Derechos humanos: promesa incumplida

Antonio JIMÉNEZ GÓMEZ

“El gobierno mexicano le está jugando chueco a los derechos humanos”, “las víctimas son traicionadas por un gobierno que no cumple sus promesas”. De esa forma tan concreta y contundente definió Amnistía Internacional la situación que prevalece en nuestro país en materia de respeto a las garantías individuales.

Al presentarse el informe “El estado de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional señaló a Guerrero como uno de los tres estados del país donde los gobiernos locales se resisten a cumplir recomendaciones de esa organización internacional galardonada con un Premio Nobel.

El documento de Amnistía establece que en enero de 2004, un indígena tlapaneco de 18 años, Sócrates Tolentino González Genaro, fue detenido y torturado por la policía municipal en Zapotitlán Tablas. Al día siguiente le informaron a su madre –que no sabía leer-- que se había suicidado y le hicieron firmar un formulario para la entrega de su cuerpo. La madre descubrió posteriormente que había firmado sin saberlo una declaración en la que aceptaba que su hijo se había suicidado.

Sin embargo, los esfuerzos sumados de la familia y de una organización local de derechos humanos, se logró exhumar el cuerpo de Sócrates González, para realizarle una autopsia, con la que se confirmó que había sido torturado y muerto en forma ilegítima. Al concluir el año se estaba investigando a cuatro policías en relación con su muerte, sin que hasta el momento haya algún dato adicional.

En noviembre, Felipe Arreaga, activista medioambiental que llevaba largo tiempo desempeñando su labor en las montañas de Petetlán, fue detenido y acusado del asesinato del hijo de un cacique local, ocurrido en 1998. Pese a que presentó pruebas que demostraban su inocencia, permaneció bajo custodia, ya que los testigos de cargo no comparecieron ante el tribunal. Amnistía Internacional creía que su procesamiento era una represalia por sus esfuerzos de proteger los bosques locales frente a la explotación maderera.

En septiembre, el entonces gobernador René Juárez Cisneros y un jefe militar de alta graduación hicieron acusaciones carentes de fundamento contra las organizaciones de derechos humanos con el propósito de socavar la legitimidad de su trabajo.

A nivel nacional, se establece que durante 2004 fueron “habituales” las detenciones arbitrarias, las torturas, los malos tratos y el abuso del sistema judicial. Y aún cuando se reconoce la creación del Programa nacional de Derechos Humanos, se destaca que se trata de puras buenas intenciones que no se llevan a la práctica.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Carlos Mario Gómez también manifestó que el Estado no cumple su promesa y obligación de erradicar la violencia contra las mujeres y destacó las cadenas de impunidad que han permitido que en cinco meses hayan ocurrido casi el mismo número de feminicidios en Chihuahua que durante el año pasado.

¿Cómo interpretar estos hechos? En el ambiente local, que siguen ocurriendo hechos que empañan los esfuerzos sociales por acabar con los atentados en contra de los derechos humanos: nunca faltará algún elemento policiaco, algún funcionario de gobierno que intente abusar del cargo que se le ha conferido.

Por otra parte, los ambientalistas en Guerrero siguen siendo estigmatizados; se debaten entre el presunto fundamentalismo de sus acciones y pensamientos, y la impunidad y violencia que imponen los caciques locales que mandan en amplias regiones rurales de la entidad.

A nivel nacional, la declaración es contundente: no se logra pasar del discurso al hecho; el gobierno federal podrá tener las mejores intenciones, pero estas no logran trascender a hechos, tanto en la ejecución de las políticas públicas como en la erradicación de casos que siguen indignando a la opinión pública.

La defensa de los derechos humanos registra un avance notable. Hay muchas diferencias al contexto que se vivía hace 20 años. Sin embargo, aún hay muchas cuentas pendientes. Lo más lamentable es que hay situaciones evitables que en ocasiones no merecen el interés de las autoridades, porque las califican como actitudes fundamentalistas.

Seguramente, el informe de Amnistía Internacional será desestimado, ignorado, criticado por las autoridades que insisten en evadir la culpa de cualquier violación a los derechos humanos y de responsabilizar a otros de los problemas de violencia, corrupción e impunidad que prevalecen enquistados en la estructura social mexicana.

Lo rescatable es el esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales que no quitan el dedo de la llaga, que continúan denunciando los abusos, que continúan enfrentando anquilosados sistemas de gobierno que se resisten a cambiar, a humanizarse.
Es el trabajo de la sociedad civil la opción para fortalecer la defensa de los derechos humanos. Pero es responsabilidad de todos los actores sociales el promover una cultura de respeto, de prevención, de legalidad.