Se presenta al Congreso ley anti aborto

Antonio Jiménez Gómez

La iniciativa de ley para despenalizar el aborto en Guerrero será presentada hoy ante el pleno del Congreso local, de acuerdo a lo previsto por la Oficialía Mayor de ese poder.
Con ello se abrirá formalmente el debate en torno a modificar la legislación vigente, para permitir que el sector salud en Guerrero pueda hacer operaciones quirúrgicas a mujeres para interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas, sin que ello implique una sanción penal.
La iniciativa, elaborada y presentada por el diputado Fernando Pineda Ménez, tiene como objetivo también cubrir lagunas e imprecisiones que existen actualmente, según su propio autor.
En ese sentido, la iniciativa Pineda propone que el aborto ya no se considere un delito, por lo que se propone la derogación de ese artículo, y que sea un delito punible cuando se realice después de las doce semanas de gestación.
Otro aspecto relevante, es que se pretende la autorización de la interrupción del embarazo cuando la mujer sea portadora o contagiada del VIH sida o que haya sido víctima de lenocinio o trata de personas, o cuando su salud física o mental corra grave peligro.
Mientras tanto, la fracción priista en el Congreso sigue cabildeando con legisladores de Acción Nacional y del Partido Verde, para formar un frente común contra dicha iniciativa.
De concretarlo y de votar de forma unánime, serían 19 legisladores en contra, contra los 22 que oficialmente estarían a favor de despenalizar el aborto: 21 de ellos perredistas y el promotor de la iniciativa que permanece como independiente.
Hasta el momento, los legisladores de los partidos del Trabajo y de Convergencia no han definido posición al respecto, y serán quienes puedan inclinar la balanza respecto a la iniciativa que también ha recibido la condena por parte de la Iglesia Católica, a la cual pertenece más del 90 por ciento de la población.
Respecto a la iniciativa que, de acuerdo a fuentes legislativas, será sometida a primera lectura en la sesión del pleno de hoy –de la cual posee una copia Novedades Chilpancingo--, indica que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en Latinoamérica por cada tres bebés nacidos vivos, hay más de un aborto en promedio.
Asimismo, la misma fuente indica que el 17 por ciento de las muertes maternas se debe a complicaciones durante la práctica de abortos en condiciones inseguras.
También cita cifras del Consejo Nacional de Población, que indican que anualmente se realizan aproximadamente 100 mil abortos, lo que equivale a uno cada 7.5 minutos.
En cuanto a Guerrero, Pineda Ménez cita en su iniciativa que durante los últimos tres años, según la Secretaría de Salud, hubo más de 170 muertes ligadas a abortos y a causas obstétricas directas, desconociéndose el número de indirectas.

¿NORMATIVIDAD ANQUILOSADA E IRREAL?

Sin embargo, cita a una ONG norteamericana que refiere que sólo en 2003 hubo 283 defunciones de mujeres por causa de abortos mal practicados.
En cuanto al marco legal, indica que el Código Penal vigente fue expedido en 1986, por lo que “muchas de sus disposiciones no responden a la realidad que vivimos”.
Asimismo, indica que actualmente todos los códigos penales estatales permiten el aborto por violación; 29 estados consideran el aborto imprudencial o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer; sólo 13 lo autorizan cuando existan malformaciones genéticas graves en el producto.
En tanto que 10 estados del país consideran viable el aborto cuando exista peligro grave de salud para la mujer; once de ellos cuando se presente inseminación artificial no consentida, y sólo uno por razones socio económicas de la mujer.
Para el caso de Guerrero, se considera la interrupción legal del embarazo por imprudencia de la mujer, como resultado de una violación o de una inseminación artificial, por alteraciones genéticas o congénitas.
Sin embargo, el Código Penal en su artículo 116, refiere la iniciativa, no define al aborto como tal, ni establece sanción alguna al que cometa el delito ni contiene los elementos del tipo penal, lo que lo convierte en un delito de carácter declarativo.Asimismo, la legislación actual contiene atenuantes que no son claras, precisas y suficientes. Además de que restringe el derecho de la mujer a decidir de manera libre e informada.