Sigue en la “congeladora” ley
De justicia para adolescentes

Antonio Jiménez Gómez

A diez meses de que debió haber entrado en vigor la Ley de Justicia para Adolescentes en Guerrero, debido a la conclusión del periodo constitucional previsto, la iniciativa local aún sigue en la congeladora legislativa.
Aún cuando mañana se realizará un periodo extraordinario de sesiones, en la agenda no se abordará esta iniciativa de ley, a la cual le falta sólo la segunda lectura para ser aprobada.
De acuerdo a la reforma aprobada al artículo 18 Constitucional, se obliga a los estados del país a crear su propio sistema de justicia para adolescentes antes del 14 de septiembre, a fin de ajustarla a la aprobación de presupuestos.
La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2005, establece que el sistema de justicia para adolescentes será aplicable en la Federación, los estados y el Distrito Federal, “a quienes se atribuya la realización de alguna conducta tipificada como delito por las leyes penales y que tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad”.
Las personas menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como delito, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social, establece el texto de la reforma.
Sin embargo, transcurrió septiembre, la discusión del presupuesto de Egresos para el presente año, y no se consideró ni legal ni financieramente la operación de dicha reforma legal.
Al respecto, tanto los poderes Legislativo como Judicial han mantenido una actitud de secrecía en cuanto a las razones reales por las cuales no ha prosperado la entrada en vigor de dicha reforma, que para el caso de Guerrero fue aprobada en lo general por la Comisión de Justicia y presentada el pleno del Congreso local.
Sin embargo, sólo se le dio primera lectura y a partir de ahí el trámite fue suspendido, de forma tal que prácticamente al concluir el segundo año de la actual legislatura no hay indicios de que pueda ser discutida y en su caso aprobada por el pleno.

UNA HISTORIA DE RESISTENCIAS

Desde el 18 de agosto del año pasado –hace casi un año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón, anunció que se propondría la transformación integral del sistema de justicia para menores de edad, que incluirá la creación de juzgados especiales para ese sector de la población.
Ello para que se tuvieran mayores garantías de respeto a sus derechos y que sus casos sean tratados por especialistas del Poder Judicial y no por funcionarios administrativos que desconocen las leyes, como ocurre en la actualidad.
Sin embargo, aclaró en ese momento que sería el Congreso local el que valoraría si desaparece el Consejo Tutelar, y se crean defensores, ministerios públicos, jueces y magistrados especializados en juicios de adolescentes.
Para el 12 de septiembre, se realizó una reunión en la que participaron representantes de los tres poderes, así como de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
En esa ocasión, Román Pinzón informó que apenas se estaba realizando el cálculo de lo que le costará a esa instancia crear una red de jueces y personal que permita cumplir con esa reforma constitucional.
Román Pinzón confió en que en el presupuesto del próximo año, los diputados aprueben recursos adicionales para financiar el costo que tendrá poner en marcha el sistema de justicia para personas de 14 a 18 años de edad, y que sustituirá al sistema tutelar que opera actualmente.
Sin embargo, en ese momento se admitió por parte de los representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial que faltaba la profesionalización del personal de diversas instituciones responsable de cumplir con dicha reforma.
En contraste, cinco días después, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Cortés Badillo, daba a conocer que el Albergue Tutelar para Menores de Chilpancingo ya había sido remodelado para adaptarlo a las condiciones que planteaba la reforma constitucional que entró en vigor a nivel federal, para la creación de un sistema de justicia para adolescentes.
Agregó que con el propósito de cumplir con las especificaciones que marca dicha reforma, se invirtieron más de 2.3 millones de pesos en hacer más seguras las instalaciones, con trabajos que incluyeron la creación de espacios para que ahí laboren los jueces instructores y los ejecutores de sentencias, agentes del Ministerio Público y defensores de oficio especializados.
Y señaló que con la entrada en vigor de la reforma constitucional, el 12 de marzo de 2006, desde ese momento la Secretaría de Seguridad Pública previó iniciar los trabajos de acondicionamiento del hasta ahora albergue tutelar de Chilpancingo.
Sin embargo, a diez meses de que debió haber entrado en vigor la ley, el Poder Judicial informa que se está llevando a cabo la preparación profesional del personal que atenderá los casos de adolescentes infractores.
Sin embargo, el Congreso local se encuentra en un periodo de receso, por lo que los trabajos legislativos habituales iniciarán hasta el próximo mes de diciembre, cuando cumpla un año la obligatoriedad constitucional.
De acuerdo a la Comision Nacional de Derechos Humanos, el de Guerrero es uno de los tres Congresos estatales que ha evadido el cumplimiento de esa reforma constitucional.