Antonio Jiménez Gómez
La corrupción, la falta de transparencia y de rendición de cuentas de los recursos presupuestales ejercidos, la inexistencia de un mecanismo de control que permita evitar el saqueo del patrimonio público, son factores que no ha podido solucionar el gobierno, afirmó el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón.
A lo anterior se suman los ínfimos niveles de recaudación de impuestos que contrastan con los desmedidos sueldos de algunos funcionarios públicos, un exceso en la discresionalidad del manejo de fondos públicos y el desvío de fondos públicos a procesos electorales.
Otras áreas de “opacidad gubernamental” son la baja competitividad económica, la pobreza del conocimiento, la deficiente operación del sistema educativo, la crisis del sistema de pensiones, la inexistencia de sistemas de evaluación gubernamental, la excesiva carga regulatoria
Estos señalamientos los hizo González de Aragón como parte de una conferencia magistral pronunciada ante el personal de la Auditoría General del Estado.
Congregados en un salón ubicado al sur de la ciudad, donde toda la semana se realizó un seminario de profesionalización de los auditores estatales, el auditor Superior de la Federación evaluó los retos y perspectivas de los órganos de fiscalización.
Estableció que aún son muchos los pendientes que tienen los tres niveles de gobierno, para que la transparencia y la rendición de cuentas sea una realidad total.
González de Aragón planteó 12 problemas muy graves que siguen ocurriendo en la administración pública y que le cuestan al patrimonio nacional una cantidad indefinida de recursos.
Asimismo, indicó que es urgente que las auditorías estatales logren una real autonomía técnica y operativa, para que se pueda realizar una fiscalización efectiva de los recursos públicos.
SE RECUPERARON 24.3 MMDP
Durante su intervención, González de Aragón informó que como resultado de su acción fiscalizadora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha logrado recuperar, hasta el 31 de diciembre de 2006, 24 mil 313 millones de pesos en beneficio de la sociedad.
Estableció que esos recursos recuperados de organismos diversos y de gobiernos estatales y municipales, representan casi 30 veces más el presupuesto anual del organismo.
De esos 24 mil 313 millones, precisó, diez mil 856 millones corresponden del Fobaproa por el otorgamiento de créditos irregulares, auditorías, quitas, condonaciones, castigos y quebrantos.
Otros dos mil 457 millones son del Fideicomiso Aduanas I, que devolvió a la Tesorería de la Federación por derechos de trámite aduanero, más mil 580 millones de pesos por el pago del adeudo del sindicato de PEMEX a favor del organismo.
También se recuperaron mil 533 millones del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) por disponibilidades indebidas, así como cerca de tres mil millones recuperados de gobiernos estatales y municipales.
AUDITORIAS ESTATALES, ASIGNATURA PENDIENTE
González de Aragón indicó que la ASF, con sus nuevas facultades, ha coadyuvado a la modernización de las Entidades de Fiscalización Locales, con el fin de que se contribuya a impulsar la transparencia de la gestión gubernamental en los estados.
Señaló que las auditorías estatales tienen una mayor responsabilidad en su función fiscalizadora, por lo que deben privilegiar su adecuado funcionamiento y adecuarlo, como mínimo, a los mismos principios de actuación que rigen a la ASF.
LOS PENDIENTES DEL GOBIERNO
En cuanto a los rubros donde prevalecen rezagos peligrosos, citó la percepción de la corrupción, porque según Transparencia Internacional, México, en el año 2006, fue calificado con 3.3 puntos, en una escala del cero al diez, y de 163 países evaluados, México reprobó al ocupar el lugar 70.
En cuanto a recaudación tributaria, la OCDE señaló en su reporte de 2004 que México registró el peor índice entre las 30 naciones miembros de esa organización, pues recauda el 18 por ciento del Producto Interno Bruto, en tanto que Suecia recauda el 51 por ciento, Dinamarca el 49 y Bélgica el 46.
Señaló que respecto a complicación tributaria (burocratismo), México ocupó el lugar 126, toda vez que una empresa mediana en nuestro país realiza un promedio de 49 pagos anuales de impuestos, en lo cual ocupa alrededor de 552 horas para cumplir sus obligaciones fiscales.
En cuanto a trámites gubernamentales, según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se incrementaron de mil 126 en el año de 2000 a tres mil en 2005; es decir, prácticamente se triplicaron en lugar de disminuir.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe anual de 2006, ubica a la economía mexicana en el lugar número 14 entre 180 países, cuando que en el año 2000 ocupaba el lugar número once, y ha sido superado por economías como las de Rusia, Corea del Sur y la India.
En lo que se refiere a la imparcialidad de las cortes de justicia, México se ubica en el lugar 79 de entre 120 naciones evaluadas. “La falta de confianza de los mexicanos en el Poder Judicial es palpable, pues pareciera ser que algunos de sus fallos no privilegian el interés superior de la nación”, afirmó el auditor federal.
En educación primaria, el país registra una relación de 28 alumnos por profesor, frente al promedio de 17 que tienen en promedio los países integrantes de la OCDE. Mientras que en educación secundaria la misma relación es de 30, en contraste con el promedio de 13 de esa organización.
En el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, México pasó del lugar 48 en 2004 al 58 en 2006, entre 106 países, en cuanto al índice de competitividad mundial.
Destacó que otra área sensible de riesgo lo constituyen las pensiones y jubilaciones, las cuales representan, anualmente, erogaciones crecientes que no son reveladas como pasivos contingentes en la información financiera, que ascienden a seis billones de pesos mexicanos (12 ceros), y es un problema que amenaza con estrangular las finanzas públicas del país.
Otra área de opacidad se refiere a la magnitud de los recursos federales transferidos a estados y municipios que representan aproximadamente el 30 por ciento del total del gasto federal programable, lo cual obliga a la búsqueda de acciones que garanticen su adecuada rendición de cuentas y fiscalización, lo que es una de las áreas más obscuras en materia de transparencia.
Sostuvo que mientras no se modifique el sistema educativo y se forme a un hombre nuevo y diferente, la corrupción se presentará de una manera o de otra, lo cual implica establecer una política de largo plazo sustentada en una reforma integral que privilegie la calidad educativa.
Consideró que un área de oportunidad consiste en que es necesario fortalecer se encuentra en la construcción de sistemas de evaluación del desempeño basados en indicadores estratégicos, de gestión y de servicios, que permitan conocer la forma y grado de cumplimiento de las políticas y programas públicos, la calidad de los servicios que se prestan y el desempeño de los servidores públicos.
Otra área de oportunidad está en la instrumentación de una política integral de desarrollo ecológico para el mejoramiento y preservación de nuestro medio ambiente, mediante programas y proyectos sustentables de largo plazo, con un financiamiento que lo haga posible y con un marco jurídico que sanciones todos los incumplimientos.
La corrupción, la falta de transparencia y de rendición de cuentas de los recursos presupuestales ejercidos, la inexistencia de un mecanismo de control que permita evitar el saqueo del patrimonio público, son factores que no ha podido solucionar el gobierno, afirmó el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón.
A lo anterior se suman los ínfimos niveles de recaudación de impuestos que contrastan con los desmedidos sueldos de algunos funcionarios públicos, un exceso en la discresionalidad del manejo de fondos públicos y el desvío de fondos públicos a procesos electorales.
Otras áreas de “opacidad gubernamental” son la baja competitividad económica, la pobreza del conocimiento, la deficiente operación del sistema educativo, la crisis del sistema de pensiones, la inexistencia de sistemas de evaluación gubernamental, la excesiva carga regulatoria
Estos señalamientos los hizo González de Aragón como parte de una conferencia magistral pronunciada ante el personal de la Auditoría General del Estado.
Congregados en un salón ubicado al sur de la ciudad, donde toda la semana se realizó un seminario de profesionalización de los auditores estatales, el auditor Superior de la Federación evaluó los retos y perspectivas de los órganos de fiscalización.
Estableció que aún son muchos los pendientes que tienen los tres niveles de gobierno, para que la transparencia y la rendición de cuentas sea una realidad total.
González de Aragón planteó 12 problemas muy graves que siguen ocurriendo en la administración pública y que le cuestan al patrimonio nacional una cantidad indefinida de recursos.
Asimismo, indicó que es urgente que las auditorías estatales logren una real autonomía técnica y operativa, para que se pueda realizar una fiscalización efectiva de los recursos públicos.
SE RECUPERARON 24.3 MMDP
Durante su intervención, González de Aragón informó que como resultado de su acción fiscalizadora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha logrado recuperar, hasta el 31 de diciembre de 2006, 24 mil 313 millones de pesos en beneficio de la sociedad.
Estableció que esos recursos recuperados de organismos diversos y de gobiernos estatales y municipales, representan casi 30 veces más el presupuesto anual del organismo.
De esos 24 mil 313 millones, precisó, diez mil 856 millones corresponden del Fobaproa por el otorgamiento de créditos irregulares, auditorías, quitas, condonaciones, castigos y quebrantos.
Otros dos mil 457 millones son del Fideicomiso Aduanas I, que devolvió a la Tesorería de la Federación por derechos de trámite aduanero, más mil 580 millones de pesos por el pago del adeudo del sindicato de PEMEX a favor del organismo.
También se recuperaron mil 533 millones del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) por disponibilidades indebidas, así como cerca de tres mil millones recuperados de gobiernos estatales y municipales.
AUDITORIAS ESTATALES, ASIGNATURA PENDIENTE
González de Aragón indicó que la ASF, con sus nuevas facultades, ha coadyuvado a la modernización de las Entidades de Fiscalización Locales, con el fin de que se contribuya a impulsar la transparencia de la gestión gubernamental en los estados.
Señaló que las auditorías estatales tienen una mayor responsabilidad en su función fiscalizadora, por lo que deben privilegiar su adecuado funcionamiento y adecuarlo, como mínimo, a los mismos principios de actuación que rigen a la ASF.
LOS PENDIENTES DEL GOBIERNO
En cuanto a los rubros donde prevalecen rezagos peligrosos, citó la percepción de la corrupción, porque según Transparencia Internacional, México, en el año 2006, fue calificado con 3.3 puntos, en una escala del cero al diez, y de 163 países evaluados, México reprobó al ocupar el lugar 70.
En cuanto a recaudación tributaria, la OCDE señaló en su reporte de 2004 que México registró el peor índice entre las 30 naciones miembros de esa organización, pues recauda el 18 por ciento del Producto Interno Bruto, en tanto que Suecia recauda el 51 por ciento, Dinamarca el 49 y Bélgica el 46.
Señaló que respecto a complicación tributaria (burocratismo), México ocupó el lugar 126, toda vez que una empresa mediana en nuestro país realiza un promedio de 49 pagos anuales de impuestos, en lo cual ocupa alrededor de 552 horas para cumplir sus obligaciones fiscales.
En cuanto a trámites gubernamentales, según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se incrementaron de mil 126 en el año de 2000 a tres mil en 2005; es decir, prácticamente se triplicaron en lugar de disminuir.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe anual de 2006, ubica a la economía mexicana en el lugar número 14 entre 180 países, cuando que en el año 2000 ocupaba el lugar número once, y ha sido superado por economías como las de Rusia, Corea del Sur y la India.
En lo que se refiere a la imparcialidad de las cortes de justicia, México se ubica en el lugar 79 de entre 120 naciones evaluadas. “La falta de confianza de los mexicanos en el Poder Judicial es palpable, pues pareciera ser que algunos de sus fallos no privilegian el interés superior de la nación”, afirmó el auditor federal.
En educación primaria, el país registra una relación de 28 alumnos por profesor, frente al promedio de 17 que tienen en promedio los países integrantes de la OCDE. Mientras que en educación secundaria la misma relación es de 30, en contraste con el promedio de 13 de esa organización.
En el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, México pasó del lugar 48 en 2004 al 58 en 2006, entre 106 países, en cuanto al índice de competitividad mundial.
Destacó que otra área sensible de riesgo lo constituyen las pensiones y jubilaciones, las cuales representan, anualmente, erogaciones crecientes que no son reveladas como pasivos contingentes en la información financiera, que ascienden a seis billones de pesos mexicanos (12 ceros), y es un problema que amenaza con estrangular las finanzas públicas del país.
Otra área de opacidad se refiere a la magnitud de los recursos federales transferidos a estados y municipios que representan aproximadamente el 30 por ciento del total del gasto federal programable, lo cual obliga a la búsqueda de acciones que garanticen su adecuada rendición de cuentas y fiscalización, lo que es una de las áreas más obscuras en materia de transparencia.
Sostuvo que mientras no se modifique el sistema educativo y se forme a un hombre nuevo y diferente, la corrupción se presentará de una manera o de otra, lo cual implica establecer una política de largo plazo sustentada en una reforma integral que privilegie la calidad educativa.
Consideró que un área de oportunidad consiste en que es necesario fortalecer se encuentra en la construcción de sistemas de evaluación del desempeño basados en indicadores estratégicos, de gestión y de servicios, que permitan conocer la forma y grado de cumplimiento de las políticas y programas públicos, la calidad de los servicios que se prestan y el desempeño de los servidores públicos.
Otra área de oportunidad está en la instrumentación de una política integral de desarrollo ecológico para el mejoramiento y preservación de nuestro medio ambiente, mediante programas y proyectos sustentables de largo plazo, con un financiamiento que lo haga posible y con un marco jurídico que sanciones todos los incumplimientos.
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