Gertz Manero: la huída a tiempo

Antonio Jiménez Gómez

Gertz Manero, la huída a tiempo.

Antonio JIMÉNEZ GÓMEZ

De forma sorpresiva, Alejandro Gertz Manero renunció al cargo de secretario de Seguridad Pública federal a mediados de agosto de 2004. Su salida del gabinete foxista ocurrió en uno de los momentos más sensibles, debido a la creciente inconformidad social en torno al sector que le correspondía.

Sin embargo, fue más curioso conocer que la justificación para dimitir a su cargo, Gertz Manero la sustentó en que ya cumplía los requisitos para tramitar su jubilación, y no en las consabidas razones familiares, de salud o políticas. Era la primera vez que un secretario de despacho argumentaba algo así, que se antojaba inverosímil si tan sólo se tomaba en cuenta que el propio Presidente de México era mayor en edad que el “jubilante”.

Una de las últimas declaraciones de Gertz, ocurrida casualmente el mismo día en que anunció su jubilación, fue para desmentir al subprocurador de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, quien refirió que los capos de los carteles del Golfo y de los Arellano Félix seguían operando el tráfico de drogas desde el penal de La Palma y que, inclusive, habría un plan para tomar por asalto ese centro de reclusión para liberar a los líderes Osiel Cárdenas Guillén, Benjamín y Francisco Rafael Arellano Félix.

En aquel momento, Gertz Manero afirmó: “No hay ninguna sola prueba, no hay un solo dato comprobable”. El tiempo se encargaría de demostrarle que por ignorancia, falta de eficacia profesional o con toda la intención, se había equivocado.

Salta también a la atención el hecho de que durante 2001 y 2002 –antes de que se “retirara voluntariamente” Alejandro Gertz Manero--, la Secretaría de Hacienda autorizó a su similar de Seguridad Pública casi dos mil 500 millones de pesos, de los cuales 170 se destinaron a penales de alta seguridad.

Esos recursos se destinaron a la adquisición de más de 600 cámaras de video, arcos detectores de metales, explosivos y drogas, monitores, celulares, computadoras, lentes infrarrojos para visión nocturna, equipos de detección por vibración de malla, por aproximación o por microondas. En fin, todo lo necesario en materia tecnológica para controlar esas cárceles.

Sin embargo, en este aspecto resaltan dos pequeños pero significativos detalles: más de la mitad de ese equipo seguía almacenado hasta hace un par de semanas, según declaró quien fuera responsable del diseño final de los centros federales de readaptación social, el psicólogo José Luis Musi Nahmías.

El segundo detalle que no se consideró fue el factor humano, la inevitable posibilidad de que el hombre sucumba ante la “motivación” precisa, ante los “cañonazos de a millón”. Y que, finalmente, ha sido y es el lado flaco, el talón de Aquiles del sistema de seguridad nacional. La corrupción, a pesar de todos los esfuerzos realizados por gobiernos federal y estatales, sigue enquistada en la red penitenciaria, en los cuerpos policiacos, en los mandos que controlan la seguridad y la justicia.

Precisamente el factor humano fue el que, a pesar de toda la inversión millonaria en tecnología, no evitó que ingresaran a La Palma, Puente Grande y Matamoros, celulares, drogas, armas y dinero.

Respecto al factor humano, también llama la atención que a su llegada a la SSP federal, la primera orden de Ramón Martín Huerta (ex subsecretario de Gobernación y hombre de todas las confianzas de Fox desde que gobernaba Guanajuato) fue que todo continuara como estaba, sin cambios sustanciales, en tanto analizaba el estado financiero en que le habían heredado la dependencia.

A partir de ahí, el desempeño de ese gris funcionario ha dejado mucho que desear. Como si fueran cuentas de un rosario, sus yerros y omisiones, novatez e incapacidad, suman conflictos y muertos a la de por sí endeble estructura de la seguridad pública nacional. Sin embargo, la amistad que mantiene con el presidente Fox –como ocurre en otros casos—lo mantienen en el cargo.

Es así como mucho de lo que ocurre hoy en las cárceles que se supone eran de máxima seguridad, transcurrió durante la gestión de Alejandro Gertz Manero. Semejante red de tráfico de influencias no se crea de la noche a la mañana. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cuántos funcionarios y ex funcionarios serán llamados a rendir cuentas para que asuman la responsabilidad de las muertes de gente posiblemente inocente, que han ocurrido en este lamentable episodio de la justicia mexicana?.

¿Quiénes son los responsables de que el crimen organizado, de que los carteles de la droga hayan convertido a La Palma, Puente Grande y Matamoros en una especie de centros vacacionales, donde vivían tranquilamente, organizando sus negocios, todos juntitos, sin que nada ni nadie pudiera controlarlos?

Hay responsables, tal vez algunos optaron por jubilarse antes de que la bomba estallara. Otros tal vez, siguen operando ocultos detrás de su escritorio, pero recibiendo jugosas cantidades de dinero para hacer como que no ven, para desviar las investigaciones e, incluso, para traicionar a los suyos, a los que sí están comprometidos con el combate a la delincuencia.
El problema, como siempre ha sido, es que el gobierno federal tenga la decisión de dar con ellos y fincarles una sanción ejemplar. Esa es la parte de la historia a la que pocas veces se llega; y cuando así ocurre, generalmente se tapa la punta del iceberg. Qué triste historia. Pero más triste es la realidad que viven los mexicanos cuando se dan cuenta que las cárceles son de máxima seguridad son para proteger a los delincuentes y no a la sociedad de ellos.