Inicia AGE "caza" de alcaldes y ex alcaldes incumplidos

Antonio Jiménez Gómez

El auditor general del estado, Ignacio Rendón Romero, informó que los ex alcaldes que no han cumplido con la entrega de sus cuentas públicas podrían ser inhabilitados, en tanto que los actuales podrían ser sujetos de una revocación de mandato por el mismo motivo
Rendón Romero dio a conocer que ya envió al Congreso local una propuesta para que se analice la posibilidad de imponer sanciones que podrían llegar hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos, a ex alcaldes que no han cumplido con la entrega de cuentas públicas.
Asimismo, Rendón Romero informó que en el caso de los 13 ayuntamientos que actualmente no han enviado la cuenta pública correspondiente a 2006, no sólo se está planeando la inhabilitación de sus tesoreros.
Comentó que también se envió información a las comisiones de Vigilancia, Presupuesto e Instructora del Congreso local, para que se pueda iniciar un juicio de revocación de mandato en contra de los alcaldes por incumplir la ley de fiscalización.
Cabe agregar que hasta finales de junio, 51 ayuntamientos tampoco habían cumplido con la entrega del informe cuatrimestral 2007.

LOS EX ALCALDES

En el caso de los ex alcaldes, el auditor estatal indicó que la AGE no puede imponer directamente sanciones a los ex munícipes, ya que esa facultad le fue conferida a partir de la reforma a la Ley de Fiscalización realizada en 2006, por lo que será el Poder Legislativo el que tome la decisión al respecto.
Actualmente, a un año y medio de que concluyeron sus administraciones, 36 de 81 –casi la mitad-- ex alcaldes del periodo 2002-2005 no han terminado con la entrega de sus cuentas públicas.
De ese total, 14 no entregaron ningún documento comprobatorio de lo que fue el último año de su administración (2005), en tanto que los demás tienen por lo menos alguna auditoría cuatrimestral pendiente.
Ante ello, Rendón Romero indicó que ya se está proponiendo que se impongan sanciones, ya que ha transcurrido más de año y medio desde que terminaron las anteriores administraciones municipales
“En cuanto a los alcaldes, en una primera etapa, los que terminaron su periodo en noviembre de 2005, se ha requerido la presentación de su cuenta pública, en segunda instancia estamos enviando ya al Congreso del estado toda la información par que puedan ejercer las sanciones en contra de los incumplidos”, declaró en entrevista el titular del órgano fiscalizador.
El caso más grave que prevalece hasta la actualidad de incumplimiento de la Ley de Fiscalización es el de Tlacoapa, municipio ubicado en la región de la Montaña, que a la fecha debe cinco cuentas cuatrimestrales.
En tanto que Chilapa, Cualác, Eduardo Neri, San Luis Acatlán, Tetipac y Tlapehuala tienen pendiente de entregar cuatro informes de cómo ejercieron su presupuesto.
En la lista oficial de la Auditoría estatal, actualizada al 29 de junio del presente año, también se observa que los ex alcaldes de Ajuchitlán del Progreso, Atlixtac, Metlatónoc, Pedro Ascencio de Alquisiras, San Miguel Totolapan y Xalpatláhuac no han cumplido con la totalidad de las cuentas de 2005.
Mártir de Cuilapan, Zapotitlàn Tablas y Zitlala son ayuntamientos cuyos ex alcaldes tienen pendiente la entrega de tres cuentas, aún cuando en los dos últimos no son continuas.
Otros seis ex alcaldes deben las cuentas públicas correspondientes a los últimos siete meses de su administración, en tanto que 13 más no han concluido satisfactoriamente su periodo gubernamental porque tienen pendiente la entrega de un solo documento, el último de ellos.
Cabe comentar que en algunos de los casos que aún tienen cuentas pendientes con la AGE, los ex alcaldes son actualmente diputados locales.
Sin embargo, de acuerdo con el mismo órgano fiscalizador, hasta el momento ningún ex alcalde, principalmente los que enfrentan mayores irregularidades, ha sido sometido a algún procedimiento que los inhabilite para ocupar cargos públicos, derivado de su irresponsabilidad.
Sin embargo, Rendón Romero informó que ya se turnaron sus expedientes para que sea el propio Congreso quien determine las sanciones correspondientes.