Antonio Jiménez Gómez
EL homicidio del síndico de Zapotitlán Tablas se pudo haber evitado si el Congreso local hubiera asumido su responsabilidad de evaluar y votar el dictamen que proponía la revocación de su mandato, afirmó la presidenta de la Comisión Instructora, Abelina López Rodríguez.
La legisladora agregó que en reiteradas ocasiones informó al presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Reyes Torres, sobre la gravedad del problema que se registraba en ese municipio de la Montaña de Guerrero, y le solicitó que se presentara ante el pleno del Poder Legislativo el dictamen elaborado por la Comisión Instructora.
Después de hablar con los representantes de 21 comunidades de Zapotitlán Tablas se tenía los elementos suficientes para concebir que el síndico tarde o temprano iba a enfrentar problemas con la gente.
Incluso, dijo que una vez que la gente tomó las oficinas del integrante de la comuna y lo corrió, y posteriormente el propio alcalde acudió al Congreso local a advertir del riesgo social que imperaba en ese lugar, todavía era tiempo de tomar decisiones.
La perredista comentó que en la Montaña “la gente es brava... allá no entienden de leyes, allá dicen el síndico no funciona. Por eso les dije a la Comisión de Gobierno que era un foco rojo”.
Reiteró que la Comisión Instructora ya había preparado el dictamen proponiendo la revocación, por lo que la Comisión de Gobierno debió asumir su responsabilidad, y enfatizó: “se pudo haber evitado la muerte del síndico si se hubiera aplicado la ley”.
Fue la madrugada del pasado 18 de julio cuando el síndico de Zapotitlán Tablas, Juan Ramírez Flores fue acribillado cuando se dirigía a su domicilio en la comunidad de Huitlatzala, en ese municipio.
De acuerdo al reporte de la Policía Investigadora Ministerial, el integrante del cabildo de ese municipio de la región de la Montaña, era esperado por un grupo de desconocidos, metros antes de llegar a su vivienda.
Ramírez Flores recibió por lo menos seis impactos de bala en diversas partes del cuerpo, principalmente en el tórax, los que le quitaron la vida de manera casi instantánea.
Ramírez Flores tenía en su contra un juicio político iniciado en 2006 en el Congreso local, en tanto que en junio pasado, el cabildo en pleno de Zapotitlán Tablas acordó desconocer al síndico y hasta le clausuraron sus oficinas, acusándolo de diversas irregularidades.
Incluso, el pasado 5 de junio, comisarios, delegados y presidentes de colonias del municipio, encabezados por el alcalde, acudieron ayer al Congreso local para solicitar información acerca del juicio político que se le sigue al síndico Juan Ramírez Flores.
“Prácticamente se puede decir que nuestro municipio está viviendo cosas muy fuertes ahorita. Nosotros queremos prever cosas que puedan llegar a suceder”, declaró en esa ocasión el alcalde Nicolás Villar Paulino.
Sobre el posible desbordamiento de la inconformidad social, el alcalde agregó: “Todo va a depender de la respuesta que nos va a dar el Congreso a futuro. Ahí sí se podría dar una serie de conflictos al interior del ayuntamiento. Ahorita no hay nada, pero a futuro no se puede saber”.
El homicidio del síndico, dijo López Rodríguez, “se veía venir por la inconformidad de la gente en su contra. Luego de platicar con los delegados y comisarios municipales de 21 comunidades, quienes dicen que las cosas no andaban bien, fue la primera señal”.
En entrevista con Novedades, la legisladora indicó que en ese caso había demasiadas irregularidades, pero a pesar de ello, los intereses personales o de grupo de algunos legisladores influyeron para que caso no fuera presentado ante el pleno para su análisis y votación.
martes, julio 24, 2007
Provoca inundaciones tromba en la capital
Antonio Jiménez Gómez
Las laterales del bulevar Vicente Guerrero, tramos de los carriles centrales, así como los carriles de la sección sur-norte del bulevar Chilpancingo-Petaquillas se inundaron debido a la torrencial lluvia que cayó la tarde de ayer.
En tanto que en diversas calles también se registraron encharcamientos que provocaron el retraso de la circulación, y que algunos vehículos se quedaran varados.
Fue alrededor de las 14:00 horas cuando la tormenta inició en la salida sur de la ciudad, provocando el estancamiento del tráfico debido a la intensidad de la precipitación.
Asimismo, provocó que del cerro que se ubica detrás del hotel parador del Marqués se deslavaran toneladas de lodo y piedras, que incluso bloquearon la lateral oriente del bulevar Vicente Guerrero, a la altura del puente vehicular sur.
En tanto, la tormenta en cuestión de minutos inundó los carriles del tramo sur-norte del bulevar Chilpancingo-Petaquillas, provocando la interrupción momentánea de vehículos compactos.
Desde el punto conocido como “la avioneta” hasta prácticamente la incorporación a la Autopista del Sol, los dos carriles estaban anegados con el agua de lluvia.
Incluso, las obras de drenaje pluvial que recientemente se construyeron en el comienzo de ese bulevar, fueron insuficientes para captar el agua que se precipitó en cuestión de minutos.
También en los carriles rápidos del bulevar Vicente Guerrero se registraron inundaciones, sobre todo en la parte inferior de las rampas de los puentes, así como en el carril derecho.
De acuerdo a Protección Civil estatal, la precipitación registrada la tarde de ayer fue de 102 milimetros, de acuerdo al reporte de la instalación climatológica instalada en las oficinas de esa subsecretaría.
Sin embargo, su titular, Nubia Sáyago González informó que de acuerdo a los reportes, en la zona sur la precipitación fue mayor, en tanto que en la parte norte de la ciudad apenas llegó a los 20 milímetros.
Las laterales del bulevar Vicente Guerrero, tramos de los carriles centrales, así como los carriles de la sección sur-norte del bulevar Chilpancingo-Petaquillas se inundaron debido a la torrencial lluvia que cayó la tarde de ayer.
En tanto que en diversas calles también se registraron encharcamientos que provocaron el retraso de la circulación, y que algunos vehículos se quedaran varados.
Fue alrededor de las 14:00 horas cuando la tormenta inició en la salida sur de la ciudad, provocando el estancamiento del tráfico debido a la intensidad de la precipitación.
Asimismo, provocó que del cerro que se ubica detrás del hotel parador del Marqués se deslavaran toneladas de lodo y piedras, que incluso bloquearon la lateral oriente del bulevar Vicente Guerrero, a la altura del puente vehicular sur.
En tanto, la tormenta en cuestión de minutos inundó los carriles del tramo sur-norte del bulevar Chilpancingo-Petaquillas, provocando la interrupción momentánea de vehículos compactos.
Desde el punto conocido como “la avioneta” hasta prácticamente la incorporación a la Autopista del Sol, los dos carriles estaban anegados con el agua de lluvia.
Incluso, las obras de drenaje pluvial que recientemente se construyeron en el comienzo de ese bulevar, fueron insuficientes para captar el agua que se precipitó en cuestión de minutos.
También en los carriles rápidos del bulevar Vicente Guerrero se registraron inundaciones, sobre todo en la parte inferior de las rampas de los puentes, así como en el carril derecho.
De acuerdo a Protección Civil estatal, la precipitación registrada la tarde de ayer fue de 102 milimetros, de acuerdo al reporte de la instalación climatológica instalada en las oficinas de esa subsecretaría.
Sin embargo, su titular, Nubia Sáyago González informó que de acuerdo a los reportes, en la zona sur la precipitación fue mayor, en tanto que en la parte norte de la ciudad apenas llegó a los 20 milímetros.
Pretenden crear nueva Ley de Educación
Antonio Jiménez Gómez
En los 14 meses que le restan a la actual 58 Legislatura, se promulgará una nueva Ley General de Educación, para suplir a la vigente desde 1994 y que sólo es una copia de la norma vigente a nivel federal, afirmó el diputado local Fernando Pineda Ménez.
El presidente de la Comisión de Educación del Congreso local indicó que el tiempo que le resta es suficiente para que se pueda elaborar, presentar, discutir y aprobar una nueva ley en la materia, que venga a cubrir lagunas y acabar con problemas que existen actualmente.
El legislador local estableció que desde hace 13 años, a esa norma no se le han hecho reformas de fondo que permitan adaptarla a los problemas que enfrenta el sector en Guerrero.
Por ello, dijo que actualmente en la mesa temática de educación, investigación y cultura del proceso de reforma política, ya se está trabajando para consolidar un nuevo proyecto de ley.
Indicó que actualmente ya se terminó la fase de análisis de diversos trabajos de investigación y diagnóstico, y que a partir de la próxima semana se iniciarán los foros de consulta en siete ciudades del estado.
De esa forma, Pineda Ménez indicó que para diciembre del presente año se espera tener el anteproyecto de ley de Educación, para que sea sometida a la discusión y análisis de los sectores involucrados, y se pueda aprobar antes de que concluya la actual Legislatura.
El presidente de la Comisión de Educación aceptó que en ese trabajo de elaboración de la nueva legislación en la materia, el sindicato magisterial podría jugar un papel controvertido y posiblemente hasta contrario a los trabajos.
Sin embargo, indicó que por ello se pretende realizar un trabajo incluyente y amplio de consulta, para que al momento de que se integre el proyecto ningún sector se diga desplazado.
En los 14 meses que le restan a la actual 58 Legislatura, se promulgará una nueva Ley General de Educación, para suplir a la vigente desde 1994 y que sólo es una copia de la norma vigente a nivel federal, afirmó el diputado local Fernando Pineda Ménez.
El presidente de la Comisión de Educación del Congreso local indicó que el tiempo que le resta es suficiente para que se pueda elaborar, presentar, discutir y aprobar una nueva ley en la materia, que venga a cubrir lagunas y acabar con problemas que existen actualmente.
El legislador local estableció que desde hace 13 años, a esa norma no se le han hecho reformas de fondo que permitan adaptarla a los problemas que enfrenta el sector en Guerrero.
Por ello, dijo que actualmente en la mesa temática de educación, investigación y cultura del proceso de reforma política, ya se está trabajando para consolidar un nuevo proyecto de ley.
Indicó que actualmente ya se terminó la fase de análisis de diversos trabajos de investigación y diagnóstico, y que a partir de la próxima semana se iniciarán los foros de consulta en siete ciudades del estado.
De esa forma, Pineda Ménez indicó que para diciembre del presente año se espera tener el anteproyecto de ley de Educación, para que sea sometida a la discusión y análisis de los sectores involucrados, y se pueda aprobar antes de que concluya la actual Legislatura.
El presidente de la Comisión de Educación aceptó que en ese trabajo de elaboración de la nueva legislación en la materia, el sindicato magisterial podría jugar un papel controvertido y posiblemente hasta contrario a los trabajos.
Sin embargo, indicó que por ello se pretende realizar un trabajo incluyente y amplio de consulta, para que al momento de que se integre el proyecto ningún sector se diga desplazado.
Simula gobierno estatal con transparencia
Antonio Jiménez Gómez
A pesar de que el Gobierno de Guerrero pregona que cumple con la transparencia y la rendición de cuentas, de 15 instituciones que lo integran en su nivel central, sólo dos cuentan con expedientes actualizados por lo menos a junio en lo relativo a la información pública obligatoria.
La revisión hecha al apartado en la página de internet del Gobierno de Guerrero con el que supuestamente da cumplimiento a lo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, confirmó que dos dependencias no tienen nada en sus respectivas páginas.
Se trata de las secretarias de Salud y General de Gobierno, las que al ingresar a su sitio virtual aparece una página en blanco. De la de Salud, ya van varios meses en esa situación, en tanto que de la segunda dependencia es la primera vez que aparece vacía su página.
En contraparte, quien tiene más actualizados los archivos obligatorios son la Procuraduría General de Justicia estatal y la Secretaría del Medio Ambiente.
La Secretaría de Finanzas y Administración aún no da a conocer en su página de internet, el informe cuatrimestral del ejercicio presupuestal 2007, a pesar de que su titular se había comprometido semanas atrás a hacer pública esa información. Incluso, ni siquiera aparece el Presupuesto de Egresos del presente año.
La última actualización del sitio fue el 30 de marzo de 2007, es decir, hace casi cuatro meses.
En tanto que desde hace nueve meses, la Secretaría de Desarrollo Urbano no actualiza su sitio de internet relativo a la Información Pública Obligatoria que debe poner a disposición de cualquier ciudadano.
Por su parte, la información de la Secretaría Particular fue actualizada el 26 de septiembre de 2006; es decir, hace 10 meses.
En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública, aún cuando el último reporte de actualización que se aplicó a todos los conceptos data del 19 de junio de 2007, lo cierto es que sus archivos son obsoletos. Por ejemplo, habla sobre el ejercicio presupuestal de 2006 y su aplicación, pero no hay nada respecto al 2007.
Por su parte, la Secretaría de Educación también tiene atrasada la actualización de sus expedientes relativos a la información pública obligatoria.
Lo más reciente es el informe sobre el ejercicio de 100 millones de pesos en obras, tema por el que hay una orden de auditoria por parte del Congreso local debido a presuntas irregularidades detectadas en la asignación de contratos.
De ahí en adelante, la mayor parte de los archivos fueron actualizados en noviembre de 2006. incluso, en el apartado de auditorías, se hace mención a las revisiones hechas a la SEG pero sólo durante el primer trimestre de 2006; es decir, hace más de un año.
Sin embargo, del reporte entregado por la propia Auditoría Int4erna, no se hace mención al número de observaciones realizadas ni tampoco a su seguimiento.
La Secretaría de Desarrollo Económico también tiene su información actualizada a noviembre del año pasado, en tanto que la de Desarrollo Rural sólo tiene actualizado el directorio de servidores públicos.
La que si cumple es la secretaría de Medio Ambiente, que tiene sus expedientes actualizados a junio del presente año, en tanto que la procuraduría General de Justicia, tiene su actualización a julio del presente año.
En la de Asuntos Indígenas, ni siquiera se tomaron la molestia de ponerle fecha a sus archivos, lo mismo ocurre en las secretarías de la Juventud y de la Mujer.
Sin embargo, en esta última dependencia, se aporta un informe actualizado a junio del presente año sobre la atención que brindó la Procuraduría de Defensa de los Derechos de la Mujer.
A pesar de que el Gobierno de Guerrero pregona que cumple con la transparencia y la rendición de cuentas, de 15 instituciones que lo integran en su nivel central, sólo dos cuentan con expedientes actualizados por lo menos a junio en lo relativo a la información pública obligatoria.
La revisión hecha al apartado en la página de internet del Gobierno de Guerrero con el que supuestamente da cumplimiento a lo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, confirmó que dos dependencias no tienen nada en sus respectivas páginas.
Se trata de las secretarias de Salud y General de Gobierno, las que al ingresar a su sitio virtual aparece una página en blanco. De la de Salud, ya van varios meses en esa situación, en tanto que de la segunda dependencia es la primera vez que aparece vacía su página.
En contraparte, quien tiene más actualizados los archivos obligatorios son la Procuraduría General de Justicia estatal y la Secretaría del Medio Ambiente.
La Secretaría de Finanzas y Administración aún no da a conocer en su página de internet, el informe cuatrimestral del ejercicio presupuestal 2007, a pesar de que su titular se había comprometido semanas atrás a hacer pública esa información. Incluso, ni siquiera aparece el Presupuesto de Egresos del presente año.
La última actualización del sitio fue el 30 de marzo de 2007, es decir, hace casi cuatro meses.
En tanto que desde hace nueve meses, la Secretaría de Desarrollo Urbano no actualiza su sitio de internet relativo a la Información Pública Obligatoria que debe poner a disposición de cualquier ciudadano.
Por su parte, la información de la Secretaría Particular fue actualizada el 26 de septiembre de 2006; es decir, hace 10 meses.
En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública, aún cuando el último reporte de actualización que se aplicó a todos los conceptos data del 19 de junio de 2007, lo cierto es que sus archivos son obsoletos. Por ejemplo, habla sobre el ejercicio presupuestal de 2006 y su aplicación, pero no hay nada respecto al 2007.
Por su parte, la Secretaría de Educación también tiene atrasada la actualización de sus expedientes relativos a la información pública obligatoria.
Lo más reciente es el informe sobre el ejercicio de 100 millones de pesos en obras, tema por el que hay una orden de auditoria por parte del Congreso local debido a presuntas irregularidades detectadas en la asignación de contratos.
De ahí en adelante, la mayor parte de los archivos fueron actualizados en noviembre de 2006. incluso, en el apartado de auditorías, se hace mención a las revisiones hechas a la SEG pero sólo durante el primer trimestre de 2006; es decir, hace más de un año.
Sin embargo, del reporte entregado por la propia Auditoría Int4erna, no se hace mención al número de observaciones realizadas ni tampoco a su seguimiento.
La Secretaría de Desarrollo Económico también tiene su información actualizada a noviembre del año pasado, en tanto que la de Desarrollo Rural sólo tiene actualizado el directorio de servidores públicos.
La que si cumple es la secretaría de Medio Ambiente, que tiene sus expedientes actualizados a junio del presente año, en tanto que la procuraduría General de Justicia, tiene su actualización a julio del presente año.
En la de Asuntos Indígenas, ni siquiera se tomaron la molestia de ponerle fecha a sus archivos, lo mismo ocurre en las secretarías de la Juventud y de la Mujer.
Sin embargo, en esta última dependencia, se aporta un informe actualizado a junio del presente año sobre la atención que brindó la Procuraduría de Defensa de los Derechos de la Mujer.
lunes, julio 09, 2007
Sigue en la “congeladora” ley
De justicia para adolescentes
Antonio Jiménez Gómez
A diez meses de que debió haber entrado en vigor la Ley de Justicia para Adolescentes en Guerrero, debido a la conclusión del periodo constitucional previsto, la iniciativa local aún sigue en la congeladora legislativa.
Aún cuando mañana se realizará un periodo extraordinario de sesiones, en la agenda no se abordará esta iniciativa de ley, a la cual le falta sólo la segunda lectura para ser aprobada.
De acuerdo a la reforma aprobada al artículo 18 Constitucional, se obliga a los estados del país a crear su propio sistema de justicia para adolescentes antes del 14 de septiembre, a fin de ajustarla a la aprobación de presupuestos.
La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2005, establece que el sistema de justicia para adolescentes será aplicable en la Federación, los estados y el Distrito Federal, “a quienes se atribuya la realización de alguna conducta tipificada como delito por las leyes penales y que tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad”.
Las personas menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como delito, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social, establece el texto de la reforma.
Sin embargo, transcurrió septiembre, la discusión del presupuesto de Egresos para el presente año, y no se consideró ni legal ni financieramente la operación de dicha reforma legal.
Al respecto, tanto los poderes Legislativo como Judicial han mantenido una actitud de secrecía en cuanto a las razones reales por las cuales no ha prosperado la entrada en vigor de dicha reforma, que para el caso de Guerrero fue aprobada en lo general por la Comisión de Justicia y presentada el pleno del Congreso local.
Sin embargo, sólo se le dio primera lectura y a partir de ahí el trámite fue suspendido, de forma tal que prácticamente al concluir el segundo año de la actual legislatura no hay indicios de que pueda ser discutida y en su caso aprobada por el pleno.
UNA HISTORIA DE RESISTENCIAS
Desde el 18 de agosto del año pasado –hace casi un año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón, anunció que se propondría la transformación integral del sistema de justicia para menores de edad, que incluirá la creación de juzgados especiales para ese sector de la población.
Ello para que se tuvieran mayores garantías de respeto a sus derechos y que sus casos sean tratados por especialistas del Poder Judicial y no por funcionarios administrativos que desconocen las leyes, como ocurre en la actualidad.
Sin embargo, aclaró en ese momento que sería el Congreso local el que valoraría si desaparece el Consejo Tutelar, y se crean defensores, ministerios públicos, jueces y magistrados especializados en juicios de adolescentes.
Para el 12 de septiembre, se realizó una reunión en la que participaron representantes de los tres poderes, así como de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
En esa ocasión, Román Pinzón informó que apenas se estaba realizando el cálculo de lo que le costará a esa instancia crear una red de jueces y personal que permita cumplir con esa reforma constitucional.
Román Pinzón confió en que en el presupuesto del próximo año, los diputados aprueben recursos adicionales para financiar el costo que tendrá poner en marcha el sistema de justicia para personas de 14 a 18 años de edad, y que sustituirá al sistema tutelar que opera actualmente.
Sin embargo, en ese momento se admitió por parte de los representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial que faltaba la profesionalización del personal de diversas instituciones responsable de cumplir con dicha reforma.
En contraste, cinco días después, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Cortés Badillo, daba a conocer que el Albergue Tutelar para Menores de Chilpancingo ya había sido remodelado para adaptarlo a las condiciones que planteaba la reforma constitucional que entró en vigor a nivel federal, para la creación de un sistema de justicia para adolescentes.
Agregó que con el propósito de cumplir con las especificaciones que marca dicha reforma, se invirtieron más de 2.3 millones de pesos en hacer más seguras las instalaciones, con trabajos que incluyeron la creación de espacios para que ahí laboren los jueces instructores y los ejecutores de sentencias, agentes del Ministerio Público y defensores de oficio especializados.
Y señaló que con la entrada en vigor de la reforma constitucional, el 12 de marzo de 2006, desde ese momento la Secretaría de Seguridad Pública previó iniciar los trabajos de acondicionamiento del hasta ahora albergue tutelar de Chilpancingo.
Sin embargo, a diez meses de que debió haber entrado en vigor la ley, el Poder Judicial informa que se está llevando a cabo la preparación profesional del personal que atenderá los casos de adolescentes infractores.
Sin embargo, el Congreso local se encuentra en un periodo de receso, por lo que los trabajos legislativos habituales iniciarán hasta el próximo mes de diciembre, cuando cumpla un año la obligatoriedad constitucional.
De acuerdo a la Comision Nacional de Derechos Humanos, el de Guerrero es uno de los tres Congresos estatales que ha evadido el cumplimiento de esa reforma constitucional.
De justicia para adolescentes
Antonio Jiménez Gómez
A diez meses de que debió haber entrado en vigor la Ley de Justicia para Adolescentes en Guerrero, debido a la conclusión del periodo constitucional previsto, la iniciativa local aún sigue en la congeladora legislativa.
Aún cuando mañana se realizará un periodo extraordinario de sesiones, en la agenda no se abordará esta iniciativa de ley, a la cual le falta sólo la segunda lectura para ser aprobada.
De acuerdo a la reforma aprobada al artículo 18 Constitucional, se obliga a los estados del país a crear su propio sistema de justicia para adolescentes antes del 14 de septiembre, a fin de ajustarla a la aprobación de presupuestos.
La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2005, establece que el sistema de justicia para adolescentes será aplicable en la Federación, los estados y el Distrito Federal, “a quienes se atribuya la realización de alguna conducta tipificada como delito por las leyes penales y que tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad”.
Las personas menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como delito, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social, establece el texto de la reforma.
Sin embargo, transcurrió septiembre, la discusión del presupuesto de Egresos para el presente año, y no se consideró ni legal ni financieramente la operación de dicha reforma legal.
Al respecto, tanto los poderes Legislativo como Judicial han mantenido una actitud de secrecía en cuanto a las razones reales por las cuales no ha prosperado la entrada en vigor de dicha reforma, que para el caso de Guerrero fue aprobada en lo general por la Comisión de Justicia y presentada el pleno del Congreso local.
Sin embargo, sólo se le dio primera lectura y a partir de ahí el trámite fue suspendido, de forma tal que prácticamente al concluir el segundo año de la actual legislatura no hay indicios de que pueda ser discutida y en su caso aprobada por el pleno.
UNA HISTORIA DE RESISTENCIAS
Desde el 18 de agosto del año pasado –hace casi un año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón, anunció que se propondría la transformación integral del sistema de justicia para menores de edad, que incluirá la creación de juzgados especiales para ese sector de la población.
Ello para que se tuvieran mayores garantías de respeto a sus derechos y que sus casos sean tratados por especialistas del Poder Judicial y no por funcionarios administrativos que desconocen las leyes, como ocurre en la actualidad.
Sin embargo, aclaró en ese momento que sería el Congreso local el que valoraría si desaparece el Consejo Tutelar, y se crean defensores, ministerios públicos, jueces y magistrados especializados en juicios de adolescentes.
Para el 12 de septiembre, se realizó una reunión en la que participaron representantes de los tres poderes, así como de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
En esa ocasión, Román Pinzón informó que apenas se estaba realizando el cálculo de lo que le costará a esa instancia crear una red de jueces y personal que permita cumplir con esa reforma constitucional.
Román Pinzón confió en que en el presupuesto del próximo año, los diputados aprueben recursos adicionales para financiar el costo que tendrá poner en marcha el sistema de justicia para personas de 14 a 18 años de edad, y que sustituirá al sistema tutelar que opera actualmente.
Sin embargo, en ese momento se admitió por parte de los representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial que faltaba la profesionalización del personal de diversas instituciones responsable de cumplir con dicha reforma.
En contraste, cinco días después, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Cortés Badillo, daba a conocer que el Albergue Tutelar para Menores de Chilpancingo ya había sido remodelado para adaptarlo a las condiciones que planteaba la reforma constitucional que entró en vigor a nivel federal, para la creación de un sistema de justicia para adolescentes.
Agregó que con el propósito de cumplir con las especificaciones que marca dicha reforma, se invirtieron más de 2.3 millones de pesos en hacer más seguras las instalaciones, con trabajos que incluyeron la creación de espacios para que ahí laboren los jueces instructores y los ejecutores de sentencias, agentes del Ministerio Público y defensores de oficio especializados.
Y señaló que con la entrada en vigor de la reforma constitucional, el 12 de marzo de 2006, desde ese momento la Secretaría de Seguridad Pública previó iniciar los trabajos de acondicionamiento del hasta ahora albergue tutelar de Chilpancingo.
Sin embargo, a diez meses de que debió haber entrado en vigor la ley, el Poder Judicial informa que se está llevando a cabo la preparación profesional del personal que atenderá los casos de adolescentes infractores.
Sin embargo, el Congreso local se encuentra en un periodo de receso, por lo que los trabajos legislativos habituales iniciarán hasta el próximo mes de diciembre, cuando cumpla un año la obligatoriedad constitucional.
De acuerdo a la Comision Nacional de Derechos Humanos, el de Guerrero es uno de los tres Congresos estatales que ha evadido el cumplimiento de esa reforma constitucional.
Implementan medidas
Sanitario en Chilapa
Antonio Jiménez Gómez
Ante el riego sanitario derivado del arrastre de animales y desechos orgánicos durante el desbordamiento del río Ajolotero, en Chilapa, trabajadores de la Secretaría de Salud implementaron un “cerco sanitario”.
Desde la mañana de ayer, personal de esa dependencia se presentó en la zona arrasada por la corriente desde la noche del sábado pasado, para implementar acciones de saneamiento y control de vectores de enfermedades.
A dos días de que una tormenta local provocó que el río que atraviesa Chilapa se desbordara, Protección Civil estatal confirmó que sólo 88 viviendas sufrieron daños por inundaciones, principalmente pérdida de enseres domésticos, en tanto que cuatro más registraron daños estructurales.
Sin embargo, la preocupación de las autoridades locales y estatales se centró ayer en la implementación de medidas para evitar cualquier foco infeccioso, derivado de la muerte de animales, y los lodos y aguas que todavía invadían ayer hogares y vialidades.
Una amplia zona de la ciudad, ubicada en los alrededores del cauce del Ajolotero sufrió los estragos de la inundación, ocurrida desde la noche del sábado. Y a pesar de que las labores de limpieza se realizaron domingo y lunes, hasta ayer permanecía el riesgo de que se pudieran generar problemas de salud pública por la contaminación derivada de las secuelas del desbordamiento.
Ayer, personal de Protección Civil estatal y del ayuntamiento de Chilpancingo continuaron las labores de evaluación de daños y limpieza de lugares públicos y viviendas.
En tanto que ante la posibilidad de un brote de dengue o de otro tipo de enfermedades, debido a la presencia de animales muertos que fueron arrastrados por la corriente, personal de vectores y de la jurisdicción sanitaria implementaron medidas de contención y de saneamiento.
Sanitario en Chilapa
Antonio Jiménez Gómez
Ante el riego sanitario derivado del arrastre de animales y desechos orgánicos durante el desbordamiento del río Ajolotero, en Chilapa, trabajadores de la Secretaría de Salud implementaron un “cerco sanitario”.
Desde la mañana de ayer, personal de esa dependencia se presentó en la zona arrasada por la corriente desde la noche del sábado pasado, para implementar acciones de saneamiento y control de vectores de enfermedades.
A dos días de que una tormenta local provocó que el río que atraviesa Chilapa se desbordara, Protección Civil estatal confirmó que sólo 88 viviendas sufrieron daños por inundaciones, principalmente pérdida de enseres domésticos, en tanto que cuatro más registraron daños estructurales.
Sin embargo, la preocupación de las autoridades locales y estatales se centró ayer en la implementación de medidas para evitar cualquier foco infeccioso, derivado de la muerte de animales, y los lodos y aguas que todavía invadían ayer hogares y vialidades.
Una amplia zona de la ciudad, ubicada en los alrededores del cauce del Ajolotero sufrió los estragos de la inundación, ocurrida desde la noche del sábado. Y a pesar de que las labores de limpieza se realizaron domingo y lunes, hasta ayer permanecía el riesgo de que se pudieran generar problemas de salud pública por la contaminación derivada de las secuelas del desbordamiento.
Ayer, personal de Protección Civil estatal y del ayuntamiento de Chilpancingo continuaron las labores de evaluación de daños y limpieza de lugares públicos y viviendas.
En tanto que ante la posibilidad de un brote de dengue o de otro tipo de enfermedades, debido a la presencia de animales muertos que fueron arrastrados por la corriente, personal de vectores y de la jurisdicción sanitaria implementaron medidas de contención y de saneamiento.
Exigen a federación auditoria especial en Taxco
Antonio Jiménez Gómez
Regidores del ayuntamiento de Taxco enviaron a la Secretaría de la Función Pública una denuncia en torno a las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de filiación panista, Ramiro Jaimez Gómez.
Los inconformes demandaron al gobierno federal y al del estado, que se apliquen auditorías especiales a las finanzas del ayuntamiento, para determinar en qué se están gastando los recursos presupuestales desde hace año y medio.
En un escrito enviado a la Presidencia de la República y a dicha dependencia federal, los perredistas Hugo Figueroa Ocampo, María del Carmen Toledo Lagunas y Rubén González Vázquez, y los priistas Víctor Lagunas Cabrera, Alejandra Gómez Zagal y Domingo Salvador García Jaimez, denuncian el caos administrativo que impera al interior del ayuntamiento.
Los regidores manifiestan su “total inconformidad por la forma de conducir los destinos de nuestro municipio del C. Ramiro Jaimez Gómez, presidente municipal”.
Acusan al alcalde panista de estar en contubernio con los regidores de su partido para mayoritear las propuestas que hacen en las sesiones del cabildo, lo que está provocando un caos que convierte a la actual en la peor administración municipal que ha tenido Taxco en los últimos años.
El oficio, signado por los inconformes fue fechado en Taxco desde el pasado 14 de junio, y tiene el sello de recibido de la Oficina del Secretario de la Función Pública con fecha 4 de julio del presente año.
En él, los regidores denuncian el retraso en el pago de dos meses de salarios y la totalidad de los aguinaldos a todo el personal de confianza del gobierno municipal.
“Primero, argumentando que las participaciones federales no le habían sido entregadas en tiempo y forma, tratando de echarle la culpa al gobernador del estado... Cuando su argumento se vino abajo, sistemáticamente ha tratado de culpar a la administración anterior”, argumentan los regidores de PRI y PRD.
Asimismo, critican las declaraciones del alcalde en el sentido de que los recursos del ayuntamiento se han destinado al pago de la deuda institucional heredada por la anterior administración, a pesar de que existen documentos que prueban lo contrario.
Por ello, acusan que hasta el momento Jaimez Gómez no ha demostrado en que se gastan los ingresos del municipio a pesar de que ya se encuentra a la mitad de su administración.
En el texto de la denuncia, los regidores rescatan la controvertida autorización otorgada por el alcalde de Taxco para la construcción de un centro comercial, que “ha destruido totalmente la fisonomía” de esa ciudad.
Agregan que ahora, Ramiro Jaimez pretende quitar el empedrado de algunas de las principales calles de esa ciudad colonial “poniéndoles cemento hidráulico, lo que vendría a quitarle el poco atractivo que aún guarda”, lo cual fue planteado en una sesión de cabildo y fue rechazado por los inconformes.
Agregan que ante la propuesta de que se cobrara a los hoteles el impuesto predial para capitalizar al ayuntamiento, el alcalde se negó argumentando que ese tipo de negocios proporcionaban servicios al gobierno municipal.
De paso, denuncian que en esa ciudad se han incrementado los niveles de inseguridad y delincuencia, y que el alcalde protege a los altos mandos de la policía local, quienes han sido acusados de negligencia, abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos, al grado de que el Congreso local tuvo que intervenir al respecto.
De acuerdo a los regidores, la solicitud de auditoría especial por parte de los gobiernos federal y estatal a la administración taxqueña, fue acompañada por fotografías y documentación, por lo que exigieron un “rápido esclarecimiento de los problemas existentes”.
Antonio Jiménez Gómez
Regidores del ayuntamiento de Taxco enviaron a la Secretaría de la Función Pública una denuncia en torno a las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de filiación panista, Ramiro Jaimez Gómez.
Los inconformes demandaron al gobierno federal y al del estado, que se apliquen auditorías especiales a las finanzas del ayuntamiento, para determinar en qué se están gastando los recursos presupuestales desde hace año y medio.
En un escrito enviado a la Presidencia de la República y a dicha dependencia federal, los perredistas Hugo Figueroa Ocampo, María del Carmen Toledo Lagunas y Rubén González Vázquez, y los priistas Víctor Lagunas Cabrera, Alejandra Gómez Zagal y Domingo Salvador García Jaimez, denuncian el caos administrativo que impera al interior del ayuntamiento.
Los regidores manifiestan su “total inconformidad por la forma de conducir los destinos de nuestro municipio del C. Ramiro Jaimez Gómez, presidente municipal”.
Acusan al alcalde panista de estar en contubernio con los regidores de su partido para mayoritear las propuestas que hacen en las sesiones del cabildo, lo que está provocando un caos que convierte a la actual en la peor administración municipal que ha tenido Taxco en los últimos años.
El oficio, signado por los inconformes fue fechado en Taxco desde el pasado 14 de junio, y tiene el sello de recibido de la Oficina del Secretario de la Función Pública con fecha 4 de julio del presente año.
En él, los regidores denuncian el retraso en el pago de dos meses de salarios y la totalidad de los aguinaldos a todo el personal de confianza del gobierno municipal.
“Primero, argumentando que las participaciones federales no le habían sido entregadas en tiempo y forma, tratando de echarle la culpa al gobernador del estado... Cuando su argumento se vino abajo, sistemáticamente ha tratado de culpar a la administración anterior”, argumentan los regidores de PRI y PRD.
Asimismo, critican las declaraciones del alcalde en el sentido de que los recursos del ayuntamiento se han destinado al pago de la deuda institucional heredada por la anterior administración, a pesar de que existen documentos que prueban lo contrario.
Por ello, acusan que hasta el momento Jaimez Gómez no ha demostrado en que se gastan los ingresos del municipio a pesar de que ya se encuentra a la mitad de su administración.
En el texto de la denuncia, los regidores rescatan la controvertida autorización otorgada por el alcalde de Taxco para la construcción de un centro comercial, que “ha destruido totalmente la fisonomía” de esa ciudad.
Agregan que ahora, Ramiro Jaimez pretende quitar el empedrado de algunas de las principales calles de esa ciudad colonial “poniéndoles cemento hidráulico, lo que vendría a quitarle el poco atractivo que aún guarda”, lo cual fue planteado en una sesión de cabildo y fue rechazado por los inconformes.
Agregan que ante la propuesta de que se cobrara a los hoteles el impuesto predial para capitalizar al ayuntamiento, el alcalde se negó argumentando que ese tipo de negocios proporcionaban servicios al gobierno municipal.
De paso, denuncian que en esa ciudad se han incrementado los niveles de inseguridad y delincuencia, y que el alcalde protege a los altos mandos de la policía local, quienes han sido acusados de negligencia, abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos, al grado de que el Congreso local tuvo que intervenir al respecto.
De acuerdo a los regidores, la solicitud de auditoría especial por parte de los gobiernos federal y estatal a la administración taxqueña, fue acompañada por fotografías y documentación, por lo que exigieron un “rápido esclarecimiento de los problemas existentes”.
Que la federación deje de burlarse de Guerrero:
Proponen diputados no pagar
Peaje en la Autopista del Sol
Antonio Jiménez Gómez
Diputados locales calificaron como una burla las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sentido de que la Autopista del Sol se encuentra en buenas condiciones, y amagaron con respaldar medidas de presión al gobierno federal para que apure los trabajos de reconstrucción.
El diputado Fernando Donoso Pérez declaró que “es una grave inmoralidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Capufe el estado en el que tienen la Autopista del Sol, y sobre todo cobrar el peaje en una carretera que raya en los extremos del peligro y de la inseguridad”.
El perredista dijo que a pesar de las constantes reuniones que se ha tenido como Congreso local con Capufe y la SCT, y los constantes exhortos que se han emitido, no se ha logrado más que un pequeño descuento en el pago del peaje.
“De por sí, si la carretera estuviera en buen estado, las tarifas son exageradas. Pero ya no podemos permitir que se siga cobrando y que la federación se siga riendo de los guerrerenses”, acotó.
Y agregó que se debe repensar la necesidad de asumir posiciones más drásticas y urgentes, como la suspensión del pago de las casetas hasta que se concluya la reparación real de la autopista y no sólo un maquillaje.
La diputada Rossana Mora Patiño también propuso que se suspenda el pago del peaje en la Autopista, porque a pesar de que han pasado años de reparaciones, esa vía sigue cada vez peor.
Y lo más preocupante, resaltó, es que el gobierno federal considera que no es su responsabilidad, en tanto que no hay ninguna garantía para quienes por ella circulan.
“¿A quién conviene este negocio? ¿Por qué la negligencia del gobierno federal? Porque sí se están embolsándose el dinero de las casetas, y no les importan los derrumbes y accidentes que ocurren”, comentó la también perredista.
“Esto no puede seguir así, porque la gente corre un gran riesgo. Hay que invitar a que se utilice mejor la carretera libre, porque no pasa nada por parte de Capufe. Hay una gran negligencia de las autoridades”, dijo Mora Patiño.
La diputada panista Jessica García Rojas dijo que aún cuando sea positivo que se realicen reparaciones a la vía de cuota, casi no hay patrullas que la resguarden, hay automovilistas que circulan a exceso de velocidad, y no hay la suficiente señalización en las zonas de obras.“Es reprobable que esta Legislatura local lleva año y medio exigiendo que se terminen las reparaciones, exigiendo señalización, exigiendo mayor calidad, exigiendo la revisión del cobro. Y la respuesta del gobierno federal no ha sido la deseada. Hay que exigirle, pero a través de las instancias legales y no con la toma de casetas que en nada ayuda”, remató.
Proponen diputados no pagar
Peaje en la Autopista del Sol
Antonio Jiménez Gómez
Diputados locales calificaron como una burla las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sentido de que la Autopista del Sol se encuentra en buenas condiciones, y amagaron con respaldar medidas de presión al gobierno federal para que apure los trabajos de reconstrucción.
El diputado Fernando Donoso Pérez declaró que “es una grave inmoralidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Capufe el estado en el que tienen la Autopista del Sol, y sobre todo cobrar el peaje en una carretera que raya en los extremos del peligro y de la inseguridad”.
El perredista dijo que a pesar de las constantes reuniones que se ha tenido como Congreso local con Capufe y la SCT, y los constantes exhortos que se han emitido, no se ha logrado más que un pequeño descuento en el pago del peaje.
“De por sí, si la carretera estuviera en buen estado, las tarifas son exageradas. Pero ya no podemos permitir que se siga cobrando y que la federación se siga riendo de los guerrerenses”, acotó.
Y agregó que se debe repensar la necesidad de asumir posiciones más drásticas y urgentes, como la suspensión del pago de las casetas hasta que se concluya la reparación real de la autopista y no sólo un maquillaje.
La diputada Rossana Mora Patiño también propuso que se suspenda el pago del peaje en la Autopista, porque a pesar de que han pasado años de reparaciones, esa vía sigue cada vez peor.
Y lo más preocupante, resaltó, es que el gobierno federal considera que no es su responsabilidad, en tanto que no hay ninguna garantía para quienes por ella circulan.
“¿A quién conviene este negocio? ¿Por qué la negligencia del gobierno federal? Porque sí se están embolsándose el dinero de las casetas, y no les importan los derrumbes y accidentes que ocurren”, comentó la también perredista.
“Esto no puede seguir así, porque la gente corre un gran riesgo. Hay que invitar a que se utilice mejor la carretera libre, porque no pasa nada por parte de Capufe. Hay una gran negligencia de las autoridades”, dijo Mora Patiño.
La diputada panista Jessica García Rojas dijo que aún cuando sea positivo que se realicen reparaciones a la vía de cuota, casi no hay patrullas que la resguarden, hay automovilistas que circulan a exceso de velocidad, y no hay la suficiente señalización en las zonas de obras.“Es reprobable que esta Legislatura local lleva año y medio exigiendo que se terminen las reparaciones, exigiendo señalización, exigiendo mayor calidad, exigiendo la revisión del cobro. Y la respuesta del gobierno federal no ha sido la deseada. Hay que exigirle, pero a través de las instancias legales y no con la toma de casetas que en nada ayuda”, remató.
domingo, julio 08, 2007
Se reportan daños en cientos de viviendas
Daños deja en Chilapa
Desbordamiento de río
Arrasa el torrente del Ajolotero con viviendas, negocios y enseres; bajo el lodo y basura una parte de la ciudad; instrumenta Protección Civil estatal y municipal operativo desde la noche del sábado
Antonio Jiménez Gómez
Daños en por lo menos 200 viviendas y 15 negocios que se ubican al margen del río Ajolotero, provocó el desbordamiento de ese afluente la noche del sábado y madrugada del domingo.
A pesar de que la corriente prácticamente barrió con varias calles y la inundación alcanzó los 25 centímetros, hasta el momento no se reportan pérdidas humanas ni heridos.
Debido a la intensidad de una tormenta que se registró la tarde-noche de ayer, el volumen del agua que captó el Ajolotero fue demasiado, al grado de que en algunos puntos se salió del cauce.
Incluso, fue tal la magnitud y fuerza del torrente que pasó por encima de uno de los puentes vehiculares que se encuentran sobre el margen, y arrancó de tajo un barandal.
De acuerdo a los primeros reportes de Protección Civil estatal, el cauce del Ajolotero estaba limpio, ya que no se encontró mucha basura a lo largo de la zona afectada.
Sin embargo, la corriente arrastró piedras, lodo y troncos, algunos de grandes dimensiones, que fueron los que provocaron que en algunos puntos del cauce se conformaron pequeñas represas que contribuyeron al desbordamiento.
Personal de Protección Civil estatal reportó el desbordamiento del afluente desde las diez de la noche del sábado 7 de julio, pero la corriente siguió afectando la ciudad durante las siguientes horas.
Hasta la tarde de ayer, el balance inicial de los daños señala afectaciones parciales en un centenar de viviendas ubicadas en seis colonias de Chilapa, como Xocomulco, Los Sauces, Zapata y Barrio de Villa, las que registraron principalmente pérdidas de enseres domésticos.
También hubo daños parciales en por lo menos 15 negocios, cuyas mercancías fueron echadas a perder por el lodo y el agua que se introdujo en los locales durante la noche.
LA EMERGENCIA
De acuerdo a fuentes consultadas del ayuntamiento de Chilapa y de la Subsecretaría de Protección Civil, fue alrededor de las ocho de la noche cuando se inició el desbordamiento del Ajolotero.
Ante la situación, Protección Civil municipal habilitó un albergue temporal y evacuó a decenas de familias, ante la posibilidad de que la tormenta continuara y se registraran mayores inundaciones.
En tanto que ante la emisión de la alerta de la autoridad municipal, personal de Protección Civil y de la Policía Preventiva estatales se trasladaron la misma noche del sábado a Chilapa para sumarse a las labores de apoyo a la población.
La noche para cientos de chilapeños fue larga y de incertidumbre, al ver que el lodo y el agua iba cubriendo los pisos de sus casas. Mientras tanto, en las inmediaciones del cauce, el estruendo que provocaba la corriente también generó miedo entre los pobladores.
El amanecer fue aciago para la población. En las calles aledañas al río quedaron muebles regados así como una densa capa de lodo que prácticamente hacía intransitables las vialidades.
Quienes acudieron al albergue regresaron a sus viviendas para darse cuenta de la magnitud de los daños, y de inmediato empezaron a trabajar para limpiar y rescatar lo que fuera posible.
En tanto, personal del gobierno estatal se abocó a limpiar los troncos y demás restos que se encontraban en el cauce para lograr que el agua corriera sin mayor obstáculo.
Hasta la tarde de ayer las labores de limpieza continuaban, así como autoridades estatales y municipales se organizaban para realizar un censo de las viviendas y el tipo de afectaciones que sufrieron.
Daños deja en Chilapa
Desbordamiento de río
Arrasa el torrente del Ajolotero con viviendas, negocios y enseres; bajo el lodo y basura una parte de la ciudad; instrumenta Protección Civil estatal y municipal operativo desde la noche del sábado
Antonio Jiménez Gómez
Daños en por lo menos 200 viviendas y 15 negocios que se ubican al margen del río Ajolotero, provocó el desbordamiento de ese afluente la noche del sábado y madrugada del domingo.
A pesar de que la corriente prácticamente barrió con varias calles y la inundación alcanzó los 25 centímetros, hasta el momento no se reportan pérdidas humanas ni heridos.
Debido a la intensidad de una tormenta que se registró la tarde-noche de ayer, el volumen del agua que captó el Ajolotero fue demasiado, al grado de que en algunos puntos se salió del cauce.
Incluso, fue tal la magnitud y fuerza del torrente que pasó por encima de uno de los puentes vehiculares que se encuentran sobre el margen, y arrancó de tajo un barandal.
De acuerdo a los primeros reportes de Protección Civil estatal, el cauce del Ajolotero estaba limpio, ya que no se encontró mucha basura a lo largo de la zona afectada.
Sin embargo, la corriente arrastró piedras, lodo y troncos, algunos de grandes dimensiones, que fueron los que provocaron que en algunos puntos del cauce se conformaron pequeñas represas que contribuyeron al desbordamiento.
Personal de Protección Civil estatal reportó el desbordamiento del afluente desde las diez de la noche del sábado 7 de julio, pero la corriente siguió afectando la ciudad durante las siguientes horas.
Hasta la tarde de ayer, el balance inicial de los daños señala afectaciones parciales en un centenar de viviendas ubicadas en seis colonias de Chilapa, como Xocomulco, Los Sauces, Zapata y Barrio de Villa, las que registraron principalmente pérdidas de enseres domésticos.
También hubo daños parciales en por lo menos 15 negocios, cuyas mercancías fueron echadas a perder por el lodo y el agua que se introdujo en los locales durante la noche.
LA EMERGENCIA
De acuerdo a fuentes consultadas del ayuntamiento de Chilapa y de la Subsecretaría de Protección Civil, fue alrededor de las ocho de la noche cuando se inició el desbordamiento del Ajolotero.
Ante la situación, Protección Civil municipal habilitó un albergue temporal y evacuó a decenas de familias, ante la posibilidad de que la tormenta continuara y se registraran mayores inundaciones.
En tanto que ante la emisión de la alerta de la autoridad municipal, personal de Protección Civil y de la Policía Preventiva estatales se trasladaron la misma noche del sábado a Chilapa para sumarse a las labores de apoyo a la población.
La noche para cientos de chilapeños fue larga y de incertidumbre, al ver que el lodo y el agua iba cubriendo los pisos de sus casas. Mientras tanto, en las inmediaciones del cauce, el estruendo que provocaba la corriente también generó miedo entre los pobladores.
El amanecer fue aciago para la población. En las calles aledañas al río quedaron muebles regados así como una densa capa de lodo que prácticamente hacía intransitables las vialidades.
Quienes acudieron al albergue regresaron a sus viviendas para darse cuenta de la magnitud de los daños, y de inmediato empezaron a trabajar para limpiar y rescatar lo que fuera posible.
En tanto, personal del gobierno estatal se abocó a limpiar los troncos y demás restos que se encontraban en el cauce para lograr que el agua corriera sin mayor obstáculo.
Hasta la tarde de ayer las labores de limpieza continuaban, así como autoridades estatales y municipales se organizaban para realizar un censo de las viviendas y el tipo de afectaciones que sufrieron.
Inicia AGE "caza" de alcaldes y ex alcaldes incumplidos
Antonio Jiménez Gómez
El auditor general del estado, Ignacio Rendón Romero, informó que los ex alcaldes que no han cumplido con la entrega de sus cuentas públicas podrían ser inhabilitados, en tanto que los actuales podrían ser sujetos de una revocación de mandato por el mismo motivo
Rendón Romero dio a conocer que ya envió al Congreso local una propuesta para que se analice la posibilidad de imponer sanciones que podrían llegar hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos, a ex alcaldes que no han cumplido con la entrega de cuentas públicas.
Asimismo, Rendón Romero informó que en el caso de los 13 ayuntamientos que actualmente no han enviado la cuenta pública correspondiente a 2006, no sólo se está planeando la inhabilitación de sus tesoreros.
Comentó que también se envió información a las comisiones de Vigilancia, Presupuesto e Instructora del Congreso local, para que se pueda iniciar un juicio de revocación de mandato en contra de los alcaldes por incumplir la ley de fiscalización.
Cabe agregar que hasta finales de junio, 51 ayuntamientos tampoco habían cumplido con la entrega del informe cuatrimestral 2007.
LOS EX ALCALDES
En el caso de los ex alcaldes, el auditor estatal indicó que la AGE no puede imponer directamente sanciones a los ex munícipes, ya que esa facultad le fue conferida a partir de la reforma a la Ley de Fiscalización realizada en 2006, por lo que será el Poder Legislativo el que tome la decisión al respecto.
Actualmente, a un año y medio de que concluyeron sus administraciones, 36 de 81 –casi la mitad-- ex alcaldes del periodo 2002-2005 no han terminado con la entrega de sus cuentas públicas.
De ese total, 14 no entregaron ningún documento comprobatorio de lo que fue el último año de su administración (2005), en tanto que los demás tienen por lo menos alguna auditoría cuatrimestral pendiente.
Ante ello, Rendón Romero indicó que ya se está proponiendo que se impongan sanciones, ya que ha transcurrido más de año y medio desde que terminaron las anteriores administraciones municipales
“En cuanto a los alcaldes, en una primera etapa, los que terminaron su periodo en noviembre de 2005, se ha requerido la presentación de su cuenta pública, en segunda instancia estamos enviando ya al Congreso del estado toda la información par que puedan ejercer las sanciones en contra de los incumplidos”, declaró en entrevista el titular del órgano fiscalizador.
El caso más grave que prevalece hasta la actualidad de incumplimiento de la Ley de Fiscalización es el de Tlacoapa, municipio ubicado en la región de la Montaña, que a la fecha debe cinco cuentas cuatrimestrales.
En tanto que Chilapa, Cualác, Eduardo Neri, San Luis Acatlán, Tetipac y Tlapehuala tienen pendiente de entregar cuatro informes de cómo ejercieron su presupuesto.
En la lista oficial de la Auditoría estatal, actualizada al 29 de junio del presente año, también se observa que los ex alcaldes de Ajuchitlán del Progreso, Atlixtac, Metlatónoc, Pedro Ascencio de Alquisiras, San Miguel Totolapan y Xalpatláhuac no han cumplido con la totalidad de las cuentas de 2005.
Mártir de Cuilapan, Zapotitlàn Tablas y Zitlala son ayuntamientos cuyos ex alcaldes tienen pendiente la entrega de tres cuentas, aún cuando en los dos últimos no son continuas.
Otros seis ex alcaldes deben las cuentas públicas correspondientes a los últimos siete meses de su administración, en tanto que 13 más no han concluido satisfactoriamente su periodo gubernamental porque tienen pendiente la entrega de un solo documento, el último de ellos.
Cabe comentar que en algunos de los casos que aún tienen cuentas pendientes con la AGE, los ex alcaldes son actualmente diputados locales.
Sin embargo, de acuerdo con el mismo órgano fiscalizador, hasta el momento ningún ex alcalde, principalmente los que enfrentan mayores irregularidades, ha sido sometido a algún procedimiento que los inhabilite para ocupar cargos públicos, derivado de su irresponsabilidad.
Sin embargo, Rendón Romero informó que ya se turnaron sus expedientes para que sea el propio Congreso quien determine las sanciones correspondientes.
Antonio Jiménez Gómez
El auditor general del estado, Ignacio Rendón Romero, informó que los ex alcaldes que no han cumplido con la entrega de sus cuentas públicas podrían ser inhabilitados, en tanto que los actuales podrían ser sujetos de una revocación de mandato por el mismo motivo
Rendón Romero dio a conocer que ya envió al Congreso local una propuesta para que se analice la posibilidad de imponer sanciones que podrían llegar hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos, a ex alcaldes que no han cumplido con la entrega de cuentas públicas.
Asimismo, Rendón Romero informó que en el caso de los 13 ayuntamientos que actualmente no han enviado la cuenta pública correspondiente a 2006, no sólo se está planeando la inhabilitación de sus tesoreros.
Comentó que también se envió información a las comisiones de Vigilancia, Presupuesto e Instructora del Congreso local, para que se pueda iniciar un juicio de revocación de mandato en contra de los alcaldes por incumplir la ley de fiscalización.
Cabe agregar que hasta finales de junio, 51 ayuntamientos tampoco habían cumplido con la entrega del informe cuatrimestral 2007.
LOS EX ALCALDES
En el caso de los ex alcaldes, el auditor estatal indicó que la AGE no puede imponer directamente sanciones a los ex munícipes, ya que esa facultad le fue conferida a partir de la reforma a la Ley de Fiscalización realizada en 2006, por lo que será el Poder Legislativo el que tome la decisión al respecto.
Actualmente, a un año y medio de que concluyeron sus administraciones, 36 de 81 –casi la mitad-- ex alcaldes del periodo 2002-2005 no han terminado con la entrega de sus cuentas públicas.
De ese total, 14 no entregaron ningún documento comprobatorio de lo que fue el último año de su administración (2005), en tanto que los demás tienen por lo menos alguna auditoría cuatrimestral pendiente.
Ante ello, Rendón Romero indicó que ya se está proponiendo que se impongan sanciones, ya que ha transcurrido más de año y medio desde que terminaron las anteriores administraciones municipales
“En cuanto a los alcaldes, en una primera etapa, los que terminaron su periodo en noviembre de 2005, se ha requerido la presentación de su cuenta pública, en segunda instancia estamos enviando ya al Congreso del estado toda la información par que puedan ejercer las sanciones en contra de los incumplidos”, declaró en entrevista el titular del órgano fiscalizador.
El caso más grave que prevalece hasta la actualidad de incumplimiento de la Ley de Fiscalización es el de Tlacoapa, municipio ubicado en la región de la Montaña, que a la fecha debe cinco cuentas cuatrimestrales.
En tanto que Chilapa, Cualác, Eduardo Neri, San Luis Acatlán, Tetipac y Tlapehuala tienen pendiente de entregar cuatro informes de cómo ejercieron su presupuesto.
En la lista oficial de la Auditoría estatal, actualizada al 29 de junio del presente año, también se observa que los ex alcaldes de Ajuchitlán del Progreso, Atlixtac, Metlatónoc, Pedro Ascencio de Alquisiras, San Miguel Totolapan y Xalpatláhuac no han cumplido con la totalidad de las cuentas de 2005.
Mártir de Cuilapan, Zapotitlàn Tablas y Zitlala son ayuntamientos cuyos ex alcaldes tienen pendiente la entrega de tres cuentas, aún cuando en los dos últimos no son continuas.
Otros seis ex alcaldes deben las cuentas públicas correspondientes a los últimos siete meses de su administración, en tanto que 13 más no han concluido satisfactoriamente su periodo gubernamental porque tienen pendiente la entrega de un solo documento, el último de ellos.
Cabe comentar que en algunos de los casos que aún tienen cuentas pendientes con la AGE, los ex alcaldes son actualmente diputados locales.
Sin embargo, de acuerdo con el mismo órgano fiscalizador, hasta el momento ningún ex alcalde, principalmente los que enfrentan mayores irregularidades, ha sido sometido a algún procedimiento que los inhabilite para ocupar cargos públicos, derivado de su irresponsabilidad.
Sin embargo, Rendón Romero informó que ya se turnaron sus expedientes para que sea el propio Congreso quien determine las sanciones correspondientes.
Antonio Jiménez Gómez
Luego de permanecer durante casi 400 días cerrado debido a la realización de trabajos de reparación, el puente vehicular Petaquillas fue reabierto ayer a la circulación de vehículos.
Esa obra de infraestructura fue abierta a la circulación el 11 de abril de 2006 e inaugurada oficialmente el día 20 de ese mismo mes. Sin embargo, con la caída de las primeras lluvias de ese año, empezaron a surgir desperfectos.
Fue en los primeros días de junio de 2006, cuando se registraron hundimientos de hasta 30 centímetros en las rampas del puente, principalmente en la sección sur, por lo que la circulación fue cerrada.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes acusó que fue por las “excesivas lluvias” que el puente no aguantó ni dos meses de servicio, aunque un dictamen de Protección Civil estatal desmintió la versión y aclaró que se debió a deficiencias en su construcción.
Tras el cierre de la obra, en la que se invirtieron alrededor de 40 millones de peso, vinieron trabajos de reparación que duraron alrededor de 390 días, hasta que la mañana de ayer fueron quitados los señalamientos que prohibían el paso en esa vía, y los automóviles comenzaron a circular de forma normal.
Cabe comentar que el bulevar Chilpancingo-Petaquillas, a casi 15 meses de inaugurado, todavía no termina de construirse, ya que aún no se terminan las obras complementarias de drenaje.
UNA HISTORIA DE FRACASOS
La construcción del puente Petaquillas fue realizada por la empresa Bempo Kaate, junto con la ampliación a cuatro carriles de la carretera que comunica a esa localidad con la ciudad de Chilpancingo.
Desde el inicio de los trabajos, los cuales se prolongaron a casi el doble de lo programado, se denunciaron irregularidades las cuales fueron denunciadas por los habitantes de las zonas aledañas.
De acuerdo a un informe de la SCT, la obra iba a beneficiar a más de 120 mil habitantes de Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango y sus comunidades.
Los problemas iniciales fueron de tal magnitud, que la inauguración del bulevar se programó y canceló en cuatro ocasiones, hasta que fue inaugurada oficialmente el 20 de abril, a pesar de que las obras estaban inconclusas.
Menos de dos meses después, fue cancelada la circulación en el puente de 400 metros de longitud. Los hundimientos se registraron en amplias zonas de las rampas.
A partir de ese momento, se generó un debate entre autoridades federales y estatales: SCT insistió durante meses que las lluvias habían sido las causantes del desperfecto, en tanto que Protección Civil estatal certificó que se debió a la mala calidad de la construcción.
Fue a finales del año pasado, cuando la SCT admitió que se habían registrado errores en la construcción del puente, los cuales se estaban reparando.
Aún cuando inicialmente se dijo que la rehabilitación de la obra quedaría concluida en diciembre pasado –ya que no se podían hacer reparaciones durante la temporada de lluvias--, esta continuó durante 2007.
En varias ocasiones, autoridades municipales y federales anunciaron el fin de los trabajos, pero estos no llegaban a su fin.
En el puente se quitaron las jardineras iniciales y el segmento fue cubierto por asfalto; posteriormente, se construyó un camellón, el cual al paso de los meses fue nuevamente retirado. Finalmente, esa zona por la cual supuestamente se había trasminado el agua, quedó como tramo asfaltado.
En tanto, en las paredes centrales de la base del puente, que meses atrás estuvieron a punto de derrumbarse, se colocaron tensores metálicos que están conteniendo dichos muros, y se prevé que resistan el paso de los vehículos pesados.
Luego de permanecer durante casi 400 días cerrado debido a la realización de trabajos de reparación, el puente vehicular Petaquillas fue reabierto ayer a la circulación de vehículos.
Esa obra de infraestructura fue abierta a la circulación el 11 de abril de 2006 e inaugurada oficialmente el día 20 de ese mismo mes. Sin embargo, con la caída de las primeras lluvias de ese año, empezaron a surgir desperfectos.
Fue en los primeros días de junio de 2006, cuando se registraron hundimientos de hasta 30 centímetros en las rampas del puente, principalmente en la sección sur, por lo que la circulación fue cerrada.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes acusó que fue por las “excesivas lluvias” que el puente no aguantó ni dos meses de servicio, aunque un dictamen de Protección Civil estatal desmintió la versión y aclaró que se debió a deficiencias en su construcción.
Tras el cierre de la obra, en la que se invirtieron alrededor de 40 millones de peso, vinieron trabajos de reparación que duraron alrededor de 390 días, hasta que la mañana de ayer fueron quitados los señalamientos que prohibían el paso en esa vía, y los automóviles comenzaron a circular de forma normal.
Cabe comentar que el bulevar Chilpancingo-Petaquillas, a casi 15 meses de inaugurado, todavía no termina de construirse, ya que aún no se terminan las obras complementarias de drenaje.
UNA HISTORIA DE FRACASOS
La construcción del puente Petaquillas fue realizada por la empresa Bempo Kaate, junto con la ampliación a cuatro carriles de la carretera que comunica a esa localidad con la ciudad de Chilpancingo.
Desde el inicio de los trabajos, los cuales se prolongaron a casi el doble de lo programado, se denunciaron irregularidades las cuales fueron denunciadas por los habitantes de las zonas aledañas.
De acuerdo a un informe de la SCT, la obra iba a beneficiar a más de 120 mil habitantes de Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango y sus comunidades.
Los problemas iniciales fueron de tal magnitud, que la inauguración del bulevar se programó y canceló en cuatro ocasiones, hasta que fue inaugurada oficialmente el 20 de abril, a pesar de que las obras estaban inconclusas.
Menos de dos meses después, fue cancelada la circulación en el puente de 400 metros de longitud. Los hundimientos se registraron en amplias zonas de las rampas.
A partir de ese momento, se generó un debate entre autoridades federales y estatales: SCT insistió durante meses que las lluvias habían sido las causantes del desperfecto, en tanto que Protección Civil estatal certificó que se debió a la mala calidad de la construcción.
Fue a finales del año pasado, cuando la SCT admitió que se habían registrado errores en la construcción del puente, los cuales se estaban reparando.
Aún cuando inicialmente se dijo que la rehabilitación de la obra quedaría concluida en diciembre pasado –ya que no se podían hacer reparaciones durante la temporada de lluvias--, esta continuó durante 2007.
En varias ocasiones, autoridades municipales y federales anunciaron el fin de los trabajos, pero estos no llegaban a su fin.
En el puente se quitaron las jardineras iniciales y el segmento fue cubierto por asfalto; posteriormente, se construyó un camellón, el cual al paso de los meses fue nuevamente retirado. Finalmente, esa zona por la cual supuestamente se había trasminado el agua, quedó como tramo asfaltado.
En tanto, en las paredes centrales de la base del puente, que meses atrás estuvieron a punto de derrumbarse, se colocaron tensores metálicos que están conteniendo dichos muros, y se prevé que resistan el paso de los vehículos pesados.
Antonio Jiménez Gómez
Por considerarlos violatorios de los derechos humanos más básicos, diputados de diversos partidos políticos se pronunciaron en contra de los operativos de revisión de mochilas y la aplicación de exámenes anti doping en escuelas primarias.
Los legisladores coincidieron en señalar que si los gobiernos no son capaces de implementar políticas públicas efectivas en materia de prevención del delito y de las adicciones, que busquen otras formas de cumplir con su responsabilidad, y no agrediendo a los menores.
Asimismo, indicaron que en dado caso de que dichas estrategias sean impuestas por el gobierno de la república se deben implementar acciones colaterales.
Por ejemplo, señalaron, cómo le va hacer el gobierno de Guerrero si se confirma la existencia de estudiantes con algún tipo de adicción, si la Secretaría de Salud no tiene una estrategia ni instalaciones para tratar a ese tipo de personas.
CONDENAN MEDIDA
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rossana Mora Patiño, condenó la intención de aplicar exámenes toxicológicos a los alumnos de escuelas públicas.
“Es violatorio a los derechos humanos. Son menores de edad. Y hay que recordar que en la Constitución federal se dice que nadie puede ser molestado en sus pertenencias y en su persona, salvo por estricta orden judicial”, declaró.
La perredista indicó que sólo en los casos en que haya escuelas con graves problemas de drogas, que ya hayan sido denunciados, pudiera implementarse, con la intervención de observadores de derechos humanos y la autorización previa de los padres de familia, operativos de ese tipo.
“Donde no hay, me parece que el querer decir que esculcando mochilas de menores de edad se va a combatir el tráfico de enervantes, no es así. Las autoridades tienen una gran responsabilidad para combatir ese problema, saben bien quiénes son, dónde están y no actúan, consideró Mora Patiño.
Por ello, enfatizó que con ese tipo de programas de justificación, las autoridades “quieren tapar el sol con un dedo, quererle tapar el ojo al macho, queriendo decir que esculcando la mochila de un niño de primaria, van a combatir el tráfico de enervantes”.
Sobre la prevención de adicciones, urgió a las autoridades a que implementen un programa “serio, real y de largo plazo” para en realidad tratar de reducir el mercado de ese tipo de cosas y se concientice a los jóvenes que no tienen que consumir esas sustancias.
“Las adicciones tienen que combatirse desde la escuela con programas serios, y no sólo tomarse la fotografía, o distribuir un folletito cuando se viene a comparecencias, sino donde se ocupa, en las escuelas, en acuerdos con los maestros para que pueda realmente dar resultados”, añadió.
El representante del Partido del Trabajo, Marcos Zalazar Rodríguez, coincidió con la legisladora perredista que aplicar el antidoping a estudiantes de primaria y secundaria violenta sus derechos humanos.
Estableció que el gobierno debe pensar en otro tipo de medidas para eficientar la prevención de las adicciones y el combate a las redes de tráfico de sustancias prohibidas, y no recargarse en los niños para fingir que se está haciendo algo.
“Primero hay que fijar las reglas, para garantizar la defensa de los derechos constitucionales.. hay que establecer las formas de cómo llevar a cabo los estudios y quienes participan”, comentó el legislador.
Sin embargo, alertó que se deben tomar precauciones ante otro tipo de riesgos: “Los niños en ese ámbito ya están siendo presionados psicológicamente, porque en su mundo no entienden qué es lo que se estará buscando. Los de secundaria y de preparatoria, a lo mejor sí, pero los de primaria no, serían más utilizados”.
En tanto que también criticó que por querer combatir la delincuencia “estemos pegándonos a nosotros mismos”.
PROPONE CALVO UN REFERÉNDUM
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Humberto Calvo Memije propuso que el Congreso local podría convocar a un referéndum popular, para consultar a la ciudadanía sobre su respaldo o no a ese tipo de medida.
“Parece sana la propuesta, pero también debemos oír la opinión del pueblo. Sería bueno hacer un referéndum para que, si se aceptara, llevara la fuerza necesaria”, declaró el priista.
Sin embargo, el legislador por Chilpancingo alertó sobre lo que se podría hacer en caso de que se confirmara la existencia de personas con algún tipo de adicción.
“No nada más implica hacer el antidoping. ¿qué van hacer con los que salgan positivos? ¡Se tienen que regenerar! ¿Tendremos la capacidad para regenerar? Por eso hay que ver la opinión de la población”, añadió.
Por considerarlos violatorios de los derechos humanos más básicos, diputados de diversos partidos políticos se pronunciaron en contra de los operativos de revisión de mochilas y la aplicación de exámenes anti doping en escuelas primarias.
Los legisladores coincidieron en señalar que si los gobiernos no son capaces de implementar políticas públicas efectivas en materia de prevención del delito y de las adicciones, que busquen otras formas de cumplir con su responsabilidad, y no agrediendo a los menores.
Asimismo, indicaron que en dado caso de que dichas estrategias sean impuestas por el gobierno de la república se deben implementar acciones colaterales.
Por ejemplo, señalaron, cómo le va hacer el gobierno de Guerrero si se confirma la existencia de estudiantes con algún tipo de adicción, si la Secretaría de Salud no tiene una estrategia ni instalaciones para tratar a ese tipo de personas.
CONDENAN MEDIDA
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rossana Mora Patiño, condenó la intención de aplicar exámenes toxicológicos a los alumnos de escuelas públicas.
“Es violatorio a los derechos humanos. Son menores de edad. Y hay que recordar que en la Constitución federal se dice que nadie puede ser molestado en sus pertenencias y en su persona, salvo por estricta orden judicial”, declaró.
La perredista indicó que sólo en los casos en que haya escuelas con graves problemas de drogas, que ya hayan sido denunciados, pudiera implementarse, con la intervención de observadores de derechos humanos y la autorización previa de los padres de familia, operativos de ese tipo.
“Donde no hay, me parece que el querer decir que esculcando mochilas de menores de edad se va a combatir el tráfico de enervantes, no es así. Las autoridades tienen una gran responsabilidad para combatir ese problema, saben bien quiénes son, dónde están y no actúan, consideró Mora Patiño.
Por ello, enfatizó que con ese tipo de programas de justificación, las autoridades “quieren tapar el sol con un dedo, quererle tapar el ojo al macho, queriendo decir que esculcando la mochila de un niño de primaria, van a combatir el tráfico de enervantes”.
Sobre la prevención de adicciones, urgió a las autoridades a que implementen un programa “serio, real y de largo plazo” para en realidad tratar de reducir el mercado de ese tipo de cosas y se concientice a los jóvenes que no tienen que consumir esas sustancias.
“Las adicciones tienen que combatirse desde la escuela con programas serios, y no sólo tomarse la fotografía, o distribuir un folletito cuando se viene a comparecencias, sino donde se ocupa, en las escuelas, en acuerdos con los maestros para que pueda realmente dar resultados”, añadió.
El representante del Partido del Trabajo, Marcos Zalazar Rodríguez, coincidió con la legisladora perredista que aplicar el antidoping a estudiantes de primaria y secundaria violenta sus derechos humanos.
Estableció que el gobierno debe pensar en otro tipo de medidas para eficientar la prevención de las adicciones y el combate a las redes de tráfico de sustancias prohibidas, y no recargarse en los niños para fingir que se está haciendo algo.
“Primero hay que fijar las reglas, para garantizar la defensa de los derechos constitucionales.. hay que establecer las formas de cómo llevar a cabo los estudios y quienes participan”, comentó el legislador.
Sin embargo, alertó que se deben tomar precauciones ante otro tipo de riesgos: “Los niños en ese ámbito ya están siendo presionados psicológicamente, porque en su mundo no entienden qué es lo que se estará buscando. Los de secundaria y de preparatoria, a lo mejor sí, pero los de primaria no, serían más utilizados”.
En tanto que también criticó que por querer combatir la delincuencia “estemos pegándonos a nosotros mismos”.
PROPONE CALVO UN REFERÉNDUM
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Humberto Calvo Memije propuso que el Congreso local podría convocar a un referéndum popular, para consultar a la ciudadanía sobre su respaldo o no a ese tipo de medida.
“Parece sana la propuesta, pero también debemos oír la opinión del pueblo. Sería bueno hacer un referéndum para que, si se aceptara, llevara la fuerza necesaria”, declaró el priista.
Sin embargo, el legislador por Chilpancingo alertó sobre lo que se podría hacer en caso de que se confirmara la existencia de personas con algún tipo de adicción.
“No nada más implica hacer el antidoping. ¿qué van hacer con los que salgan positivos? ¡Se tienen que regenerar! ¿Tendremos la capacidad para regenerar? Por eso hay que ver la opinión de la población”, añadió.
domingo, junio 03, 2007
Se intensifica paro laboral de defensores de oficio
Antonio Jiménez Gómez
Trabajadores de la Defensoría de Oficio anunciaron que el próximo lunes habrán de parar labores y tomarán los juzgados, para que ninguno de sus compañeros abogados pueda desahogar audiencias.
Lo anterior luego de que la audiencia que tenían programada para el mediodía de ayer, en la Secretaría General de Gobierno, fue cancelada sin previo aviso.
Los defensores, que desde la semana pasada iniciaron un paro laboral para demandar la destitución de su director, José Ramírez Villalba, acudieron a Palacio de Gobierno, para la reunión con funcionarios estatales en la que se trataría de destrabar el conflicto. Pero no se realizó.
Cabe recordar que los trabajadores están inconformes por el trato despótico del funcionario, así como por haber despedido de forma injustificada a 17 de ellos en semanas pasadas.
Asimismo, demandan la dotación de implementos de trabajo que van desde cosas simples como hojas blancas hasta escritorios, y equipo de cómputo.
Los defensores de oficio dijeron que como resultado de la movilización del pasado lunes, el secretario de Gobierno envió un oficio al director de la Defensoría en el que le solicitaba que se abstuviera de realizar cualquier tipo de represalias en contra de los manifestantes.
Asimismo, ofreció revisar el pliego petitorio, hacer llegar las demandas al gobernador y este viernes ofrecer una respuesta sin embargo estuvieron casi medio día en la sala del secretario, quien acudió a la ceremonia del Día de la Marina realizada en Acapulco.
En su lugar, el secretario particular Noé Jiménez Silverio, quien ofrecía únicamente volver a escuchar las peticiones, por eso se salieron del edificio y amenazaron con la movilizarse el próximo lunes.
La defensoría de oficio cuenta con 92 abogados con los que atiendan más de siete mil 500 casos anualmente, lo que consideraron que es totalmente inadecuado pues cada defensor tiene una carga de trabajo exagerada que no les permite dar la atención debida a cada caso.
Los quejosos reconocieron que hay un pequeño grupo de abogados que simpatiza con el nuevo director porque les ha otorgado canonjías.
Sin embargo, advirtieron que a partir del próximo lunes habrán de tomar los juzgados de toda la entidad para que ellos tampoco puedan desahogar las audiencias.
Agregaron que, tal y como lo habían anunciado, el paro será con carácter de indefinido hasta que haya una respuesta del gobierno a las demandas planteadas, y reiteraron que su pliego petitorio no está sujeto a negociaciones.
Trabajadores de la Defensoría de Oficio anunciaron que el próximo lunes habrán de parar labores y tomarán los juzgados, para que ninguno de sus compañeros abogados pueda desahogar audiencias.
Lo anterior luego de que la audiencia que tenían programada para el mediodía de ayer, en la Secretaría General de Gobierno, fue cancelada sin previo aviso.
Los defensores, que desde la semana pasada iniciaron un paro laboral para demandar la destitución de su director, José Ramírez Villalba, acudieron a Palacio de Gobierno, para la reunión con funcionarios estatales en la que se trataría de destrabar el conflicto. Pero no se realizó.
Cabe recordar que los trabajadores están inconformes por el trato despótico del funcionario, así como por haber despedido de forma injustificada a 17 de ellos en semanas pasadas.
Asimismo, demandan la dotación de implementos de trabajo que van desde cosas simples como hojas blancas hasta escritorios, y equipo de cómputo.
Los defensores de oficio dijeron que como resultado de la movilización del pasado lunes, el secretario de Gobierno envió un oficio al director de la Defensoría en el que le solicitaba que se abstuviera de realizar cualquier tipo de represalias en contra de los manifestantes.
Asimismo, ofreció revisar el pliego petitorio, hacer llegar las demandas al gobernador y este viernes ofrecer una respuesta sin embargo estuvieron casi medio día en la sala del secretario, quien acudió a la ceremonia del Día de la Marina realizada en Acapulco.
En su lugar, el secretario particular Noé Jiménez Silverio, quien ofrecía únicamente volver a escuchar las peticiones, por eso se salieron del edificio y amenazaron con la movilizarse el próximo lunes.
La defensoría de oficio cuenta con 92 abogados con los que atiendan más de siete mil 500 casos anualmente, lo que consideraron que es totalmente inadecuado pues cada defensor tiene una carga de trabajo exagerada que no les permite dar la atención debida a cada caso.
Los quejosos reconocieron que hay un pequeño grupo de abogados que simpatiza con el nuevo director porque les ha otorgado canonjías.
Sin embargo, advirtieron que a partir del próximo lunes habrán de tomar los juzgados de toda la entidad para que ellos tampoco puedan desahogar las audiencias.
Agregaron que, tal y como lo habían anunciado, el paro será con carácter de indefinido hasta que haya una respuesta del gobierno a las demandas planteadas, y reiteraron que su pliego petitorio no está sujeto a negociaciones.
Actúan Semarnat y Profepa con negligencia: García
Antonio Jiménez Gómez
De nada sirve hacer denuncias en contra de talamontes, porque las autoridades ambientales del gobierno federal llegan ocho meses después, afirmó el diputado local Raymundo García Gutiérrez.
Indicó que cuando fue alcalde de Acatepec, municipio enclavado en la zona alta de la región de la Montaña, en reiteradas ocasiones presentó denuncias ante la Secretaría del Medio Ambiente federal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de los taladores ilegales.
Sin embargo, reiteró que la vez que acudieron al llamado, lo hicieron ocho meses después, cuando los talamontes ya habían terminado con amplias zonas de bosque y se encontraban en otro lado.
“Y esa vez lo documentamos con fotos y testimonios, para que no dijeran que era invento nuestro, y aún así se tardaron mucho. Por eso, eso de la preservación del medio ambiente es puro cuento”, afirmó el actual diputado local por el Partido de la Revolución Democrática.
Los que mas están deforestando son lo que lo hacen de manera legal, porque les otorgan los permisos Semarnat, y a Profepa no le alcanza su gente para supervisar.
Recordó que cuando fue alcalde “hice la denuncia y me llegó la gente de Profepa ocho meses después. Lo que quería en su momento, era que fueran a ver cómo se habían derribado árboles unos ciudadanos para sembrar maíz”.
Estableció que ese grupo de personas que estaban talando montes se negaba a cumplir las órdenes de las autoridades comunales y municipales, por lo que era necesaria una presión mayor, pero no llegó.
“Entonces, lo que hicimos fue turnarlo a la Profepa con fotos, nombres de la gente que había estado involucrada. Tardaron ocho meses y cuando fueron, ya la vegetación había retoñado, pero ya no había árboles grandes”, detalló en entrevista.
A partir de ello, estableció que hay “pasividad “ de las autoridades ambientales del país, para en realidad implementar acciones que permitan la preservación de la riqueza natural del estado.
CAMBIAR PRINCIPIOS, NECESARIO
El diputado local por la región de la Montaña estableció que si las autoridades federales en realidad quieren cumplir con su responsabilidad, lo ideal “lo que tiene qué hacerse es que si la Semarnat va autorizar la explotación de la madera, primero se tiene que reforestar, que reforesten los interesados en explotar la madera.
“Finalmente es un recurso renovable, hay que aprovechar la madera. Entonces, se tiene que reforestar realmente, cuidando los árboles, por lo menos en la misma extensión que van a cortar”, indicó García Gutiérrez.
Expresó que aún cuando la normatividad actual establece que se debe plantar diez árboles por cada uno que sea cortado, ese sistema no está funcionando y no hay quien vigile su cumplimiento, por lo que es necesario modificar el esquema de operación y que, quien quiera aprovechar ese recurso, que le invierta antes.
“Esto es necesario que se modifique para que no nos sigamos dañando. Hay algunos que sólo ven el beneficio económico, pero se debe tomar conciencia real de que todo el daño que le hagamos a la vida silvestre nos afecta tarde o temprano”, enfatizó el legislador.
JUSTICIA CONVENENCIERA
El integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local también cuestionó la forma en cómo se aplica la justicia ambiental, ya que mientras en ocasiones se detiene y castiga a campesinos que transportan leña para autoconsumo, ninguna autoridad actúa en contra de los aserraderos.
“No le podemos aplicar todo el peso de la ley a un campesino que va a cortar leña para su casa, mientras que los aserraderos procesan trozos y trozos, camiones y tortons, y nadie les dice nada”, comentó.
Y agregó que si las autoridades ambientales autoriza a los aserraderos determinado volumen de madera para procesar, ellos siempre meten más y es el negocio, sin que la autoridad haga algo al respecto.
“Lo cierto es que si les autorizan 2 mil metros cúbicos, sacan 2 mil 500. ¿Y quién vigila? Nadie. ¿Quién está pesando los camiones para ver cuánto saca? Nadie. Unicamente ahí van documentando, pero únicamente registran dos camiones y uno no. Entonces ese es el problema”, abundó.
De nada sirve hacer denuncias en contra de talamontes, porque las autoridades ambientales del gobierno federal llegan ocho meses después, afirmó el diputado local Raymundo García Gutiérrez.
Indicó que cuando fue alcalde de Acatepec, municipio enclavado en la zona alta de la región de la Montaña, en reiteradas ocasiones presentó denuncias ante la Secretaría del Medio Ambiente federal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de los taladores ilegales.
Sin embargo, reiteró que la vez que acudieron al llamado, lo hicieron ocho meses después, cuando los talamontes ya habían terminado con amplias zonas de bosque y se encontraban en otro lado.
“Y esa vez lo documentamos con fotos y testimonios, para que no dijeran que era invento nuestro, y aún así se tardaron mucho. Por eso, eso de la preservación del medio ambiente es puro cuento”, afirmó el actual diputado local por el Partido de la Revolución Democrática.
Los que mas están deforestando son lo que lo hacen de manera legal, porque les otorgan los permisos Semarnat, y a Profepa no le alcanza su gente para supervisar.
Recordó que cuando fue alcalde “hice la denuncia y me llegó la gente de Profepa ocho meses después. Lo que quería en su momento, era que fueran a ver cómo se habían derribado árboles unos ciudadanos para sembrar maíz”.
Estableció que ese grupo de personas que estaban talando montes se negaba a cumplir las órdenes de las autoridades comunales y municipales, por lo que era necesaria una presión mayor, pero no llegó.
“Entonces, lo que hicimos fue turnarlo a la Profepa con fotos, nombres de la gente que había estado involucrada. Tardaron ocho meses y cuando fueron, ya la vegetación había retoñado, pero ya no había árboles grandes”, detalló en entrevista.
A partir de ello, estableció que hay “pasividad “ de las autoridades ambientales del país, para en realidad implementar acciones que permitan la preservación de la riqueza natural del estado.
CAMBIAR PRINCIPIOS, NECESARIO
El diputado local por la región de la Montaña estableció que si las autoridades federales en realidad quieren cumplir con su responsabilidad, lo ideal “lo que tiene qué hacerse es que si la Semarnat va autorizar la explotación de la madera, primero se tiene que reforestar, que reforesten los interesados en explotar la madera.
“Finalmente es un recurso renovable, hay que aprovechar la madera. Entonces, se tiene que reforestar realmente, cuidando los árboles, por lo menos en la misma extensión que van a cortar”, indicó García Gutiérrez.
Expresó que aún cuando la normatividad actual establece que se debe plantar diez árboles por cada uno que sea cortado, ese sistema no está funcionando y no hay quien vigile su cumplimiento, por lo que es necesario modificar el esquema de operación y que, quien quiera aprovechar ese recurso, que le invierta antes.
“Esto es necesario que se modifique para que no nos sigamos dañando. Hay algunos que sólo ven el beneficio económico, pero se debe tomar conciencia real de que todo el daño que le hagamos a la vida silvestre nos afecta tarde o temprano”, enfatizó el legislador.
JUSTICIA CONVENENCIERA
El integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local también cuestionó la forma en cómo se aplica la justicia ambiental, ya que mientras en ocasiones se detiene y castiga a campesinos que transportan leña para autoconsumo, ninguna autoridad actúa en contra de los aserraderos.
“No le podemos aplicar todo el peso de la ley a un campesino que va a cortar leña para su casa, mientras que los aserraderos procesan trozos y trozos, camiones y tortons, y nadie les dice nada”, comentó.
Y agregó que si las autoridades ambientales autoriza a los aserraderos determinado volumen de madera para procesar, ellos siempre meten más y es el negocio, sin que la autoridad haga algo al respecto.
“Lo cierto es que si les autorizan 2 mil metros cúbicos, sacan 2 mil 500. ¿Y quién vigila? Nadie. ¿Quién está pesando los camiones para ver cuánto saca? Nadie. Unicamente ahí van documentando, pero únicamente registran dos camiones y uno no. Entonces ese es el problema”, abundó.
No se construirá hospital en Chichihualco, confirmó alcalde
Antonio Jiménez Gómez
El alcalde de Leonardo Bravo, Willivaldo Valente Pastor, anunció que la Secretaría de Salud Guerrero negó la posibilidad de que en la cabecera de ese municipio se construya un hospital básico para prestar atención médica a más de 23 mil habitantes.
Sin embargo, dijo que en su lugar se construirá un “centro de salud ampliado” que será el primero en su tipo en la entidad, y permitirá responder a las necesidades médicas básicas de los habitantes de Chichihualco.
El alcalde indicó que los vecinos de su municipio tendrán que conformarse con seguir acudiendo a los hospitales de Chilpancingo –a por lo menos 40 minutos de tiempo de recorrido—o al de Filo de Caballos –trayecto que puede prolongarse más por ser zona serrana—para ser atendidos.
Valente Pastor indicó que el viernes pasado acudió a una reunión de trabajo en la Secretaría de Salud, en la que se les informó que se declaró desierto el proceso de licitud para la construcción del centro de salud en Chichihualco.
“Se declaró desierto el concurso, toda vez que de cuatro empresas participantes, dos se descalificaron, dos quedaron para el análisis económico, pero una quedó baja y otra alta. Hay mucha seriedad por parte de Salud en analizar los presupuestos que presentaron las empresas”, comentó el alcalde.
Indicó que a partir de esa situación, será esta semana cuando se vuelva a emitir la convocatoria para que las empresas concursen para la realización de ese proyecto.
El alcalde de filiación priista dijo que la gestión que se hizo era para contar con un hospital básico comunitario, pero la Secretaría de Salud se negó a respaldar ese proyecto debido a la cercanía (sic) de la cabecera municipal con Chilpancingo.
“Por la cercanía con la capital va a ser un centro de salud con servicios ampliados. Va a tener prácticamente todos los servicios, e incluso posiblemente hasta una ambulancia, lo que nos va a permitir que en casos muy complicados se puedan traer los pacientes a Chilpancingo”, refirió.
Valente Pastor estableció que a pesar de las limitaciones, “es un proyecto muy interesante y además muy necesario para la cabecera municipal”, donde habitan casi 12 mil habitantes, más las comunidades aledañas, para sumar una población municipal de más de 23 mil personas.
Expresó que por parte del ayuntamiento, para tratar de incrementar la cobertura de los servicios de salud, durante el último año de su administración se construyeron tres centros de salud en diversas comunidades.
“Estamos haciendo esfuerzos en las diversas comunidades”, dijo Willibaldo Valente, quien indicó que también se están creando casas de salud en otras comunidades.
Fue entonces cuando indicó que para el caso de varias comunidades ubicadas en la zona serrana, sus habitantes tienen la opción de acudir al hospital que se encuentra en la localidad de Filo de Caballos, en el municipio de Heliodoro Castillo.
El alcalde de Leonardo Bravo, Willivaldo Valente Pastor, anunció que la Secretaría de Salud Guerrero negó la posibilidad de que en la cabecera de ese municipio se construya un hospital básico para prestar atención médica a más de 23 mil habitantes.
Sin embargo, dijo que en su lugar se construirá un “centro de salud ampliado” que será el primero en su tipo en la entidad, y permitirá responder a las necesidades médicas básicas de los habitantes de Chichihualco.
El alcalde indicó que los vecinos de su municipio tendrán que conformarse con seguir acudiendo a los hospitales de Chilpancingo –a por lo menos 40 minutos de tiempo de recorrido—o al de Filo de Caballos –trayecto que puede prolongarse más por ser zona serrana—para ser atendidos.
Valente Pastor indicó que el viernes pasado acudió a una reunión de trabajo en la Secretaría de Salud, en la que se les informó que se declaró desierto el proceso de licitud para la construcción del centro de salud en Chichihualco.
“Se declaró desierto el concurso, toda vez que de cuatro empresas participantes, dos se descalificaron, dos quedaron para el análisis económico, pero una quedó baja y otra alta. Hay mucha seriedad por parte de Salud en analizar los presupuestos que presentaron las empresas”, comentó el alcalde.
Indicó que a partir de esa situación, será esta semana cuando se vuelva a emitir la convocatoria para que las empresas concursen para la realización de ese proyecto.
El alcalde de filiación priista dijo que la gestión que se hizo era para contar con un hospital básico comunitario, pero la Secretaría de Salud se negó a respaldar ese proyecto debido a la cercanía (sic) de la cabecera municipal con Chilpancingo.
“Por la cercanía con la capital va a ser un centro de salud con servicios ampliados. Va a tener prácticamente todos los servicios, e incluso posiblemente hasta una ambulancia, lo que nos va a permitir que en casos muy complicados se puedan traer los pacientes a Chilpancingo”, refirió.
Valente Pastor estableció que a pesar de las limitaciones, “es un proyecto muy interesante y además muy necesario para la cabecera municipal”, donde habitan casi 12 mil habitantes, más las comunidades aledañas, para sumar una población municipal de más de 23 mil personas.
Expresó que por parte del ayuntamiento, para tratar de incrementar la cobertura de los servicios de salud, durante el último año de su administración se construyeron tres centros de salud en diversas comunidades.
“Estamos haciendo esfuerzos en las diversas comunidades”, dijo Willibaldo Valente, quien indicó que también se están creando casas de salud en otras comunidades.
Fue entonces cuando indicó que para el caso de varias comunidades ubicadas en la zona serrana, sus habitantes tienen la opción de acudir al hospital que se encuentra en la localidad de Filo de Caballos, en el municipio de Heliodoro Castillo.
sábado, mayo 26, 2007
Prevalecen graves problemas en gobierno: ASF
Antonio Jiménez Gómez
La corrupción, la falta de transparencia y de rendición de cuentas de los recursos presupuestales ejercidos, la inexistencia de un mecanismo de control que permita evitar el saqueo del patrimonio público, son factores que no ha podido solucionar el gobierno, afirmó el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón.
A lo anterior se suman los ínfimos niveles de recaudación de impuestos que contrastan con los desmedidos sueldos de algunos funcionarios públicos, un exceso en la discresionalidad del manejo de fondos públicos y el desvío de fondos públicos a procesos electorales.
Otras áreas de “opacidad gubernamental” son la baja competitividad económica, la pobreza del conocimiento, la deficiente operación del sistema educativo, la crisis del sistema de pensiones, la inexistencia de sistemas de evaluación gubernamental, la excesiva carga regulatoria
Estos señalamientos los hizo González de Aragón como parte de una conferencia magistral pronunciada ante el personal de la Auditoría General del Estado.
Congregados en un salón ubicado al sur de la ciudad, donde toda la semana se realizó un seminario de profesionalización de los auditores estatales, el auditor Superior de la Federación evaluó los retos y perspectivas de los órganos de fiscalización.
Estableció que aún son muchos los pendientes que tienen los tres niveles de gobierno, para que la transparencia y la rendición de cuentas sea una realidad total.
González de Aragón planteó 12 problemas muy graves que siguen ocurriendo en la administración pública y que le cuestan al patrimonio nacional una cantidad indefinida de recursos.
Asimismo, indicó que es urgente que las auditorías estatales logren una real autonomía técnica y operativa, para que se pueda realizar una fiscalización efectiva de los recursos públicos.
SE RECUPERARON 24.3 MMDP
Durante su intervención, González de Aragón informó que como resultado de su acción fiscalizadora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha logrado recuperar, hasta el 31 de diciembre de 2006, 24 mil 313 millones de pesos en beneficio de la sociedad.
Estableció que esos recursos recuperados de organismos diversos y de gobiernos estatales y municipales, representan casi 30 veces más el presupuesto anual del organismo.
De esos 24 mil 313 millones, precisó, diez mil 856 millones corresponden del Fobaproa por el otorgamiento de créditos irregulares, auditorías, quitas, condonaciones, castigos y quebrantos.
Otros dos mil 457 millones son del Fideicomiso Aduanas I, que devolvió a la Tesorería de la Federación por derechos de trámite aduanero, más mil 580 millones de pesos por el pago del adeudo del sindicato de PEMEX a favor del organismo.
También se recuperaron mil 533 millones del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) por disponibilidades indebidas, así como cerca de tres mil millones recuperados de gobiernos estatales y municipales.
AUDITORIAS ESTATALES, ASIGNATURA PENDIENTE
González de Aragón indicó que la ASF, con sus nuevas facultades, ha coadyuvado a la modernización de las Entidades de Fiscalización Locales, con el fin de que se contribuya a impulsar la transparencia de la gestión gubernamental en los estados.
Señaló que las auditorías estatales tienen una mayor responsabilidad en su función fiscalizadora, por lo que deben privilegiar su adecuado funcionamiento y adecuarlo, como mínimo, a los mismos principios de actuación que rigen a la ASF.
LOS PENDIENTES DEL GOBIERNO
En cuanto a los rubros donde prevalecen rezagos peligrosos, citó la percepción de la corrupción, porque según Transparencia Internacional, México, en el año 2006, fue calificado con 3.3 puntos, en una escala del cero al diez, y de 163 países evaluados, México reprobó al ocupar el lugar 70.
En cuanto a recaudación tributaria, la OCDE señaló en su reporte de 2004 que México registró el peor índice entre las 30 naciones miembros de esa organización, pues recauda el 18 por ciento del Producto Interno Bruto, en tanto que Suecia recauda el 51 por ciento, Dinamarca el 49 y Bélgica el 46.
Señaló que respecto a complicación tributaria (burocratismo), México ocupó el lugar 126, toda vez que una empresa mediana en nuestro país realiza un promedio de 49 pagos anuales de impuestos, en lo cual ocupa alrededor de 552 horas para cumplir sus obligaciones fiscales.
En cuanto a trámites gubernamentales, según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se incrementaron de mil 126 en el año de 2000 a tres mil en 2005; es decir, prácticamente se triplicaron en lugar de disminuir.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe anual de 2006, ubica a la economía mexicana en el lugar número 14 entre 180 países, cuando que en el año 2000 ocupaba el lugar número once, y ha sido superado por economías como las de Rusia, Corea del Sur y la India.
En lo que se refiere a la imparcialidad de las cortes de justicia, México se ubica en el lugar 79 de entre 120 naciones evaluadas. “La falta de confianza de los mexicanos en el Poder Judicial es palpable, pues pareciera ser que algunos de sus fallos no privilegian el interés superior de la nación”, afirmó el auditor federal.
En educación primaria, el país registra una relación de 28 alumnos por profesor, frente al promedio de 17 que tienen en promedio los países integrantes de la OCDE. Mientras que en educación secundaria la misma relación es de 30, en contraste con el promedio de 13 de esa organización.
En el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, México pasó del lugar 48 en 2004 al 58 en 2006, entre 106 países, en cuanto al índice de competitividad mundial.
Destacó que otra área sensible de riesgo lo constituyen las pensiones y jubilaciones, las cuales representan, anualmente, erogaciones crecientes que no son reveladas como pasivos contingentes en la información financiera, que ascienden a seis billones de pesos mexicanos (12 ceros), y es un problema que amenaza con estrangular las finanzas públicas del país.
Otra área de opacidad se refiere a la magnitud de los recursos federales transferidos a estados y municipios que representan aproximadamente el 30 por ciento del total del gasto federal programable, lo cual obliga a la búsqueda de acciones que garanticen su adecuada rendición de cuentas y fiscalización, lo que es una de las áreas más obscuras en materia de transparencia.
Sostuvo que mientras no se modifique el sistema educativo y se forme a un hombre nuevo y diferente, la corrupción se presentará de una manera o de otra, lo cual implica establecer una política de largo plazo sustentada en una reforma integral que privilegie la calidad educativa.
Consideró que un área de oportunidad consiste en que es necesario fortalecer se encuentra en la construcción de sistemas de evaluación del desempeño basados en indicadores estratégicos, de gestión y de servicios, que permitan conocer la forma y grado de cumplimiento de las políticas y programas públicos, la calidad de los servicios que se prestan y el desempeño de los servidores públicos.
Otra área de oportunidad está en la instrumentación de una política integral de desarrollo ecológico para el mejoramiento y preservación de nuestro medio ambiente, mediante programas y proyectos sustentables de largo plazo, con un financiamiento que lo haga posible y con un marco jurídico que sanciones todos los incumplimientos.
La corrupción, la falta de transparencia y de rendición de cuentas de los recursos presupuestales ejercidos, la inexistencia de un mecanismo de control que permita evitar el saqueo del patrimonio público, son factores que no ha podido solucionar el gobierno, afirmó el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón.
A lo anterior se suman los ínfimos niveles de recaudación de impuestos que contrastan con los desmedidos sueldos de algunos funcionarios públicos, un exceso en la discresionalidad del manejo de fondos públicos y el desvío de fondos públicos a procesos electorales.
Otras áreas de “opacidad gubernamental” son la baja competitividad económica, la pobreza del conocimiento, la deficiente operación del sistema educativo, la crisis del sistema de pensiones, la inexistencia de sistemas de evaluación gubernamental, la excesiva carga regulatoria
Estos señalamientos los hizo González de Aragón como parte de una conferencia magistral pronunciada ante el personal de la Auditoría General del Estado.
Congregados en un salón ubicado al sur de la ciudad, donde toda la semana se realizó un seminario de profesionalización de los auditores estatales, el auditor Superior de la Federación evaluó los retos y perspectivas de los órganos de fiscalización.
Estableció que aún son muchos los pendientes que tienen los tres niveles de gobierno, para que la transparencia y la rendición de cuentas sea una realidad total.
González de Aragón planteó 12 problemas muy graves que siguen ocurriendo en la administración pública y que le cuestan al patrimonio nacional una cantidad indefinida de recursos.
Asimismo, indicó que es urgente que las auditorías estatales logren una real autonomía técnica y operativa, para que se pueda realizar una fiscalización efectiva de los recursos públicos.
SE RECUPERARON 24.3 MMDP
Durante su intervención, González de Aragón informó que como resultado de su acción fiscalizadora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha logrado recuperar, hasta el 31 de diciembre de 2006, 24 mil 313 millones de pesos en beneficio de la sociedad.
Estableció que esos recursos recuperados de organismos diversos y de gobiernos estatales y municipales, representan casi 30 veces más el presupuesto anual del organismo.
De esos 24 mil 313 millones, precisó, diez mil 856 millones corresponden del Fobaproa por el otorgamiento de créditos irregulares, auditorías, quitas, condonaciones, castigos y quebrantos.
Otros dos mil 457 millones son del Fideicomiso Aduanas I, que devolvió a la Tesorería de la Federación por derechos de trámite aduanero, más mil 580 millones de pesos por el pago del adeudo del sindicato de PEMEX a favor del organismo.
También se recuperaron mil 533 millones del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) por disponibilidades indebidas, así como cerca de tres mil millones recuperados de gobiernos estatales y municipales.
AUDITORIAS ESTATALES, ASIGNATURA PENDIENTE
González de Aragón indicó que la ASF, con sus nuevas facultades, ha coadyuvado a la modernización de las Entidades de Fiscalización Locales, con el fin de que se contribuya a impulsar la transparencia de la gestión gubernamental en los estados.
Señaló que las auditorías estatales tienen una mayor responsabilidad en su función fiscalizadora, por lo que deben privilegiar su adecuado funcionamiento y adecuarlo, como mínimo, a los mismos principios de actuación que rigen a la ASF.
LOS PENDIENTES DEL GOBIERNO
En cuanto a los rubros donde prevalecen rezagos peligrosos, citó la percepción de la corrupción, porque según Transparencia Internacional, México, en el año 2006, fue calificado con 3.3 puntos, en una escala del cero al diez, y de 163 países evaluados, México reprobó al ocupar el lugar 70.
En cuanto a recaudación tributaria, la OCDE señaló en su reporte de 2004 que México registró el peor índice entre las 30 naciones miembros de esa organización, pues recauda el 18 por ciento del Producto Interno Bruto, en tanto que Suecia recauda el 51 por ciento, Dinamarca el 49 y Bélgica el 46.
Señaló que respecto a complicación tributaria (burocratismo), México ocupó el lugar 126, toda vez que una empresa mediana en nuestro país realiza un promedio de 49 pagos anuales de impuestos, en lo cual ocupa alrededor de 552 horas para cumplir sus obligaciones fiscales.
En cuanto a trámites gubernamentales, según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se incrementaron de mil 126 en el año de 2000 a tres mil en 2005; es decir, prácticamente se triplicaron en lugar de disminuir.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe anual de 2006, ubica a la economía mexicana en el lugar número 14 entre 180 países, cuando que en el año 2000 ocupaba el lugar número once, y ha sido superado por economías como las de Rusia, Corea del Sur y la India.
En lo que se refiere a la imparcialidad de las cortes de justicia, México se ubica en el lugar 79 de entre 120 naciones evaluadas. “La falta de confianza de los mexicanos en el Poder Judicial es palpable, pues pareciera ser que algunos de sus fallos no privilegian el interés superior de la nación”, afirmó el auditor federal.
En educación primaria, el país registra una relación de 28 alumnos por profesor, frente al promedio de 17 que tienen en promedio los países integrantes de la OCDE. Mientras que en educación secundaria la misma relación es de 30, en contraste con el promedio de 13 de esa organización.
En el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, México pasó del lugar 48 en 2004 al 58 en 2006, entre 106 países, en cuanto al índice de competitividad mundial.
Destacó que otra área sensible de riesgo lo constituyen las pensiones y jubilaciones, las cuales representan, anualmente, erogaciones crecientes que no son reveladas como pasivos contingentes en la información financiera, que ascienden a seis billones de pesos mexicanos (12 ceros), y es un problema que amenaza con estrangular las finanzas públicas del país.
Otra área de opacidad se refiere a la magnitud de los recursos federales transferidos a estados y municipios que representan aproximadamente el 30 por ciento del total del gasto federal programable, lo cual obliga a la búsqueda de acciones que garanticen su adecuada rendición de cuentas y fiscalización, lo que es una de las áreas más obscuras en materia de transparencia.
Sostuvo que mientras no se modifique el sistema educativo y se forme a un hombre nuevo y diferente, la corrupción se presentará de una manera o de otra, lo cual implica establecer una política de largo plazo sustentada en una reforma integral que privilegie la calidad educativa.
Consideró que un área de oportunidad consiste en que es necesario fortalecer se encuentra en la construcción de sistemas de evaluación del desempeño basados en indicadores estratégicos, de gestión y de servicios, que permitan conocer la forma y grado de cumplimiento de las políticas y programas públicos, la calidad de los servicios que se prestan y el desempeño de los servidores públicos.
Otra área de oportunidad está en la instrumentación de una política integral de desarrollo ecológico para el mejoramiento y preservación de nuestro medio ambiente, mediante programas y proyectos sustentables de largo plazo, con un financiamiento que lo haga posible y con un marco jurídico que sanciones todos los incumplimientos.
Intentó callar auditor estatal a su "jefe"
El auditor general del estado, Ignacio Rendón Romero, intentó callar públicamente y frente a los empleados de ese organismo al también auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, por órdenes de la secretaria particular del Poder Ejecutivo, Magali Salinas.
El incidente ocurrió cuando el fiscalizador federal pronunciaba una conferencia en torno a la transparencia y rendición de cuentas, y los problemas que se enfrentan actualmente en esa materia.
A pesar de que era un evento organizado por la Auditoría General del Estado, órgano desconcentrado del Poder Judicial, autónomo del Ejecutivo, la funcionaria se la pasó dando órdenes de cómo quería que ocurrieran las cosas y se impuso a los organizadores.
PRIMER DESAIRE
Estaba prácticamente al final de su exposición, cuando en esos momentos arribó al salón ubicado al sur de la ciudad el titular del Ejecutivo estatal, motivo por el cual la secretaria particular Magali Salinas le hizo señas al auditor estatal de que “le cortara” al discurso de González de Aragón.
La funcionaria del Ejecutivo ya estaba desesperada cuestionando en voz alta en qué momento iba a terminar el discurso el fiscalizador federal, para que no tuviera que hacer esperar a su jefe
Presto y obediente, Rendón Romero se levantó de su lugar en el presidium, y se dirigió al podium donde se encontraba el auditor federal, quien momentos antes había destacado la necesidad de que los funcionarios fiscalizadores fueran realmente autónomos e independientes de los poderes ejecutivos.
El auditor estatal hizo señas y después trató de llamar la atención a su homólogo federal para que ya terminara con su discurso, ante lo cual González de Aragón volteó y en tono secó, espetó: “Espérate, Nacho”.
La molestia y nerviosismo de la secretaria particular se hizo más grande, porque su jefe tendría que esperar un par de minutos en el exterior del salón, mientras que también el auditor estatal se mostraba nervioso y confundido.
SEGUNDO DESAIRE
Al termino del discurso, el auditor federal se dirigió a su lugar en el presidium, el cual estaba integrado por el auditor Rendón y cinco diputados de diferentes partidos políticos: el ecologista Arturo Alvarez Angli, el perredista Raymundo García Gutiérrez, los priistas Noe Ramos Salazar y Sofío Socorro Ramírez Hernández, y el panista Benito García Meléndez.
Sin embargo, cuando González de Aragón apenas se iba a sentar, los diputados y el propio auditor se levantaron de su silla a petición de la secretaria particular, bajaron del lugar y se fueron a saludar al Ejecutivo estatal, quien se encontraba esperando en la entrada del salón.
Sin embargo, el auditor superior de la federación se quedó solo, sentado en su lugar, viendo cómo su homólogo estatal rendía pleitesía al representante del Ejecutivo.
Los últimos dos en pretender sumarse a la comitiva fueron el priista Sofío Ramírez y el panista Benito García, pero al darse cuenta de que el funcionario del órgano autónomo federal se encontraba “abandonado”, optaron por regresarse y acompañarlo.
Minutos después se integró un nuevo presidium, se firmó un convenio de colaboración entre la AGE y la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que el gobierno de Guerrero sólo fungió como testigo.
Y el evento terminó, no sin antes de que el auditor Rendón Romero pronunciara un discurso en el que se desvivió en halagos y reconocimientos a los asistentes.
El incidente ocurrió cuando el fiscalizador federal pronunciaba una conferencia en torno a la transparencia y rendición de cuentas, y los problemas que se enfrentan actualmente en esa materia.
A pesar de que era un evento organizado por la Auditoría General del Estado, órgano desconcentrado del Poder Judicial, autónomo del Ejecutivo, la funcionaria se la pasó dando órdenes de cómo quería que ocurrieran las cosas y se impuso a los organizadores.
PRIMER DESAIRE
Estaba prácticamente al final de su exposición, cuando en esos momentos arribó al salón ubicado al sur de la ciudad el titular del Ejecutivo estatal, motivo por el cual la secretaria particular Magali Salinas le hizo señas al auditor estatal de que “le cortara” al discurso de González de Aragón.
La funcionaria del Ejecutivo ya estaba desesperada cuestionando en voz alta en qué momento iba a terminar el discurso el fiscalizador federal, para que no tuviera que hacer esperar a su jefe
Presto y obediente, Rendón Romero se levantó de su lugar en el presidium, y se dirigió al podium donde se encontraba el auditor federal, quien momentos antes había destacado la necesidad de que los funcionarios fiscalizadores fueran realmente autónomos e independientes de los poderes ejecutivos.
El auditor estatal hizo señas y después trató de llamar la atención a su homólogo federal para que ya terminara con su discurso, ante lo cual González de Aragón volteó y en tono secó, espetó: “Espérate, Nacho”.
La molestia y nerviosismo de la secretaria particular se hizo más grande, porque su jefe tendría que esperar un par de minutos en el exterior del salón, mientras que también el auditor estatal se mostraba nervioso y confundido.
SEGUNDO DESAIRE
Al termino del discurso, el auditor federal se dirigió a su lugar en el presidium, el cual estaba integrado por el auditor Rendón y cinco diputados de diferentes partidos políticos: el ecologista Arturo Alvarez Angli, el perredista Raymundo García Gutiérrez, los priistas Noe Ramos Salazar y Sofío Socorro Ramírez Hernández, y el panista Benito García Meléndez.
Sin embargo, cuando González de Aragón apenas se iba a sentar, los diputados y el propio auditor se levantaron de su silla a petición de la secretaria particular, bajaron del lugar y se fueron a saludar al Ejecutivo estatal, quien se encontraba esperando en la entrada del salón.
Sin embargo, el auditor superior de la federación se quedó solo, sentado en su lugar, viendo cómo su homólogo estatal rendía pleitesía al representante del Ejecutivo.
Los últimos dos en pretender sumarse a la comitiva fueron el priista Sofío Ramírez y el panista Benito García, pero al darse cuenta de que el funcionario del órgano autónomo federal se encontraba “abandonado”, optaron por regresarse y acompañarlo.
Minutos después se integró un nuevo presidium, se firmó un convenio de colaboración entre la AGE y la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que el gobierno de Guerrero sólo fungió como testigo.
Y el evento terminó, no sin antes de que el auditor Rendón Romero pronunciara un discurso en el que se desvivió en halagos y reconocimientos a los asistentes.
Masacran a cocodrilos en Costa Chica
Antonio Jiménez Gómez
Al menos 17 cocodrilos de la especie Acutus (cocodrilo de río), que se considera en peligro de extinción, fueron sacrificados en la laguna de Chautengo, para aprovechar sólo una pequeña parte de su piel.
El procurador de Protección Ecológica, Tulio Ismael Estrada Apátiga, denunció lo anterior e informó que personal a su cargo ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de esa masacre.
Los animales que fueron sacrificados miden más de dos metros y los cazadores furtivos únicamente se llevaron la piel que recubre la parte de la panza del animal, pues la del lomo, por ser más dura, no la pudieron obtener.
El hallazgo se hizo durante una inspección que realizó el personal técnico de la procuraduría, en la laguna de Chautengo, que se ubica en el municipio de Cruz Grande, en la región de la Costa Chica.
De acuerdo al funcionario, la piel “cruda” de un cocodrilo en el mercado negro tiene un valor aproximado de 300 pesos, monto que resulta bastante bajo comparado con el daño ecológico que se está generando, estableció.
Estrada Apátiga aseguró que la devastación de cocodrilos en esa laguna generará un severo problema en la cadena alimenticia del ecosistema e incluso puede poner en riesgo la subsistencia de la laguna, pues esos animales rascan las orillas del cuerpo de agua para conservar la humedad.
El funcionario estatal informó que la inspección se ordenó originalmente para complementar un estudio que realiza la Procuraduría de Protección Ecológica de Guerrero (Propeg) en torno al problema que se vive en ese cuerpo de agua.
Detalló que se ha detectado que una plaga que afecta a los manglares ubicados en la laguna, junto con la devastación producida por el ser humano, la han puesto al borde del desequilibrio ecológico.
Estrada Apátiga expresó que con la evidencia obtenida en la inspección, la Propeg dio parte a otras dependencias relacionadas con la ecología como las secretarías del Medio Ambiente estatal y federal, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Comentó que con personal de esas dependencias se han hecho nuevas visitas a la laguna para iniciar la investigación correspondiente, y así intentar dar con el o los responsables del ecocidio.
LEY PROTEGE A ECOCIDAS
Sin embargo, el procurador ambiental indicó que aún cuando se lograra dar con los responsables de la masacre de los cocodrilos, estos no serían sujetos de una fuerte sanción.
Desafortunadamente, comentó, la legislación vigente en la materia únicamente permitiría condenar a los responsables por el tráfico de especies y subproductos silvestres.
Declaró que en el caso de que se encontrara a los presuntos responsables en flagrancia comercializando las pieles, podrían obtener una pena corporal de hasta siete años de prisión.
Esa sentencia, consideró, es muy poco por haber cometido al menos 17 asesinatos de cocodrilos aunque se presume que son muchos más.
Tulio Estrada dijo que a raíz de que se documentó el problema se inició la elaboración de un proyecto ecoturístico para que los pobladores del lugar primero saneen, cuiden y promuevan la laguna.
Esto para preservar su belleza singular, aún cuando el cuerpo lagunar ya tiene algo de contaminación, además de que son evidentes las huellas de la devastación que le ha producido la mano del hombre.
Empero, el proyecto apenas contemplaría con un financiamiento inicial aproximado de un millón de pesos el saneamiento de 30 de las tres mil 455 hectáreas sobre las que se asienta la laguna y que corresponden a tres municipios de la Costa Chica: Cuautepec, Copala y Florencia Villareal.
El procurador ambiental planteó la posibilidad de que la piel del cocodrilo pueda seguir aprovechándose por los lugareños, siempre y cuando se instalaran granjas para crianza y los animales de los que se obtenga la piel sean los que ahí se críen, destinando una parte al mantenimiento del equilibrio ecológico.
SE AGRAVA PROBLEMA ECOLOGICO
Aunado a la mortandad de cocodrilos en esa laguna, informó el funcionario estatal que también se detectó una plaga no definida hasta el momento que está secando los manglares que rodean el cuerpo lagunar.
A partir de esa anomalía, para las autoridades ecológicas estatales la urgencia más importante es iniciar un proceso de rescate ecológico en el que participen instancias de los tres niveles de gobierno.
Cuestionado sobre el papel que están jugando las demás actores de las dependencias relacionadas con el medio ambiente dijo, “se necesita no se improvise más políticos, se necesita especialistas que tengan convicción y dedicación para atender los problemas”.
Finalmente, aseguró que la laguna se encuentra en un momento que aún puede ser saneada y restaurada ecológicamente y con la posibilidad de ser aprovechada para ecoturismo, siempre y cuando se haga con un manejo adecuado.
Al menos 17 cocodrilos de la especie Acutus (cocodrilo de río), que se considera en peligro de extinción, fueron sacrificados en la laguna de Chautengo, para aprovechar sólo una pequeña parte de su piel.
El procurador de Protección Ecológica, Tulio Ismael Estrada Apátiga, denunció lo anterior e informó que personal a su cargo ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de esa masacre.
Los animales que fueron sacrificados miden más de dos metros y los cazadores furtivos únicamente se llevaron la piel que recubre la parte de la panza del animal, pues la del lomo, por ser más dura, no la pudieron obtener.
El hallazgo se hizo durante una inspección que realizó el personal técnico de la procuraduría, en la laguna de Chautengo, que se ubica en el municipio de Cruz Grande, en la región de la Costa Chica.
De acuerdo al funcionario, la piel “cruda” de un cocodrilo en el mercado negro tiene un valor aproximado de 300 pesos, monto que resulta bastante bajo comparado con el daño ecológico que se está generando, estableció.
Estrada Apátiga aseguró que la devastación de cocodrilos en esa laguna generará un severo problema en la cadena alimenticia del ecosistema e incluso puede poner en riesgo la subsistencia de la laguna, pues esos animales rascan las orillas del cuerpo de agua para conservar la humedad.
El funcionario estatal informó que la inspección se ordenó originalmente para complementar un estudio que realiza la Procuraduría de Protección Ecológica de Guerrero (Propeg) en torno al problema que se vive en ese cuerpo de agua.
Detalló que se ha detectado que una plaga que afecta a los manglares ubicados en la laguna, junto con la devastación producida por el ser humano, la han puesto al borde del desequilibrio ecológico.
Estrada Apátiga expresó que con la evidencia obtenida en la inspección, la Propeg dio parte a otras dependencias relacionadas con la ecología como las secretarías del Medio Ambiente estatal y federal, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Comentó que con personal de esas dependencias se han hecho nuevas visitas a la laguna para iniciar la investigación correspondiente, y así intentar dar con el o los responsables del ecocidio.
LEY PROTEGE A ECOCIDAS
Sin embargo, el procurador ambiental indicó que aún cuando se lograra dar con los responsables de la masacre de los cocodrilos, estos no serían sujetos de una fuerte sanción.
Desafortunadamente, comentó, la legislación vigente en la materia únicamente permitiría condenar a los responsables por el tráfico de especies y subproductos silvestres.
Declaró que en el caso de que se encontrara a los presuntos responsables en flagrancia comercializando las pieles, podrían obtener una pena corporal de hasta siete años de prisión.
Esa sentencia, consideró, es muy poco por haber cometido al menos 17 asesinatos de cocodrilos aunque se presume que son muchos más.
Tulio Estrada dijo que a raíz de que se documentó el problema se inició la elaboración de un proyecto ecoturístico para que los pobladores del lugar primero saneen, cuiden y promuevan la laguna.
Esto para preservar su belleza singular, aún cuando el cuerpo lagunar ya tiene algo de contaminación, además de que son evidentes las huellas de la devastación que le ha producido la mano del hombre.
Empero, el proyecto apenas contemplaría con un financiamiento inicial aproximado de un millón de pesos el saneamiento de 30 de las tres mil 455 hectáreas sobre las que se asienta la laguna y que corresponden a tres municipios de la Costa Chica: Cuautepec, Copala y Florencia Villareal.
El procurador ambiental planteó la posibilidad de que la piel del cocodrilo pueda seguir aprovechándose por los lugareños, siempre y cuando se instalaran granjas para crianza y los animales de los que se obtenga la piel sean los que ahí se críen, destinando una parte al mantenimiento del equilibrio ecológico.
SE AGRAVA PROBLEMA ECOLOGICO
Aunado a la mortandad de cocodrilos en esa laguna, informó el funcionario estatal que también se detectó una plaga no definida hasta el momento que está secando los manglares que rodean el cuerpo lagunar.
A partir de esa anomalía, para las autoridades ecológicas estatales la urgencia más importante es iniciar un proceso de rescate ecológico en el que participen instancias de los tres niveles de gobierno.
Cuestionado sobre el papel que están jugando las demás actores de las dependencias relacionadas con el medio ambiente dijo, “se necesita no se improvise más políticos, se necesita especialistas que tengan convicción y dedicación para atender los problemas”.
Finalmente, aseguró que la laguna se encuentra en un momento que aún puede ser saneada y restaurada ecológicamente y con la posibilidad de ser aprovechada para ecoturismo, siempre y cuando se haga con un manejo adecuado.
No habrá aumento salarial en el TSJ
Antonio Jiménez Gómez
Durante 2007 no habrá incremento al salario de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia como se había previsto a principios de año, confirmó su presidente, Edmundo Román Pinzón.
Lo anterior a pesar de que el presupuesto para el presente año del Poder Judicial es considerablemente mayor al ejercido el año pasado; el Congreso local aprobó más de 400 millones de pesos, pro no está considerado mejorar las remuneraciones del personal, sino sólo la contratación de otros funcionarios.
“Lo que se previó fue lo de los actuarios (que se contrataron) que fue lo primero que hicimos, queremos que los poderes mantengan la confianza en nosotros para las reformas que se hicieron, primero con la propuesta de presupuesto y luego mejorar la administración de justicia”, añadió.
Román Pinzón indicó que ante la realidad que enfrenta el Poder Judicial, poco a poco se tiene que complementar el recurso humano del que se dispone, como son los actuarios, que son la prioridad porque son insuficientes.
“Hasta contabilidad estoy aprendiendo”, acotó el magistrado presidente del TSJ, ante los cuestionamientos de los reporteros en torno a la situación que prevalece en la institución que dirige.
Y aún cuando admitió saber del “sacrificio que hacen los consejeros, los magistrados y todo el personal del Poder Judicial”, sólo dejó entrever la posibilidad de que más adelante pudiera autorizarse un incremento salarial, “lo mínimo que se pueda”.
Respecto de la Ley de Justicia para Adolescentes, que fue reformada a nivel federal y que obliga a crear nuevos juzgados para ellos, Román Pinzón mencionó que todo depende de que hagan la ley respectiva los diputados locales en el estado, la cual no ha sido aprobada todavía.
Y en cuanto a si hay presupuesto para crear los juzgados destinados a los adolescentes, ante las reformas judiciales, comentó que “hay por ahí un guardadito previendo alguna posibilidad, precisamente, tenemos que ir guardando lo que llamamos compromisos”
Román Pinzón agregó que se contrataron 40 actuarios en igual número de juzgados que se ocuparon en las ciudades donde hay mayor densidad de población y más asuntos como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo.
Durante 2007 no habrá incremento al salario de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia como se había previsto a principios de año, confirmó su presidente, Edmundo Román Pinzón.
Lo anterior a pesar de que el presupuesto para el presente año del Poder Judicial es considerablemente mayor al ejercido el año pasado; el Congreso local aprobó más de 400 millones de pesos, pro no está considerado mejorar las remuneraciones del personal, sino sólo la contratación de otros funcionarios.
“Lo que se previó fue lo de los actuarios (que se contrataron) que fue lo primero que hicimos, queremos que los poderes mantengan la confianza en nosotros para las reformas que se hicieron, primero con la propuesta de presupuesto y luego mejorar la administración de justicia”, añadió.
Román Pinzón indicó que ante la realidad que enfrenta el Poder Judicial, poco a poco se tiene que complementar el recurso humano del que se dispone, como son los actuarios, que son la prioridad porque son insuficientes.
“Hasta contabilidad estoy aprendiendo”, acotó el magistrado presidente del TSJ, ante los cuestionamientos de los reporteros en torno a la situación que prevalece en la institución que dirige.
Y aún cuando admitió saber del “sacrificio que hacen los consejeros, los magistrados y todo el personal del Poder Judicial”, sólo dejó entrever la posibilidad de que más adelante pudiera autorizarse un incremento salarial, “lo mínimo que se pueda”.
Respecto de la Ley de Justicia para Adolescentes, que fue reformada a nivel federal y que obliga a crear nuevos juzgados para ellos, Román Pinzón mencionó que todo depende de que hagan la ley respectiva los diputados locales en el estado, la cual no ha sido aprobada todavía.
Y en cuanto a si hay presupuesto para crear los juzgados destinados a los adolescentes, ante las reformas judiciales, comentó que “hay por ahí un guardadito previendo alguna posibilidad, precisamente, tenemos que ir guardando lo que llamamos compromisos”
Román Pinzón agregó que se contrataron 40 actuarios en igual número de juzgados que se ocuparon en las ciudades donde hay mayor densidad de población y más asuntos como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo.
No asiste director municipal de Protección Civil a reunión regional
Antonio Jiménez Gómez
El director de Protección Civil de Chilpancingo no asistió a la reunión de funcionarios de ese sector en la región Centro, realizada ayer en el Instituto de Formación y Capacitación Policial.
Tampoco asistieron representantes de los municipios de Ahuacotzingo, Juan R. Escudero y Mártir de Cuilapan.
El encuentro, según Protección Civil estatal, serviría para confirmar los mecanismos de coordinación entre autoridades de Guerrero y de los ayuntamientos, de cara a la temporada de ciclones del Pacífico que inició el pasado 15 de mayo.
Sin embargo, acudieron los directores del área de ocho ayuntamientos, incluso el de Acapulco, así como la subsecretaria a nivel estatal, Nubia Sáyago González, pero el responsable del municipio sede no participó.
Cabe mencionar que el actual responsable de Protección Civil en el ayuntamiento, apenas tiene unas semanas en el cargo, que dejó vacante José Luis Pastor, quien fue separado del cargo luego de varias protestas y un paro laboral que realizaron en su contra trabajadores del área.
El director de Protección Civil de Chilpancingo no asistió a la reunión de funcionarios de ese sector en la región Centro, realizada ayer en el Instituto de Formación y Capacitación Policial.
Tampoco asistieron representantes de los municipios de Ahuacotzingo, Juan R. Escudero y Mártir de Cuilapan.
El encuentro, según Protección Civil estatal, serviría para confirmar los mecanismos de coordinación entre autoridades de Guerrero y de los ayuntamientos, de cara a la temporada de ciclones del Pacífico que inició el pasado 15 de mayo.
Sin embargo, acudieron los directores del área de ocho ayuntamientos, incluso el de Acapulco, así como la subsecretaria a nivel estatal, Nubia Sáyago González, pero el responsable del municipio sede no participó.
Cabe mencionar que el actual responsable de Protección Civil en el ayuntamiento, apenas tiene unas semanas en el cargo, que dejó vacante José Luis Pastor, quien fue separado del cargo luego de varias protestas y un paro laboral que realizaron en su contra trabajadores del área.
miércoles, mayo 23, 2007
Urge mayor cultura ambiental: Tovar
Guerrero enfrenta un grave riesgo de devastación ecológica que no se limita a la ocurrencia de incendios, alertó el secretario de la Comisión de Salud del Congreso local, Raúl Tovar Tavera.
El legislador estableció que es urgente que los diferentes niveles de gobierno instrumenten programas de culturización en materia de preservación ecológica, para que se logren abatir vicios y prácticas que son muy nocivas para los ecosistemas, y que se pueden evitar.
Incluso, destacó que una prueba de que la educación es la mejor arma para cuidar el medio ambiente, que los niños ahora son los que regañan a los padres por tirar la basura en las calles.
“Estamos destruyendo la atmósfera y no estamos haciendo nada real para evitarlo”, estableció el legislador, quien puso como ejemplo que todavía la semana pasada continuaba quemándose el basurero de Iguala a más de un mes de iniciado el siniestro.
Comentó que no es posible que la sociedad se siga acabando el planeta de una forma tan lamentable.
Estableció que los incendios forestales en Guerrero no son tan graves, ya que generalmente se consume maleza. El problema más fuerte es la tala inmoderada que está devastando los bosques de Guerrero que contribuyen a la purificación del ambiente y a evitar la erosión y la desaparición de los mantos acuiferos.
Tovar Tavera estableció que ya ha platicado con el secretario del Medio Ambiente estatal, Sabás de la Rosa Camacho, para que se analice la implementación de acciones concretas para frenar la erosión en las tierras que están alrededor de la laguna de Tuxpan y estrategias de reforestación.
Desafortunadamente, expresó el legislador priista, “los políticos no quieren invertir en el cuidado de la ecología”, en programas que realmente se realicen bien, por lo que dijo que es necesario cambiar la mentalidad de la gente en el poder para cambiar el rumbo en los próximos diez años.
“Nos quedan diez años para poder lograr revertir el desastre que le hemos hecho a la naturaleza. Por eso se deben realizar programas reales que se apliquen bien. De nada sirve sembrar medio millón de árboles si se van a secar todos”, comentó.
En ese sentido, estableció que es mejor sembrar solo mil árboles, pero que se logren; integrar pequeños bosques con los que se puede ir avanzando en lugares específicos de Guerrero, pero que sean cuidados realmente.
También se tiene que inculcar el uso de la bicicleta, la separación de la basura orgánica e inorgánica, el ahorro de combustibles, y fomentar alternativas ecológicas en diversas actividades.
Ello, estableció, es responsabilidad de todos los niveles de gobierno, pero sobre todo fomentar una cultura ecológica desde los jardines de niños, e implementar materias en otros niveles escolares para reforzar esos conocimientos.Estableció que también se debe promover que la gente no queme la basura, que cuide la disposición final de las miles de pilas que se utilizan diariamente y que conta
El legislador estableció que es urgente que los diferentes niveles de gobierno instrumenten programas de culturización en materia de preservación ecológica, para que se logren abatir vicios y prácticas que son muy nocivas para los ecosistemas, y que se pueden evitar.
Incluso, destacó que una prueba de que la educación es la mejor arma para cuidar el medio ambiente, que los niños ahora son los que regañan a los padres por tirar la basura en las calles.
“Estamos destruyendo la atmósfera y no estamos haciendo nada real para evitarlo”, estableció el legislador, quien puso como ejemplo que todavía la semana pasada continuaba quemándose el basurero de Iguala a más de un mes de iniciado el siniestro.
Comentó que no es posible que la sociedad se siga acabando el planeta de una forma tan lamentable.
Estableció que los incendios forestales en Guerrero no son tan graves, ya que generalmente se consume maleza. El problema más fuerte es la tala inmoderada que está devastando los bosques de Guerrero que contribuyen a la purificación del ambiente y a evitar la erosión y la desaparición de los mantos acuiferos.
Tovar Tavera estableció que ya ha platicado con el secretario del Medio Ambiente estatal, Sabás de la Rosa Camacho, para que se analice la implementación de acciones concretas para frenar la erosión en las tierras que están alrededor de la laguna de Tuxpan y estrategias de reforestación.
Desafortunadamente, expresó el legislador priista, “los políticos no quieren invertir en el cuidado de la ecología”, en programas que realmente se realicen bien, por lo que dijo que es necesario cambiar la mentalidad de la gente en el poder para cambiar el rumbo en los próximos diez años.
“Nos quedan diez años para poder lograr revertir el desastre que le hemos hecho a la naturaleza. Por eso se deben realizar programas reales que se apliquen bien. De nada sirve sembrar medio millón de árboles si se van a secar todos”, comentó.
En ese sentido, estableció que es mejor sembrar solo mil árboles, pero que se logren; integrar pequeños bosques con los que se puede ir avanzando en lugares específicos de Guerrero, pero que sean cuidados realmente.
También se tiene que inculcar el uso de la bicicleta, la separación de la basura orgánica e inorgánica, el ahorro de combustibles, y fomentar alternativas ecológicas en diversas actividades.
Ello, estableció, es responsabilidad de todos los niveles de gobierno, pero sobre todo fomentar una cultura ecológica desde los jardines de niños, e implementar materias en otros niveles escolares para reforzar esos conocimientos.Estableció que también se debe promover que la gente no queme la basura, que cuide la disposición final de las miles de pilas que se utilizan diariamente y que conta
Ausentismo de diputados atora juicios políticos
La conclusión de los juicios políticos que se siguen en contra de los alcaldes de Cochoapa El Grande y Canuto Neri está detenida por la inasistencia de los diputados a las reuniones de la Comisión Instructora.
De acuerdo a la presidenta de ese grupo parlamentario responsable de procesar las denuncias en contra de funcionarios de elección popular, Abelina López Rodríguez, desde hace varias semanas los proyectos finales de sentencia contra ambos munícipes están listos.
Sin embargo, a pesar de que se les ha citado en dos ocasiones a los integrantes de la comisión, estos no han acudido argumentando cuestiones de agenda, abundó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática.
De acuerdo a información del personal de la secretaría técnica de esa comisión, las propuestas de dictamen en contra de los dos alcaldes se encuentran listos desde hace un mes.
Este jueves se convocó a la tercera reunión interna para que se presente dicho documento, se consense entre los diputados y se apruebe, o en su caso se hagan las modificaciones necesarias para que sea presentado al pleno.
Cabe recordar que en el caso de Cochoapa El Grande, el alcalde ha diso señalado de incurrir en una diversidad de anomalías que van desde la inexistencia de un sistema contable, la no entrega de cuentas públicas, así como irregularidades financieras y problemas con su cabildo.
El juicio político en contra del munícipe de extracción perredista fue promovido desde hace un año, y después de cumplir con los tiempos y procedimientos que marca la ley, la presidenta de la Comisión Instructora informó que se cuentan con los elementos suficientes para emitir la sentencia.
En caso de que los integrantes de la Comisión Instructora avalen el que hay suficientes elementos en contra del alcalde de Cochoapa, se podría presentar ante el pleno la solicitud de revocación de mandato, el primer procedimiento de ese tipo que se registra en los últimos años.
López Rodríguez indicó que en la elaboración del dictamen final no influyeron criterios políticos o partidistas, sino que se procedió conforme a las pruebas, testimonios y documentos que se hicieron llegar a ese grupo por las partes en conflictos.
Agregó que la decisión que se tome en los casos de Cochoapa y de Canuto Neri, serán sólo a partir de la aplicación del derecho.
De acuerdo a la presidenta de ese grupo parlamentario responsable de procesar las denuncias en contra de funcionarios de elección popular, Abelina López Rodríguez, desde hace varias semanas los proyectos finales de sentencia contra ambos munícipes están listos.
Sin embargo, a pesar de que se les ha citado en dos ocasiones a los integrantes de la comisión, estos no han acudido argumentando cuestiones de agenda, abundó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática.
De acuerdo a información del personal de la secretaría técnica de esa comisión, las propuestas de dictamen en contra de los dos alcaldes se encuentran listos desde hace un mes.
Este jueves se convocó a la tercera reunión interna para que se presente dicho documento, se consense entre los diputados y se apruebe, o en su caso se hagan las modificaciones necesarias para que sea presentado al pleno.
Cabe recordar que en el caso de Cochoapa El Grande, el alcalde ha diso señalado de incurrir en una diversidad de anomalías que van desde la inexistencia de un sistema contable, la no entrega de cuentas públicas, así como irregularidades financieras y problemas con su cabildo.
El juicio político en contra del munícipe de extracción perredista fue promovido desde hace un año, y después de cumplir con los tiempos y procedimientos que marca la ley, la presidenta de la Comisión Instructora informó que se cuentan con los elementos suficientes para emitir la sentencia.
En caso de que los integrantes de la Comisión Instructora avalen el que hay suficientes elementos en contra del alcalde de Cochoapa, se podría presentar ante el pleno la solicitud de revocación de mandato, el primer procedimiento de ese tipo que se registra en los últimos años.
López Rodríguez indicó que en la elaboración del dictamen final no influyeron criterios políticos o partidistas, sino que se procedió conforme a las pruebas, testimonios y documentos que se hicieron llegar a ese grupo por las partes en conflictos.
Agregó que la decisión que se tome en los casos de Cochoapa y de Canuto Neri, serán sólo a partir de la aplicación del derecho.
Ausentismo de diputados atora juicios políticos
La conclusión de los juicios políticos que se siguen en contra de los alcaldes de Cochoapa El Grande y Canuto Neri está detenida por la inasistencia de los diputados a las reuniones de la Comisión Instructora.
De acuerdo a la presidenta de ese grupo parlamentario responsable de procesar las denuncias en contra de funcionarios de elección popular, Abelina López Rodríguez, desde hace varias semanas los proyectos finales de sentencia contra ambos munícipes están listos.
Sin embargo, a pesar de que se les ha citado en dos ocasiones a los integrantes de la comisión, estos no han acudido argumentando cuestiones de agenda, abundó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática.
De acuerdo a información del personal de la secretaría técnica de esa comisión, las propuestas de dictamen en contra de los dos alcaldes se encuentran listos desde hace un mes.
Este jueves se convocó a la tercera reunión interna para que se presente dicho documento, se consense entre los diputados y se apruebe, o en su caso se hagan las modificaciones necesarias para que sea presentado al pleno.
Cabe recordar que en el caso de Cochoapa El Grande, el alcalde ha diso señalado de incurrir en una diversidad de anomalías que van desde la inexistencia de un sistema contable, la no entrega de cuentas públicas, así como irregularidades financieras y problemas con su cabildo.
El juicio político en contra del munícipe de extracción perredista fue promovido desde hace un año, y después de cumplir con los tiempos y procedimientos que marca la ley, la presidenta de la Comisión Instructora informó que se cuentan con los elementos suficientes para emitir la sentencia.
En caso de que los integrantes de la Comisión Instructora avalen el que hay suficientes elementos en contra del alcalde de Cochoapa, se podría presentar ante el pleno la solicitud de revocación de mandato, el primer procedimiento de ese tipo que se registra en los últimos años.
López Rodríguez indicó que en la elaboración del dictamen final no influyeron criterios políticos o partidistas, sino que se procedió conforme a las pruebas, testimonios y documentos que se hicieron llegar a ese grupo por las partes en conflictos.
Agregó que la decisión que se tome en los casos de Cochoapa y de Canuto Neri, serán sólo a partir de la aplicación del derecho.
De acuerdo a la presidenta de ese grupo parlamentario responsable de procesar las denuncias en contra de funcionarios de elección popular, Abelina López Rodríguez, desde hace varias semanas los proyectos finales de sentencia contra ambos munícipes están listos.
Sin embargo, a pesar de que se les ha citado en dos ocasiones a los integrantes de la comisión, estos no han acudido argumentando cuestiones de agenda, abundó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática.
De acuerdo a información del personal de la secretaría técnica de esa comisión, las propuestas de dictamen en contra de los dos alcaldes se encuentran listos desde hace un mes.
Este jueves se convocó a la tercera reunión interna para que se presente dicho documento, se consense entre los diputados y se apruebe, o en su caso se hagan las modificaciones necesarias para que sea presentado al pleno.
Cabe recordar que en el caso de Cochoapa El Grande, el alcalde ha diso señalado de incurrir en una diversidad de anomalías que van desde la inexistencia de un sistema contable, la no entrega de cuentas públicas, así como irregularidades financieras y problemas con su cabildo.
El juicio político en contra del munícipe de extracción perredista fue promovido desde hace un año, y después de cumplir con los tiempos y procedimientos que marca la ley, la presidenta de la Comisión Instructora informó que se cuentan con los elementos suficientes para emitir la sentencia.
En caso de que los integrantes de la Comisión Instructora avalen el que hay suficientes elementos en contra del alcalde de Cochoapa, se podría presentar ante el pleno la solicitud de revocación de mandato, el primer procedimiento de ese tipo que se registra en los últimos años.
López Rodríguez indicó que en la elaboración del dictamen final no influyeron criterios políticos o partidistas, sino que se procedió conforme a las pruebas, testimonios y documentos que se hicieron llegar a ese grupo por las partes en conflictos.
Agregó que la decisión que se tome en los casos de Cochoapa y de Canuto Neri, serán sólo a partir de la aplicación del derecho.
Protestan transportistas; piden exenciones fiscales
Un centenar de transportistas provenientes de diferentes regiones del estado se manifestaron frente a Palacio de Gobierno y el Congreso local para exigir que en realidad se combata el pirataje en las diferentes rutas del transporte público.
De acuerdo a los organizadores de la protesta, en ella participaron trabajadores del volante aglutinados en 40 organizaciones estatales y regionales, de diversos municipios de la entidad.
Demandaron que la Secretaría de Finanzas no les obligue a pagar la tenencia de sus vehículos, hasta que no sostengan una mesa de diálogo con el titular de la dependencia, en la que le solicitarán exenciones fiscales.
Los transportistas apostaron sus unidades frente a Palacio de Gobierno alrededor de las diez de la mañana, para presionar a las autoridades estatales a que les condone el pago de los impuestos que por ley deben cubrir como operadores de unidades de transporte.
Una comisión exigió una audiencia con el secretario de Finanzas; sin embargo, después de un par de horas sólo fueron recibidos por el subsecretario de Ingresos, Javier Ibáñez, quien respondió que no tenía facultad para acceder a las peticiones de los inconformes.
El funcionario sólo se comprometió a gestionarles una reunión con el titular de la dependencia para la próxima semana, ante lo cual los transportistas acordaron levantar el plantón.
Posteriormente se trasladaron a la explanada central del Congreso local, donde realizaron un mitin en el que demandaron a la Comisión de Transportes que deje de ser un adorno y que presione al Ejecutivo para que en realidad combata el pirataje.
Camilo López Sánchez, dirigente de la Red de Transportistas del Estado de Guerrero, criticó al director del ramo del gobierno estatal, Ignacio Sevilla Díaz, de pretender disculpar su incapacidad o desinterés de combatir el pirataje, argumentando que no cuenta con los suficientes inspectores.
Por ello, exigieron al Congreso local que presione a las autoridades estatales para que se ataque ese problema de una manera real y efectiva, y ya no se siga afectando al gremio.
Al terminar el mitin, un grupo de inconformes se trasladó a las oficinas de Sevilla Díaz a buscar una audiencia, mientras que otros prefirieron ir a almorzar y otros cuantos se regresaron a sus respectivos municipios a trabajar.
De acuerdo a los organizadores de la protesta, en ella participaron trabajadores del volante aglutinados en 40 organizaciones estatales y regionales, de diversos municipios de la entidad.
Demandaron que la Secretaría de Finanzas no les obligue a pagar la tenencia de sus vehículos, hasta que no sostengan una mesa de diálogo con el titular de la dependencia, en la que le solicitarán exenciones fiscales.
Los transportistas apostaron sus unidades frente a Palacio de Gobierno alrededor de las diez de la mañana, para presionar a las autoridades estatales a que les condone el pago de los impuestos que por ley deben cubrir como operadores de unidades de transporte.
Una comisión exigió una audiencia con el secretario de Finanzas; sin embargo, después de un par de horas sólo fueron recibidos por el subsecretario de Ingresos, Javier Ibáñez, quien respondió que no tenía facultad para acceder a las peticiones de los inconformes.
El funcionario sólo se comprometió a gestionarles una reunión con el titular de la dependencia para la próxima semana, ante lo cual los transportistas acordaron levantar el plantón.
Posteriormente se trasladaron a la explanada central del Congreso local, donde realizaron un mitin en el que demandaron a la Comisión de Transportes que deje de ser un adorno y que presione al Ejecutivo para que en realidad combata el pirataje.
Camilo López Sánchez, dirigente de la Red de Transportistas del Estado de Guerrero, criticó al director del ramo del gobierno estatal, Ignacio Sevilla Díaz, de pretender disculpar su incapacidad o desinterés de combatir el pirataje, argumentando que no cuenta con los suficientes inspectores.
Por ello, exigieron al Congreso local que presione a las autoridades estatales para que se ataque ese problema de una manera real y efectiva, y ya no se siga afectando al gremio.
Al terminar el mitin, un grupo de inconformes se trasladó a las oficinas de Sevilla Díaz a buscar una audiencia, mientras que otros prefirieron ir a almorzar y otros cuantos se regresaron a sus respectivos municipios a trabajar.
Piden a Salud revisar rastros por clembuterol
La Secretaría de Desarrollo Rural solicitó a la de Salud que realice a la brevedad posible un programa de revisión efectivo de la carne que se distribuye en los rastros de la entidad.
El titular de la Seder, Armando Ríos Piter, indicó que también solicitó a su homólogo de Salud, Luis Barrera Ríos, que elabore un informe pormenorizado sobre los “presuntos” casos de intoxicación de personas por consumir carne con clembuterol en la Tierra Caliente.
El funcionario estatal indicó que hasta el momento no tiene confirmado el que se haya dado realmente dicha intoxicación, por lo que está esperando el reporte de la Secretaría de Salud.
De acuerdo a reportes de la Secretaría de Salud, un número indeterminado de personas habrían sufrido afectaciones a su salud, luego de haber asistido a una fiesta realizada en una población de la región de la Tierra Caliente.
Supuestamente, las personas que acudieron al evento consumieron carne que contenía clembuterol, una sustancia que hace que las reses tengan un mayor volumen muscular.
Al respecto, Ríos Piter indicó que la Secretaría de Agricultura y Ganadería federal mantiene un programa de vigilancia en los hatos ganaderos para evitar que carne con clembuterol llegue a Guerrero.
Asimismo, dijo que la Seder también tiene implementado un programa, en coordinación con el gobierno federal, para detectar a tiempo la presencia de ganado enfermo con tuberculosis o brucelosis.
Sin embargo, aclaró que una vez que el animal llega al rastro y es sacrificado, ya es competencia de la Secretaría de Salud verificar que la carne esté en buenas condiciones para su consumo humano.
Por ello, dijo que la secretaría a su cargo solicitó a la de Salud que investigue exactamente la veracidad de esos padecimientos, para determinar cuál fue la causa de que esa gente tuviera transtornos en su salud.
Sin embargo, aclaró que también se solicitó a esa dependencia que haga una verificación minuciosa a nivel de rastros para detectar posibles anomalías en la carne que distribuyen.
Adicionalmente, “convocamos a la Secretaría de Salud que llevemos a cabo una reunión la próxima semana, para verificar la información, para que después de eso, a las áreas que podamos auxiliar en el procesamiento, veamos cuáles son las acciones a implementar”
Sobre la alimentación de los hatos ganaderos que existen en la entidad, Ríos Piter indicó que es una responsabilidad que principalmente recae en los ganaderos, quienes deben ser cuidadosos y tener conciencia de que están generando productos para consumo humano.
De acuerdo a estadísticas dadas a conocer por la Sagarpa, en 2006 se contaba con un inventario de un millón 300 mil cabezas de ganado bovino y la producción de carne superaba las 36 mil toneladas.
En cuanto al clembuterol, se establece que es un aditivo que se aplica a los alimentos del ganado que provocan que haya liberación de nitrógeno, que va al higado, al torrente sanguíneo, y cuando llega al músculo hace incrementar el volumen.
En cuanto a sus efectos en el cuerpo humano por consumo de carne con clembuterol, se establece que en altas dosis, puede generar problemas para la salud; como puede ser la diarrea o temperatura, e incluso puede llegar a provocar un paro cardiaco.
El titular de la Seder, Armando Ríos Piter, indicó que también solicitó a su homólogo de Salud, Luis Barrera Ríos, que elabore un informe pormenorizado sobre los “presuntos” casos de intoxicación de personas por consumir carne con clembuterol en la Tierra Caliente.
El funcionario estatal indicó que hasta el momento no tiene confirmado el que se haya dado realmente dicha intoxicación, por lo que está esperando el reporte de la Secretaría de Salud.
De acuerdo a reportes de la Secretaría de Salud, un número indeterminado de personas habrían sufrido afectaciones a su salud, luego de haber asistido a una fiesta realizada en una población de la región de la Tierra Caliente.
Supuestamente, las personas que acudieron al evento consumieron carne que contenía clembuterol, una sustancia que hace que las reses tengan un mayor volumen muscular.
Al respecto, Ríos Piter indicó que la Secretaría de Agricultura y Ganadería federal mantiene un programa de vigilancia en los hatos ganaderos para evitar que carne con clembuterol llegue a Guerrero.
Asimismo, dijo que la Seder también tiene implementado un programa, en coordinación con el gobierno federal, para detectar a tiempo la presencia de ganado enfermo con tuberculosis o brucelosis.
Sin embargo, aclaró que una vez que el animal llega al rastro y es sacrificado, ya es competencia de la Secretaría de Salud verificar que la carne esté en buenas condiciones para su consumo humano.
Por ello, dijo que la secretaría a su cargo solicitó a la de Salud que investigue exactamente la veracidad de esos padecimientos, para determinar cuál fue la causa de que esa gente tuviera transtornos en su salud.
Sin embargo, aclaró que también se solicitó a esa dependencia que haga una verificación minuciosa a nivel de rastros para detectar posibles anomalías en la carne que distribuyen.
Adicionalmente, “convocamos a la Secretaría de Salud que llevemos a cabo una reunión la próxima semana, para verificar la información, para que después de eso, a las áreas que podamos auxiliar en el procesamiento, veamos cuáles son las acciones a implementar”
Sobre la alimentación de los hatos ganaderos que existen en la entidad, Ríos Piter indicó que es una responsabilidad que principalmente recae en los ganaderos, quienes deben ser cuidadosos y tener conciencia de que están generando productos para consumo humano.
De acuerdo a estadísticas dadas a conocer por la Sagarpa, en 2006 se contaba con un inventario de un millón 300 mil cabezas de ganado bovino y la producción de carne superaba las 36 mil toneladas.
En cuanto al clembuterol, se establece que es un aditivo que se aplica a los alimentos del ganado que provocan que haya liberación de nitrógeno, que va al higado, al torrente sanguíneo, y cuando llega al músculo hace incrementar el volumen.
En cuanto a sus efectos en el cuerpo humano por consumo de carne con clembuterol, se establece que en altas dosis, puede generar problemas para la salud; como puede ser la diarrea o temperatura, e incluso puede llegar a provocar un paro cardiaco.
martes, mayo 22, 2007
Inicia Xochipala protestas para presionar a minera
Antonio Jiménez Gómez
Comuneros de la localidad de Xochipala exigieron a la minera canadiense Luismin, que incremente el pago que les da por la renta de 450 hectáreas de terreno “porque están extrayendo oro y no tierra”.
Los campesinos encabezados por su comisario, Samuel Jiménez Cuevas, y por el diputado local Ramiro Solorio Almazán, anunciaron que a partir de hoy cerrarán los accesos a la zona de trabajo de la mina en Xochipala.
Asimismo, convocaron a los representantes de la empresa minera a reunirse el próximo jueves a las 17:00 horas, para iniciar la negociación de mejora en los contrato de arrendamiento de las tierras.
Dijeron estar convencidos de que sólo con diálogo se logrará un acuerdo similar al que logró el pueblo de Carrizalillo, luego de tres meses de paros y bloqueos.
Sin embargo, indicaron que de ser necesario, implementarán las medidas de presión que sean necesarias para que la empresa los escuche, los atienda y les dé respuesta favorable a sus peticiones.
Encabezados por su comisario municipal, acudieron a la sede del Congreso local un grupo de comuneros entre quienes estaban Villarmino Bautista Rodríguez, Elizur Bautista Robles, entre otros.
Se reunieron con el diputado Solorio Almazán, a quien le solicitaron su respaldo del mismo modo que hizo con los comuneros de Carrizalillo, quienes después de varios meses de lucha, lograron la renegociación de sus contratos de renta de predios.
Ahí externaron que en Xochipala, Luismin no ha querido sentarse a dialogar con la comunidad, por lo que anunciaron que si no hay voluntad de negociación, se convocará a diputados locales federales, así como a organizaciones sociales para reforzar su lucha.
Actualmente, de acuerdo a los inconformes, la minera les está pagando mil 300 pesos anuales por cada una de las 450 hectáreas que les fueron arrendadas y sobre las cuales ya existen tres permisos de explotación para los próximos 48 años.
Ante esa situación, exigieron que se renegocien los contratos y se les asignen más recursos por hectáreas, incluso más que a los de Carrizalillo, porque “ya están sacando oro, no tierra”.
LAS TRES ACCIONES
Los representantes de Mezcala –comunidad que desde el año pasado denunció los excesos y destrucción provocada por la minera canadiense—indicaron que inicialmente promoverán tres acciones para motivar a los representantes de la empresa a negociar con ellos.
Insistieron en que están convencidos de que dialogando podrían lograr acuerdos que beneficien a ambas partes; pero acotaron que de ser necesario, promoverán acciones de resistencia para presionar a la empresa.
Incluso, indicaron que están preparados para que en dado momento puedan ser víctimas de persecución legal y represión policial, como ocurrió con sus vecinos de Carrizalillo a principios del presente año.
Por su parte, Ramiro Solorio expresó que si en Carrizalillo se lograron acuerdos justos y dignos para cada una de las partes involucradas, hay la posibilidad de que se pueda dar una negociación menos turbia con Xochipala.
En ese sentido, comuneros y legislador dieron a conocer tres acciones que se desarrollarán durante lo que resta de la semana, para forzar el diálogo con la empresa de capital canadiense.
Indicaron que los habitantes de Xochipala ya están cansados de tanto engaño y desdén por parte de la empresa minera, por lo que a partir de hoy, a las nueve de la mañana, se cerrarán los accesos a la localidad.
Con ello se estaría dando, según los inconformes, un ultimátum a los representantes de la empresa, para que acudan a una reunión que se realizará el próximo jueves a las cinco de la tarde en la localidad, y ahí instalar la mesa de diálogo.
Sin embargo, si ante ese llamado a terminar la actitud de cerrazón e insensibilidad por parte de la compañía minera, no acudieran los representantes, a partir del viernes a las nueve de la mañana, habitantes de la citada localidad se trasladarían a las oficinas de la empresa y las tomarían de manera indefinida.
“Tenemos derecho a dialogar, a exigir, porque ellos están explotando nuestras tierras y están sacando la riqueza”, argumentaron los comuneros en entrevista con Novedades Chilpancingo.
Agregaron que en caso de que la empresa se resista a atender sus demandas, también impedirán que continúen las labores de extracción de minerales, así como de explotación en los puntos conocidos como Xocoite, Loma del Tigre y otros.
Comentaron que aún cuando se pactó la autorización comunal para que la empresa trabajara en 450 hectáreas, los trabajadores están “atropellando otros lotes sin permiso de los dueños”.
Asimismo, establecieron que hasta el momento el alcalde de Eduardo Neri, José Luis Rendón Castañón, no ha intervenido en el conflicto, ni hecho caso a los reclamos de los campesinos.
Comuneros de la localidad de Xochipala exigieron a la minera canadiense Luismin, que incremente el pago que les da por la renta de 450 hectáreas de terreno “porque están extrayendo oro y no tierra”.
Los campesinos encabezados por su comisario, Samuel Jiménez Cuevas, y por el diputado local Ramiro Solorio Almazán, anunciaron que a partir de hoy cerrarán los accesos a la zona de trabajo de la mina en Xochipala.
Asimismo, convocaron a los representantes de la empresa minera a reunirse el próximo jueves a las 17:00 horas, para iniciar la negociación de mejora en los contrato de arrendamiento de las tierras.
Dijeron estar convencidos de que sólo con diálogo se logrará un acuerdo similar al que logró el pueblo de Carrizalillo, luego de tres meses de paros y bloqueos.
Sin embargo, indicaron que de ser necesario, implementarán las medidas de presión que sean necesarias para que la empresa los escuche, los atienda y les dé respuesta favorable a sus peticiones.
Encabezados por su comisario municipal, acudieron a la sede del Congreso local un grupo de comuneros entre quienes estaban Villarmino Bautista Rodríguez, Elizur Bautista Robles, entre otros.
Se reunieron con el diputado Solorio Almazán, a quien le solicitaron su respaldo del mismo modo que hizo con los comuneros de Carrizalillo, quienes después de varios meses de lucha, lograron la renegociación de sus contratos de renta de predios.
Ahí externaron que en Xochipala, Luismin no ha querido sentarse a dialogar con la comunidad, por lo que anunciaron que si no hay voluntad de negociación, se convocará a diputados locales federales, así como a organizaciones sociales para reforzar su lucha.
Actualmente, de acuerdo a los inconformes, la minera les está pagando mil 300 pesos anuales por cada una de las 450 hectáreas que les fueron arrendadas y sobre las cuales ya existen tres permisos de explotación para los próximos 48 años.
Ante esa situación, exigieron que se renegocien los contratos y se les asignen más recursos por hectáreas, incluso más que a los de Carrizalillo, porque “ya están sacando oro, no tierra”.
LAS TRES ACCIONES
Los representantes de Mezcala –comunidad que desde el año pasado denunció los excesos y destrucción provocada por la minera canadiense—indicaron que inicialmente promoverán tres acciones para motivar a los representantes de la empresa a negociar con ellos.
Insistieron en que están convencidos de que dialogando podrían lograr acuerdos que beneficien a ambas partes; pero acotaron que de ser necesario, promoverán acciones de resistencia para presionar a la empresa.
Incluso, indicaron que están preparados para que en dado momento puedan ser víctimas de persecución legal y represión policial, como ocurrió con sus vecinos de Carrizalillo a principios del presente año.
Por su parte, Ramiro Solorio expresó que si en Carrizalillo se lograron acuerdos justos y dignos para cada una de las partes involucradas, hay la posibilidad de que se pueda dar una negociación menos turbia con Xochipala.
En ese sentido, comuneros y legislador dieron a conocer tres acciones que se desarrollarán durante lo que resta de la semana, para forzar el diálogo con la empresa de capital canadiense.
Indicaron que los habitantes de Xochipala ya están cansados de tanto engaño y desdén por parte de la empresa minera, por lo que a partir de hoy, a las nueve de la mañana, se cerrarán los accesos a la localidad.
Con ello se estaría dando, según los inconformes, un ultimátum a los representantes de la empresa, para que acudan a una reunión que se realizará el próximo jueves a las cinco de la tarde en la localidad, y ahí instalar la mesa de diálogo.
Sin embargo, si ante ese llamado a terminar la actitud de cerrazón e insensibilidad por parte de la compañía minera, no acudieran los representantes, a partir del viernes a las nueve de la mañana, habitantes de la citada localidad se trasladarían a las oficinas de la empresa y las tomarían de manera indefinida.
“Tenemos derecho a dialogar, a exigir, porque ellos están explotando nuestras tierras y están sacando la riqueza”, argumentaron los comuneros en entrevista con Novedades Chilpancingo.
Agregaron que en caso de que la empresa se resista a atender sus demandas, también impedirán que continúen las labores de extracción de minerales, así como de explotación en los puntos conocidos como Xocoite, Loma del Tigre y otros.
Comentaron que aún cuando se pactó la autorización comunal para que la empresa trabajara en 450 hectáreas, los trabajadores están “atropellando otros lotes sin permiso de los dueños”.
Asimismo, establecieron que hasta el momento el alcalde de Eduardo Neri, José Luis Rendón Castañón, no ha intervenido en el conflicto, ni hecho caso a los reclamos de los campesinos.
Logra PRD mayoría absoluta en Congreso
Antonio Jiménez Gómez
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática tiene ahora 23 integrantes, con lo que ya tiene más de la mitad de los diputados locales y se consolida como mayoría real.
Lo anterior como resultado de la inclusión a ese grupo parlamentario del hasta ayer diputado independiente Fernando Pineda Ménez, quien había llegado al Congreso local como legislador plurinominal por el Partido Convergencia.
Entrevistado al respecto, Pineda Ménez declaró que la decisión la tomó a partir de que considera que en el PRD encontrará un mejor nicho para el desarrollo de sus actividades políticas.
Se jactó de ser tradicionalmente un hombre de izquierda, por lo que el sol azteca le ofrece un escenario más propicio para la realización de sus proyectos.Sobre Convergencia, partido por el que llegó al Congreso local por la vía plurinominal, sólo comentó que reiteraba su respeto al ex presidente estatal de ese instituto político, Luis Walton Aburto, así como a quien fuera su coordinador de grupo parlamentario, Mario Ramos del Carmen.
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática tiene ahora 23 integrantes, con lo que ya tiene más de la mitad de los diputados locales y se consolida como mayoría real.
Lo anterior como resultado de la inclusión a ese grupo parlamentario del hasta ayer diputado independiente Fernando Pineda Ménez, quien había llegado al Congreso local como legislador plurinominal por el Partido Convergencia.
Entrevistado al respecto, Pineda Ménez declaró que la decisión la tomó a partir de que considera que en el PRD encontrará un mejor nicho para el desarrollo de sus actividades políticas.
Se jactó de ser tradicionalmente un hombre de izquierda, por lo que el sol azteca le ofrece un escenario más propicio para la realización de sus proyectos.Sobre Convergencia, partido por el que llegó al Congreso local por la vía plurinominal, sólo comentó que reiteraba su respeto al ex presidente estatal de ese instituto político, Luis Walton Aburto, así como a quien fuera su coordinador de grupo parlamentario, Mario Ramos del Carmen.
Si se pierde La Parota, será culpa del PRD: Rojas
Antonio Jiménez Gómez
El proyecto hidroeléctrico de La Parota corre el riesgo de perderse por culpa del Partido de la Revolución Democrática, afirmó la diputada local panista, Jessica García Rojas.
Indicó que por una parte, los movimientos en contra del proyecto estratégico para el desarrollo de la entidad más importante de los últimos años, son auspiciados por representantes del PRD.
Incluso, dijo que en la reunión de comuneros acapulqueños que se suspendió el fin de semana pasado, había diputados locales y federales del PRD, y representantes de ese partido político.
En contraparte, señaló la legisladora, los gobiernos estatal y federal, emanados del mismo partido, hasta el momento no han asumido una postura clara, concreta y consistente en torno al proyecto.
Ni lo defienden ni se desdicen, siendo que para esos gobiernos concretar la presa hidroeléctrica, a pesar de que concretarla hubiera sido su mayor logro en sus respectivas administraciones.
El proyecto hidroeléctrico de La Parota corre el riesgo de perderse por culpa del Partido de la Revolución Democrática, afirmó la diputada local panista, Jessica García Rojas.
Indicó que por una parte, los movimientos en contra del proyecto estratégico para el desarrollo de la entidad más importante de los últimos años, son auspiciados por representantes del PRD.
Incluso, dijo que en la reunión de comuneros acapulqueños que se suspendió el fin de semana pasado, había diputados locales y federales del PRD, y representantes de ese partido político.
En contraparte, señaló la legisladora, los gobiernos estatal y federal, emanados del mismo partido, hasta el momento no han asumido una postura clara, concreta y consistente en torno al proyecto.
Ni lo defienden ni se desdicen, siendo que para esos gobiernos concretar la presa hidroeléctrica, a pesar de que concretarla hubiera sido su mayor logro en sus respectivas administraciones.
domingo, mayo 20, 2007
Obstruye Congreso fiscalización
Antonio Jiménez Gómez
El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, acusó directamente a la Comisión de Gobierno de evadir su responsabilidad para que se revise la operación de la Auditoria General del Estado y de obstruir su trabajo de fiscalización.
Indicó que luego de diversas peticiones formales a dicha comisión, que preside el perredista Carlos Reyes Torres, hasta el momento “no tenemos un lugar poder almacenar las cajas que el auditor ya nos remitió y donde está su cuenta pública”.
“Se me hace grave que el Congreso le niegue a la Comisión un espacio. Ya le hice la petición a Carlos –Reyes Torres--. Espero que se sensibilicen y nos den un espacio para tener esa documentación”, añadió el legislador.
Ortega Jiménez estableció que en el Congreso local se le tiene miedo a la rendición de cuentas a la que de por sí están obligados: “yo espero que en el año y medio que nos queda, esos tabúes y resistencias que persisten, y la negativa de apoyar a la comisión y la obstrucción deliberada de sus trabajos, vaya desapareciendo.
La Comisión de Vigilancia es una de las màs importantes que tiene el Congreso del Estado. Desafortunadamente, carecemos de muchas cosas, hasta de un órgano auxiliar de carácter técnico que pudiera revisar las cuentas de la Auditoria”, argumentó el también perredista.
Ortega Jiménez pidió a los integrantes de la Comisión de Vigilancia que sean congruentes y sensatos, ya que es la que tiene a su cargo la supervisión del único órgano desconcentrado del Poder Legislativo, por lo que ya es necesario que los diputados se pongan a trabajar.
“Sé que tenemos muchas actividades qué hacer, pero nuestra responsabilidad es estar aquí. Si existe voluntad de los integrantes de la Comisión ya se debe echar andar el órgano técnico. Tenemos la obligación de vigilar y fiscalizar a la Auditoría y no como dice el diputado Alvarez Angli”, añadió el presidente de dicho grupo camaral.
El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, acusó directamente a la Comisión de Gobierno de evadir su responsabilidad para que se revise la operación de la Auditoria General del Estado y de obstruir su trabajo de fiscalización.
Indicó que luego de diversas peticiones formales a dicha comisión, que preside el perredista Carlos Reyes Torres, hasta el momento “no tenemos un lugar poder almacenar las cajas que el auditor ya nos remitió y donde está su cuenta pública”.
“Se me hace grave que el Congreso le niegue a la Comisión un espacio. Ya le hice la petición a Carlos –Reyes Torres--. Espero que se sensibilicen y nos den un espacio para tener esa documentación”, añadió el legislador.
Ortega Jiménez estableció que en el Congreso local se le tiene miedo a la rendición de cuentas a la que de por sí están obligados: “yo espero que en el año y medio que nos queda, esos tabúes y resistencias que persisten, y la negativa de apoyar a la comisión y la obstrucción deliberada de sus trabajos, vaya desapareciendo.
La Comisión de Vigilancia es una de las màs importantes que tiene el Congreso del Estado. Desafortunadamente, carecemos de muchas cosas, hasta de un órgano auxiliar de carácter técnico que pudiera revisar las cuentas de la Auditoria”, argumentó el también perredista.
Ortega Jiménez pidió a los integrantes de la Comisión de Vigilancia que sean congruentes y sensatos, ya que es la que tiene a su cargo la supervisión del único órgano desconcentrado del Poder Legislativo, por lo que ya es necesario que los diputados se pongan a trabajar.
“Sé que tenemos muchas actividades qué hacer, pero nuestra responsabilidad es estar aquí. Si existe voluntad de los integrantes de la Comisión ya se debe echar andar el órgano técnico. Tenemos la obligación de vigilar y fiscalizar a la Auditoría y no como dice el diputado Alvarez Angli”, añadió el presidente de dicho grupo camaral.
Critica PAN operación deficiente de mini-secretarías
Antonio Jiménez Gómez
Las secretarías de la Mujer y de la Juventud operan con serias deficiencias, y luego de varios años de ser creadas, poco o nada han logrado para mejorar las condiciones de vida de los sectores de la población para los cuales trabajan, expresó la diputada local panista Jessica García Rojas.
La diputada acapulqueña indicó que el problema de la Semujer es estructural, ya que no nada más no ha hecho nada para mitigar las condiciones de violencia y discriminación que enfrentan las féminas en la entidad.
Indicó que en general el gobierno de Guerrero carece de una perspectiva de género, ya que hasta el momento no se han dado muestras fehacientes de que haya un compromiso real con las mujeres.
En cuanto a la Secretaría de la Juventud, García Rojas acusó a su titular de promover sus raquíticos programas en los municipios donde hay mayo rentabilidad electoral, y no donde más se requiere de la labor de esa dependencia.
García Rojas indicó que las mujeres desde que nacen en Guerrero ya enfrentan la desventaja con respecto a los hombres, por la cultura ancestral que se mantiene vigente: “siguen siendo golpeadas, tratadas como seres inferiores, como objetos sexuales sin respeto a su dignidad”.
Sin embargo, a ello y a la impunidad con la que viven los agresores de mujeres, se agrega que la Secretaría del ramo realiza actividades muy dispersas y con desatinos, pulverizando su raquítico presupuesto.
“A diez años de creada la Secretaría de la Mujer poco, muy poco se ha logrado en la resolución de los problemas de la mujer guerrerense”, declaró la diputada plurinominal.
En cuanto a la Sejuve, García Rojas indicó que sigue operando programas con criterios electoreros.
Ejemplificó el caso del programa de proyectos productivos que financió 22 acciones en 18 municipios, de entre los cuales sólo existen dos de los diez más pobres de la entidad.
Las secretarías de la Mujer y de la Juventud operan con serias deficiencias, y luego de varios años de ser creadas, poco o nada han logrado para mejorar las condiciones de vida de los sectores de la población para los cuales trabajan, expresó la diputada local panista Jessica García Rojas.
La diputada acapulqueña indicó que el problema de la Semujer es estructural, ya que no nada más no ha hecho nada para mitigar las condiciones de violencia y discriminación que enfrentan las féminas en la entidad.
Indicó que en general el gobierno de Guerrero carece de una perspectiva de género, ya que hasta el momento no se han dado muestras fehacientes de que haya un compromiso real con las mujeres.
En cuanto a la Secretaría de la Juventud, García Rojas acusó a su titular de promover sus raquíticos programas en los municipios donde hay mayo rentabilidad electoral, y no donde más se requiere de la labor de esa dependencia.
García Rojas indicó que las mujeres desde que nacen en Guerrero ya enfrentan la desventaja con respecto a los hombres, por la cultura ancestral que se mantiene vigente: “siguen siendo golpeadas, tratadas como seres inferiores, como objetos sexuales sin respeto a su dignidad”.
Sin embargo, a ello y a la impunidad con la que viven los agresores de mujeres, se agrega que la Secretaría del ramo realiza actividades muy dispersas y con desatinos, pulverizando su raquítico presupuesto.
“A diez años de creada la Secretaría de la Mujer poco, muy poco se ha logrado en la resolución de los problemas de la mujer guerrerense”, declaró la diputada plurinominal.
En cuanto a la Sejuve, García Rojas indicó que sigue operando programas con criterios electoreros.
Ejemplificó el caso del programa de proyectos productivos que financió 22 acciones en 18 municipios, de entre los cuales sólo existen dos de los diez más pobres de la entidad.
Con mentiras, pide Taxco autorización para préstamo
De acuerdo al alcalde de Taxco, Ramiro Jaimes, requiere que el Congreso local le apruebe contratar un préstamo bancario por seis millones de pesos para enfrentar las carencias de recursos provocadas por las deudas que le heredó la anterior administración.
Esta petición y queja, que surgió un año y medio después de haber asumido el cargo, fue descalificada por el ex alcalde y actual diputado local, Abraham Ponce Guadarrama.
El legislador, incluso mostró los documentos oficiales que confirman que al momento de entregar la administración a su heredero de filiación panista, no existía ninguna deuda que pudiera ser heredada y que mermara las finanzas de la nueva administración.
Asimismo, indicó que actualmente la Contraloría del estado debe estar realizando una investigación a partir de denuncias ciudadanas en contra de las autoridades del ayuntamiento de Taxco por su presunto enriquecimiento ilícito, abuso de poder y exceso en las facultades que les fueron conferidas.
En tanto, fuentes de la Comisión de Hacienda del Congreso local indicaron que, más allá de las motivaciones políticas que pudiera tener dicha solicitud, esta podría ser autorizada en la semana que inicia.
Lo anterior debido a que si el Comité de Deuda estatal y los integrantes de la Comisión de Hacienda consideran prudente la autorización del crédito, el alcalde comprueba en qué va a gastar el dinero y no pone en riesgo las percepciones del ayuntamiento, la solicitud de crédito será aprobada.
El pasado miércoles fue presentada ante el pleno del Congreso local la petición del ayuntamiento platero para contratar una línea de crédito de seis millones de pesos, para poder afrontar sus compromisos financieros.
De acuerdo a la misiva enviada al Legislativo por el alcalde panista Ramiro Jaimes, se justifica la solicitud de una línea de crédito a partir de las “deudas institucionales” que heredó de la anterior administración, lo que limita su capacidad financiera para cumplir con obras sociales.
“Prevalece un escaso margen de movilidad financiera, orinada principalmente por el pago de deudas institucionales que al inicio de este periodo constitucional tuvieron que ser cubiertas”, plantea el documento entregado ante la Oficialía Mayor del Legislativo el pasado 11 de mayo.
De acuerdo a la copia que tiene Novedades Chilpancingo, el documento informa a los diputados locales que, aunado a lo anterior, existe los ajustes presupuestales de las participaciones que se otorgan a ese ayuntamiento también ha afectado su situación.
Lo anterior obligó, según el alcalde, al cabildo a “buscar mecanismos y estrategias que permitan una reestructuración económica que logre el refinanciamiento de este organismo”.
Esto, continúa el documento, “toda vez que a la fecha aún sigue predominando una onerosa carga en los pasivos de las finanzas municipales, tales como el atraso en los pagos de salarios y aguinaldos de los trabajadores de confianza”.
Por ello, el cabildo en pleno aprobó desde el 16 de febrero pasado pedir prestados seis millones de pesos, los que serán cubiertos durante el año y medio que le resta a la actual administración estatal, con recursos de las transferencias del Ramo 33.
Sin embargo, el alcalde panista omitió definir en qué obras o proyectos concretos se invertirán los recursos que serían prestados por una institución bancaria de carácter privado.
Cabe comentar que de acuerdo a lo aprobado por el Congreso local, los ayuntamientos pueden solicitar líneas de crédito para financias obras socialmente justificables, y no para destinar los recursos al pago de nóminas y otro tipo de problemas financieros.
Adicionalmente, el ex alcalde taxqueño y actual coordinador parlamentario del PRI, Abraham Ponce Guadarrama, tronó en contra de Jaimes Gómez, a quien acusó de mentiroso, ya que no le heredó ningún tipo de deuda como argumenta.
Indicó que los documentos de entrega recepción muestran que al entregar la administración pública municipal, no dejó ninguna deuda.
Esta petición y queja, que surgió un año y medio después de haber asumido el cargo, fue descalificada por el ex alcalde y actual diputado local, Abraham Ponce Guadarrama.
El legislador, incluso mostró los documentos oficiales que confirman que al momento de entregar la administración a su heredero de filiación panista, no existía ninguna deuda que pudiera ser heredada y que mermara las finanzas de la nueva administración.
Asimismo, indicó que actualmente la Contraloría del estado debe estar realizando una investigación a partir de denuncias ciudadanas en contra de las autoridades del ayuntamiento de Taxco por su presunto enriquecimiento ilícito, abuso de poder y exceso en las facultades que les fueron conferidas.
En tanto, fuentes de la Comisión de Hacienda del Congreso local indicaron que, más allá de las motivaciones políticas que pudiera tener dicha solicitud, esta podría ser autorizada en la semana que inicia.
Lo anterior debido a que si el Comité de Deuda estatal y los integrantes de la Comisión de Hacienda consideran prudente la autorización del crédito, el alcalde comprueba en qué va a gastar el dinero y no pone en riesgo las percepciones del ayuntamiento, la solicitud de crédito será aprobada.
El pasado miércoles fue presentada ante el pleno del Congreso local la petición del ayuntamiento platero para contratar una línea de crédito de seis millones de pesos, para poder afrontar sus compromisos financieros.
De acuerdo a la misiva enviada al Legislativo por el alcalde panista Ramiro Jaimes, se justifica la solicitud de una línea de crédito a partir de las “deudas institucionales” que heredó de la anterior administración, lo que limita su capacidad financiera para cumplir con obras sociales.
“Prevalece un escaso margen de movilidad financiera, orinada principalmente por el pago de deudas institucionales que al inicio de este periodo constitucional tuvieron que ser cubiertas”, plantea el documento entregado ante la Oficialía Mayor del Legislativo el pasado 11 de mayo.
De acuerdo a la copia que tiene Novedades Chilpancingo, el documento informa a los diputados locales que, aunado a lo anterior, existe los ajustes presupuestales de las participaciones que se otorgan a ese ayuntamiento también ha afectado su situación.
Lo anterior obligó, según el alcalde, al cabildo a “buscar mecanismos y estrategias que permitan una reestructuración económica que logre el refinanciamiento de este organismo”.
Esto, continúa el documento, “toda vez que a la fecha aún sigue predominando una onerosa carga en los pasivos de las finanzas municipales, tales como el atraso en los pagos de salarios y aguinaldos de los trabajadores de confianza”.
Por ello, el cabildo en pleno aprobó desde el 16 de febrero pasado pedir prestados seis millones de pesos, los que serán cubiertos durante el año y medio que le resta a la actual administración estatal, con recursos de las transferencias del Ramo 33.
Sin embargo, el alcalde panista omitió definir en qué obras o proyectos concretos se invertirán los recursos que serían prestados por una institución bancaria de carácter privado.
Cabe comentar que de acuerdo a lo aprobado por el Congreso local, los ayuntamientos pueden solicitar líneas de crédito para financias obras socialmente justificables, y no para destinar los recursos al pago de nóminas y otro tipo de problemas financieros.
Adicionalmente, el ex alcalde taxqueño y actual coordinador parlamentario del PRI, Abraham Ponce Guadarrama, tronó en contra de Jaimes Gómez, a quien acusó de mentiroso, ya que no le heredó ningún tipo de deuda como argumenta.
Indicó que los documentos de entrega recepción muestran que al entregar la administración pública municipal, no dejó ninguna deuda.
Deben alcaldes trabajar en albergues: Protección Civil
Antonio Jiménez Gòmez
Los alcaldes de Guerrero deben ponerse a trabajar ya en la preparación de albergues que operen de forma oportuna en caso de alguna contingencia meteorológica, afirmó la responsable de Protección Civil, Nubia Sáyago González.
Estableció que para la presente temporada se pretende verificar las condiciones físicas y funcionales de los más de 900 lugares que habrán de ser habilitados como refugios temporales.
Reiteró que a partir de las estimaciones meteorológicas para el presente año, se espera que entre los meses de junio y septiembre existan condiciones para que ocurran lluvias por arriba de lo normal para esa temporada.
En tanto que se prevé la formación de un huracán de gran intensidad y seis más de categoría menor durante los próximos meses en el litoral pacífico.
Sayago González informó lo anterior luego de que la semana pasada se reuniera con alcaldes de la región costera para evaluar los preparativos necesarios para atender cualquier contingencia con motivo de la temporada de huracanes.
Indicó que la intención es que tanto personal municipal, del estado y de la federación puedan trabajar de forma coordinada para prevenir estragos “en el sector agrícola, pesquero, ganadero y, principalmente, en el área de atención de la población que vive en zonas vulnerables”.
La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico Nororiental inició oficialmente el pasado 15 de mayo, con un pronóstico de 14 fenómenos meteorológicos, de los cuatro 7 serán tormenta, 6 huracanes menores y sólo un huracán de gran intensidad.
Esa cantidad total es menos en cuatro fenómenos a los ocurridos el año pasado, de los cuales también el 50 por ciento se convirtieron en huracanes.
El saldo de esos fenómenos para Guerrero fueron inundaciones ligeras en casi un millar de viviendas, ubicadas principalmente en municipios costeros.
Asimismo, de acuerdo a las estadísticas de Protección Civil estatal, se necesitó habilitar cuatro refugios temporales en las ciudades de Zihuatanejo, Chilpancingo, Acapulco y Tecpan de Galeana.
Los alcaldes de Guerrero deben ponerse a trabajar ya en la preparación de albergues que operen de forma oportuna en caso de alguna contingencia meteorológica, afirmó la responsable de Protección Civil, Nubia Sáyago González.
Estableció que para la presente temporada se pretende verificar las condiciones físicas y funcionales de los más de 900 lugares que habrán de ser habilitados como refugios temporales.
Reiteró que a partir de las estimaciones meteorológicas para el presente año, se espera que entre los meses de junio y septiembre existan condiciones para que ocurran lluvias por arriba de lo normal para esa temporada.
En tanto que se prevé la formación de un huracán de gran intensidad y seis más de categoría menor durante los próximos meses en el litoral pacífico.
Sayago González informó lo anterior luego de que la semana pasada se reuniera con alcaldes de la región costera para evaluar los preparativos necesarios para atender cualquier contingencia con motivo de la temporada de huracanes.
Indicó que la intención es que tanto personal municipal, del estado y de la federación puedan trabajar de forma coordinada para prevenir estragos “en el sector agrícola, pesquero, ganadero y, principalmente, en el área de atención de la población que vive en zonas vulnerables”.
La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico Nororiental inició oficialmente el pasado 15 de mayo, con un pronóstico de 14 fenómenos meteorológicos, de los cuatro 7 serán tormenta, 6 huracanes menores y sólo un huracán de gran intensidad.
Esa cantidad total es menos en cuatro fenómenos a los ocurridos el año pasado, de los cuales también el 50 por ciento se convirtieron en huracanes.
El saldo de esos fenómenos para Guerrero fueron inundaciones ligeras en casi un millar de viviendas, ubicadas principalmente en municipios costeros.
Asimismo, de acuerdo a las estadísticas de Protección Civil estatal, se necesitó habilitar cuatro refugios temporales en las ciudades de Zihuatanejo, Chilpancingo, Acapulco y Tecpan de Galeana.
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