Luego de varias semanas de conflicto interno al interior de la Dirección de Defensoría de Oficio, ayer fue designado el ex procurador General de Justicia estatal, Jesús Salas Moreno, como nuevo titular del área.
Salas Moreno fue el fiscal estatal que tomó el cargo luego de la masacre ocurrida en el vado de Aguas Blancas, y actualmente es socio en un bufete jurídico con el actual procurador Eduardo Murueta Urrutia.
El nuevo director de la Defensoría de Oficio fue funcionario de segundo nivel en el gobierno de José Francisco Ruíz Massieu, cuando ocupó el cargo de subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos.
También ha ocupado prácticamente todos los cargos en el escalafón del Poder Judicial desde secretario de acuerdos, juez, hasta magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
El nombramiento ocurrió a pesar de que se había informado que el ahora ex director José Ramírez Villalba, no se encontraba destituido del cargo, ya que era investigado por presuntas irregularidades que habría cometido, de acuerdo a empleados de esa área.
El nuevo director rindió protesta ayer ante el secretario general de Gobierno y los defensores que recién fueron integrados a esa área, quien le encomendó atender la tensa situación que priva en dicha dirección.
El secretario Armando Chavarría aclaró que el nombramiento no es temporal sino “definitivo y se hizo en base a las facultades que tiene el gobernador del estado que es quien firma el documento”.
Chavarría Barrera informó que en los próximos días se emitirá la resolución final en el caso de los defensores de oficio que se encuentran suspendidos por el proceso administrativo que se le sigue en la Contraloría.
Indicó que por su parte ya aportó los elementos que prueban que cuando faltaron a su trabajo –motivo por el cual se les separó del cargo--, fue porque acudieron a una audiencia a la Secretaría General de Gobierno.
EL PAPEL DUDOSO DE LA CONTRALORÍA
El funcionario estatal fue cuestionado en torno al desacato en que ha incurrido la Contraloría General, al no acatar la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el sentido de reinstalar a los abogados suspendidos, así como del caso omiso que ha hecho a las recomendaciones de él mismo en torno a los motivos de dicha suspensión.
Sin embargo, Chavarría Barrera omitió afirmar que exista un desacato intencionado, y comentó que la Contraoloría está haciendo lo que le corresponde, aunque aclaró que las resoluciones de los tribunales se deben acatar..
Salas Moreno fue el fiscal estatal que tomó el cargo luego de la masacre ocurrida en el vado de Aguas Blancas, y actualmente es socio en un bufete jurídico con el actual procurador Eduardo Murueta Urrutia.
El nuevo director de la Defensoría de Oficio fue funcionario de segundo nivel en el gobierno de José Francisco Ruíz Massieu, cuando ocupó el cargo de subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos.
También ha ocupado prácticamente todos los cargos en el escalafón del Poder Judicial desde secretario de acuerdos, juez, hasta magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
El nombramiento ocurrió a pesar de que se había informado que el ahora ex director José Ramírez Villalba, no se encontraba destituido del cargo, ya que era investigado por presuntas irregularidades que habría cometido, de acuerdo a empleados de esa área.
El nuevo director rindió protesta ayer ante el secretario general de Gobierno y los defensores que recién fueron integrados a esa área, quien le encomendó atender la tensa situación que priva en dicha dirección.
El secretario Armando Chavarría aclaró que el nombramiento no es temporal sino “definitivo y se hizo en base a las facultades que tiene el gobernador del estado que es quien firma el documento”.
Chavarría Barrera informó que en los próximos días se emitirá la resolución final en el caso de los defensores de oficio que se encuentran suspendidos por el proceso administrativo que se le sigue en la Contraloría.
Indicó que por su parte ya aportó los elementos que prueban que cuando faltaron a su trabajo –motivo por el cual se les separó del cargo--, fue porque acudieron a una audiencia a la Secretaría General de Gobierno.
EL PAPEL DUDOSO DE LA CONTRALORÍA
El funcionario estatal fue cuestionado en torno al desacato en que ha incurrido la Contraloría General, al no acatar la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el sentido de reinstalar a los abogados suspendidos, así como del caso omiso que ha hecho a las recomendaciones de él mismo en torno a los motivos de dicha suspensión.
Sin embargo, Chavarría Barrera omitió afirmar que exista un desacato intencionado, y comentó que la Contraoloría está haciendo lo que le corresponde, aunque aclaró que las resoluciones de los tribunales se deben acatar..
No hay comentarios.:
Publicar un comentario