el de Tlacoapa, municipio ubicado en la región de la Montaña, que a la fecha debe cinco cuentas cuatrimestrales.
En tanto que Chilapa, Cualác, Eduardo Neri, San Luis Acatlán, Tetipac y Tlapehuala tienen pendiente de entregar cuatro informes de cómo ejercieron su presupuesto.
En la lista oficial de la Auditoría estatal, actualizada al 29 de junio del presente año, también se observa que los ex alcaldes de Ajuchitlán del Progreso, Atlixtac, Metlatónoc, Pedro Ascencio de Alquisiras, San Miguel Totolapan y Xalpatláhuac no han cumplido con la totalidad de las cuentas de 2005.
Mártir de Cuilapan, Zapotitlàn Tablas y Zitlala son ayuntamientos cuyos ex alcaldes tienen pendiente la entrega de tres cuentas, aún cuando en los dos últimos no son continuas.
Otros seis ex alcaldes deben las cuentas públicas correspondientes a los últimos siete meses de su administración, en tanto que 13 más no han concluido satisfactoriamente su periodo gubernamental porque tienen pendiente la entrega de un solo documento, el último de ellos.
Cabe comentar que en algunos de los casos que aún tienen cuentas pendientes con la AGE, los ex alcaldes son actualmente diputados locales.
Sin embargo, de acuerdo con el mismo órgano fiscalizador, hasta el momento ningún ex alcalde, principalmente los que enfrentan mayores irregularidades, ha sido sometido a algún procedimiento que los inhabilite para ocupar cargos públicos, derivado de su irresponsabilidad.
Sin embargo, Rendón Romero informó que ya se turnaron sus expedientes para que sea el propio Congreso quien determine las sanciones correspondientes.
Antonio Jiménez Gómez
Luego de permanecer durante casi 400 días cerrado debido a la realización de trabajos de reparación, el puente vehicular Petaquillas fue reabierto ayer a la circulación de vehículos.
Esa obra de infraestructura fue abierta a la circulación el 11 de abril de 2006 e inaugurada oficialmente el día 20 de ese mismo mes. Sin embargo, con la caída de las primeras lluvias de ese año, empezaron a surgir desperfectos.
Fue en los primeros días de junio de 2006, cuando se registraron hundimientos de hasta 30 centímetros en las rampas del puente, principalmente en la sección sur, por lo que la circulación fue cerrada.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes acusó que fue por las “excesivas lluvias” que el puente no aguantó ni dos meses de servicio, aunque un dictamen de Protección Civil estatal desmintió la versión y aclaró que se debió a deficiencias en su construcción.
Tras el cierre de la obra, en la que se invirtieron alrededor de 40 millones de peso, vinieron trabajos de reparación que duraron alrededor de 390 días, hasta que la mañana de ayer fueron quitados los señalamientos que prohibían el paso en esa vía, y los automóviles comenzaron a circular de forma normal.
Cabe comentar que el bulevar Chilpancingo-Petaquillas, a casi 15 meses de inaugurado, todavía no termina de construirse, ya que aún no se terminan las obras complementarias de drenaje.
UNA HISTORIA DE FRACASOS
La construcción del puente Petaquillas fue realizada por la empresa Bempo Kaate, junto con la ampliación a cuatro carriles de la carretera que comunica a esa localidad con la ciudad de Chilpancingo.
Desde el inicio de los trabajos, los cuales se prolongaron a casi el doble de lo programado, se denunciaron irregularidades las cuales fueron denunciadas por los habitantes de las zonas aledañas.
De acuerdo a un informe de la SCT, la obra iba a beneficiar a más de 120 mil habitantes de Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango y sus comunidades.
Los problemas iniciales fueron de tal magnitud, que la inauguración del bulevar se programó y canceló en cuatro ocasiones, hasta que fue inaugurada oficialmente el 20 de abril, a pesar de que las obras estaban inconclusas.
Menos de dos meses después, fue cancelada la circulación en el puente de 400 metros de longitud. Los hundimientos se registraron en amplias zonas de las rampas.
A partir de ese momento, se generó un debate entre autoridades federales y estatales: SCT insistió durante meses que las lluvias habían sido las causantes del desperfecto, en tanto que Protección Civil estatal certificó que se debió a la mala calidad de la construcción.
Fue a finales del año pasado, cuando la SCT admitió que se habían registrado errores en la construcción del puente, los cuales se estaban reparando.
Aún cuando inicialmente se dijo que la rehabilitación de la obra quedaría concluida en diciembre pasado –ya que no se podían hacer reparaciones durante la temporada de lluvias--, esta continuó durante 2007.
En varias ocasiones, autoridades municipales y federales anunciaron el fin de los trabajos, pero estos no llegaban a su fin.
En el puente se quitaron las jardineras iniciales y el segmento fue cubierto por asfalto; posteriormente, se construyó un camellón, el cual al paso de los meses fue nuevamente retirado. Finalmente, esa zona por la cual supuestamente se había trasminado el agua, quedó como tramo asfaltado.
En tanto, en las paredes centrales de la base del puente, que meses atrás estuvieron a punto de derrumbarse, se colocaron tensores metálicos que están conteniendo dichos muros, y se prevé que resistan el paso de los vehículos pesados.
Luego de permanecer durante casi 400 días cerrado debido a la realización de trabajos de reparación, el puente vehicular Petaquillas fue reabierto ayer a la circulación de vehículos.
Esa obra de infraestructura fue abierta a la circulación el 11 de abril de 2006 e inaugurada oficialmente el día 20 de ese mismo mes. Sin embargo, con la caída de las primeras lluvias de ese año, empezaron a surgir desperfectos.
Fue en los primeros días de junio de 2006, cuando se registraron hundimientos de hasta 30 centímetros en las rampas del puente, principalmente en la sección sur, por lo que la circulación fue cerrada.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes acusó que fue por las “excesivas lluvias” que el puente no aguantó ni dos meses de servicio, aunque un dictamen de Protección Civil estatal desmintió la versión y aclaró que se debió a deficiencias en su construcción.
Tras el cierre de la obra, en la que se invirtieron alrededor de 40 millones de peso, vinieron trabajos de reparación que duraron alrededor de 390 días, hasta que la mañana de ayer fueron quitados los señalamientos que prohibían el paso en esa vía, y los automóviles comenzaron a circular de forma normal.
Cabe comentar que el bulevar Chilpancingo-Petaquillas, a casi 15 meses de inaugurado, todavía no termina de construirse, ya que aún no se terminan las obras complementarias de drenaje.
UNA HISTORIA DE FRACASOS
La construcción del puente Petaquillas fue realizada por la empresa Bempo Kaate, junto con la ampliación a cuatro carriles de la carretera que comunica a esa localidad con la ciudad de Chilpancingo.
Desde el inicio de los trabajos, los cuales se prolongaron a casi el doble de lo programado, se denunciaron irregularidades las cuales fueron denunciadas por los habitantes de las zonas aledañas.
De acuerdo a un informe de la SCT, la obra iba a beneficiar a más de 120 mil habitantes de Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango y sus comunidades.
Los problemas iniciales fueron de tal magnitud, que la inauguración del bulevar se programó y canceló en cuatro ocasiones, hasta que fue inaugurada oficialmente el 20 de abril, a pesar de que las obras estaban inconclusas.
Menos de dos meses después, fue cancelada la circulación en el puente de 400 metros de longitud. Los hundimientos se registraron en amplias zonas de las rampas.
A partir de ese momento, se generó un debate entre autoridades federales y estatales: SCT insistió durante meses que las lluvias habían sido las causantes del desperfecto, en tanto que Protección Civil estatal certificó que se debió a la mala calidad de la construcción.
Fue a finales del año pasado, cuando la SCT admitió que se habían registrado errores en la construcción del puente, los cuales se estaban reparando.
Aún cuando inicialmente se dijo que la rehabilitación de la obra quedaría concluida en diciembre pasado –ya que no se podían hacer reparaciones durante la temporada de lluvias--, esta continuó durante 2007.
En varias ocasiones, autoridades municipales y federales anunciaron el fin de los trabajos, pero estos no llegaban a su fin.
En el puente se quitaron las jardineras iniciales y el segmento fue cubierto por asfalto; posteriormente, se construyó un camellón, el cual al paso de los meses fue nuevamente retirado. Finalmente, esa zona por la cual supuestamente se había trasminado el agua, quedó como tramo asfaltado.
En tanto, en las paredes centrales de la base del puente, que meses atrás estuvieron a punto de derrumbarse, se colocaron tensores metálicos que están conteniendo dichos muros, y se prevé que resistan el paso de los vehículos pesados.
Antonio Jiménez Gómez
Por considerarlos violatorios de los derechos humanos más básicos, diputados de diversos partidos políticos se pronunciaron en contra de los operativos de revisión de mochilas y la aplicación de exámenes anti doping en escuelas primarias.
Los legisladores coincidieron en señalar que si los gobiernos no son capaces de implementar políticas públicas efectivas en materia de prevención del delito y de las adicciones, que busquen otras formas de cumplir con su responsabilidad, y no agrediendo a los menores.
Asimismo, indicaron que en dado caso de que dichas estrategias sean impuestas por el gobierno de la república se deben implementar acciones colaterales.
Por ejemplo, señalaron, cómo le va hacer el gobierno de Guerrero si se confirma la existencia de estudiantes con algún tipo de adicción, si la Secretaría de Salud no tiene una estrategia ni instalaciones para tratar a ese tipo de personas.
CONDENAN MEDIDA
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rossana Mora Patiño, condenó la intención de aplicar exámenes toxicológicos a los alumnos de escuelas públicas.
“Es violatorio a los derechos humanos. Son menores de edad. Y hay que recordar que en la Constitución federal se dice que nadie puede ser molestado en sus pertenencias y en su persona, salvo por estricta orden judicial”, declaró.
La perredista indicó que sólo en los casos en que haya escuelas con graves problemas de drogas, que ya hayan sido denunciados, pudiera implementarse, con la intervención de observadores de derechos humanos y la autorización previa de los padres de familia, operativos de ese tipo.
“Donde no hay, me parece que el querer decir que esculcando mochilas de menores de edad se va a combatir el tráfico de enervantes, no es así. Las autoridades tienen una gran responsabilidad para combatir ese problema, saben bien quiénes son, dónde están y no actúan, consideró Mora Patiño.
Por ello, enfatizó que con ese tipo de programas de justificación, las autoridades “quieren tapar el sol con un dedo, quererle tapar el ojo al macho, queriendo decir que esculcando la mochila de un niño de primaria, van a combatir el tráfico de enervantes”.
Sobre la prevención de adicciones, urgió a las autoridades a que implementen un programa “serio, real y de largo plazo” para en realidad tratar de reducir el mercado de ese tipo de cosas y se concientice a los jóvenes que no tienen que consumir esas sustancias.
“Las adicciones tienen que combatirse desde la escuela con programas serios, y no sólo tomarse la fotografía, o distribuir un folletito cuando se viene a comparecencias, sino donde se ocupa, en las escuelas, en acuerdos con los maestros para que pueda realmente dar resultados”, añadió.
El representante del Partido del Trabajo, Marcos Zalazar Rodríguez, coincidió con la legisladora perredista que aplicar el antidoping a estudiantes de primaria y secundaria violenta sus derechos humanos.
Estableció que el gobierno debe pensar en otro tipo de medidas para eficientar la prevención de las adicciones y el combate a las redes de tráfico de sustancias prohibidas, y no recargarse en los niños para fingir que se está haciendo algo.
“Primero hay que fijar las reglas, para garantizar la defensa de los derechos constitucionales.. hay que establecer las formas de cómo llevar a cabo los estudios y quienes participan”, comentó el legislador.
Sin embargo, alertó que se deben tomar precauciones ante otro tipo de riesgos: “Los niños en ese ámbito ya están siendo presionados psicológicamente, porque en su mundo no entienden qué es lo que se estará buscando. Los de secundaria y de preparatoria, a lo mejor sí, pero los de primaria no, serían más utilizados”.
En tanto que también criticó que por querer combatir la delincuencia “estemos pegándonos a nosotros mismos”.
PROPONE CALVO UN REFERÉNDUM
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Humberto Calvo Memije propuso que el Congreso local podría convocar a un referéndum popular, para consultar a la ciudadanía sobre su respaldo o no a ese tipo de medida.
“Parece sana la propuesta, pero también debemos oír la opinión del pueblo. Sería bueno hacer un referéndum para que, si se aceptara, llevara la fuerza necesaria”, declaró el priista.
Sin embargo, el legislador por Chilpancingo alertó sobre lo que se podría hacer en caso de que se confirmara la existencia de personas con algún tipo de adicción.
“No nada más implica hacer el antidoping. ¿qué van hacer con los que salgan positivos? ¡Se tienen que regenerar! ¿Tendremos la capacidad para regenerar? Por eso hay que ver la opinión de la población”, añadió.
Por considerarlos violatorios de los derechos humanos más básicos, diputados de diversos partidos políticos se pronunciaron en contra de los operativos de revisión de mochilas y la aplicación de exámenes anti doping en escuelas primarias.
Los legisladores coincidieron en señalar que si los gobiernos no son capaces de implementar políticas públicas efectivas en materia de prevención del delito y de las adicciones, que busquen otras formas de cumplir con su responsabilidad, y no agrediendo a los menores.
Asimismo, indicaron que en dado caso de que dichas estrategias sean impuestas por el gobierno de la república se deben implementar acciones colaterales.
Por ejemplo, señalaron, cómo le va hacer el gobierno de Guerrero si se confirma la existencia de estudiantes con algún tipo de adicción, si la Secretaría de Salud no tiene una estrategia ni instalaciones para tratar a ese tipo de personas.
CONDENAN MEDIDA
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rossana Mora Patiño, condenó la intención de aplicar exámenes toxicológicos a los alumnos de escuelas públicas.
“Es violatorio a los derechos humanos. Son menores de edad. Y hay que recordar que en la Constitución federal se dice que nadie puede ser molestado en sus pertenencias y en su persona, salvo por estricta orden judicial”, declaró.
La perredista indicó que sólo en los casos en que haya escuelas con graves problemas de drogas, que ya hayan sido denunciados, pudiera implementarse, con la intervención de observadores de derechos humanos y la autorización previa de los padres de familia, operativos de ese tipo.
“Donde no hay, me parece que el querer decir que esculcando mochilas de menores de edad se va a combatir el tráfico de enervantes, no es así. Las autoridades tienen una gran responsabilidad para combatir ese problema, saben bien quiénes son, dónde están y no actúan, consideró Mora Patiño.
Por ello, enfatizó que con ese tipo de programas de justificación, las autoridades “quieren tapar el sol con un dedo, quererle tapar el ojo al macho, queriendo decir que esculcando la mochila de un niño de primaria, van a combatir el tráfico de enervantes”.
Sobre la prevención de adicciones, urgió a las autoridades a que implementen un programa “serio, real y de largo plazo” para en realidad tratar de reducir el mercado de ese tipo de cosas y se concientice a los jóvenes que no tienen que consumir esas sustancias.
“Las adicciones tienen que combatirse desde la escuela con programas serios, y no sólo tomarse la fotografía, o distribuir un folletito cuando se viene a comparecencias, sino donde se ocupa, en las escuelas, en acuerdos con los maestros para que pueda realmente dar resultados”, añadió.
El representante del Partido del Trabajo, Marcos Zalazar Rodríguez, coincidió con la legisladora perredista que aplicar el antidoping a estudiantes de primaria y secundaria violenta sus derechos humanos.
Estableció que el gobierno debe pensar en otro tipo de medidas para eficientar la prevención de las adicciones y el combate a las redes de tráfico de sustancias prohibidas, y no recargarse en los niños para fingir que se está haciendo algo.
“Primero hay que fijar las reglas, para garantizar la defensa de los derechos constitucionales.. hay que establecer las formas de cómo llevar a cabo los estudios y quienes participan”, comentó el legislador.
Sin embargo, alertó que se deben tomar precauciones ante otro tipo de riesgos: “Los niños en ese ámbito ya están siendo presionados psicológicamente, porque en su mundo no entienden qué es lo que se estará buscando. Los de secundaria y de preparatoria, a lo mejor sí, pero los de primaria no, serían más utilizados”.
En tanto que también criticó que por querer combatir la delincuencia “estemos pegándonos a nosotros mismos”.
PROPONE CALVO UN REFERÉNDUM
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Humberto Calvo Memije propuso que el Congreso local podría convocar a un referéndum popular, para consultar a la ciudadanía sobre su respaldo o no a ese tipo de medida.
“Parece sana la propuesta, pero también debemos oír la opinión del pueblo. Sería bueno hacer un referéndum para que, si se aceptara, llevara la fuerza necesaria”, declaró el priista.
Sin embargo, el legislador por Chilpancingo alertó sobre lo que se podría hacer en caso de que se confirmara la existencia de personas con algún tipo de adicción.
“No nada más implica hacer el antidoping. ¿qué van hacer con los que salgan positivos? ¡Se tienen que regenerar! ¿Tendremos la capacidad para regenerar? Por eso hay que ver la opinión de la población”, añadió.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
