La Comisión de Derechos Humanos del Congreso local declaró inapropiada y violatoria de la autonomía la designación de comisionados por parte del Ejecutivo de Guerrero en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum).
El dictamen, que se encuentra congelado por la Comisión de Gobierno mediados de junio pasado, a pesar de que fue entregado desde hace un mes, exhorta al gobernador del estado a que dé marcha atrás en su intento de violentar la autonomía de la Coddehum.
Fue el pasado 6 de junio cuando dicha comisión dictaminó en contra de los funcionarios que fueron impuestos por el Poder Ejecutivo a la Coddehum, por lo que se exhortó al Poder Ejecutivo a que reconsidere dichos nombramientos, indica el documento.
En el dictamen que fue firmado por tres de los cinco integrantes, se exhorta también al ombudsman estatal, Juan Alarcón Hernández a que no convoque a los funcionarios impuestos a las sesiones del Consejo Técnico.
Dicha evaluación fue realizada luego de que el 17 de abril pasado, el pleno del Legislativo turnó a la Comisión de Derechos Humanos una propuesta de acuerdo parlamentario en el que se exhortaba al ombudsman estatal de no incurrir en la ilegalidad promovida por el gobernador del estado.
Lo anterior en el caso de que convocara a los funcionarios designados por el Ejecutivo a las sesiones del Consejo Técnico de la Comisión, de acuerdo a la iniciativa del diputado Ramiro Solorio Almazán.
Entre los funcionarios designados para formar parte del Consejo Técnico se encuentran el subsecretario del Trabajo, Porfirio Daza Rodríguez, y el coordinador operativo de la Secretaría de Salud, Rubén Padilla Fierro.
Otros funcionarios asignados por el Ejecutivo para evaluar las labores del organismo autónomo son el director general de presupuesto del sector paraestatal de la Secretaría de Finanzas, Nagib Miranda Abarca, y el presidente del Comité Estatal de Consulta y Participación Ciudadana, Enrique del Rayo Castrejón.
También fueron incluidos el regidor del ayuntamiento de Acapulco, Celso Sánchez Castillo, que es propietario de colegios privados; el periodista Rodrigo Huerta Pegueros y el director del hospital Santa Lucía en Acapulco, Miguel Agustín Escudero Torres.
De acuerdo a lo publicado sobre ese hecho, el nombramiento de los nuevos funcionarios de la Coddehum lo hizo el Ejecutivo en un acto privado, sin la asistencia del ombudsman estatal.
A partir de ello, el ombdusman Juan Alarcón determinó que si bien es cierto y legal que el gobernador podía nombrar funcionarios como consejeros de la comisión, no había habido nunca un funcionario como consejero, ya que había imperado la ética y la moral en los nombramientos.
Y agregó durante su comparecencia ante legisladores con motivo de este caso que se han registrado casos de consejeros que, al ser nombrados funcionarios, renunciaron a la consejería para no tener un conflicto de intereses que viniera a parcializar su desempeño”.
Asimismo, del análisis que hace dicha comisión de la ley que crea a la Coddehum, en su artículo 11, confirma que “efectivamente el nombramiento de dichos consejeros está apegado a derecho.
Sin embargo, la comisión también establece que se debe brindar a la sociedad la certeza de que no existirá parcialidad alguna por conflicto de intereses entre los nuevos designados.
“Nos parece fundamental que después de haber logrado la alternancia del poder en el estado, se envíen a la sociedad mensajes acordes con la esperanza y con el deseo de cambio y transformación de la manera de gobernar”, establece el dictamen final.
Y continúa: “En el caso específico de los derechos humanos, la sociedad guerrerense anhela una comisión más fuerte, renovada, sí, pero con reglas claras y nuevas, autónoma, con la suficiente autoridad moral para poder ser contrapeso de los abusos de la autoridad y el poder.
A partir de lo anterior, los legisladores consideraron pertinente y oportuno hacer un llamado al Ejecutivo para que rectifique los nombramientos hechos.
Incluso, le reclaman que “criticar públicamente a la comisión y a su ley, aduciendo que es caduca y luego usar la misma ley para enviar los mensajes que no espera la ciudadanía, es un contrasentido”.
Por ello, también exhortan al ombudsman estatal a que no convoque a los funcionarios designados por el Ejecutivo, debiendo asistir a las sesiones del Consejo Técnico a los consejeros actuales, hasta que el propio Congreso local no modifique la ley en la materia.
El dictamen lo firman los perredistas Rossana Mora Patio y Felipe ortiz Montealegre, así como el priista Raúl Tovar Tavera; se abstuvo de signar el dictamen el también perredista Víctor Fernando Pineda Ménez.
El dictamen, que se encuentra congelado por la Comisión de Gobierno mediados de junio pasado, a pesar de que fue entregado desde hace un mes, exhorta al gobernador del estado a que dé marcha atrás en su intento de violentar la autonomía de la Coddehum.
Fue el pasado 6 de junio cuando dicha comisión dictaminó en contra de los funcionarios que fueron impuestos por el Poder Ejecutivo a la Coddehum, por lo que se exhortó al Poder Ejecutivo a que reconsidere dichos nombramientos, indica el documento.
En el dictamen que fue firmado por tres de los cinco integrantes, se exhorta también al ombudsman estatal, Juan Alarcón Hernández a que no convoque a los funcionarios impuestos a las sesiones del Consejo Técnico.
Dicha evaluación fue realizada luego de que el 17 de abril pasado, el pleno del Legislativo turnó a la Comisión de Derechos Humanos una propuesta de acuerdo parlamentario en el que se exhortaba al ombudsman estatal de no incurrir en la ilegalidad promovida por el gobernador del estado.
Lo anterior en el caso de que convocara a los funcionarios designados por el Ejecutivo a las sesiones del Consejo Técnico de la Comisión, de acuerdo a la iniciativa del diputado Ramiro Solorio Almazán.
Entre los funcionarios designados para formar parte del Consejo Técnico se encuentran el subsecretario del Trabajo, Porfirio Daza Rodríguez, y el coordinador operativo de la Secretaría de Salud, Rubén Padilla Fierro.
Otros funcionarios asignados por el Ejecutivo para evaluar las labores del organismo autónomo son el director general de presupuesto del sector paraestatal de la Secretaría de Finanzas, Nagib Miranda Abarca, y el presidente del Comité Estatal de Consulta y Participación Ciudadana, Enrique del Rayo Castrejón.
También fueron incluidos el regidor del ayuntamiento de Acapulco, Celso Sánchez Castillo, que es propietario de colegios privados; el periodista Rodrigo Huerta Pegueros y el director del hospital Santa Lucía en Acapulco, Miguel Agustín Escudero Torres.
De acuerdo a lo publicado sobre ese hecho, el nombramiento de los nuevos funcionarios de la Coddehum lo hizo el Ejecutivo en un acto privado, sin la asistencia del ombudsman estatal.
A partir de ello, el ombdusman Juan Alarcón determinó que si bien es cierto y legal que el gobernador podía nombrar funcionarios como consejeros de la comisión, no había habido nunca un funcionario como consejero, ya que había imperado la ética y la moral en los nombramientos.
Y agregó durante su comparecencia ante legisladores con motivo de este caso que se han registrado casos de consejeros que, al ser nombrados funcionarios, renunciaron a la consejería para no tener un conflicto de intereses que viniera a parcializar su desempeño”.
Asimismo, del análisis que hace dicha comisión de la ley que crea a la Coddehum, en su artículo 11, confirma que “efectivamente el nombramiento de dichos consejeros está apegado a derecho.
Sin embargo, la comisión también establece que se debe brindar a la sociedad la certeza de que no existirá parcialidad alguna por conflicto de intereses entre los nuevos designados.
“Nos parece fundamental que después de haber logrado la alternancia del poder en el estado, se envíen a la sociedad mensajes acordes con la esperanza y con el deseo de cambio y transformación de la manera de gobernar”, establece el dictamen final.
Y continúa: “En el caso específico de los derechos humanos, la sociedad guerrerense anhela una comisión más fuerte, renovada, sí, pero con reglas claras y nuevas, autónoma, con la suficiente autoridad moral para poder ser contrapeso de los abusos de la autoridad y el poder.
A partir de lo anterior, los legisladores consideraron pertinente y oportuno hacer un llamado al Ejecutivo para que rectifique los nombramientos hechos.
Incluso, le reclaman que “criticar públicamente a la comisión y a su ley, aduciendo que es caduca y luego usar la misma ley para enviar los mensajes que no espera la ciudadanía, es un contrasentido”.
Por ello, también exhortan al ombudsman estatal a que no convoque a los funcionarios designados por el Ejecutivo, debiendo asistir a las sesiones del Consejo Técnico a los consejeros actuales, hasta que el propio Congreso local no modifique la ley en la materia.
El dictamen lo firman los perredistas Rossana Mora Patio y Felipe ortiz Montealegre, así como el priista Raúl Tovar Tavera; se abstuvo de signar el dictamen el también perredista Víctor Fernando Pineda Ménez.
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