Transparencia y rendición de cuentas, sólo en discurso

Antonio Jiménez Gómez

La transparencia de las acciones de gobierno y la cultura de la rendición de cuentas son sólo adornos discursivos, afirmó la directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Irma Sandoval Ballesteros.
La investigadora impartió una conferencia magistral bajo el tema “Más allá de la Transparencia: Combate a la Corrupción”, en la que se refirió a los problemas que se enfrentan de forma cotidiana para que las instituciones gubernamentales den a conocer información, principalmente a nivel federal.
Sandoval Ballesteros acudió ayer al salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia a invitación de la mesa temática de la Función Pública y Buen Gobierno, que preside el diputado Raymundo García Gutiérrez.
El legislador perredista afirmó al inicio del evento que es un deber de los representantes de instituciones públicas trabajar para hacer realidad la transparencia de las acciones gubernamentales.
García Gutiérrez indicó que la transparencia en la información pública, la fiscalización de los recursos públicos y la rendición de cuentas tienen el propósito de “corregir el rumbo de acciones de los gobernantes en turno en sus diferentes responsabilidades”.
Estableció que esas son demandas de la ciudadanía y necesidades para lograr una consolidación democrática.
Por su parte, la investigadora de la UNAM, quien cuenta con un doctorado y dos maestrías por instituciones nacionales e internacionales, disertó sobre el hecho de que la transparencia y la rendición de cuentas sólo son elementos que adornan los discursos de las autoridades, independientemente del partido que las llevó al poder.
En su conferencia, Saldoval Ballesteros citó diversos ejemplos de cómo las autoridades federales de diversos ámbitos han argumentado razones hasta irrisorias e ilógicas con tal de justificar su negativa a dar a conocer datos que son cuestionados por los ciudadanos.
A partir de la poca efectividad de las propias instituciones respecto a las solicitudes de información y de las propias quejas presentadas por ciudadanos contra funcionarios, los primeros han perdido su confianza y han caído en la inactividad.
Citó el hecho de la caída del 75 por ciento en el número de quejas que se presentan ante la Secretaría de la Función Pública federal, instancia que sólo ha logrado la recuperación del 0.03 por ciento de las multas que ha impuesto a funcionarios que se comprobó incurrieron en irregularidades.
Asimismo, indicó que de 2000 a 2005, la Secretaría sólo ha iniciado 87 averiguaciones previas contra supuestos funcionarios corruptos, y de ellas las sanciones que terminan asignándose tienden a concentrase en cargos menores.
El 48 por ciento son castigos por negligencia administrativa; el 35.9 son castigos por violación a normativas presupuestal; el ocho por ciento son por violación a procedimientos de adquisiciones; el cinco por ciento son reconocidos por abusos de autoridad, y 1.5 por ciento son castigados por extorsión y corrupción.
Destacó que un área fundamental para la gobernabilidad democrática a la que todos aspiramos es el combate frontal de la corrupción, que es un terrible cáncer y que es todavía un peso enorme en el país.
La investigadora de la UNAM estableció que de acuerdo a datos de la organización Transparencia Internacional, el 45 por ciento de los mexicanos desconfían de las estrategias y control de combate a la corrupción del gobierno, incluso están convencidos de que auspicia las actividades ilícitas.
“El gobierno da incentivos claramente alentadores de las prácticas de la corrupción. En 2006 más de una cuarta parte de los mexicanos sufrió algún tipo de soborno o extorsión y esto se compara muy negativamente con países como Perú, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Indonesia, Kenia o la misma Sudáfrica”, afirmó.
Planteó además que el problema de la corrupción no se limita a las mordidas o extorsiones a cargo de servidores públicos de bajo nivel, sino que se trata de un fenómeno estructural que invade las funciones centrales del Estado, porque conflictos de interés de diversos signos abundan en los más altos niveles de gobierno.