“Que cumpla la palabra que empeñó” fue la sentencia lapidaria que espetó el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, en contra del presidente norteamericano George W. Bush, en reclamo por el último atentado en contra de los derechos de los connacionales que trabajan de forma ilegal en Estados Unidos.
La entrada en vigor de la ley 200 en el estado de Arizona se convirtió en la última ofensiva de un gobierno norteamericano que se ha caracterizado por su creciente discriminación en contra de las minorías, sobre todo ahora que quedaron en el pasado los momentos electorales.
Mediante la ley 200 se niegan los servicios médicos y educativos básicos a los inmigrantes, en tanto que también obliga a los funcionarios a cerciorarse de la nacionalidad de las personas que acuden a requerir esos servicios, ya que de no hacerlo serán sancionados hasta con la cárcel.
La propuesta entró en vigor el 22 de diciembre pasado, luego de que un juez de la corte federal de Tucson levantó la suspensión pedida por el Fondo Mexico América para la Defensa Legal y la Educación, quienes ahora enfrentan un proceso impugnado por la ilegalidad de dicha medida. El antecedente más significativo de esta ley es la triste iniciativa 187, originada en California y que fue desechada por su inconstitucionalidad.
Lo cierto es que a pesar de que durante su campaña para la reelección presidencial, George Bush despertó muchas expectativas con tal de obtener el voto hispano. Ahora, simple y sencillamente mantiene la misma actitud que ha caracterizado su administración: se sacude el tema de los migrantes; lo deja atorado, ignorado, atentando una y otra vez en contra de quienes se constituyen como el principal motor de esa economía.
A tres semanas de su operación, el gobierno mexicano –para variar cuando se trata de asuntos diplomáticos—está confundido. No sabe qué hacer ni como reaccionar ante este nuevo desprecio a las gestiones diplomáticas del gobierno mexicano; las reacciones son totalmente contradictorias.
El silencio presidencial se conjugó con una reacción impetuosa y hasta sorpresiva del responsable de la política interior del país, quien se atrevió a exigir a un mandatario extranjero que actúe como caballero y cumpla lo prometido. No sabemos bajo el influjo de que sustancia se encontraba, pero eso no lo hace cualquiera y menos en esos términos.
El reclamo de Santiago Creel causó cierto revuelo, sobre todo viniendo de un funcionario de la administración foxista que se ha caracterizado por su tibieza en asuntos de política de altos vuelos y su actitud timorata en torno a los problemas reales de la nación.
Por su parte, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llegó a un punto de acuerdo para demandar al titular del Poder Ejecutivo federal que instrumente de inmediato una estrategia en defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Incluso, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, demandó que por dignidad, México debería retirar a su cónsul en el estado de Arizona.
Sin embargo, el canciller Luis Ernesto Derbez, quien se supone debería haber reaccionado de forma inmediata, anda más preocupado por su candidatura a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos, que por defender a su país y a sus habitantes más allá de las fronteras.
Después de varios días de eludir el problema, el secretario de Relaciones Exteriores se limitó a alegar que si el gobierno mexicano, a través de su dependencia, se atreviera a enviar una nota diplomática de protesta, perjudicaría la relación bilateral con Washington y no solucionaría el problema de fondo. Es decir, le preocupa más andar de queda bien que cumplir con su trabajo.
Esa tibia, temerosa actitud, se sustenta precisamente en la necedad, en el capricho de Luis Ernesto Derbez de convertirse en secretario general de la OEA y con ello anda de queda bien con el gobierno norteamericano, quien desde el principio lo despreció para semejante cargo.
Incluso, mientras en el país se armaba el escándalo por la polémica ley 200, Derbez Bautista andaba en Washington con el fin de entregar su “solicitud de empleo” y su “informe patrimonial” a la OEA, para ver si se le hace la chamba. Ahí, se aventó un discurso que parecía informe de gobierno por lo largo y fastidioso, pero ahí andaba de latoso tratando de demostrar que es un funcionario honesto.
Ante los embates por la ley 200, Derbez se excusó al afirmar que desde hace seis meses, la cancillería ha estado realizando “presentaciones y explicaciones” (sic) con el fin de evitar la entrada en vigor de dicha legislación. ¡Vaya! Nos dejó fríos con tan ardua e intensa labor.
Si bien nuestro país no puede incidir en decisiones internas de un país soberano, tal vez podría asumir una actitud más activa y menos clientelar en torno a los desprecios y abusos de la diplomacia norteamericana. Adolfo Aguilar Zinder levantó ámpula cuando calificó a México como el patio trasero de Estados Unidos, y conforme pasa el tiempo, la cancillería confirma el dicho.
Tal vez si Luis Ernesto Derbez se preocupara más por hacer bien su trabajo y dejar a un lado sus calenturas protagonistas, la diplomacia mexicana podría retomar nuevos bríos y sobresalir en su entorno continental. Pero mientras eso ocurre, alrededor de ocho millones de trabajadores indocumentados –la mayoría mexicanos—continuarán esperando a que las autoridades mexicanas y norteamericanas se dignen en tomarlos en cuenta.
viernes, enero 14, 2005
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