Antonio Jiménez Gómez
La Contraloría General del Estado incumplió la resolución emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que le mandataba reinstalar a siete defensores de oficio que fueron sido suspendidos temporalmente por haber participado en protestas hace un par de meses.
A pesar de que el plazo marcado para la reinstalación venció poco antes de las dos de la tarde de ayer martes, en lugar de cumplir la Contraloría exigió al TCA aclarara el acuerdo porque no se explicaba por qué se dictaba la suspensión del acto reclamado.
Hermenegildo Laureano, uno de los defensores suspendidos, señaló que por el desacato, la Contraloría podría hacerse acreedora a una sanción económica de más de cien salarios mínimos, como lo estipula la notificación que le fue entregada el pasado jueves.
El abogado dijo que desde el pasado 14 de agosto el TCA resolvió que los siete abogados suspendidos deberían ser reinstalados en sus cargos.
Ello porque a pesar de que protestaron para exigir la destitución del director Jesé Ramírez Villalba, no afectaron sus labores y, en cambio, su remoción pone en riesgo muchos procesos que estaban atendiendo, pues los abogados que nombraron para suplirlos son novatos que no conocen cada uno de los casos.
Aún cuando la primera notificación no marcaba una fecha máxima para que se le diera cumplimiento, los defensores de oficio volvieron a comparecer y solicitaron que se marcara un plazo, mismo que les fue concedido y se notificó a la Contraloría que a partir de la notificación tenía tres días hábiles para cumplir.
Al acudir ayer a la Contraloría, los defensores fueron informados de que seguían suspendidos, por lo que consideraron que hay un desacato y este miércoles estarán solicitando que se dé parte al Ministerio Público para que se le fije la multa correspondiente y se le obligue a dar cumplimiento al mandato judicial.
Por otra parte informaron también que varios de sus compañeros han sido presionados laboralmente para que aporten testimonios “falsos”, con los que pretenden probar acusaciones dentro del proceso administrativo que se les sigue, por eso se ha solicitado también que se realice un careo con estos acusadores.
La Contraloría General del Estado incumplió la resolución emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que le mandataba reinstalar a siete defensores de oficio que fueron sido suspendidos temporalmente por haber participado en protestas hace un par de meses.
A pesar de que el plazo marcado para la reinstalación venció poco antes de las dos de la tarde de ayer martes, en lugar de cumplir la Contraloría exigió al TCA aclarara el acuerdo porque no se explicaba por qué se dictaba la suspensión del acto reclamado.
Hermenegildo Laureano, uno de los defensores suspendidos, señaló que por el desacato, la Contraloría podría hacerse acreedora a una sanción económica de más de cien salarios mínimos, como lo estipula la notificación que le fue entregada el pasado jueves.
El abogado dijo que desde el pasado 14 de agosto el TCA resolvió que los siete abogados suspendidos deberían ser reinstalados en sus cargos.
Ello porque a pesar de que protestaron para exigir la destitución del director Jesé Ramírez Villalba, no afectaron sus labores y, en cambio, su remoción pone en riesgo muchos procesos que estaban atendiendo, pues los abogados que nombraron para suplirlos son novatos que no conocen cada uno de los casos.
Aún cuando la primera notificación no marcaba una fecha máxima para que se le diera cumplimiento, los defensores de oficio volvieron a comparecer y solicitaron que se marcara un plazo, mismo que les fue concedido y se notificó a la Contraloría que a partir de la notificación tenía tres días hábiles para cumplir.
Al acudir ayer a la Contraloría, los defensores fueron informados de que seguían suspendidos, por lo que consideraron que hay un desacato y este miércoles estarán solicitando que se dé parte al Ministerio Público para que se le fije la multa correspondiente y se le obligue a dar cumplimiento al mandato judicial.
Por otra parte informaron también que varios de sus compañeros han sido presionados laboralmente para que aporten testimonios “falsos”, con los que pretenden probar acusaciones dentro del proceso administrativo que se les sigue, por eso se ha solicitado también que se realice un careo con estos acusadores.
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