El diputado local Fermín Alvarado Arroyo logró un amparo de la justicia federal, para reponer el proceso mediante el cual la anterior Legislatura local le retiró el nombramiento de magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en el caso de otros integrantes del Poder Judicial estatal que se ampararon contra las decisiones del Congreso local, en el caso del legislador acapulqueño, sólo se pide que se le conceda el derecho de audiencia.
No se establece la obligatoriedad de reponerlo en su cargo como magistrado de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, ni que se le paguen salarios caídos.
A partir de lo anterior, el actual diputado por el Partido Revolucionario Institucional, quien obtuvo el cargo por la vía plurinominal, solicitó el inicio del procedimiento para poder lograr su reinstalación como integrante del Poder Judicial.
DEBERA REGRESAR SUELDO DE DIPUTADO
Sin embargo, en el texto del procedimiento promovido ante la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación –encargada de analizar los casos de los magistrados—se establece que en caso de recuperar su status como magistrado, deberá regresar el dinero que haya obtenido como pago a su labor de diputado local.
Lo anterior se desprende de lo planteado por el artículo 33 de la Constitución Política de Guerrero, de acuerdo a lo citado en la resolución del amparo obtenido por Alvarado Arroyo del Primer Tribunal Colegiado de Distrito de las ramas Penal y Civil, del Vigésimo Primer Distrito, con sede en Acapulco.
En el documento emitido por dicho tribunal federal, se ampara al diputado priista en contra del procedimiento de no ratificación que instruyó en su contra la pasada Legislatura del Congreso local.
Sin embargo, aclara que el amparo es nada más para que se le conceda el derecho de audiencia para exponer lo que a su derecho le convenga para justificar las irregularidades de las que fue acusado por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, y con base en las cuales se solicitó su no ratificación.
En cambio, el mismo amparo no le da protección en contra de la resolución del Poder Ejecutivo, y de las irregularidades adjudicadas al periodo en que Fermín Alvarado estuvo como magistrado de la Sala Familiar del TSJ.
En ese sentido, el expediente se turnó ayer a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para que inicie el procedimiento correspondiente, que incluirá el tomar testimonio del actual diputado local.
Otro aspecto diferente en el amparo concedido al acapulqueño que no coincide con los otorgados a otros ex magistrados y magistrados, es el hecho de que la justicia federal no marcó un plazo concreto para que se reponga el procedimiento.
Es decir, que a diferencia de los casos como los de Miguel Maya Manrique, Héctor Flores Piedra o Julio Lorenzo Jáuregui, en esta ocasión la Comisión de Asuntos Políticos podría darle la audiencia al legislador incluso un día antes de que termine el actual periodo.Cabe mencionar que Alvarado Arroyo ha ocupado altos cargos en los tres poderes del estado, siendo secretario General de Gobierno en tiempos de Rubén Figueroa Alcocer; posteriormente, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y a partir del 15 de noviembre de 2005 diputado plurinominal a la 58 Legislatura.
Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en el caso de otros integrantes del Poder Judicial estatal que se ampararon contra las decisiones del Congreso local, en el caso del legislador acapulqueño, sólo se pide que se le conceda el derecho de audiencia.
No se establece la obligatoriedad de reponerlo en su cargo como magistrado de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, ni que se le paguen salarios caídos.
A partir de lo anterior, el actual diputado por el Partido Revolucionario Institucional, quien obtuvo el cargo por la vía plurinominal, solicitó el inicio del procedimiento para poder lograr su reinstalación como integrante del Poder Judicial.
DEBERA REGRESAR SUELDO DE DIPUTADO
Sin embargo, en el texto del procedimiento promovido ante la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación –encargada de analizar los casos de los magistrados—se establece que en caso de recuperar su status como magistrado, deberá regresar el dinero que haya obtenido como pago a su labor de diputado local.
Lo anterior se desprende de lo planteado por el artículo 33 de la Constitución Política de Guerrero, de acuerdo a lo citado en la resolución del amparo obtenido por Alvarado Arroyo del Primer Tribunal Colegiado de Distrito de las ramas Penal y Civil, del Vigésimo Primer Distrito, con sede en Acapulco.
En el documento emitido por dicho tribunal federal, se ampara al diputado priista en contra del procedimiento de no ratificación que instruyó en su contra la pasada Legislatura del Congreso local.
Sin embargo, aclara que el amparo es nada más para que se le conceda el derecho de audiencia para exponer lo que a su derecho le convenga para justificar las irregularidades de las que fue acusado por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, y con base en las cuales se solicitó su no ratificación.
En cambio, el mismo amparo no le da protección en contra de la resolución del Poder Ejecutivo, y de las irregularidades adjudicadas al periodo en que Fermín Alvarado estuvo como magistrado de la Sala Familiar del TSJ.
En ese sentido, el expediente se turnó ayer a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para que inicie el procedimiento correspondiente, que incluirá el tomar testimonio del actual diputado local.
Otro aspecto diferente en el amparo concedido al acapulqueño que no coincide con los otorgados a otros ex magistrados y magistrados, es el hecho de que la justicia federal no marcó un plazo concreto para que se reponga el procedimiento.
Es decir, que a diferencia de los casos como los de Miguel Maya Manrique, Héctor Flores Piedra o Julio Lorenzo Jáuregui, en esta ocasión la Comisión de Asuntos Políticos podría darle la audiencia al legislador incluso un día antes de que termine el actual periodo.Cabe mencionar que Alvarado Arroyo ha ocupado altos cargos en los tres poderes del estado, siendo secretario General de Gobierno en tiempos de Rubén Figueroa Alcocer; posteriormente, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y a partir del 15 de noviembre de 2005 diputado plurinominal a la 58 Legislatura.
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