Antonio Jiménez Gómez
Luego de permanecer durante casi 400 días cerrado debido a la realización de trabajos de reparación, el puente vehicular Petaquillas fue reabierto ayer a la circulación de vehículos.
Esa obra de infraestructura fue abierta a la circulación el 11 de abril de 2006 e inaugurada oficialmente el día 20 de ese mismo mes. Sin embargo, con la caída de las primeras lluvias de ese año, empezaron a surgir desperfectos.
Fue en los primeros días de junio de 2006, cuando se registraron hundimientos de hasta 30 centímetros en las rampas del puente, principalmente en la sección sur, por lo que la circulación fue cerrada.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes acusó que fue por las “excesivas lluvias” que el puente no aguantó ni dos meses de servicio, aunque un dictamen de Protección Civil estatal desmintió la versión y aclaró que se debió a deficiencias en su construcción.
Tras el cierre de la obra, en la que se invirtieron alrededor de 40 millones de peso, vinieron trabajos de reparación que duraron alrededor de 390 días, hasta que la mañana de ayer fueron quitados los señalamientos que prohibían el paso en esa vía, y los automóviles comenzaron a circular de forma normal.
Cabe comentar que el bulevar Chilpancingo-Petaquillas, a casi 15 meses de inaugurado, todavía no termina de construirse, ya que aún no se terminan las obras complementarias de drenaje.
UNA HISTORIA DE FRACASOS
La construcción del puente Petaquillas fue realizada por la empresa Bempo Kaate, junto con la ampliación a cuatro carriles de la carretera que comunica a esa localidad con la ciudad de Chilpancingo.
Desde el inicio de los trabajos, los cuales se prolongaron a casi el doble de lo programado, se denunciaron irregularidades las cuales fueron denunciadas por los habitantes de las zonas aledañas.
De acuerdo a un informe de la SCT, la obra iba a beneficiar a más de 120 mil habitantes de Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango y sus comunidades.
Los problemas iniciales fueron de tal magnitud, que la inauguración del bulevar se programó y canceló en cuatro ocasiones, hasta que fue inaugurada oficialmente el 20 de abril, a pesar de que las obras estaban inconclusas.
Menos de dos meses después, fue cancelada la circulación en el puente de 400 metros de longitud. Los hundimientos se registraron en amplias zonas de las rampas.
A partir de ese momento, se generó un debate entre autoridades federales y estatales: SCT insistió durante meses que las lluvias habían sido las causantes del desperfecto, en tanto que Protección Civil estatal certificó que se debió a la mala calidad de la construcción.
Fue a finales del año pasado, cuando la SCT admitió que se habían registrado errores en la construcción del puente, los cuales se estaban reparando.
Aún cuando inicialmente se dijo que la rehabilitación de la obra quedaría concluida en diciembre pasado –ya que no se podían hacer reparaciones durante la temporada de lluvias--, esta continuó durante 2007.
En varias ocasiones, autoridades municipales y federales anunciaron el fin de los trabajos, pero estos no llegaban a su fin.
En el puente se quitaron las jardineras iniciales y el segmento fue cubierto por asfalto; posteriormente, se construyó un camellón, el cual al paso de los meses fue nuevamente retirado. Finalmente, esa zona por la cual supuestamente se había trasminado el agua, quedó como tramo asfaltado.
En tanto, en las paredes centrales de la base del puente, que meses atrás estuvieron a punto de derrumbarse, se colocaron tensores metálicos que están conteniendo dichos muros, y se prevé que resistan el paso de los vehículos pesados.
domingo, julio 08, 2007
Antonio Jiménez Gómez
Por considerarlos violatorios de los derechos humanos más básicos, diputados de diversos partidos políticos se pronunciaron en contra de los operativos de revisión de mochilas y la aplicación de exámenes anti doping en escuelas primarias.
Los legisladores coincidieron en señalar que si los gobiernos no son capaces de implementar políticas públicas efectivas en materia de prevención del delito y de las adicciones, que busquen otras formas de cumplir con su responsabilidad, y no agrediendo a los menores.
Asimismo, indicaron que en dado caso de que dichas estrategias sean impuestas por el gobierno de la república se deben implementar acciones colaterales.
Por ejemplo, señalaron, cómo le va hacer el gobierno de Guerrero si se confirma la existencia de estudiantes con algún tipo de adicción, si la Secretaría de Salud no tiene una estrategia ni instalaciones para tratar a ese tipo de personas.
CONDENAN MEDIDA
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rossana Mora Patiño, condenó la intención de aplicar exámenes toxicológicos a los alumnos de escuelas públicas.
“Es violatorio a los derechos humanos. Son menores de edad. Y hay que recordar que en la Constitución federal se dice que nadie puede ser molestado en sus pertenencias y en su persona, salvo por estricta orden judicial”, declaró.
La perredista indicó que sólo en los casos en que haya escuelas con graves problemas de drogas, que ya hayan sido denunciados, pudiera implementarse, con la intervención de observadores de derechos humanos y la autorización previa de los padres de familia, operativos de ese tipo.
“Donde no hay, me parece que el querer decir que esculcando mochilas de menores de edad se va a combatir el tráfico de enervantes, no es así. Las autoridades tienen una gran responsabilidad para combatir ese problema, saben bien quiénes son, dónde están y no actúan, consideró Mora Patiño.
Por ello, enfatizó que con ese tipo de programas de justificación, las autoridades “quieren tapar el sol con un dedo, quererle tapar el ojo al macho, queriendo decir que esculcando la mochila de un niño de primaria, van a combatir el tráfico de enervantes”.
Sobre la prevención de adicciones, urgió a las autoridades a que implementen un programa “serio, real y de largo plazo” para en realidad tratar de reducir el mercado de ese tipo de cosas y se concientice a los jóvenes que no tienen que consumir esas sustancias.
“Las adicciones tienen que combatirse desde la escuela con programas serios, y no sólo tomarse la fotografía, o distribuir un folletito cuando se viene a comparecencias, sino donde se ocupa, en las escuelas, en acuerdos con los maestros para que pueda realmente dar resultados”, añadió.
El representante del Partido del Trabajo, Marcos Zalazar Rodríguez, coincidió con la legisladora perredista que aplicar el antidoping a estudiantes de primaria y secundaria violenta sus derechos humanos.
Estableció que el gobierno debe pensar en otro tipo de medidas para eficientar la prevención de las adicciones y el combate a las redes de tráfico de sustancias prohibidas, y no recargarse en los niños para fingir que se está haciendo algo.
“Primero hay que fijar las reglas, para garantizar la defensa de los derechos constitucionales.. hay que establecer las formas de cómo llevar a cabo los estudios y quienes participan”, comentó el legislador.
Sin embargo, alertó que se deben tomar precauciones ante otro tipo de riesgos: “Los niños en ese ámbito ya están siendo presionados psicológicamente, porque en su mundo no entienden qué es lo que se estará buscando. Los de secundaria y de preparatoria, a lo mejor sí, pero los de primaria no, serían más utilizados”.
En tanto que también criticó que por querer combatir la delincuencia “estemos pegándonos a nosotros mismos”.
PROPONE CALVO UN REFERÉNDUM
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Humberto Calvo Memije propuso que el Congreso local podría convocar a un referéndum popular, para consultar a la ciudadanía sobre su respaldo o no a ese tipo de medida.
“Parece sana la propuesta, pero también debemos oír la opinión del pueblo. Sería bueno hacer un referéndum para que, si se aceptara, llevara la fuerza necesaria”, declaró el priista.
Sin embargo, el legislador por Chilpancingo alertó sobre lo que se podría hacer en caso de que se confirmara la existencia de personas con algún tipo de adicción.
“No nada más implica hacer el antidoping. ¿qué van hacer con los que salgan positivos? ¡Se tienen que regenerar! ¿Tendremos la capacidad para regenerar? Por eso hay que ver la opinión de la población”, añadió.
Por considerarlos violatorios de los derechos humanos más básicos, diputados de diversos partidos políticos se pronunciaron en contra de los operativos de revisión de mochilas y la aplicación de exámenes anti doping en escuelas primarias.
Los legisladores coincidieron en señalar que si los gobiernos no son capaces de implementar políticas públicas efectivas en materia de prevención del delito y de las adicciones, que busquen otras formas de cumplir con su responsabilidad, y no agrediendo a los menores.
Asimismo, indicaron que en dado caso de que dichas estrategias sean impuestas por el gobierno de la república se deben implementar acciones colaterales.
Por ejemplo, señalaron, cómo le va hacer el gobierno de Guerrero si se confirma la existencia de estudiantes con algún tipo de adicción, si la Secretaría de Salud no tiene una estrategia ni instalaciones para tratar a ese tipo de personas.
CONDENAN MEDIDA
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rossana Mora Patiño, condenó la intención de aplicar exámenes toxicológicos a los alumnos de escuelas públicas.
“Es violatorio a los derechos humanos. Son menores de edad. Y hay que recordar que en la Constitución federal se dice que nadie puede ser molestado en sus pertenencias y en su persona, salvo por estricta orden judicial”, declaró.
La perredista indicó que sólo en los casos en que haya escuelas con graves problemas de drogas, que ya hayan sido denunciados, pudiera implementarse, con la intervención de observadores de derechos humanos y la autorización previa de los padres de familia, operativos de ese tipo.
“Donde no hay, me parece que el querer decir que esculcando mochilas de menores de edad se va a combatir el tráfico de enervantes, no es así. Las autoridades tienen una gran responsabilidad para combatir ese problema, saben bien quiénes son, dónde están y no actúan, consideró Mora Patiño.
Por ello, enfatizó que con ese tipo de programas de justificación, las autoridades “quieren tapar el sol con un dedo, quererle tapar el ojo al macho, queriendo decir que esculcando la mochila de un niño de primaria, van a combatir el tráfico de enervantes”.
Sobre la prevención de adicciones, urgió a las autoridades a que implementen un programa “serio, real y de largo plazo” para en realidad tratar de reducir el mercado de ese tipo de cosas y se concientice a los jóvenes que no tienen que consumir esas sustancias.
“Las adicciones tienen que combatirse desde la escuela con programas serios, y no sólo tomarse la fotografía, o distribuir un folletito cuando se viene a comparecencias, sino donde se ocupa, en las escuelas, en acuerdos con los maestros para que pueda realmente dar resultados”, añadió.
El representante del Partido del Trabajo, Marcos Zalazar Rodríguez, coincidió con la legisladora perredista que aplicar el antidoping a estudiantes de primaria y secundaria violenta sus derechos humanos.
Estableció que el gobierno debe pensar en otro tipo de medidas para eficientar la prevención de las adicciones y el combate a las redes de tráfico de sustancias prohibidas, y no recargarse en los niños para fingir que se está haciendo algo.
“Primero hay que fijar las reglas, para garantizar la defensa de los derechos constitucionales.. hay que establecer las formas de cómo llevar a cabo los estudios y quienes participan”, comentó el legislador.
Sin embargo, alertó que se deben tomar precauciones ante otro tipo de riesgos: “Los niños en ese ámbito ya están siendo presionados psicológicamente, porque en su mundo no entienden qué es lo que se estará buscando. Los de secundaria y de preparatoria, a lo mejor sí, pero los de primaria no, serían más utilizados”.
En tanto que también criticó que por querer combatir la delincuencia “estemos pegándonos a nosotros mismos”.
PROPONE CALVO UN REFERÉNDUM
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Humberto Calvo Memije propuso que el Congreso local podría convocar a un referéndum popular, para consultar a la ciudadanía sobre su respaldo o no a ese tipo de medida.
“Parece sana la propuesta, pero también debemos oír la opinión del pueblo. Sería bueno hacer un referéndum para que, si se aceptara, llevara la fuerza necesaria”, declaró el priista.
Sin embargo, el legislador por Chilpancingo alertó sobre lo que se podría hacer en caso de que se confirmara la existencia de personas con algún tipo de adicción.
“No nada más implica hacer el antidoping. ¿qué van hacer con los que salgan positivos? ¡Se tienen que regenerar! ¿Tendremos la capacidad para regenerar? Por eso hay que ver la opinión de la población”, añadió.
domingo, junio 03, 2007
Se intensifica paro laboral de defensores de oficio
Antonio Jiménez Gómez
Trabajadores de la Defensoría de Oficio anunciaron que el próximo lunes habrán de parar labores y tomarán los juzgados, para que ninguno de sus compañeros abogados pueda desahogar audiencias.
Lo anterior luego de que la audiencia que tenían programada para el mediodía de ayer, en la Secretaría General de Gobierno, fue cancelada sin previo aviso.
Los defensores, que desde la semana pasada iniciaron un paro laboral para demandar la destitución de su director, José Ramírez Villalba, acudieron a Palacio de Gobierno, para la reunión con funcionarios estatales en la que se trataría de destrabar el conflicto. Pero no se realizó.
Cabe recordar que los trabajadores están inconformes por el trato despótico del funcionario, así como por haber despedido de forma injustificada a 17 de ellos en semanas pasadas.
Asimismo, demandan la dotación de implementos de trabajo que van desde cosas simples como hojas blancas hasta escritorios, y equipo de cómputo.
Los defensores de oficio dijeron que como resultado de la movilización del pasado lunes, el secretario de Gobierno envió un oficio al director de la Defensoría en el que le solicitaba que se abstuviera de realizar cualquier tipo de represalias en contra de los manifestantes.
Asimismo, ofreció revisar el pliego petitorio, hacer llegar las demandas al gobernador y este viernes ofrecer una respuesta sin embargo estuvieron casi medio día en la sala del secretario, quien acudió a la ceremonia del Día de la Marina realizada en Acapulco.
En su lugar, el secretario particular Noé Jiménez Silverio, quien ofrecía únicamente volver a escuchar las peticiones, por eso se salieron del edificio y amenazaron con la movilizarse el próximo lunes.
La defensoría de oficio cuenta con 92 abogados con los que atiendan más de siete mil 500 casos anualmente, lo que consideraron que es totalmente inadecuado pues cada defensor tiene una carga de trabajo exagerada que no les permite dar la atención debida a cada caso.
Los quejosos reconocieron que hay un pequeño grupo de abogados que simpatiza con el nuevo director porque les ha otorgado canonjías.
Sin embargo, advirtieron que a partir del próximo lunes habrán de tomar los juzgados de toda la entidad para que ellos tampoco puedan desahogar las audiencias.
Agregaron que, tal y como lo habían anunciado, el paro será con carácter de indefinido hasta que haya una respuesta del gobierno a las demandas planteadas, y reiteraron que su pliego petitorio no está sujeto a negociaciones.
Trabajadores de la Defensoría de Oficio anunciaron que el próximo lunes habrán de parar labores y tomarán los juzgados, para que ninguno de sus compañeros abogados pueda desahogar audiencias.
Lo anterior luego de que la audiencia que tenían programada para el mediodía de ayer, en la Secretaría General de Gobierno, fue cancelada sin previo aviso.
Los defensores, que desde la semana pasada iniciaron un paro laboral para demandar la destitución de su director, José Ramírez Villalba, acudieron a Palacio de Gobierno, para la reunión con funcionarios estatales en la que se trataría de destrabar el conflicto. Pero no se realizó.
Cabe recordar que los trabajadores están inconformes por el trato despótico del funcionario, así como por haber despedido de forma injustificada a 17 de ellos en semanas pasadas.
Asimismo, demandan la dotación de implementos de trabajo que van desde cosas simples como hojas blancas hasta escritorios, y equipo de cómputo.
Los defensores de oficio dijeron que como resultado de la movilización del pasado lunes, el secretario de Gobierno envió un oficio al director de la Defensoría en el que le solicitaba que se abstuviera de realizar cualquier tipo de represalias en contra de los manifestantes.
Asimismo, ofreció revisar el pliego petitorio, hacer llegar las demandas al gobernador y este viernes ofrecer una respuesta sin embargo estuvieron casi medio día en la sala del secretario, quien acudió a la ceremonia del Día de la Marina realizada en Acapulco.
En su lugar, el secretario particular Noé Jiménez Silverio, quien ofrecía únicamente volver a escuchar las peticiones, por eso se salieron del edificio y amenazaron con la movilizarse el próximo lunes.
La defensoría de oficio cuenta con 92 abogados con los que atiendan más de siete mil 500 casos anualmente, lo que consideraron que es totalmente inadecuado pues cada defensor tiene una carga de trabajo exagerada que no les permite dar la atención debida a cada caso.
Los quejosos reconocieron que hay un pequeño grupo de abogados que simpatiza con el nuevo director porque les ha otorgado canonjías.
Sin embargo, advirtieron que a partir del próximo lunes habrán de tomar los juzgados de toda la entidad para que ellos tampoco puedan desahogar las audiencias.
Agregaron que, tal y como lo habían anunciado, el paro será con carácter de indefinido hasta que haya una respuesta del gobierno a las demandas planteadas, y reiteraron que su pliego petitorio no está sujeto a negociaciones.
Actúan Semarnat y Profepa con negligencia: García
Antonio Jiménez Gómez
De nada sirve hacer denuncias en contra de talamontes, porque las autoridades ambientales del gobierno federal llegan ocho meses después, afirmó el diputado local Raymundo García Gutiérrez.
Indicó que cuando fue alcalde de Acatepec, municipio enclavado en la zona alta de la región de la Montaña, en reiteradas ocasiones presentó denuncias ante la Secretaría del Medio Ambiente federal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de los taladores ilegales.
Sin embargo, reiteró que la vez que acudieron al llamado, lo hicieron ocho meses después, cuando los talamontes ya habían terminado con amplias zonas de bosque y se encontraban en otro lado.
“Y esa vez lo documentamos con fotos y testimonios, para que no dijeran que era invento nuestro, y aún así se tardaron mucho. Por eso, eso de la preservación del medio ambiente es puro cuento”, afirmó el actual diputado local por el Partido de la Revolución Democrática.
Los que mas están deforestando son lo que lo hacen de manera legal, porque les otorgan los permisos Semarnat, y a Profepa no le alcanza su gente para supervisar.
Recordó que cuando fue alcalde “hice la denuncia y me llegó la gente de Profepa ocho meses después. Lo que quería en su momento, era que fueran a ver cómo se habían derribado árboles unos ciudadanos para sembrar maíz”.
Estableció que ese grupo de personas que estaban talando montes se negaba a cumplir las órdenes de las autoridades comunales y municipales, por lo que era necesaria una presión mayor, pero no llegó.
“Entonces, lo que hicimos fue turnarlo a la Profepa con fotos, nombres de la gente que había estado involucrada. Tardaron ocho meses y cuando fueron, ya la vegetación había retoñado, pero ya no había árboles grandes”, detalló en entrevista.
A partir de ello, estableció que hay “pasividad “ de las autoridades ambientales del país, para en realidad implementar acciones que permitan la preservación de la riqueza natural del estado.
CAMBIAR PRINCIPIOS, NECESARIO
El diputado local por la región de la Montaña estableció que si las autoridades federales en realidad quieren cumplir con su responsabilidad, lo ideal “lo que tiene qué hacerse es que si la Semarnat va autorizar la explotación de la madera, primero se tiene que reforestar, que reforesten los interesados en explotar la madera.
“Finalmente es un recurso renovable, hay que aprovechar la madera. Entonces, se tiene que reforestar realmente, cuidando los árboles, por lo menos en la misma extensión que van a cortar”, indicó García Gutiérrez.
Expresó que aún cuando la normatividad actual establece que se debe plantar diez árboles por cada uno que sea cortado, ese sistema no está funcionando y no hay quien vigile su cumplimiento, por lo que es necesario modificar el esquema de operación y que, quien quiera aprovechar ese recurso, que le invierta antes.
“Esto es necesario que se modifique para que no nos sigamos dañando. Hay algunos que sólo ven el beneficio económico, pero se debe tomar conciencia real de que todo el daño que le hagamos a la vida silvestre nos afecta tarde o temprano”, enfatizó el legislador.
JUSTICIA CONVENENCIERA
El integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local también cuestionó la forma en cómo se aplica la justicia ambiental, ya que mientras en ocasiones se detiene y castiga a campesinos que transportan leña para autoconsumo, ninguna autoridad actúa en contra de los aserraderos.
“No le podemos aplicar todo el peso de la ley a un campesino que va a cortar leña para su casa, mientras que los aserraderos procesan trozos y trozos, camiones y tortons, y nadie les dice nada”, comentó.
Y agregó que si las autoridades ambientales autoriza a los aserraderos determinado volumen de madera para procesar, ellos siempre meten más y es el negocio, sin que la autoridad haga algo al respecto.
“Lo cierto es que si les autorizan 2 mil metros cúbicos, sacan 2 mil 500. ¿Y quién vigila? Nadie. ¿Quién está pesando los camiones para ver cuánto saca? Nadie. Unicamente ahí van documentando, pero únicamente registran dos camiones y uno no. Entonces ese es el problema”, abundó.
De nada sirve hacer denuncias en contra de talamontes, porque las autoridades ambientales del gobierno federal llegan ocho meses después, afirmó el diputado local Raymundo García Gutiérrez.
Indicó que cuando fue alcalde de Acatepec, municipio enclavado en la zona alta de la región de la Montaña, en reiteradas ocasiones presentó denuncias ante la Secretaría del Medio Ambiente federal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de los taladores ilegales.
Sin embargo, reiteró que la vez que acudieron al llamado, lo hicieron ocho meses después, cuando los talamontes ya habían terminado con amplias zonas de bosque y se encontraban en otro lado.
“Y esa vez lo documentamos con fotos y testimonios, para que no dijeran que era invento nuestro, y aún así se tardaron mucho. Por eso, eso de la preservación del medio ambiente es puro cuento”, afirmó el actual diputado local por el Partido de la Revolución Democrática.
Los que mas están deforestando son lo que lo hacen de manera legal, porque les otorgan los permisos Semarnat, y a Profepa no le alcanza su gente para supervisar.
Recordó que cuando fue alcalde “hice la denuncia y me llegó la gente de Profepa ocho meses después. Lo que quería en su momento, era que fueran a ver cómo se habían derribado árboles unos ciudadanos para sembrar maíz”.
Estableció que ese grupo de personas que estaban talando montes se negaba a cumplir las órdenes de las autoridades comunales y municipales, por lo que era necesaria una presión mayor, pero no llegó.
“Entonces, lo que hicimos fue turnarlo a la Profepa con fotos, nombres de la gente que había estado involucrada. Tardaron ocho meses y cuando fueron, ya la vegetación había retoñado, pero ya no había árboles grandes”, detalló en entrevista.
A partir de ello, estableció que hay “pasividad “ de las autoridades ambientales del país, para en realidad implementar acciones que permitan la preservación de la riqueza natural del estado.
CAMBIAR PRINCIPIOS, NECESARIO
El diputado local por la región de la Montaña estableció que si las autoridades federales en realidad quieren cumplir con su responsabilidad, lo ideal “lo que tiene qué hacerse es que si la Semarnat va autorizar la explotación de la madera, primero se tiene que reforestar, que reforesten los interesados en explotar la madera.
“Finalmente es un recurso renovable, hay que aprovechar la madera. Entonces, se tiene que reforestar realmente, cuidando los árboles, por lo menos en la misma extensión que van a cortar”, indicó García Gutiérrez.
Expresó que aún cuando la normatividad actual establece que se debe plantar diez árboles por cada uno que sea cortado, ese sistema no está funcionando y no hay quien vigile su cumplimiento, por lo que es necesario modificar el esquema de operación y que, quien quiera aprovechar ese recurso, que le invierta antes.
“Esto es necesario que se modifique para que no nos sigamos dañando. Hay algunos que sólo ven el beneficio económico, pero se debe tomar conciencia real de que todo el daño que le hagamos a la vida silvestre nos afecta tarde o temprano”, enfatizó el legislador.
JUSTICIA CONVENENCIERA
El integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local también cuestionó la forma en cómo se aplica la justicia ambiental, ya que mientras en ocasiones se detiene y castiga a campesinos que transportan leña para autoconsumo, ninguna autoridad actúa en contra de los aserraderos.
“No le podemos aplicar todo el peso de la ley a un campesino que va a cortar leña para su casa, mientras que los aserraderos procesan trozos y trozos, camiones y tortons, y nadie les dice nada”, comentó.
Y agregó que si las autoridades ambientales autoriza a los aserraderos determinado volumen de madera para procesar, ellos siempre meten más y es el negocio, sin que la autoridad haga algo al respecto.
“Lo cierto es que si les autorizan 2 mil metros cúbicos, sacan 2 mil 500. ¿Y quién vigila? Nadie. ¿Quién está pesando los camiones para ver cuánto saca? Nadie. Unicamente ahí van documentando, pero únicamente registran dos camiones y uno no. Entonces ese es el problema”, abundó.
No se construirá hospital en Chichihualco, confirmó alcalde
Antonio Jiménez Gómez
El alcalde de Leonardo Bravo, Willivaldo Valente Pastor, anunció que la Secretaría de Salud Guerrero negó la posibilidad de que en la cabecera de ese municipio se construya un hospital básico para prestar atención médica a más de 23 mil habitantes.
Sin embargo, dijo que en su lugar se construirá un “centro de salud ampliado” que será el primero en su tipo en la entidad, y permitirá responder a las necesidades médicas básicas de los habitantes de Chichihualco.
El alcalde indicó que los vecinos de su municipio tendrán que conformarse con seguir acudiendo a los hospitales de Chilpancingo –a por lo menos 40 minutos de tiempo de recorrido—o al de Filo de Caballos –trayecto que puede prolongarse más por ser zona serrana—para ser atendidos.
Valente Pastor indicó que el viernes pasado acudió a una reunión de trabajo en la Secretaría de Salud, en la que se les informó que se declaró desierto el proceso de licitud para la construcción del centro de salud en Chichihualco.
“Se declaró desierto el concurso, toda vez que de cuatro empresas participantes, dos se descalificaron, dos quedaron para el análisis económico, pero una quedó baja y otra alta. Hay mucha seriedad por parte de Salud en analizar los presupuestos que presentaron las empresas”, comentó el alcalde.
Indicó que a partir de esa situación, será esta semana cuando se vuelva a emitir la convocatoria para que las empresas concursen para la realización de ese proyecto.
El alcalde de filiación priista dijo que la gestión que se hizo era para contar con un hospital básico comunitario, pero la Secretaría de Salud se negó a respaldar ese proyecto debido a la cercanía (sic) de la cabecera municipal con Chilpancingo.
“Por la cercanía con la capital va a ser un centro de salud con servicios ampliados. Va a tener prácticamente todos los servicios, e incluso posiblemente hasta una ambulancia, lo que nos va a permitir que en casos muy complicados se puedan traer los pacientes a Chilpancingo”, refirió.
Valente Pastor estableció que a pesar de las limitaciones, “es un proyecto muy interesante y además muy necesario para la cabecera municipal”, donde habitan casi 12 mil habitantes, más las comunidades aledañas, para sumar una población municipal de más de 23 mil personas.
Expresó que por parte del ayuntamiento, para tratar de incrementar la cobertura de los servicios de salud, durante el último año de su administración se construyeron tres centros de salud en diversas comunidades.
“Estamos haciendo esfuerzos en las diversas comunidades”, dijo Willibaldo Valente, quien indicó que también se están creando casas de salud en otras comunidades.
Fue entonces cuando indicó que para el caso de varias comunidades ubicadas en la zona serrana, sus habitantes tienen la opción de acudir al hospital que se encuentra en la localidad de Filo de Caballos, en el municipio de Heliodoro Castillo.
El alcalde de Leonardo Bravo, Willivaldo Valente Pastor, anunció que la Secretaría de Salud Guerrero negó la posibilidad de que en la cabecera de ese municipio se construya un hospital básico para prestar atención médica a más de 23 mil habitantes.
Sin embargo, dijo que en su lugar se construirá un “centro de salud ampliado” que será el primero en su tipo en la entidad, y permitirá responder a las necesidades médicas básicas de los habitantes de Chichihualco.
El alcalde indicó que los vecinos de su municipio tendrán que conformarse con seguir acudiendo a los hospitales de Chilpancingo –a por lo menos 40 minutos de tiempo de recorrido—o al de Filo de Caballos –trayecto que puede prolongarse más por ser zona serrana—para ser atendidos.
Valente Pastor indicó que el viernes pasado acudió a una reunión de trabajo en la Secretaría de Salud, en la que se les informó que se declaró desierto el proceso de licitud para la construcción del centro de salud en Chichihualco.
“Se declaró desierto el concurso, toda vez que de cuatro empresas participantes, dos se descalificaron, dos quedaron para el análisis económico, pero una quedó baja y otra alta. Hay mucha seriedad por parte de Salud en analizar los presupuestos que presentaron las empresas”, comentó el alcalde.
Indicó que a partir de esa situación, será esta semana cuando se vuelva a emitir la convocatoria para que las empresas concursen para la realización de ese proyecto.
El alcalde de filiación priista dijo que la gestión que se hizo era para contar con un hospital básico comunitario, pero la Secretaría de Salud se negó a respaldar ese proyecto debido a la cercanía (sic) de la cabecera municipal con Chilpancingo.
“Por la cercanía con la capital va a ser un centro de salud con servicios ampliados. Va a tener prácticamente todos los servicios, e incluso posiblemente hasta una ambulancia, lo que nos va a permitir que en casos muy complicados se puedan traer los pacientes a Chilpancingo”, refirió.
Valente Pastor estableció que a pesar de las limitaciones, “es un proyecto muy interesante y además muy necesario para la cabecera municipal”, donde habitan casi 12 mil habitantes, más las comunidades aledañas, para sumar una población municipal de más de 23 mil personas.
Expresó que por parte del ayuntamiento, para tratar de incrementar la cobertura de los servicios de salud, durante el último año de su administración se construyeron tres centros de salud en diversas comunidades.
“Estamos haciendo esfuerzos en las diversas comunidades”, dijo Willibaldo Valente, quien indicó que también se están creando casas de salud en otras comunidades.
Fue entonces cuando indicó que para el caso de varias comunidades ubicadas en la zona serrana, sus habitantes tienen la opción de acudir al hospital que se encuentra en la localidad de Filo de Caballos, en el municipio de Heliodoro Castillo.
sábado, mayo 26, 2007
Prevalecen graves problemas en gobierno: ASF
Antonio Jiménez Gómez
La corrupción, la falta de transparencia y de rendición de cuentas de los recursos presupuestales ejercidos, la inexistencia de un mecanismo de control que permita evitar el saqueo del patrimonio público, son factores que no ha podido solucionar el gobierno, afirmó el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón.
A lo anterior se suman los ínfimos niveles de recaudación de impuestos que contrastan con los desmedidos sueldos de algunos funcionarios públicos, un exceso en la discresionalidad del manejo de fondos públicos y el desvío de fondos públicos a procesos electorales.
Otras áreas de “opacidad gubernamental” son la baja competitividad económica, la pobreza del conocimiento, la deficiente operación del sistema educativo, la crisis del sistema de pensiones, la inexistencia de sistemas de evaluación gubernamental, la excesiva carga regulatoria
Estos señalamientos los hizo González de Aragón como parte de una conferencia magistral pronunciada ante el personal de la Auditoría General del Estado.
Congregados en un salón ubicado al sur de la ciudad, donde toda la semana se realizó un seminario de profesionalización de los auditores estatales, el auditor Superior de la Federación evaluó los retos y perspectivas de los órganos de fiscalización.
Estableció que aún son muchos los pendientes que tienen los tres niveles de gobierno, para que la transparencia y la rendición de cuentas sea una realidad total.
González de Aragón planteó 12 problemas muy graves que siguen ocurriendo en la administración pública y que le cuestan al patrimonio nacional una cantidad indefinida de recursos.
Asimismo, indicó que es urgente que las auditorías estatales logren una real autonomía técnica y operativa, para que se pueda realizar una fiscalización efectiva de los recursos públicos.
SE RECUPERARON 24.3 MMDP
Durante su intervención, González de Aragón informó que como resultado de su acción fiscalizadora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha logrado recuperar, hasta el 31 de diciembre de 2006, 24 mil 313 millones de pesos en beneficio de la sociedad.
Estableció que esos recursos recuperados de organismos diversos y de gobiernos estatales y municipales, representan casi 30 veces más el presupuesto anual del organismo.
De esos 24 mil 313 millones, precisó, diez mil 856 millones corresponden del Fobaproa por el otorgamiento de créditos irregulares, auditorías, quitas, condonaciones, castigos y quebrantos.
Otros dos mil 457 millones son del Fideicomiso Aduanas I, que devolvió a la Tesorería de la Federación por derechos de trámite aduanero, más mil 580 millones de pesos por el pago del adeudo del sindicato de PEMEX a favor del organismo.
También se recuperaron mil 533 millones del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) por disponibilidades indebidas, así como cerca de tres mil millones recuperados de gobiernos estatales y municipales.
AUDITORIAS ESTATALES, ASIGNATURA PENDIENTE
González de Aragón indicó que la ASF, con sus nuevas facultades, ha coadyuvado a la modernización de las Entidades de Fiscalización Locales, con el fin de que se contribuya a impulsar la transparencia de la gestión gubernamental en los estados.
Señaló que las auditorías estatales tienen una mayor responsabilidad en su función fiscalizadora, por lo que deben privilegiar su adecuado funcionamiento y adecuarlo, como mínimo, a los mismos principios de actuación que rigen a la ASF.
LOS PENDIENTES DEL GOBIERNO
En cuanto a los rubros donde prevalecen rezagos peligrosos, citó la percepción de la corrupción, porque según Transparencia Internacional, México, en el año 2006, fue calificado con 3.3 puntos, en una escala del cero al diez, y de 163 países evaluados, México reprobó al ocupar el lugar 70.
En cuanto a recaudación tributaria, la OCDE señaló en su reporte de 2004 que México registró el peor índice entre las 30 naciones miembros de esa organización, pues recauda el 18 por ciento del Producto Interno Bruto, en tanto que Suecia recauda el 51 por ciento, Dinamarca el 49 y Bélgica el 46.
Señaló que respecto a complicación tributaria (burocratismo), México ocupó el lugar 126, toda vez que una empresa mediana en nuestro país realiza un promedio de 49 pagos anuales de impuestos, en lo cual ocupa alrededor de 552 horas para cumplir sus obligaciones fiscales.
En cuanto a trámites gubernamentales, según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se incrementaron de mil 126 en el año de 2000 a tres mil en 2005; es decir, prácticamente se triplicaron en lugar de disminuir.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe anual de 2006, ubica a la economía mexicana en el lugar número 14 entre 180 países, cuando que en el año 2000 ocupaba el lugar número once, y ha sido superado por economías como las de Rusia, Corea del Sur y la India.
En lo que se refiere a la imparcialidad de las cortes de justicia, México se ubica en el lugar 79 de entre 120 naciones evaluadas. “La falta de confianza de los mexicanos en el Poder Judicial es palpable, pues pareciera ser que algunos de sus fallos no privilegian el interés superior de la nación”, afirmó el auditor federal.
En educación primaria, el país registra una relación de 28 alumnos por profesor, frente al promedio de 17 que tienen en promedio los países integrantes de la OCDE. Mientras que en educación secundaria la misma relación es de 30, en contraste con el promedio de 13 de esa organización.
En el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, México pasó del lugar 48 en 2004 al 58 en 2006, entre 106 países, en cuanto al índice de competitividad mundial.
Destacó que otra área sensible de riesgo lo constituyen las pensiones y jubilaciones, las cuales representan, anualmente, erogaciones crecientes que no son reveladas como pasivos contingentes en la información financiera, que ascienden a seis billones de pesos mexicanos (12 ceros), y es un problema que amenaza con estrangular las finanzas públicas del país.
Otra área de opacidad se refiere a la magnitud de los recursos federales transferidos a estados y municipios que representan aproximadamente el 30 por ciento del total del gasto federal programable, lo cual obliga a la búsqueda de acciones que garanticen su adecuada rendición de cuentas y fiscalización, lo que es una de las áreas más obscuras en materia de transparencia.
Sostuvo que mientras no se modifique el sistema educativo y se forme a un hombre nuevo y diferente, la corrupción se presentará de una manera o de otra, lo cual implica establecer una política de largo plazo sustentada en una reforma integral que privilegie la calidad educativa.
Consideró que un área de oportunidad consiste en que es necesario fortalecer se encuentra en la construcción de sistemas de evaluación del desempeño basados en indicadores estratégicos, de gestión y de servicios, que permitan conocer la forma y grado de cumplimiento de las políticas y programas públicos, la calidad de los servicios que se prestan y el desempeño de los servidores públicos.
Otra área de oportunidad está en la instrumentación de una política integral de desarrollo ecológico para el mejoramiento y preservación de nuestro medio ambiente, mediante programas y proyectos sustentables de largo plazo, con un financiamiento que lo haga posible y con un marco jurídico que sanciones todos los incumplimientos.
La corrupción, la falta de transparencia y de rendición de cuentas de los recursos presupuestales ejercidos, la inexistencia de un mecanismo de control que permita evitar el saqueo del patrimonio público, son factores que no ha podido solucionar el gobierno, afirmó el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón.
A lo anterior se suman los ínfimos niveles de recaudación de impuestos que contrastan con los desmedidos sueldos de algunos funcionarios públicos, un exceso en la discresionalidad del manejo de fondos públicos y el desvío de fondos públicos a procesos electorales.
Otras áreas de “opacidad gubernamental” son la baja competitividad económica, la pobreza del conocimiento, la deficiente operación del sistema educativo, la crisis del sistema de pensiones, la inexistencia de sistemas de evaluación gubernamental, la excesiva carga regulatoria
Estos señalamientos los hizo González de Aragón como parte de una conferencia magistral pronunciada ante el personal de la Auditoría General del Estado.
Congregados en un salón ubicado al sur de la ciudad, donde toda la semana se realizó un seminario de profesionalización de los auditores estatales, el auditor Superior de la Federación evaluó los retos y perspectivas de los órganos de fiscalización.
Estableció que aún son muchos los pendientes que tienen los tres niveles de gobierno, para que la transparencia y la rendición de cuentas sea una realidad total.
González de Aragón planteó 12 problemas muy graves que siguen ocurriendo en la administración pública y que le cuestan al patrimonio nacional una cantidad indefinida de recursos.
Asimismo, indicó que es urgente que las auditorías estatales logren una real autonomía técnica y operativa, para que se pueda realizar una fiscalización efectiva de los recursos públicos.
SE RECUPERARON 24.3 MMDP
Durante su intervención, González de Aragón informó que como resultado de su acción fiscalizadora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha logrado recuperar, hasta el 31 de diciembre de 2006, 24 mil 313 millones de pesos en beneficio de la sociedad.
Estableció que esos recursos recuperados de organismos diversos y de gobiernos estatales y municipales, representan casi 30 veces más el presupuesto anual del organismo.
De esos 24 mil 313 millones, precisó, diez mil 856 millones corresponden del Fobaproa por el otorgamiento de créditos irregulares, auditorías, quitas, condonaciones, castigos y quebrantos.
Otros dos mil 457 millones son del Fideicomiso Aduanas I, que devolvió a la Tesorería de la Federación por derechos de trámite aduanero, más mil 580 millones de pesos por el pago del adeudo del sindicato de PEMEX a favor del organismo.
También se recuperaron mil 533 millones del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) por disponibilidades indebidas, así como cerca de tres mil millones recuperados de gobiernos estatales y municipales.
AUDITORIAS ESTATALES, ASIGNATURA PENDIENTE
González de Aragón indicó que la ASF, con sus nuevas facultades, ha coadyuvado a la modernización de las Entidades de Fiscalización Locales, con el fin de que se contribuya a impulsar la transparencia de la gestión gubernamental en los estados.
Señaló que las auditorías estatales tienen una mayor responsabilidad en su función fiscalizadora, por lo que deben privilegiar su adecuado funcionamiento y adecuarlo, como mínimo, a los mismos principios de actuación que rigen a la ASF.
LOS PENDIENTES DEL GOBIERNO
En cuanto a los rubros donde prevalecen rezagos peligrosos, citó la percepción de la corrupción, porque según Transparencia Internacional, México, en el año 2006, fue calificado con 3.3 puntos, en una escala del cero al diez, y de 163 países evaluados, México reprobó al ocupar el lugar 70.
En cuanto a recaudación tributaria, la OCDE señaló en su reporte de 2004 que México registró el peor índice entre las 30 naciones miembros de esa organización, pues recauda el 18 por ciento del Producto Interno Bruto, en tanto que Suecia recauda el 51 por ciento, Dinamarca el 49 y Bélgica el 46.
Señaló que respecto a complicación tributaria (burocratismo), México ocupó el lugar 126, toda vez que una empresa mediana en nuestro país realiza un promedio de 49 pagos anuales de impuestos, en lo cual ocupa alrededor de 552 horas para cumplir sus obligaciones fiscales.
En cuanto a trámites gubernamentales, según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se incrementaron de mil 126 en el año de 2000 a tres mil en 2005; es decir, prácticamente se triplicaron en lugar de disminuir.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe anual de 2006, ubica a la economía mexicana en el lugar número 14 entre 180 países, cuando que en el año 2000 ocupaba el lugar número once, y ha sido superado por economías como las de Rusia, Corea del Sur y la India.
En lo que se refiere a la imparcialidad de las cortes de justicia, México se ubica en el lugar 79 de entre 120 naciones evaluadas. “La falta de confianza de los mexicanos en el Poder Judicial es palpable, pues pareciera ser que algunos de sus fallos no privilegian el interés superior de la nación”, afirmó el auditor federal.
En educación primaria, el país registra una relación de 28 alumnos por profesor, frente al promedio de 17 que tienen en promedio los países integrantes de la OCDE. Mientras que en educación secundaria la misma relación es de 30, en contraste con el promedio de 13 de esa organización.
En el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, México pasó del lugar 48 en 2004 al 58 en 2006, entre 106 países, en cuanto al índice de competitividad mundial.
Destacó que otra área sensible de riesgo lo constituyen las pensiones y jubilaciones, las cuales representan, anualmente, erogaciones crecientes que no son reveladas como pasivos contingentes en la información financiera, que ascienden a seis billones de pesos mexicanos (12 ceros), y es un problema que amenaza con estrangular las finanzas públicas del país.
Otra área de opacidad se refiere a la magnitud de los recursos federales transferidos a estados y municipios que representan aproximadamente el 30 por ciento del total del gasto federal programable, lo cual obliga a la búsqueda de acciones que garanticen su adecuada rendición de cuentas y fiscalización, lo que es una de las áreas más obscuras en materia de transparencia.
Sostuvo que mientras no se modifique el sistema educativo y se forme a un hombre nuevo y diferente, la corrupción se presentará de una manera o de otra, lo cual implica establecer una política de largo plazo sustentada en una reforma integral que privilegie la calidad educativa.
Consideró que un área de oportunidad consiste en que es necesario fortalecer se encuentra en la construcción de sistemas de evaluación del desempeño basados en indicadores estratégicos, de gestión y de servicios, que permitan conocer la forma y grado de cumplimiento de las políticas y programas públicos, la calidad de los servicios que se prestan y el desempeño de los servidores públicos.
Otra área de oportunidad está en la instrumentación de una política integral de desarrollo ecológico para el mejoramiento y preservación de nuestro medio ambiente, mediante programas y proyectos sustentables de largo plazo, con un financiamiento que lo haga posible y con un marco jurídico que sanciones todos los incumplimientos.
Intentó callar auditor estatal a su "jefe"
El auditor general del estado, Ignacio Rendón Romero, intentó callar públicamente y frente a los empleados de ese organismo al también auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, por órdenes de la secretaria particular del Poder Ejecutivo, Magali Salinas.
El incidente ocurrió cuando el fiscalizador federal pronunciaba una conferencia en torno a la transparencia y rendición de cuentas, y los problemas que se enfrentan actualmente en esa materia.
A pesar de que era un evento organizado por la Auditoría General del Estado, órgano desconcentrado del Poder Judicial, autónomo del Ejecutivo, la funcionaria se la pasó dando órdenes de cómo quería que ocurrieran las cosas y se impuso a los organizadores.
PRIMER DESAIRE
Estaba prácticamente al final de su exposición, cuando en esos momentos arribó al salón ubicado al sur de la ciudad el titular del Ejecutivo estatal, motivo por el cual la secretaria particular Magali Salinas le hizo señas al auditor estatal de que “le cortara” al discurso de González de Aragón.
La funcionaria del Ejecutivo ya estaba desesperada cuestionando en voz alta en qué momento iba a terminar el discurso el fiscalizador federal, para que no tuviera que hacer esperar a su jefe
Presto y obediente, Rendón Romero se levantó de su lugar en el presidium, y se dirigió al podium donde se encontraba el auditor federal, quien momentos antes había destacado la necesidad de que los funcionarios fiscalizadores fueran realmente autónomos e independientes de los poderes ejecutivos.
El auditor estatal hizo señas y después trató de llamar la atención a su homólogo federal para que ya terminara con su discurso, ante lo cual González de Aragón volteó y en tono secó, espetó: “Espérate, Nacho”.
La molestia y nerviosismo de la secretaria particular se hizo más grande, porque su jefe tendría que esperar un par de minutos en el exterior del salón, mientras que también el auditor estatal se mostraba nervioso y confundido.
SEGUNDO DESAIRE
Al termino del discurso, el auditor federal se dirigió a su lugar en el presidium, el cual estaba integrado por el auditor Rendón y cinco diputados de diferentes partidos políticos: el ecologista Arturo Alvarez Angli, el perredista Raymundo García Gutiérrez, los priistas Noe Ramos Salazar y Sofío Socorro Ramírez Hernández, y el panista Benito García Meléndez.
Sin embargo, cuando González de Aragón apenas se iba a sentar, los diputados y el propio auditor se levantaron de su silla a petición de la secretaria particular, bajaron del lugar y se fueron a saludar al Ejecutivo estatal, quien se encontraba esperando en la entrada del salón.
Sin embargo, el auditor superior de la federación se quedó solo, sentado en su lugar, viendo cómo su homólogo estatal rendía pleitesía al representante del Ejecutivo.
Los últimos dos en pretender sumarse a la comitiva fueron el priista Sofío Ramírez y el panista Benito García, pero al darse cuenta de que el funcionario del órgano autónomo federal se encontraba “abandonado”, optaron por regresarse y acompañarlo.
Minutos después se integró un nuevo presidium, se firmó un convenio de colaboración entre la AGE y la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que el gobierno de Guerrero sólo fungió como testigo.
Y el evento terminó, no sin antes de que el auditor Rendón Romero pronunciara un discurso en el que se desvivió en halagos y reconocimientos a los asistentes.
El incidente ocurrió cuando el fiscalizador federal pronunciaba una conferencia en torno a la transparencia y rendición de cuentas, y los problemas que se enfrentan actualmente en esa materia.
A pesar de que era un evento organizado por la Auditoría General del Estado, órgano desconcentrado del Poder Judicial, autónomo del Ejecutivo, la funcionaria se la pasó dando órdenes de cómo quería que ocurrieran las cosas y se impuso a los organizadores.
PRIMER DESAIRE
Estaba prácticamente al final de su exposición, cuando en esos momentos arribó al salón ubicado al sur de la ciudad el titular del Ejecutivo estatal, motivo por el cual la secretaria particular Magali Salinas le hizo señas al auditor estatal de que “le cortara” al discurso de González de Aragón.
La funcionaria del Ejecutivo ya estaba desesperada cuestionando en voz alta en qué momento iba a terminar el discurso el fiscalizador federal, para que no tuviera que hacer esperar a su jefe
Presto y obediente, Rendón Romero se levantó de su lugar en el presidium, y se dirigió al podium donde se encontraba el auditor federal, quien momentos antes había destacado la necesidad de que los funcionarios fiscalizadores fueran realmente autónomos e independientes de los poderes ejecutivos.
El auditor estatal hizo señas y después trató de llamar la atención a su homólogo federal para que ya terminara con su discurso, ante lo cual González de Aragón volteó y en tono secó, espetó: “Espérate, Nacho”.
La molestia y nerviosismo de la secretaria particular se hizo más grande, porque su jefe tendría que esperar un par de minutos en el exterior del salón, mientras que también el auditor estatal se mostraba nervioso y confundido.
SEGUNDO DESAIRE
Al termino del discurso, el auditor federal se dirigió a su lugar en el presidium, el cual estaba integrado por el auditor Rendón y cinco diputados de diferentes partidos políticos: el ecologista Arturo Alvarez Angli, el perredista Raymundo García Gutiérrez, los priistas Noe Ramos Salazar y Sofío Socorro Ramírez Hernández, y el panista Benito García Meléndez.
Sin embargo, cuando González de Aragón apenas se iba a sentar, los diputados y el propio auditor se levantaron de su silla a petición de la secretaria particular, bajaron del lugar y se fueron a saludar al Ejecutivo estatal, quien se encontraba esperando en la entrada del salón.
Sin embargo, el auditor superior de la federación se quedó solo, sentado en su lugar, viendo cómo su homólogo estatal rendía pleitesía al representante del Ejecutivo.
Los últimos dos en pretender sumarse a la comitiva fueron el priista Sofío Ramírez y el panista Benito García, pero al darse cuenta de que el funcionario del órgano autónomo federal se encontraba “abandonado”, optaron por regresarse y acompañarlo.
Minutos después se integró un nuevo presidium, se firmó un convenio de colaboración entre la AGE y la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que el gobierno de Guerrero sólo fungió como testigo.
Y el evento terminó, no sin antes de que el auditor Rendón Romero pronunciara un discurso en el que se desvivió en halagos y reconocimientos a los asistentes.
Masacran a cocodrilos en Costa Chica
Antonio Jiménez Gómez
Al menos 17 cocodrilos de la especie Acutus (cocodrilo de río), que se considera en peligro de extinción, fueron sacrificados en la laguna de Chautengo, para aprovechar sólo una pequeña parte de su piel.
El procurador de Protección Ecológica, Tulio Ismael Estrada Apátiga, denunció lo anterior e informó que personal a su cargo ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de esa masacre.
Los animales que fueron sacrificados miden más de dos metros y los cazadores furtivos únicamente se llevaron la piel que recubre la parte de la panza del animal, pues la del lomo, por ser más dura, no la pudieron obtener.
El hallazgo se hizo durante una inspección que realizó el personal técnico de la procuraduría, en la laguna de Chautengo, que se ubica en el municipio de Cruz Grande, en la región de la Costa Chica.
De acuerdo al funcionario, la piel “cruda” de un cocodrilo en el mercado negro tiene un valor aproximado de 300 pesos, monto que resulta bastante bajo comparado con el daño ecológico que se está generando, estableció.
Estrada Apátiga aseguró que la devastación de cocodrilos en esa laguna generará un severo problema en la cadena alimenticia del ecosistema e incluso puede poner en riesgo la subsistencia de la laguna, pues esos animales rascan las orillas del cuerpo de agua para conservar la humedad.
El funcionario estatal informó que la inspección se ordenó originalmente para complementar un estudio que realiza la Procuraduría de Protección Ecológica de Guerrero (Propeg) en torno al problema que se vive en ese cuerpo de agua.
Detalló que se ha detectado que una plaga que afecta a los manglares ubicados en la laguna, junto con la devastación producida por el ser humano, la han puesto al borde del desequilibrio ecológico.
Estrada Apátiga expresó que con la evidencia obtenida en la inspección, la Propeg dio parte a otras dependencias relacionadas con la ecología como las secretarías del Medio Ambiente estatal y federal, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Comentó que con personal de esas dependencias se han hecho nuevas visitas a la laguna para iniciar la investigación correspondiente, y así intentar dar con el o los responsables del ecocidio.
LEY PROTEGE A ECOCIDAS
Sin embargo, el procurador ambiental indicó que aún cuando se lograra dar con los responsables de la masacre de los cocodrilos, estos no serían sujetos de una fuerte sanción.
Desafortunadamente, comentó, la legislación vigente en la materia únicamente permitiría condenar a los responsables por el tráfico de especies y subproductos silvestres.
Declaró que en el caso de que se encontrara a los presuntos responsables en flagrancia comercializando las pieles, podrían obtener una pena corporal de hasta siete años de prisión.
Esa sentencia, consideró, es muy poco por haber cometido al menos 17 asesinatos de cocodrilos aunque se presume que son muchos más.
Tulio Estrada dijo que a raíz de que se documentó el problema se inició la elaboración de un proyecto ecoturístico para que los pobladores del lugar primero saneen, cuiden y promuevan la laguna.
Esto para preservar su belleza singular, aún cuando el cuerpo lagunar ya tiene algo de contaminación, además de que son evidentes las huellas de la devastación que le ha producido la mano del hombre.
Empero, el proyecto apenas contemplaría con un financiamiento inicial aproximado de un millón de pesos el saneamiento de 30 de las tres mil 455 hectáreas sobre las que se asienta la laguna y que corresponden a tres municipios de la Costa Chica: Cuautepec, Copala y Florencia Villareal.
El procurador ambiental planteó la posibilidad de que la piel del cocodrilo pueda seguir aprovechándose por los lugareños, siempre y cuando se instalaran granjas para crianza y los animales de los que se obtenga la piel sean los que ahí se críen, destinando una parte al mantenimiento del equilibrio ecológico.
SE AGRAVA PROBLEMA ECOLOGICO
Aunado a la mortandad de cocodrilos en esa laguna, informó el funcionario estatal que también se detectó una plaga no definida hasta el momento que está secando los manglares que rodean el cuerpo lagunar.
A partir de esa anomalía, para las autoridades ecológicas estatales la urgencia más importante es iniciar un proceso de rescate ecológico en el que participen instancias de los tres niveles de gobierno.
Cuestionado sobre el papel que están jugando las demás actores de las dependencias relacionadas con el medio ambiente dijo, “se necesita no se improvise más políticos, se necesita especialistas que tengan convicción y dedicación para atender los problemas”.
Finalmente, aseguró que la laguna se encuentra en un momento que aún puede ser saneada y restaurada ecológicamente y con la posibilidad de ser aprovechada para ecoturismo, siempre y cuando se haga con un manejo adecuado.
Al menos 17 cocodrilos de la especie Acutus (cocodrilo de río), que se considera en peligro de extinción, fueron sacrificados en la laguna de Chautengo, para aprovechar sólo una pequeña parte de su piel.
El procurador de Protección Ecológica, Tulio Ismael Estrada Apátiga, denunció lo anterior e informó que personal a su cargo ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de esa masacre.
Los animales que fueron sacrificados miden más de dos metros y los cazadores furtivos únicamente se llevaron la piel que recubre la parte de la panza del animal, pues la del lomo, por ser más dura, no la pudieron obtener.
El hallazgo se hizo durante una inspección que realizó el personal técnico de la procuraduría, en la laguna de Chautengo, que se ubica en el municipio de Cruz Grande, en la región de la Costa Chica.
De acuerdo al funcionario, la piel “cruda” de un cocodrilo en el mercado negro tiene un valor aproximado de 300 pesos, monto que resulta bastante bajo comparado con el daño ecológico que se está generando, estableció.
Estrada Apátiga aseguró que la devastación de cocodrilos en esa laguna generará un severo problema en la cadena alimenticia del ecosistema e incluso puede poner en riesgo la subsistencia de la laguna, pues esos animales rascan las orillas del cuerpo de agua para conservar la humedad.
El funcionario estatal informó que la inspección se ordenó originalmente para complementar un estudio que realiza la Procuraduría de Protección Ecológica de Guerrero (Propeg) en torno al problema que se vive en ese cuerpo de agua.
Detalló que se ha detectado que una plaga que afecta a los manglares ubicados en la laguna, junto con la devastación producida por el ser humano, la han puesto al borde del desequilibrio ecológico.
Estrada Apátiga expresó que con la evidencia obtenida en la inspección, la Propeg dio parte a otras dependencias relacionadas con la ecología como las secretarías del Medio Ambiente estatal y federal, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Comentó que con personal de esas dependencias se han hecho nuevas visitas a la laguna para iniciar la investigación correspondiente, y así intentar dar con el o los responsables del ecocidio.
LEY PROTEGE A ECOCIDAS
Sin embargo, el procurador ambiental indicó que aún cuando se lograra dar con los responsables de la masacre de los cocodrilos, estos no serían sujetos de una fuerte sanción.
Desafortunadamente, comentó, la legislación vigente en la materia únicamente permitiría condenar a los responsables por el tráfico de especies y subproductos silvestres.
Declaró que en el caso de que se encontrara a los presuntos responsables en flagrancia comercializando las pieles, podrían obtener una pena corporal de hasta siete años de prisión.
Esa sentencia, consideró, es muy poco por haber cometido al menos 17 asesinatos de cocodrilos aunque se presume que son muchos más.
Tulio Estrada dijo que a raíz de que se documentó el problema se inició la elaboración de un proyecto ecoturístico para que los pobladores del lugar primero saneen, cuiden y promuevan la laguna.
Esto para preservar su belleza singular, aún cuando el cuerpo lagunar ya tiene algo de contaminación, además de que son evidentes las huellas de la devastación que le ha producido la mano del hombre.
Empero, el proyecto apenas contemplaría con un financiamiento inicial aproximado de un millón de pesos el saneamiento de 30 de las tres mil 455 hectáreas sobre las que se asienta la laguna y que corresponden a tres municipios de la Costa Chica: Cuautepec, Copala y Florencia Villareal.
El procurador ambiental planteó la posibilidad de que la piel del cocodrilo pueda seguir aprovechándose por los lugareños, siempre y cuando se instalaran granjas para crianza y los animales de los que se obtenga la piel sean los que ahí se críen, destinando una parte al mantenimiento del equilibrio ecológico.
SE AGRAVA PROBLEMA ECOLOGICO
Aunado a la mortandad de cocodrilos en esa laguna, informó el funcionario estatal que también se detectó una plaga no definida hasta el momento que está secando los manglares que rodean el cuerpo lagunar.
A partir de esa anomalía, para las autoridades ecológicas estatales la urgencia más importante es iniciar un proceso de rescate ecológico en el que participen instancias de los tres niveles de gobierno.
Cuestionado sobre el papel que están jugando las demás actores de las dependencias relacionadas con el medio ambiente dijo, “se necesita no se improvise más políticos, se necesita especialistas que tengan convicción y dedicación para atender los problemas”.
Finalmente, aseguró que la laguna se encuentra en un momento que aún puede ser saneada y restaurada ecológicamente y con la posibilidad de ser aprovechada para ecoturismo, siempre y cuando se haga con un manejo adecuado.
No habrá aumento salarial en el TSJ
Antonio Jiménez Gómez
Durante 2007 no habrá incremento al salario de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia como se había previsto a principios de año, confirmó su presidente, Edmundo Román Pinzón.
Lo anterior a pesar de que el presupuesto para el presente año del Poder Judicial es considerablemente mayor al ejercido el año pasado; el Congreso local aprobó más de 400 millones de pesos, pro no está considerado mejorar las remuneraciones del personal, sino sólo la contratación de otros funcionarios.
“Lo que se previó fue lo de los actuarios (que se contrataron) que fue lo primero que hicimos, queremos que los poderes mantengan la confianza en nosotros para las reformas que se hicieron, primero con la propuesta de presupuesto y luego mejorar la administración de justicia”, añadió.
Román Pinzón indicó que ante la realidad que enfrenta el Poder Judicial, poco a poco se tiene que complementar el recurso humano del que se dispone, como son los actuarios, que son la prioridad porque son insuficientes.
“Hasta contabilidad estoy aprendiendo”, acotó el magistrado presidente del TSJ, ante los cuestionamientos de los reporteros en torno a la situación que prevalece en la institución que dirige.
Y aún cuando admitió saber del “sacrificio que hacen los consejeros, los magistrados y todo el personal del Poder Judicial”, sólo dejó entrever la posibilidad de que más adelante pudiera autorizarse un incremento salarial, “lo mínimo que se pueda”.
Respecto de la Ley de Justicia para Adolescentes, que fue reformada a nivel federal y que obliga a crear nuevos juzgados para ellos, Román Pinzón mencionó que todo depende de que hagan la ley respectiva los diputados locales en el estado, la cual no ha sido aprobada todavía.
Y en cuanto a si hay presupuesto para crear los juzgados destinados a los adolescentes, ante las reformas judiciales, comentó que “hay por ahí un guardadito previendo alguna posibilidad, precisamente, tenemos que ir guardando lo que llamamos compromisos”
Román Pinzón agregó que se contrataron 40 actuarios en igual número de juzgados que se ocuparon en las ciudades donde hay mayor densidad de población y más asuntos como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo.
Durante 2007 no habrá incremento al salario de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia como se había previsto a principios de año, confirmó su presidente, Edmundo Román Pinzón.
Lo anterior a pesar de que el presupuesto para el presente año del Poder Judicial es considerablemente mayor al ejercido el año pasado; el Congreso local aprobó más de 400 millones de pesos, pro no está considerado mejorar las remuneraciones del personal, sino sólo la contratación de otros funcionarios.
“Lo que se previó fue lo de los actuarios (que se contrataron) que fue lo primero que hicimos, queremos que los poderes mantengan la confianza en nosotros para las reformas que se hicieron, primero con la propuesta de presupuesto y luego mejorar la administración de justicia”, añadió.
Román Pinzón indicó que ante la realidad que enfrenta el Poder Judicial, poco a poco se tiene que complementar el recurso humano del que se dispone, como son los actuarios, que son la prioridad porque son insuficientes.
“Hasta contabilidad estoy aprendiendo”, acotó el magistrado presidente del TSJ, ante los cuestionamientos de los reporteros en torno a la situación que prevalece en la institución que dirige.
Y aún cuando admitió saber del “sacrificio que hacen los consejeros, los magistrados y todo el personal del Poder Judicial”, sólo dejó entrever la posibilidad de que más adelante pudiera autorizarse un incremento salarial, “lo mínimo que se pueda”.
Respecto de la Ley de Justicia para Adolescentes, que fue reformada a nivel federal y que obliga a crear nuevos juzgados para ellos, Román Pinzón mencionó que todo depende de que hagan la ley respectiva los diputados locales en el estado, la cual no ha sido aprobada todavía.
Y en cuanto a si hay presupuesto para crear los juzgados destinados a los adolescentes, ante las reformas judiciales, comentó que “hay por ahí un guardadito previendo alguna posibilidad, precisamente, tenemos que ir guardando lo que llamamos compromisos”
Román Pinzón agregó que se contrataron 40 actuarios en igual número de juzgados que se ocuparon en las ciudades donde hay mayor densidad de población y más asuntos como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo.
No asiste director municipal de Protección Civil a reunión regional
Antonio Jiménez Gómez
El director de Protección Civil de Chilpancingo no asistió a la reunión de funcionarios de ese sector en la región Centro, realizada ayer en el Instituto de Formación y Capacitación Policial.
Tampoco asistieron representantes de los municipios de Ahuacotzingo, Juan R. Escudero y Mártir de Cuilapan.
El encuentro, según Protección Civil estatal, serviría para confirmar los mecanismos de coordinación entre autoridades de Guerrero y de los ayuntamientos, de cara a la temporada de ciclones del Pacífico que inició el pasado 15 de mayo.
Sin embargo, acudieron los directores del área de ocho ayuntamientos, incluso el de Acapulco, así como la subsecretaria a nivel estatal, Nubia Sáyago González, pero el responsable del municipio sede no participó.
Cabe mencionar que el actual responsable de Protección Civil en el ayuntamiento, apenas tiene unas semanas en el cargo, que dejó vacante José Luis Pastor, quien fue separado del cargo luego de varias protestas y un paro laboral que realizaron en su contra trabajadores del área.
El director de Protección Civil de Chilpancingo no asistió a la reunión de funcionarios de ese sector en la región Centro, realizada ayer en el Instituto de Formación y Capacitación Policial.
Tampoco asistieron representantes de los municipios de Ahuacotzingo, Juan R. Escudero y Mártir de Cuilapan.
El encuentro, según Protección Civil estatal, serviría para confirmar los mecanismos de coordinación entre autoridades de Guerrero y de los ayuntamientos, de cara a la temporada de ciclones del Pacífico que inició el pasado 15 de mayo.
Sin embargo, acudieron los directores del área de ocho ayuntamientos, incluso el de Acapulco, así como la subsecretaria a nivel estatal, Nubia Sáyago González, pero el responsable del municipio sede no participó.
Cabe mencionar que el actual responsable de Protección Civil en el ayuntamiento, apenas tiene unas semanas en el cargo, que dejó vacante José Luis Pastor, quien fue separado del cargo luego de varias protestas y un paro laboral que realizaron en su contra trabajadores del área.
miércoles, mayo 23, 2007
Urge mayor cultura ambiental: Tovar
Guerrero enfrenta un grave riesgo de devastación ecológica que no se limita a la ocurrencia de incendios, alertó el secretario de la Comisión de Salud del Congreso local, Raúl Tovar Tavera.
El legislador estableció que es urgente que los diferentes niveles de gobierno instrumenten programas de culturización en materia de preservación ecológica, para que se logren abatir vicios y prácticas que son muy nocivas para los ecosistemas, y que se pueden evitar.
Incluso, destacó que una prueba de que la educación es la mejor arma para cuidar el medio ambiente, que los niños ahora son los que regañan a los padres por tirar la basura en las calles.
“Estamos destruyendo la atmósfera y no estamos haciendo nada real para evitarlo”, estableció el legislador, quien puso como ejemplo que todavía la semana pasada continuaba quemándose el basurero de Iguala a más de un mes de iniciado el siniestro.
Comentó que no es posible que la sociedad se siga acabando el planeta de una forma tan lamentable.
Estableció que los incendios forestales en Guerrero no son tan graves, ya que generalmente se consume maleza. El problema más fuerte es la tala inmoderada que está devastando los bosques de Guerrero que contribuyen a la purificación del ambiente y a evitar la erosión y la desaparición de los mantos acuiferos.
Tovar Tavera estableció que ya ha platicado con el secretario del Medio Ambiente estatal, Sabás de la Rosa Camacho, para que se analice la implementación de acciones concretas para frenar la erosión en las tierras que están alrededor de la laguna de Tuxpan y estrategias de reforestación.
Desafortunadamente, expresó el legislador priista, “los políticos no quieren invertir en el cuidado de la ecología”, en programas que realmente se realicen bien, por lo que dijo que es necesario cambiar la mentalidad de la gente en el poder para cambiar el rumbo en los próximos diez años.
“Nos quedan diez años para poder lograr revertir el desastre que le hemos hecho a la naturaleza. Por eso se deben realizar programas reales que se apliquen bien. De nada sirve sembrar medio millón de árboles si se van a secar todos”, comentó.
En ese sentido, estableció que es mejor sembrar solo mil árboles, pero que se logren; integrar pequeños bosques con los que se puede ir avanzando en lugares específicos de Guerrero, pero que sean cuidados realmente.
También se tiene que inculcar el uso de la bicicleta, la separación de la basura orgánica e inorgánica, el ahorro de combustibles, y fomentar alternativas ecológicas en diversas actividades.
Ello, estableció, es responsabilidad de todos los niveles de gobierno, pero sobre todo fomentar una cultura ecológica desde los jardines de niños, e implementar materias en otros niveles escolares para reforzar esos conocimientos.Estableció que también se debe promover que la gente no queme la basura, que cuide la disposición final de las miles de pilas que se utilizan diariamente y que conta
El legislador estableció que es urgente que los diferentes niveles de gobierno instrumenten programas de culturización en materia de preservación ecológica, para que se logren abatir vicios y prácticas que son muy nocivas para los ecosistemas, y que se pueden evitar.
Incluso, destacó que una prueba de que la educación es la mejor arma para cuidar el medio ambiente, que los niños ahora son los que regañan a los padres por tirar la basura en las calles.
“Estamos destruyendo la atmósfera y no estamos haciendo nada real para evitarlo”, estableció el legislador, quien puso como ejemplo que todavía la semana pasada continuaba quemándose el basurero de Iguala a más de un mes de iniciado el siniestro.
Comentó que no es posible que la sociedad se siga acabando el planeta de una forma tan lamentable.
Estableció que los incendios forestales en Guerrero no son tan graves, ya que generalmente se consume maleza. El problema más fuerte es la tala inmoderada que está devastando los bosques de Guerrero que contribuyen a la purificación del ambiente y a evitar la erosión y la desaparición de los mantos acuiferos.
Tovar Tavera estableció que ya ha platicado con el secretario del Medio Ambiente estatal, Sabás de la Rosa Camacho, para que se analice la implementación de acciones concretas para frenar la erosión en las tierras que están alrededor de la laguna de Tuxpan y estrategias de reforestación.
Desafortunadamente, expresó el legislador priista, “los políticos no quieren invertir en el cuidado de la ecología”, en programas que realmente se realicen bien, por lo que dijo que es necesario cambiar la mentalidad de la gente en el poder para cambiar el rumbo en los próximos diez años.
“Nos quedan diez años para poder lograr revertir el desastre que le hemos hecho a la naturaleza. Por eso se deben realizar programas reales que se apliquen bien. De nada sirve sembrar medio millón de árboles si se van a secar todos”, comentó.
En ese sentido, estableció que es mejor sembrar solo mil árboles, pero que se logren; integrar pequeños bosques con los que se puede ir avanzando en lugares específicos de Guerrero, pero que sean cuidados realmente.
También se tiene que inculcar el uso de la bicicleta, la separación de la basura orgánica e inorgánica, el ahorro de combustibles, y fomentar alternativas ecológicas en diversas actividades.
Ello, estableció, es responsabilidad de todos los niveles de gobierno, pero sobre todo fomentar una cultura ecológica desde los jardines de niños, e implementar materias en otros niveles escolares para reforzar esos conocimientos.Estableció que también se debe promover que la gente no queme la basura, que cuide la disposición final de las miles de pilas que se utilizan diariamente y que conta
Ausentismo de diputados atora juicios políticos
La conclusión de los juicios políticos que se siguen en contra de los alcaldes de Cochoapa El Grande y Canuto Neri está detenida por la inasistencia de los diputados a las reuniones de la Comisión Instructora.
De acuerdo a la presidenta de ese grupo parlamentario responsable de procesar las denuncias en contra de funcionarios de elección popular, Abelina López Rodríguez, desde hace varias semanas los proyectos finales de sentencia contra ambos munícipes están listos.
Sin embargo, a pesar de que se les ha citado en dos ocasiones a los integrantes de la comisión, estos no han acudido argumentando cuestiones de agenda, abundó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática.
De acuerdo a información del personal de la secretaría técnica de esa comisión, las propuestas de dictamen en contra de los dos alcaldes se encuentran listos desde hace un mes.
Este jueves se convocó a la tercera reunión interna para que se presente dicho documento, se consense entre los diputados y se apruebe, o en su caso se hagan las modificaciones necesarias para que sea presentado al pleno.
Cabe recordar que en el caso de Cochoapa El Grande, el alcalde ha diso señalado de incurrir en una diversidad de anomalías que van desde la inexistencia de un sistema contable, la no entrega de cuentas públicas, así como irregularidades financieras y problemas con su cabildo.
El juicio político en contra del munícipe de extracción perredista fue promovido desde hace un año, y después de cumplir con los tiempos y procedimientos que marca la ley, la presidenta de la Comisión Instructora informó que se cuentan con los elementos suficientes para emitir la sentencia.
En caso de que los integrantes de la Comisión Instructora avalen el que hay suficientes elementos en contra del alcalde de Cochoapa, se podría presentar ante el pleno la solicitud de revocación de mandato, el primer procedimiento de ese tipo que se registra en los últimos años.
López Rodríguez indicó que en la elaboración del dictamen final no influyeron criterios políticos o partidistas, sino que se procedió conforme a las pruebas, testimonios y documentos que se hicieron llegar a ese grupo por las partes en conflictos.
Agregó que la decisión que se tome en los casos de Cochoapa y de Canuto Neri, serán sólo a partir de la aplicación del derecho.
De acuerdo a la presidenta de ese grupo parlamentario responsable de procesar las denuncias en contra de funcionarios de elección popular, Abelina López Rodríguez, desde hace varias semanas los proyectos finales de sentencia contra ambos munícipes están listos.
Sin embargo, a pesar de que se les ha citado en dos ocasiones a los integrantes de la comisión, estos no han acudido argumentando cuestiones de agenda, abundó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática.
De acuerdo a información del personal de la secretaría técnica de esa comisión, las propuestas de dictamen en contra de los dos alcaldes se encuentran listos desde hace un mes.
Este jueves se convocó a la tercera reunión interna para que se presente dicho documento, se consense entre los diputados y se apruebe, o en su caso se hagan las modificaciones necesarias para que sea presentado al pleno.
Cabe recordar que en el caso de Cochoapa El Grande, el alcalde ha diso señalado de incurrir en una diversidad de anomalías que van desde la inexistencia de un sistema contable, la no entrega de cuentas públicas, así como irregularidades financieras y problemas con su cabildo.
El juicio político en contra del munícipe de extracción perredista fue promovido desde hace un año, y después de cumplir con los tiempos y procedimientos que marca la ley, la presidenta de la Comisión Instructora informó que se cuentan con los elementos suficientes para emitir la sentencia.
En caso de que los integrantes de la Comisión Instructora avalen el que hay suficientes elementos en contra del alcalde de Cochoapa, se podría presentar ante el pleno la solicitud de revocación de mandato, el primer procedimiento de ese tipo que se registra en los últimos años.
López Rodríguez indicó que en la elaboración del dictamen final no influyeron criterios políticos o partidistas, sino que se procedió conforme a las pruebas, testimonios y documentos que se hicieron llegar a ese grupo por las partes en conflictos.
Agregó que la decisión que se tome en los casos de Cochoapa y de Canuto Neri, serán sólo a partir de la aplicación del derecho.
Ausentismo de diputados atora juicios políticos
La conclusión de los juicios políticos que se siguen en contra de los alcaldes de Cochoapa El Grande y Canuto Neri está detenida por la inasistencia de los diputados a las reuniones de la Comisión Instructora.
De acuerdo a la presidenta de ese grupo parlamentario responsable de procesar las denuncias en contra de funcionarios de elección popular, Abelina López Rodríguez, desde hace varias semanas los proyectos finales de sentencia contra ambos munícipes están listos.
Sin embargo, a pesar de que se les ha citado en dos ocasiones a los integrantes de la comisión, estos no han acudido argumentando cuestiones de agenda, abundó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática.
De acuerdo a información del personal de la secretaría técnica de esa comisión, las propuestas de dictamen en contra de los dos alcaldes se encuentran listos desde hace un mes.
Este jueves se convocó a la tercera reunión interna para que se presente dicho documento, se consense entre los diputados y se apruebe, o en su caso se hagan las modificaciones necesarias para que sea presentado al pleno.
Cabe recordar que en el caso de Cochoapa El Grande, el alcalde ha diso señalado de incurrir en una diversidad de anomalías que van desde la inexistencia de un sistema contable, la no entrega de cuentas públicas, así como irregularidades financieras y problemas con su cabildo.
El juicio político en contra del munícipe de extracción perredista fue promovido desde hace un año, y después de cumplir con los tiempos y procedimientos que marca la ley, la presidenta de la Comisión Instructora informó que se cuentan con los elementos suficientes para emitir la sentencia.
En caso de que los integrantes de la Comisión Instructora avalen el que hay suficientes elementos en contra del alcalde de Cochoapa, se podría presentar ante el pleno la solicitud de revocación de mandato, el primer procedimiento de ese tipo que se registra en los últimos años.
López Rodríguez indicó que en la elaboración del dictamen final no influyeron criterios políticos o partidistas, sino que se procedió conforme a las pruebas, testimonios y documentos que se hicieron llegar a ese grupo por las partes en conflictos.
Agregó que la decisión que se tome en los casos de Cochoapa y de Canuto Neri, serán sólo a partir de la aplicación del derecho.
De acuerdo a la presidenta de ese grupo parlamentario responsable de procesar las denuncias en contra de funcionarios de elección popular, Abelina López Rodríguez, desde hace varias semanas los proyectos finales de sentencia contra ambos munícipes están listos.
Sin embargo, a pesar de que se les ha citado en dos ocasiones a los integrantes de la comisión, estos no han acudido argumentando cuestiones de agenda, abundó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática.
De acuerdo a información del personal de la secretaría técnica de esa comisión, las propuestas de dictamen en contra de los dos alcaldes se encuentran listos desde hace un mes.
Este jueves se convocó a la tercera reunión interna para que se presente dicho documento, se consense entre los diputados y se apruebe, o en su caso se hagan las modificaciones necesarias para que sea presentado al pleno.
Cabe recordar que en el caso de Cochoapa El Grande, el alcalde ha diso señalado de incurrir en una diversidad de anomalías que van desde la inexistencia de un sistema contable, la no entrega de cuentas públicas, así como irregularidades financieras y problemas con su cabildo.
El juicio político en contra del munícipe de extracción perredista fue promovido desde hace un año, y después de cumplir con los tiempos y procedimientos que marca la ley, la presidenta de la Comisión Instructora informó que se cuentan con los elementos suficientes para emitir la sentencia.
En caso de que los integrantes de la Comisión Instructora avalen el que hay suficientes elementos en contra del alcalde de Cochoapa, se podría presentar ante el pleno la solicitud de revocación de mandato, el primer procedimiento de ese tipo que se registra en los últimos años.
López Rodríguez indicó que en la elaboración del dictamen final no influyeron criterios políticos o partidistas, sino que se procedió conforme a las pruebas, testimonios y documentos que se hicieron llegar a ese grupo por las partes en conflictos.
Agregó que la decisión que se tome en los casos de Cochoapa y de Canuto Neri, serán sólo a partir de la aplicación del derecho.
Protestan transportistas; piden exenciones fiscales
Un centenar de transportistas provenientes de diferentes regiones del estado se manifestaron frente a Palacio de Gobierno y el Congreso local para exigir que en realidad se combata el pirataje en las diferentes rutas del transporte público.
De acuerdo a los organizadores de la protesta, en ella participaron trabajadores del volante aglutinados en 40 organizaciones estatales y regionales, de diversos municipios de la entidad.
Demandaron que la Secretaría de Finanzas no les obligue a pagar la tenencia de sus vehículos, hasta que no sostengan una mesa de diálogo con el titular de la dependencia, en la que le solicitarán exenciones fiscales.
Los transportistas apostaron sus unidades frente a Palacio de Gobierno alrededor de las diez de la mañana, para presionar a las autoridades estatales a que les condone el pago de los impuestos que por ley deben cubrir como operadores de unidades de transporte.
Una comisión exigió una audiencia con el secretario de Finanzas; sin embargo, después de un par de horas sólo fueron recibidos por el subsecretario de Ingresos, Javier Ibáñez, quien respondió que no tenía facultad para acceder a las peticiones de los inconformes.
El funcionario sólo se comprometió a gestionarles una reunión con el titular de la dependencia para la próxima semana, ante lo cual los transportistas acordaron levantar el plantón.
Posteriormente se trasladaron a la explanada central del Congreso local, donde realizaron un mitin en el que demandaron a la Comisión de Transportes que deje de ser un adorno y que presione al Ejecutivo para que en realidad combata el pirataje.
Camilo López Sánchez, dirigente de la Red de Transportistas del Estado de Guerrero, criticó al director del ramo del gobierno estatal, Ignacio Sevilla Díaz, de pretender disculpar su incapacidad o desinterés de combatir el pirataje, argumentando que no cuenta con los suficientes inspectores.
Por ello, exigieron al Congreso local que presione a las autoridades estatales para que se ataque ese problema de una manera real y efectiva, y ya no se siga afectando al gremio.
Al terminar el mitin, un grupo de inconformes se trasladó a las oficinas de Sevilla Díaz a buscar una audiencia, mientras que otros prefirieron ir a almorzar y otros cuantos se regresaron a sus respectivos municipios a trabajar.
De acuerdo a los organizadores de la protesta, en ella participaron trabajadores del volante aglutinados en 40 organizaciones estatales y regionales, de diversos municipios de la entidad.
Demandaron que la Secretaría de Finanzas no les obligue a pagar la tenencia de sus vehículos, hasta que no sostengan una mesa de diálogo con el titular de la dependencia, en la que le solicitarán exenciones fiscales.
Los transportistas apostaron sus unidades frente a Palacio de Gobierno alrededor de las diez de la mañana, para presionar a las autoridades estatales a que les condone el pago de los impuestos que por ley deben cubrir como operadores de unidades de transporte.
Una comisión exigió una audiencia con el secretario de Finanzas; sin embargo, después de un par de horas sólo fueron recibidos por el subsecretario de Ingresos, Javier Ibáñez, quien respondió que no tenía facultad para acceder a las peticiones de los inconformes.
El funcionario sólo se comprometió a gestionarles una reunión con el titular de la dependencia para la próxima semana, ante lo cual los transportistas acordaron levantar el plantón.
Posteriormente se trasladaron a la explanada central del Congreso local, donde realizaron un mitin en el que demandaron a la Comisión de Transportes que deje de ser un adorno y que presione al Ejecutivo para que en realidad combata el pirataje.
Camilo López Sánchez, dirigente de la Red de Transportistas del Estado de Guerrero, criticó al director del ramo del gobierno estatal, Ignacio Sevilla Díaz, de pretender disculpar su incapacidad o desinterés de combatir el pirataje, argumentando que no cuenta con los suficientes inspectores.
Por ello, exigieron al Congreso local que presione a las autoridades estatales para que se ataque ese problema de una manera real y efectiva, y ya no se siga afectando al gremio.
Al terminar el mitin, un grupo de inconformes se trasladó a las oficinas de Sevilla Díaz a buscar una audiencia, mientras que otros prefirieron ir a almorzar y otros cuantos se regresaron a sus respectivos municipios a trabajar.
Piden a Salud revisar rastros por clembuterol
La Secretaría de Desarrollo Rural solicitó a la de Salud que realice a la brevedad posible un programa de revisión efectivo de la carne que se distribuye en los rastros de la entidad.
El titular de la Seder, Armando Ríos Piter, indicó que también solicitó a su homólogo de Salud, Luis Barrera Ríos, que elabore un informe pormenorizado sobre los “presuntos” casos de intoxicación de personas por consumir carne con clembuterol en la Tierra Caliente.
El funcionario estatal indicó que hasta el momento no tiene confirmado el que se haya dado realmente dicha intoxicación, por lo que está esperando el reporte de la Secretaría de Salud.
De acuerdo a reportes de la Secretaría de Salud, un número indeterminado de personas habrían sufrido afectaciones a su salud, luego de haber asistido a una fiesta realizada en una población de la región de la Tierra Caliente.
Supuestamente, las personas que acudieron al evento consumieron carne que contenía clembuterol, una sustancia que hace que las reses tengan un mayor volumen muscular.
Al respecto, Ríos Piter indicó que la Secretaría de Agricultura y Ganadería federal mantiene un programa de vigilancia en los hatos ganaderos para evitar que carne con clembuterol llegue a Guerrero.
Asimismo, dijo que la Seder también tiene implementado un programa, en coordinación con el gobierno federal, para detectar a tiempo la presencia de ganado enfermo con tuberculosis o brucelosis.
Sin embargo, aclaró que una vez que el animal llega al rastro y es sacrificado, ya es competencia de la Secretaría de Salud verificar que la carne esté en buenas condiciones para su consumo humano.
Por ello, dijo que la secretaría a su cargo solicitó a la de Salud que investigue exactamente la veracidad de esos padecimientos, para determinar cuál fue la causa de que esa gente tuviera transtornos en su salud.
Sin embargo, aclaró que también se solicitó a esa dependencia que haga una verificación minuciosa a nivel de rastros para detectar posibles anomalías en la carne que distribuyen.
Adicionalmente, “convocamos a la Secretaría de Salud que llevemos a cabo una reunión la próxima semana, para verificar la información, para que después de eso, a las áreas que podamos auxiliar en el procesamiento, veamos cuáles son las acciones a implementar”
Sobre la alimentación de los hatos ganaderos que existen en la entidad, Ríos Piter indicó que es una responsabilidad que principalmente recae en los ganaderos, quienes deben ser cuidadosos y tener conciencia de que están generando productos para consumo humano.
De acuerdo a estadísticas dadas a conocer por la Sagarpa, en 2006 se contaba con un inventario de un millón 300 mil cabezas de ganado bovino y la producción de carne superaba las 36 mil toneladas.
En cuanto al clembuterol, se establece que es un aditivo que se aplica a los alimentos del ganado que provocan que haya liberación de nitrógeno, que va al higado, al torrente sanguíneo, y cuando llega al músculo hace incrementar el volumen.
En cuanto a sus efectos en el cuerpo humano por consumo de carne con clembuterol, se establece que en altas dosis, puede generar problemas para la salud; como puede ser la diarrea o temperatura, e incluso puede llegar a provocar un paro cardiaco.
El titular de la Seder, Armando Ríos Piter, indicó que también solicitó a su homólogo de Salud, Luis Barrera Ríos, que elabore un informe pormenorizado sobre los “presuntos” casos de intoxicación de personas por consumir carne con clembuterol en la Tierra Caliente.
El funcionario estatal indicó que hasta el momento no tiene confirmado el que se haya dado realmente dicha intoxicación, por lo que está esperando el reporte de la Secretaría de Salud.
De acuerdo a reportes de la Secretaría de Salud, un número indeterminado de personas habrían sufrido afectaciones a su salud, luego de haber asistido a una fiesta realizada en una población de la región de la Tierra Caliente.
Supuestamente, las personas que acudieron al evento consumieron carne que contenía clembuterol, una sustancia que hace que las reses tengan un mayor volumen muscular.
Al respecto, Ríos Piter indicó que la Secretaría de Agricultura y Ganadería federal mantiene un programa de vigilancia en los hatos ganaderos para evitar que carne con clembuterol llegue a Guerrero.
Asimismo, dijo que la Seder también tiene implementado un programa, en coordinación con el gobierno federal, para detectar a tiempo la presencia de ganado enfermo con tuberculosis o brucelosis.
Sin embargo, aclaró que una vez que el animal llega al rastro y es sacrificado, ya es competencia de la Secretaría de Salud verificar que la carne esté en buenas condiciones para su consumo humano.
Por ello, dijo que la secretaría a su cargo solicitó a la de Salud que investigue exactamente la veracidad de esos padecimientos, para determinar cuál fue la causa de que esa gente tuviera transtornos en su salud.
Sin embargo, aclaró que también se solicitó a esa dependencia que haga una verificación minuciosa a nivel de rastros para detectar posibles anomalías en la carne que distribuyen.
Adicionalmente, “convocamos a la Secretaría de Salud que llevemos a cabo una reunión la próxima semana, para verificar la información, para que después de eso, a las áreas que podamos auxiliar en el procesamiento, veamos cuáles son las acciones a implementar”
Sobre la alimentación de los hatos ganaderos que existen en la entidad, Ríos Piter indicó que es una responsabilidad que principalmente recae en los ganaderos, quienes deben ser cuidadosos y tener conciencia de que están generando productos para consumo humano.
De acuerdo a estadísticas dadas a conocer por la Sagarpa, en 2006 se contaba con un inventario de un millón 300 mil cabezas de ganado bovino y la producción de carne superaba las 36 mil toneladas.
En cuanto al clembuterol, se establece que es un aditivo que se aplica a los alimentos del ganado que provocan que haya liberación de nitrógeno, que va al higado, al torrente sanguíneo, y cuando llega al músculo hace incrementar el volumen.
En cuanto a sus efectos en el cuerpo humano por consumo de carne con clembuterol, se establece que en altas dosis, puede generar problemas para la salud; como puede ser la diarrea o temperatura, e incluso puede llegar a provocar un paro cardiaco.
martes, mayo 22, 2007
Inicia Xochipala protestas para presionar a minera
Antonio Jiménez Gómez
Comuneros de la localidad de Xochipala exigieron a la minera canadiense Luismin, que incremente el pago que les da por la renta de 450 hectáreas de terreno “porque están extrayendo oro y no tierra”.
Los campesinos encabezados por su comisario, Samuel Jiménez Cuevas, y por el diputado local Ramiro Solorio Almazán, anunciaron que a partir de hoy cerrarán los accesos a la zona de trabajo de la mina en Xochipala.
Asimismo, convocaron a los representantes de la empresa minera a reunirse el próximo jueves a las 17:00 horas, para iniciar la negociación de mejora en los contrato de arrendamiento de las tierras.
Dijeron estar convencidos de que sólo con diálogo se logrará un acuerdo similar al que logró el pueblo de Carrizalillo, luego de tres meses de paros y bloqueos.
Sin embargo, indicaron que de ser necesario, implementarán las medidas de presión que sean necesarias para que la empresa los escuche, los atienda y les dé respuesta favorable a sus peticiones.
Encabezados por su comisario municipal, acudieron a la sede del Congreso local un grupo de comuneros entre quienes estaban Villarmino Bautista Rodríguez, Elizur Bautista Robles, entre otros.
Se reunieron con el diputado Solorio Almazán, a quien le solicitaron su respaldo del mismo modo que hizo con los comuneros de Carrizalillo, quienes después de varios meses de lucha, lograron la renegociación de sus contratos de renta de predios.
Ahí externaron que en Xochipala, Luismin no ha querido sentarse a dialogar con la comunidad, por lo que anunciaron que si no hay voluntad de negociación, se convocará a diputados locales federales, así como a organizaciones sociales para reforzar su lucha.
Actualmente, de acuerdo a los inconformes, la minera les está pagando mil 300 pesos anuales por cada una de las 450 hectáreas que les fueron arrendadas y sobre las cuales ya existen tres permisos de explotación para los próximos 48 años.
Ante esa situación, exigieron que se renegocien los contratos y se les asignen más recursos por hectáreas, incluso más que a los de Carrizalillo, porque “ya están sacando oro, no tierra”.
LAS TRES ACCIONES
Los representantes de Mezcala –comunidad que desde el año pasado denunció los excesos y destrucción provocada por la minera canadiense—indicaron que inicialmente promoverán tres acciones para motivar a los representantes de la empresa a negociar con ellos.
Insistieron en que están convencidos de que dialogando podrían lograr acuerdos que beneficien a ambas partes; pero acotaron que de ser necesario, promoverán acciones de resistencia para presionar a la empresa.
Incluso, indicaron que están preparados para que en dado momento puedan ser víctimas de persecución legal y represión policial, como ocurrió con sus vecinos de Carrizalillo a principios del presente año.
Por su parte, Ramiro Solorio expresó que si en Carrizalillo se lograron acuerdos justos y dignos para cada una de las partes involucradas, hay la posibilidad de que se pueda dar una negociación menos turbia con Xochipala.
En ese sentido, comuneros y legislador dieron a conocer tres acciones que se desarrollarán durante lo que resta de la semana, para forzar el diálogo con la empresa de capital canadiense.
Indicaron que los habitantes de Xochipala ya están cansados de tanto engaño y desdén por parte de la empresa minera, por lo que a partir de hoy, a las nueve de la mañana, se cerrarán los accesos a la localidad.
Con ello se estaría dando, según los inconformes, un ultimátum a los representantes de la empresa, para que acudan a una reunión que se realizará el próximo jueves a las cinco de la tarde en la localidad, y ahí instalar la mesa de diálogo.
Sin embargo, si ante ese llamado a terminar la actitud de cerrazón e insensibilidad por parte de la compañía minera, no acudieran los representantes, a partir del viernes a las nueve de la mañana, habitantes de la citada localidad se trasladarían a las oficinas de la empresa y las tomarían de manera indefinida.
“Tenemos derecho a dialogar, a exigir, porque ellos están explotando nuestras tierras y están sacando la riqueza”, argumentaron los comuneros en entrevista con Novedades Chilpancingo.
Agregaron que en caso de que la empresa se resista a atender sus demandas, también impedirán que continúen las labores de extracción de minerales, así como de explotación en los puntos conocidos como Xocoite, Loma del Tigre y otros.
Comentaron que aún cuando se pactó la autorización comunal para que la empresa trabajara en 450 hectáreas, los trabajadores están “atropellando otros lotes sin permiso de los dueños”.
Asimismo, establecieron que hasta el momento el alcalde de Eduardo Neri, José Luis Rendón Castañón, no ha intervenido en el conflicto, ni hecho caso a los reclamos de los campesinos.
Comuneros de la localidad de Xochipala exigieron a la minera canadiense Luismin, que incremente el pago que les da por la renta de 450 hectáreas de terreno “porque están extrayendo oro y no tierra”.
Los campesinos encabezados por su comisario, Samuel Jiménez Cuevas, y por el diputado local Ramiro Solorio Almazán, anunciaron que a partir de hoy cerrarán los accesos a la zona de trabajo de la mina en Xochipala.
Asimismo, convocaron a los representantes de la empresa minera a reunirse el próximo jueves a las 17:00 horas, para iniciar la negociación de mejora en los contrato de arrendamiento de las tierras.
Dijeron estar convencidos de que sólo con diálogo se logrará un acuerdo similar al que logró el pueblo de Carrizalillo, luego de tres meses de paros y bloqueos.
Sin embargo, indicaron que de ser necesario, implementarán las medidas de presión que sean necesarias para que la empresa los escuche, los atienda y les dé respuesta favorable a sus peticiones.
Encabezados por su comisario municipal, acudieron a la sede del Congreso local un grupo de comuneros entre quienes estaban Villarmino Bautista Rodríguez, Elizur Bautista Robles, entre otros.
Se reunieron con el diputado Solorio Almazán, a quien le solicitaron su respaldo del mismo modo que hizo con los comuneros de Carrizalillo, quienes después de varios meses de lucha, lograron la renegociación de sus contratos de renta de predios.
Ahí externaron que en Xochipala, Luismin no ha querido sentarse a dialogar con la comunidad, por lo que anunciaron que si no hay voluntad de negociación, se convocará a diputados locales federales, así como a organizaciones sociales para reforzar su lucha.
Actualmente, de acuerdo a los inconformes, la minera les está pagando mil 300 pesos anuales por cada una de las 450 hectáreas que les fueron arrendadas y sobre las cuales ya existen tres permisos de explotación para los próximos 48 años.
Ante esa situación, exigieron que se renegocien los contratos y se les asignen más recursos por hectáreas, incluso más que a los de Carrizalillo, porque “ya están sacando oro, no tierra”.
LAS TRES ACCIONES
Los representantes de Mezcala –comunidad que desde el año pasado denunció los excesos y destrucción provocada por la minera canadiense—indicaron que inicialmente promoverán tres acciones para motivar a los representantes de la empresa a negociar con ellos.
Insistieron en que están convencidos de que dialogando podrían lograr acuerdos que beneficien a ambas partes; pero acotaron que de ser necesario, promoverán acciones de resistencia para presionar a la empresa.
Incluso, indicaron que están preparados para que en dado momento puedan ser víctimas de persecución legal y represión policial, como ocurrió con sus vecinos de Carrizalillo a principios del presente año.
Por su parte, Ramiro Solorio expresó que si en Carrizalillo se lograron acuerdos justos y dignos para cada una de las partes involucradas, hay la posibilidad de que se pueda dar una negociación menos turbia con Xochipala.
En ese sentido, comuneros y legislador dieron a conocer tres acciones que se desarrollarán durante lo que resta de la semana, para forzar el diálogo con la empresa de capital canadiense.
Indicaron que los habitantes de Xochipala ya están cansados de tanto engaño y desdén por parte de la empresa minera, por lo que a partir de hoy, a las nueve de la mañana, se cerrarán los accesos a la localidad.
Con ello se estaría dando, según los inconformes, un ultimátum a los representantes de la empresa, para que acudan a una reunión que se realizará el próximo jueves a las cinco de la tarde en la localidad, y ahí instalar la mesa de diálogo.
Sin embargo, si ante ese llamado a terminar la actitud de cerrazón e insensibilidad por parte de la compañía minera, no acudieran los representantes, a partir del viernes a las nueve de la mañana, habitantes de la citada localidad se trasladarían a las oficinas de la empresa y las tomarían de manera indefinida.
“Tenemos derecho a dialogar, a exigir, porque ellos están explotando nuestras tierras y están sacando la riqueza”, argumentaron los comuneros en entrevista con Novedades Chilpancingo.
Agregaron que en caso de que la empresa se resista a atender sus demandas, también impedirán que continúen las labores de extracción de minerales, así como de explotación en los puntos conocidos como Xocoite, Loma del Tigre y otros.
Comentaron que aún cuando se pactó la autorización comunal para que la empresa trabajara en 450 hectáreas, los trabajadores están “atropellando otros lotes sin permiso de los dueños”.
Asimismo, establecieron que hasta el momento el alcalde de Eduardo Neri, José Luis Rendón Castañón, no ha intervenido en el conflicto, ni hecho caso a los reclamos de los campesinos.
Logra PRD mayoría absoluta en Congreso
Antonio Jiménez Gómez
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática tiene ahora 23 integrantes, con lo que ya tiene más de la mitad de los diputados locales y se consolida como mayoría real.
Lo anterior como resultado de la inclusión a ese grupo parlamentario del hasta ayer diputado independiente Fernando Pineda Ménez, quien había llegado al Congreso local como legislador plurinominal por el Partido Convergencia.
Entrevistado al respecto, Pineda Ménez declaró que la decisión la tomó a partir de que considera que en el PRD encontrará un mejor nicho para el desarrollo de sus actividades políticas.
Se jactó de ser tradicionalmente un hombre de izquierda, por lo que el sol azteca le ofrece un escenario más propicio para la realización de sus proyectos.Sobre Convergencia, partido por el que llegó al Congreso local por la vía plurinominal, sólo comentó que reiteraba su respeto al ex presidente estatal de ese instituto político, Luis Walton Aburto, así como a quien fuera su coordinador de grupo parlamentario, Mario Ramos del Carmen.
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática tiene ahora 23 integrantes, con lo que ya tiene más de la mitad de los diputados locales y se consolida como mayoría real.
Lo anterior como resultado de la inclusión a ese grupo parlamentario del hasta ayer diputado independiente Fernando Pineda Ménez, quien había llegado al Congreso local como legislador plurinominal por el Partido Convergencia.
Entrevistado al respecto, Pineda Ménez declaró que la decisión la tomó a partir de que considera que en el PRD encontrará un mejor nicho para el desarrollo de sus actividades políticas.
Se jactó de ser tradicionalmente un hombre de izquierda, por lo que el sol azteca le ofrece un escenario más propicio para la realización de sus proyectos.Sobre Convergencia, partido por el que llegó al Congreso local por la vía plurinominal, sólo comentó que reiteraba su respeto al ex presidente estatal de ese instituto político, Luis Walton Aburto, así como a quien fuera su coordinador de grupo parlamentario, Mario Ramos del Carmen.
Si se pierde La Parota, será culpa del PRD: Rojas
Antonio Jiménez Gómez
El proyecto hidroeléctrico de La Parota corre el riesgo de perderse por culpa del Partido de la Revolución Democrática, afirmó la diputada local panista, Jessica García Rojas.
Indicó que por una parte, los movimientos en contra del proyecto estratégico para el desarrollo de la entidad más importante de los últimos años, son auspiciados por representantes del PRD.
Incluso, dijo que en la reunión de comuneros acapulqueños que se suspendió el fin de semana pasado, había diputados locales y federales del PRD, y representantes de ese partido político.
En contraparte, señaló la legisladora, los gobiernos estatal y federal, emanados del mismo partido, hasta el momento no han asumido una postura clara, concreta y consistente en torno al proyecto.
Ni lo defienden ni se desdicen, siendo que para esos gobiernos concretar la presa hidroeléctrica, a pesar de que concretarla hubiera sido su mayor logro en sus respectivas administraciones.
El proyecto hidroeléctrico de La Parota corre el riesgo de perderse por culpa del Partido de la Revolución Democrática, afirmó la diputada local panista, Jessica García Rojas.
Indicó que por una parte, los movimientos en contra del proyecto estratégico para el desarrollo de la entidad más importante de los últimos años, son auspiciados por representantes del PRD.
Incluso, dijo que en la reunión de comuneros acapulqueños que se suspendió el fin de semana pasado, había diputados locales y federales del PRD, y representantes de ese partido político.
En contraparte, señaló la legisladora, los gobiernos estatal y federal, emanados del mismo partido, hasta el momento no han asumido una postura clara, concreta y consistente en torno al proyecto.
Ni lo defienden ni se desdicen, siendo que para esos gobiernos concretar la presa hidroeléctrica, a pesar de que concretarla hubiera sido su mayor logro en sus respectivas administraciones.
domingo, mayo 20, 2007
Obstruye Congreso fiscalización
Antonio Jiménez Gómez
El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, acusó directamente a la Comisión de Gobierno de evadir su responsabilidad para que se revise la operación de la Auditoria General del Estado y de obstruir su trabajo de fiscalización.
Indicó que luego de diversas peticiones formales a dicha comisión, que preside el perredista Carlos Reyes Torres, hasta el momento “no tenemos un lugar poder almacenar las cajas que el auditor ya nos remitió y donde está su cuenta pública”.
“Se me hace grave que el Congreso le niegue a la Comisión un espacio. Ya le hice la petición a Carlos –Reyes Torres--. Espero que se sensibilicen y nos den un espacio para tener esa documentación”, añadió el legislador.
Ortega Jiménez estableció que en el Congreso local se le tiene miedo a la rendición de cuentas a la que de por sí están obligados: “yo espero que en el año y medio que nos queda, esos tabúes y resistencias que persisten, y la negativa de apoyar a la comisión y la obstrucción deliberada de sus trabajos, vaya desapareciendo.
La Comisión de Vigilancia es una de las màs importantes que tiene el Congreso del Estado. Desafortunadamente, carecemos de muchas cosas, hasta de un órgano auxiliar de carácter técnico que pudiera revisar las cuentas de la Auditoria”, argumentó el también perredista.
Ortega Jiménez pidió a los integrantes de la Comisión de Vigilancia que sean congruentes y sensatos, ya que es la que tiene a su cargo la supervisión del único órgano desconcentrado del Poder Legislativo, por lo que ya es necesario que los diputados se pongan a trabajar.
“Sé que tenemos muchas actividades qué hacer, pero nuestra responsabilidad es estar aquí. Si existe voluntad de los integrantes de la Comisión ya se debe echar andar el órgano técnico. Tenemos la obligación de vigilar y fiscalizar a la Auditoría y no como dice el diputado Alvarez Angli”, añadió el presidente de dicho grupo camaral.
El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, acusó directamente a la Comisión de Gobierno de evadir su responsabilidad para que se revise la operación de la Auditoria General del Estado y de obstruir su trabajo de fiscalización.
Indicó que luego de diversas peticiones formales a dicha comisión, que preside el perredista Carlos Reyes Torres, hasta el momento “no tenemos un lugar poder almacenar las cajas que el auditor ya nos remitió y donde está su cuenta pública”.
“Se me hace grave que el Congreso le niegue a la Comisión un espacio. Ya le hice la petición a Carlos –Reyes Torres--. Espero que se sensibilicen y nos den un espacio para tener esa documentación”, añadió el legislador.
Ortega Jiménez estableció que en el Congreso local se le tiene miedo a la rendición de cuentas a la que de por sí están obligados: “yo espero que en el año y medio que nos queda, esos tabúes y resistencias que persisten, y la negativa de apoyar a la comisión y la obstrucción deliberada de sus trabajos, vaya desapareciendo.
La Comisión de Vigilancia es una de las màs importantes que tiene el Congreso del Estado. Desafortunadamente, carecemos de muchas cosas, hasta de un órgano auxiliar de carácter técnico que pudiera revisar las cuentas de la Auditoria”, argumentó el también perredista.
Ortega Jiménez pidió a los integrantes de la Comisión de Vigilancia que sean congruentes y sensatos, ya que es la que tiene a su cargo la supervisión del único órgano desconcentrado del Poder Legislativo, por lo que ya es necesario que los diputados se pongan a trabajar.
“Sé que tenemos muchas actividades qué hacer, pero nuestra responsabilidad es estar aquí. Si existe voluntad de los integrantes de la Comisión ya se debe echar andar el órgano técnico. Tenemos la obligación de vigilar y fiscalizar a la Auditoría y no como dice el diputado Alvarez Angli”, añadió el presidente de dicho grupo camaral.
Critica PAN operación deficiente de mini-secretarías
Antonio Jiménez Gómez
Las secretarías de la Mujer y de la Juventud operan con serias deficiencias, y luego de varios años de ser creadas, poco o nada han logrado para mejorar las condiciones de vida de los sectores de la población para los cuales trabajan, expresó la diputada local panista Jessica García Rojas.
La diputada acapulqueña indicó que el problema de la Semujer es estructural, ya que no nada más no ha hecho nada para mitigar las condiciones de violencia y discriminación que enfrentan las féminas en la entidad.
Indicó que en general el gobierno de Guerrero carece de una perspectiva de género, ya que hasta el momento no se han dado muestras fehacientes de que haya un compromiso real con las mujeres.
En cuanto a la Secretaría de la Juventud, García Rojas acusó a su titular de promover sus raquíticos programas en los municipios donde hay mayo rentabilidad electoral, y no donde más se requiere de la labor de esa dependencia.
García Rojas indicó que las mujeres desde que nacen en Guerrero ya enfrentan la desventaja con respecto a los hombres, por la cultura ancestral que se mantiene vigente: “siguen siendo golpeadas, tratadas como seres inferiores, como objetos sexuales sin respeto a su dignidad”.
Sin embargo, a ello y a la impunidad con la que viven los agresores de mujeres, se agrega que la Secretaría del ramo realiza actividades muy dispersas y con desatinos, pulverizando su raquítico presupuesto.
“A diez años de creada la Secretaría de la Mujer poco, muy poco se ha logrado en la resolución de los problemas de la mujer guerrerense”, declaró la diputada plurinominal.
En cuanto a la Sejuve, García Rojas indicó que sigue operando programas con criterios electoreros.
Ejemplificó el caso del programa de proyectos productivos que financió 22 acciones en 18 municipios, de entre los cuales sólo existen dos de los diez más pobres de la entidad.
Las secretarías de la Mujer y de la Juventud operan con serias deficiencias, y luego de varios años de ser creadas, poco o nada han logrado para mejorar las condiciones de vida de los sectores de la población para los cuales trabajan, expresó la diputada local panista Jessica García Rojas.
La diputada acapulqueña indicó que el problema de la Semujer es estructural, ya que no nada más no ha hecho nada para mitigar las condiciones de violencia y discriminación que enfrentan las féminas en la entidad.
Indicó que en general el gobierno de Guerrero carece de una perspectiva de género, ya que hasta el momento no se han dado muestras fehacientes de que haya un compromiso real con las mujeres.
En cuanto a la Secretaría de la Juventud, García Rojas acusó a su titular de promover sus raquíticos programas en los municipios donde hay mayo rentabilidad electoral, y no donde más se requiere de la labor de esa dependencia.
García Rojas indicó que las mujeres desde que nacen en Guerrero ya enfrentan la desventaja con respecto a los hombres, por la cultura ancestral que se mantiene vigente: “siguen siendo golpeadas, tratadas como seres inferiores, como objetos sexuales sin respeto a su dignidad”.
Sin embargo, a ello y a la impunidad con la que viven los agresores de mujeres, se agrega que la Secretaría del ramo realiza actividades muy dispersas y con desatinos, pulverizando su raquítico presupuesto.
“A diez años de creada la Secretaría de la Mujer poco, muy poco se ha logrado en la resolución de los problemas de la mujer guerrerense”, declaró la diputada plurinominal.
En cuanto a la Sejuve, García Rojas indicó que sigue operando programas con criterios electoreros.
Ejemplificó el caso del programa de proyectos productivos que financió 22 acciones en 18 municipios, de entre los cuales sólo existen dos de los diez más pobres de la entidad.
Con mentiras, pide Taxco autorización para préstamo
De acuerdo al alcalde de Taxco, Ramiro Jaimes, requiere que el Congreso local le apruebe contratar un préstamo bancario por seis millones de pesos para enfrentar las carencias de recursos provocadas por las deudas que le heredó la anterior administración.
Esta petición y queja, que surgió un año y medio después de haber asumido el cargo, fue descalificada por el ex alcalde y actual diputado local, Abraham Ponce Guadarrama.
El legislador, incluso mostró los documentos oficiales que confirman que al momento de entregar la administración a su heredero de filiación panista, no existía ninguna deuda que pudiera ser heredada y que mermara las finanzas de la nueva administración.
Asimismo, indicó que actualmente la Contraloría del estado debe estar realizando una investigación a partir de denuncias ciudadanas en contra de las autoridades del ayuntamiento de Taxco por su presunto enriquecimiento ilícito, abuso de poder y exceso en las facultades que les fueron conferidas.
En tanto, fuentes de la Comisión de Hacienda del Congreso local indicaron que, más allá de las motivaciones políticas que pudiera tener dicha solicitud, esta podría ser autorizada en la semana que inicia.
Lo anterior debido a que si el Comité de Deuda estatal y los integrantes de la Comisión de Hacienda consideran prudente la autorización del crédito, el alcalde comprueba en qué va a gastar el dinero y no pone en riesgo las percepciones del ayuntamiento, la solicitud de crédito será aprobada.
El pasado miércoles fue presentada ante el pleno del Congreso local la petición del ayuntamiento platero para contratar una línea de crédito de seis millones de pesos, para poder afrontar sus compromisos financieros.
De acuerdo a la misiva enviada al Legislativo por el alcalde panista Ramiro Jaimes, se justifica la solicitud de una línea de crédito a partir de las “deudas institucionales” que heredó de la anterior administración, lo que limita su capacidad financiera para cumplir con obras sociales.
“Prevalece un escaso margen de movilidad financiera, orinada principalmente por el pago de deudas institucionales que al inicio de este periodo constitucional tuvieron que ser cubiertas”, plantea el documento entregado ante la Oficialía Mayor del Legislativo el pasado 11 de mayo.
De acuerdo a la copia que tiene Novedades Chilpancingo, el documento informa a los diputados locales que, aunado a lo anterior, existe los ajustes presupuestales de las participaciones que se otorgan a ese ayuntamiento también ha afectado su situación.
Lo anterior obligó, según el alcalde, al cabildo a “buscar mecanismos y estrategias que permitan una reestructuración económica que logre el refinanciamiento de este organismo”.
Esto, continúa el documento, “toda vez que a la fecha aún sigue predominando una onerosa carga en los pasivos de las finanzas municipales, tales como el atraso en los pagos de salarios y aguinaldos de los trabajadores de confianza”.
Por ello, el cabildo en pleno aprobó desde el 16 de febrero pasado pedir prestados seis millones de pesos, los que serán cubiertos durante el año y medio que le resta a la actual administración estatal, con recursos de las transferencias del Ramo 33.
Sin embargo, el alcalde panista omitió definir en qué obras o proyectos concretos se invertirán los recursos que serían prestados por una institución bancaria de carácter privado.
Cabe comentar que de acuerdo a lo aprobado por el Congreso local, los ayuntamientos pueden solicitar líneas de crédito para financias obras socialmente justificables, y no para destinar los recursos al pago de nóminas y otro tipo de problemas financieros.
Adicionalmente, el ex alcalde taxqueño y actual coordinador parlamentario del PRI, Abraham Ponce Guadarrama, tronó en contra de Jaimes Gómez, a quien acusó de mentiroso, ya que no le heredó ningún tipo de deuda como argumenta.
Indicó que los documentos de entrega recepción muestran que al entregar la administración pública municipal, no dejó ninguna deuda.
Esta petición y queja, que surgió un año y medio después de haber asumido el cargo, fue descalificada por el ex alcalde y actual diputado local, Abraham Ponce Guadarrama.
El legislador, incluso mostró los documentos oficiales que confirman que al momento de entregar la administración a su heredero de filiación panista, no existía ninguna deuda que pudiera ser heredada y que mermara las finanzas de la nueva administración.
Asimismo, indicó que actualmente la Contraloría del estado debe estar realizando una investigación a partir de denuncias ciudadanas en contra de las autoridades del ayuntamiento de Taxco por su presunto enriquecimiento ilícito, abuso de poder y exceso en las facultades que les fueron conferidas.
En tanto, fuentes de la Comisión de Hacienda del Congreso local indicaron que, más allá de las motivaciones políticas que pudiera tener dicha solicitud, esta podría ser autorizada en la semana que inicia.
Lo anterior debido a que si el Comité de Deuda estatal y los integrantes de la Comisión de Hacienda consideran prudente la autorización del crédito, el alcalde comprueba en qué va a gastar el dinero y no pone en riesgo las percepciones del ayuntamiento, la solicitud de crédito será aprobada.
El pasado miércoles fue presentada ante el pleno del Congreso local la petición del ayuntamiento platero para contratar una línea de crédito de seis millones de pesos, para poder afrontar sus compromisos financieros.
De acuerdo a la misiva enviada al Legislativo por el alcalde panista Ramiro Jaimes, se justifica la solicitud de una línea de crédito a partir de las “deudas institucionales” que heredó de la anterior administración, lo que limita su capacidad financiera para cumplir con obras sociales.
“Prevalece un escaso margen de movilidad financiera, orinada principalmente por el pago de deudas institucionales que al inicio de este periodo constitucional tuvieron que ser cubiertas”, plantea el documento entregado ante la Oficialía Mayor del Legislativo el pasado 11 de mayo.
De acuerdo a la copia que tiene Novedades Chilpancingo, el documento informa a los diputados locales que, aunado a lo anterior, existe los ajustes presupuestales de las participaciones que se otorgan a ese ayuntamiento también ha afectado su situación.
Lo anterior obligó, según el alcalde, al cabildo a “buscar mecanismos y estrategias que permitan una reestructuración económica que logre el refinanciamiento de este organismo”.
Esto, continúa el documento, “toda vez que a la fecha aún sigue predominando una onerosa carga en los pasivos de las finanzas municipales, tales como el atraso en los pagos de salarios y aguinaldos de los trabajadores de confianza”.
Por ello, el cabildo en pleno aprobó desde el 16 de febrero pasado pedir prestados seis millones de pesos, los que serán cubiertos durante el año y medio que le resta a la actual administración estatal, con recursos de las transferencias del Ramo 33.
Sin embargo, el alcalde panista omitió definir en qué obras o proyectos concretos se invertirán los recursos que serían prestados por una institución bancaria de carácter privado.
Cabe comentar que de acuerdo a lo aprobado por el Congreso local, los ayuntamientos pueden solicitar líneas de crédito para financias obras socialmente justificables, y no para destinar los recursos al pago de nóminas y otro tipo de problemas financieros.
Adicionalmente, el ex alcalde taxqueño y actual coordinador parlamentario del PRI, Abraham Ponce Guadarrama, tronó en contra de Jaimes Gómez, a quien acusó de mentiroso, ya que no le heredó ningún tipo de deuda como argumenta.
Indicó que los documentos de entrega recepción muestran que al entregar la administración pública municipal, no dejó ninguna deuda.
Deben alcaldes trabajar en albergues: Protección Civil
Antonio Jiménez Gòmez
Los alcaldes de Guerrero deben ponerse a trabajar ya en la preparación de albergues que operen de forma oportuna en caso de alguna contingencia meteorológica, afirmó la responsable de Protección Civil, Nubia Sáyago González.
Estableció que para la presente temporada se pretende verificar las condiciones físicas y funcionales de los más de 900 lugares que habrán de ser habilitados como refugios temporales.
Reiteró que a partir de las estimaciones meteorológicas para el presente año, se espera que entre los meses de junio y septiembre existan condiciones para que ocurran lluvias por arriba de lo normal para esa temporada.
En tanto que se prevé la formación de un huracán de gran intensidad y seis más de categoría menor durante los próximos meses en el litoral pacífico.
Sayago González informó lo anterior luego de que la semana pasada se reuniera con alcaldes de la región costera para evaluar los preparativos necesarios para atender cualquier contingencia con motivo de la temporada de huracanes.
Indicó que la intención es que tanto personal municipal, del estado y de la federación puedan trabajar de forma coordinada para prevenir estragos “en el sector agrícola, pesquero, ganadero y, principalmente, en el área de atención de la población que vive en zonas vulnerables”.
La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico Nororiental inició oficialmente el pasado 15 de mayo, con un pronóstico de 14 fenómenos meteorológicos, de los cuatro 7 serán tormenta, 6 huracanes menores y sólo un huracán de gran intensidad.
Esa cantidad total es menos en cuatro fenómenos a los ocurridos el año pasado, de los cuales también el 50 por ciento se convirtieron en huracanes.
El saldo de esos fenómenos para Guerrero fueron inundaciones ligeras en casi un millar de viviendas, ubicadas principalmente en municipios costeros.
Asimismo, de acuerdo a las estadísticas de Protección Civil estatal, se necesitó habilitar cuatro refugios temporales en las ciudades de Zihuatanejo, Chilpancingo, Acapulco y Tecpan de Galeana.
Los alcaldes de Guerrero deben ponerse a trabajar ya en la preparación de albergues que operen de forma oportuna en caso de alguna contingencia meteorológica, afirmó la responsable de Protección Civil, Nubia Sáyago González.
Estableció que para la presente temporada se pretende verificar las condiciones físicas y funcionales de los más de 900 lugares que habrán de ser habilitados como refugios temporales.
Reiteró que a partir de las estimaciones meteorológicas para el presente año, se espera que entre los meses de junio y septiembre existan condiciones para que ocurran lluvias por arriba de lo normal para esa temporada.
En tanto que se prevé la formación de un huracán de gran intensidad y seis más de categoría menor durante los próximos meses en el litoral pacífico.
Sayago González informó lo anterior luego de que la semana pasada se reuniera con alcaldes de la región costera para evaluar los preparativos necesarios para atender cualquier contingencia con motivo de la temporada de huracanes.
Indicó que la intención es que tanto personal municipal, del estado y de la federación puedan trabajar de forma coordinada para prevenir estragos “en el sector agrícola, pesquero, ganadero y, principalmente, en el área de atención de la población que vive en zonas vulnerables”.
La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico Nororiental inició oficialmente el pasado 15 de mayo, con un pronóstico de 14 fenómenos meteorológicos, de los cuatro 7 serán tormenta, 6 huracanes menores y sólo un huracán de gran intensidad.
Esa cantidad total es menos en cuatro fenómenos a los ocurridos el año pasado, de los cuales también el 50 por ciento se convirtieron en huracanes.
El saldo de esos fenómenos para Guerrero fueron inundaciones ligeras en casi un millar de viviendas, ubicadas principalmente en municipios costeros.
Asimismo, de acuerdo a las estadísticas de Protección Civil estatal, se necesitó habilitar cuatro refugios temporales en las ciudades de Zihuatanejo, Chilpancingo, Acapulco y Tecpan de Galeana.
EXIGEN PERIODISTAS GARANTIAS PARA EL EJERCICIO DE SU PROFESION
Luego de 10 dìas de desaparición de 2 miembros de Noticias de TV Azteca Noreste.
Patricia Salazar Martínez .
Reportera Periódico abc / Grupo Radio Alegría en Nuevo León.
Corresponsal Excelsior México.
Los comunicadores y periodistas de Nuevo León, alzaron la voz y exigieron a las autoridades estatales respeto a la libertad de expresión, y garantías para el desarrollo seguro de la profesión.
En una marcha silenciosa que se realizò poco después del mediodía de este sábado, en la Explanada de los Héroes, en pleno corazón de Monterrey, en la cual se dejó oír el grito de “Ni uno más”, y “sí a la libertad de expresión” por parte de decenas de periodistas de la metrópoli de Nuevo León.
El motivo de la movilización de periodistas neoleoneses es la lentitud en las investigaciones en torno a la desaparición de Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, del equipo de noticias de TV Azteca Noreste, desaparecidos desde la noche del pasado 10 de mayo; sin que hasta el momento la Procuraduría estatal revele los motivos de la desaparición.
La protesta encabezada por la reportera de Milenio Monterrey, Adriana Esthela Flores; inició poco después del mediodía, y en ella, los representantes de diversos medios de comunicación se colocaron cinta adhesiva en la boca, en protesta por la falta de respeto a la libertad de expresión que se gesta desde diversas oficinas de los tres niveles de gobierno, y ahora, desde la mira de la delincuencia organizada.
Dijo que los comunicadores, periodistas, editorialistas y comentaristas de medios televisivos, impresos y radiofònicos no “podemos quedarnos callados” ante la peor amenaza que enfrentamos en el desarrollo del trabajo informativo, los suecuestros, la amenazas de muerte, sometimiento armado por parte de los cuerpos policiacos e incluso, los atentados armados que han vivido algunos periodistas de la localidad.
Flores, respaldada por reporteros, camarógrafos y fotógrafos de la entidad, que las autoridades gubernamentales y la Procuraduría General de Justicia del Estado, garantice el libre ejercicio periodístico en Nuevo León.
La reportera, que fue galardonada en el 2006 por su desempeño periodístico; añadió que ya arribo a Nuevo León la ola de violencia que se registra en otros estados contra los reporteros.
Destacó que en los últimos meses se han registrado en todo el país la desaparición de siete comunicadores, incluyendo a los dos reporteros de TV Azteca de Monterrey que no se han reportado a su trabajo y a sus casas desde el pasado 10 de mayo.
Patricia Salazar Martínez .
Reportera Periódico abc / Grupo Radio Alegría en Nuevo León.
Corresponsal Excelsior México.
Los comunicadores y periodistas de Nuevo León, alzaron la voz y exigieron a las autoridades estatales respeto a la libertad de expresión, y garantías para el desarrollo seguro de la profesión.
En una marcha silenciosa que se realizò poco después del mediodía de este sábado, en la Explanada de los Héroes, en pleno corazón de Monterrey, en la cual se dejó oír el grito de “Ni uno más”, y “sí a la libertad de expresión” por parte de decenas de periodistas de la metrópoli de Nuevo León.
El motivo de la movilización de periodistas neoleoneses es la lentitud en las investigaciones en torno a la desaparición de Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, del equipo de noticias de TV Azteca Noreste, desaparecidos desde la noche del pasado 10 de mayo; sin que hasta el momento la Procuraduría estatal revele los motivos de la desaparición.
La protesta encabezada por la reportera de Milenio Monterrey, Adriana Esthela Flores; inició poco después del mediodía, y en ella, los representantes de diversos medios de comunicación se colocaron cinta adhesiva en la boca, en protesta por la falta de respeto a la libertad de expresión que se gesta desde diversas oficinas de los tres niveles de gobierno, y ahora, desde la mira de la delincuencia organizada.
Dijo que los comunicadores, periodistas, editorialistas y comentaristas de medios televisivos, impresos y radiofònicos no “podemos quedarnos callados” ante la peor amenaza que enfrentamos en el desarrollo del trabajo informativo, los suecuestros, la amenazas de muerte, sometimiento armado por parte de los cuerpos policiacos e incluso, los atentados armados que han vivido algunos periodistas de la localidad.
Flores, respaldada por reporteros, camarógrafos y fotógrafos de la entidad, que las autoridades gubernamentales y la Procuraduría General de Justicia del Estado, garantice el libre ejercicio periodístico en Nuevo León.
La reportera, que fue galardonada en el 2006 por su desempeño periodístico; añadió que ya arribo a Nuevo León la ola de violencia que se registra en otros estados contra los reporteros.
Destacó que en los últimos meses se han registrado en todo el país la desaparición de siete comunicadores, incluyendo a los dos reporteros de TV Azteca de Monterrey que no se han reportado a su trabajo y a sus casas desde el pasado 10 de mayo.
viernes, mayo 18, 2007
Transparencia y rendición de cuentas, sólo en discurso
Antonio Jiménez Gómez
La transparencia de las acciones de gobierno y la cultura de la rendición de cuentas son sólo adornos discursivos, afirmó la directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Irma Sandoval Ballesteros.
La investigadora impartió una conferencia magistral bajo el tema “Más allá de la Transparencia: Combate a la Corrupción”, en la que se refirió a los problemas que se enfrentan de forma cotidiana para que las instituciones gubernamentales den a conocer información, principalmente a nivel federal.
Sandoval Ballesteros acudió ayer al salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia a invitación de la mesa temática de la Función Pública y Buen Gobierno, que preside el diputado Raymundo García Gutiérrez.
El legislador perredista afirmó al inicio del evento que es un deber de los representantes de instituciones públicas trabajar para hacer realidad la transparencia de las acciones gubernamentales.
García Gutiérrez indicó que la transparencia en la información pública, la fiscalización de los recursos públicos y la rendición de cuentas tienen el propósito de “corregir el rumbo de acciones de los gobernantes en turno en sus diferentes responsabilidades”.
Estableció que esas son demandas de la ciudadanía y necesidades para lograr una consolidación democrática.
Por su parte, la investigadora de la UNAM, quien cuenta con un doctorado y dos maestrías por instituciones nacionales e internacionales, disertó sobre el hecho de que la transparencia y la rendición de cuentas sólo son elementos que adornan los discursos de las autoridades, independientemente del partido que las llevó al poder.
En su conferencia, Saldoval Ballesteros citó diversos ejemplos de cómo las autoridades federales de diversos ámbitos han argumentado razones hasta irrisorias e ilógicas con tal de justificar su negativa a dar a conocer datos que son cuestionados por los ciudadanos.
A partir de la poca efectividad de las propias instituciones respecto a las solicitudes de información y de las propias quejas presentadas por ciudadanos contra funcionarios, los primeros han perdido su confianza y han caído en la inactividad.
Citó el hecho de la caída del 75 por ciento en el número de quejas que se presentan ante la Secretaría de la Función Pública federal, instancia que sólo ha logrado la recuperación del 0.03 por ciento de las multas que ha impuesto a funcionarios que se comprobó incurrieron en irregularidades.
Asimismo, indicó que de 2000 a 2005, la Secretaría sólo ha iniciado 87 averiguaciones previas contra supuestos funcionarios corruptos, y de ellas las sanciones que terminan asignándose tienden a concentrase en cargos menores.
El 48 por ciento son castigos por negligencia administrativa; el 35.9 son castigos por violación a normativas presupuestal; el ocho por ciento son por violación a procedimientos de adquisiciones; el cinco por ciento son reconocidos por abusos de autoridad, y 1.5 por ciento son castigados por extorsión y corrupción.
Destacó que un área fundamental para la gobernabilidad democrática a la que todos aspiramos es el combate frontal de la corrupción, que es un terrible cáncer y que es todavía un peso enorme en el país.
La investigadora de la UNAM estableció que de acuerdo a datos de la organización Transparencia Internacional, el 45 por ciento de los mexicanos desconfían de las estrategias y control de combate a la corrupción del gobierno, incluso están convencidos de que auspicia las actividades ilícitas.
“El gobierno da incentivos claramente alentadores de las prácticas de la corrupción. En 2006 más de una cuarta parte de los mexicanos sufrió algún tipo de soborno o extorsión y esto se compara muy negativamente con países como Perú, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Indonesia, Kenia o la misma Sudáfrica”, afirmó.
Planteó además que el problema de la corrupción no se limita a las mordidas o extorsiones a cargo de servidores públicos de bajo nivel, sino que se trata de un fenómeno estructural que invade las funciones centrales del Estado, porque conflictos de interés de diversos signos abundan en los más altos niveles de gobierno.
La transparencia de las acciones de gobierno y la cultura de la rendición de cuentas son sólo adornos discursivos, afirmó la directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Irma Sandoval Ballesteros.
La investigadora impartió una conferencia magistral bajo el tema “Más allá de la Transparencia: Combate a la Corrupción”, en la que se refirió a los problemas que se enfrentan de forma cotidiana para que las instituciones gubernamentales den a conocer información, principalmente a nivel federal.
Sandoval Ballesteros acudió ayer al salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia a invitación de la mesa temática de la Función Pública y Buen Gobierno, que preside el diputado Raymundo García Gutiérrez.
El legislador perredista afirmó al inicio del evento que es un deber de los representantes de instituciones públicas trabajar para hacer realidad la transparencia de las acciones gubernamentales.
García Gutiérrez indicó que la transparencia en la información pública, la fiscalización de los recursos públicos y la rendición de cuentas tienen el propósito de “corregir el rumbo de acciones de los gobernantes en turno en sus diferentes responsabilidades”.
Estableció que esas son demandas de la ciudadanía y necesidades para lograr una consolidación democrática.
Por su parte, la investigadora de la UNAM, quien cuenta con un doctorado y dos maestrías por instituciones nacionales e internacionales, disertó sobre el hecho de que la transparencia y la rendición de cuentas sólo son elementos que adornan los discursos de las autoridades, independientemente del partido que las llevó al poder.
En su conferencia, Saldoval Ballesteros citó diversos ejemplos de cómo las autoridades federales de diversos ámbitos han argumentado razones hasta irrisorias e ilógicas con tal de justificar su negativa a dar a conocer datos que son cuestionados por los ciudadanos.
A partir de la poca efectividad de las propias instituciones respecto a las solicitudes de información y de las propias quejas presentadas por ciudadanos contra funcionarios, los primeros han perdido su confianza y han caído en la inactividad.
Citó el hecho de la caída del 75 por ciento en el número de quejas que se presentan ante la Secretaría de la Función Pública federal, instancia que sólo ha logrado la recuperación del 0.03 por ciento de las multas que ha impuesto a funcionarios que se comprobó incurrieron en irregularidades.
Asimismo, indicó que de 2000 a 2005, la Secretaría sólo ha iniciado 87 averiguaciones previas contra supuestos funcionarios corruptos, y de ellas las sanciones que terminan asignándose tienden a concentrase en cargos menores.
El 48 por ciento son castigos por negligencia administrativa; el 35.9 son castigos por violación a normativas presupuestal; el ocho por ciento son por violación a procedimientos de adquisiciones; el cinco por ciento son reconocidos por abusos de autoridad, y 1.5 por ciento son castigados por extorsión y corrupción.
Destacó que un área fundamental para la gobernabilidad democrática a la que todos aspiramos es el combate frontal de la corrupción, que es un terrible cáncer y que es todavía un peso enorme en el país.
La investigadora de la UNAM estableció que de acuerdo a datos de la organización Transparencia Internacional, el 45 por ciento de los mexicanos desconfían de las estrategias y control de combate a la corrupción del gobierno, incluso están convencidos de que auspicia las actividades ilícitas.
“El gobierno da incentivos claramente alentadores de las prácticas de la corrupción. En 2006 más de una cuarta parte de los mexicanos sufrió algún tipo de soborno o extorsión y esto se compara muy negativamente con países como Perú, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Indonesia, Kenia o la misma Sudáfrica”, afirmó.
Planteó además que el problema de la corrupción no se limita a las mordidas o extorsiones a cargo de servidores públicos de bajo nivel, sino que se trata de un fenómeno estructural que invade las funciones centrales del Estado, porque conflictos de interés de diversos signos abundan en los más altos niveles de gobierno.
Genera incertidumbre “comando justiciero”
Un grupo de seis personas vestidas con playeras y gorras camuflajeadas similares a las usadas por el Ejército Mexicano, causó incertidumbre la mañana de ayer en el centro de la ciudad.
El grupo caminó por varias calles del centro de la ciudad provocando conmoción y curiosidad entre los transeúntes.
Posteriormente, se introdujo furtivamente al salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia, en el momento en que se impartía una conferencia magistral por parte de una especialista en transparencia y corrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cabe mencionar que a pesar de ser la sede de uno de los tres poderes del estado, y de encontrarse en su interior diversas figuras públicas, ni en la entrada ni en las instalaciones había ni un solo policía o elemento de seguridad.
Uno a uno, los individuos ataviados a la usanza castrense se introdujeron paulatinamente al recinto, provocando temor entre algunos de los asistentes, entre quienes se encontraban representantes de partidos políticos, legisladores, universitarios y público en general.
Se concentraron en el centro del salón a donde, algunos de ellos, desplegaron una manta, mientras que otros comenzaron a gritar consignas en contra del aparato de justicia estatal y anunciaron que se harán justicia por su propia mano.
Los llamados al orden por parte del maestro de ceremonias de la reunión que forma parte de los trabajos de la mesa temática para la reforma en materia de función pública y buen gobierno fueron inútiles.
Uno de los camuflajeados se identificó entonces como Fausto Acevedo Acevedo, abogado capitalino que desde hace meses iniciò una campaña de desprestigio en contra de integrantes del Poder Judicial, argumentando que son promotores de la corrupción y protegen a delincuentes.
El dirigente del grupo comenzó a gritar consignas en contra de los jueces tercero y séptimo del ramo penal, y primero del ramo civil, los tres del Distrito Judicial de Bravos.
Acusó directamente a la juez María del Rosario Muñiz de actuar por encima de la ley y proteger a una delincuente que incurrió en el delito de despojo en su perjuicio y de otras personas.
Acevedo Acevedo indicó que lleva dos años solicitando una audiencia con el titular del Ejecutivo para plantearle su caso, pero que hasta el momento no se les ha concedido.
Dijo que lo mismo ha ocurrido con el procurador de justicia de la entidad, y con otras autoridades que se niegan a aplicar la ley y hacer justicia.
A grito abierto, y ante la inconformidad de algunos de los asistentes a la conferencia magistral, Acevedo Acevedo seguía pronunciando reproches a los diferentes niveles de autoridad.
Sólo reconoció al diputado Ramíro Solorio Almazán de ser el único representante de algún poder público que los ha recibido. Lo anterior a pesar de que el propio Fausto Acevedo lanzó severas críticas en agosto pasado al mismo legislador, porque no le había resuelto sus asuntos.
PROCLAMAN APLICAR JUSTICIA POR PROPIA MANO
Fausto Acevedo Acevedo amenazó que ante la incapacidad de las autoridades estatales de aplicar la justicia, él y su grupo tomarán la justicia por sus propias manos.
Reprochó que como los jueces se niegan a liberar órdenes de aprehensión, están dispuestos a hacer lo necesario para que, según ellos, haya justicia.
Los amagos se generalizaron entre los inconformes, quienes espetaban reclamos e insultos a representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de partidos políticos y de la sociedad civil.
Una vez que terminaron de gritar sus consignas, desde su lugar el consejero de la Judicatura, Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, intentó explicar a los inconformes que si tenían quejas concretas contra algún integrante del Poder Judicial, que la presentaran ante la instancia que él representaba.
Sin embargo, tanto Acevedo como sus acompañantes arremetieron con gritos e insultos en contra de Morlet Berdejo; incluso, el abogado que encabezaba el movimiento primero le espetó que no querían presentar su denuncia formal porque el consejo de la Judicatura era “una porquería”.
Posteriormente, Acevedo Acevedo se retractó y refirió que ya había quejas en contra de los jueces promovidas por él mismo ante la Judicatura; incluso, presumió que de cada diez expedientes de inconformidad uno era promovido por él.
Sin embargo, Morlet Berdejo refirió que en el caso concreto de los jueces que había señalado en ese momento, no había ninguna queja.
Fausto Acevedo reaccionó violentamente y le gritó de nuevo al representante de la Judicatura que sí había y que incluso le apostaba que existían dichas quejas.
Ante esa actitud, Morlet Berdejo indicó que si los inconformes mantenían esa actitud de confrontación ya no era problema del Poder Judicial, puesto que se les había ofrecido de forma pública la oportunidad de emplazar procedimientos jurídicos en contra de quienes acusaban de corrupción y las habían rechazado.
A los pocos minutos, de la misma forma furtiva como llegaron, los manifestantes disfrazados de militares se retiraron por el acceso central del salón de plenos.
LOS PRESUNTOS HALAGADORES
El grupo de manifestantes que irrumpieron ayer durante una conferencia impartida en el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia, y que destacaron que el diputado Ramiro Solorio había sido el único que se solidarizó con su causa, son los mismos que hace nueve meses le lanzaron severas críticas por su incapacidad de garantizarles soluciones favorables a sus casos.
Fue a finales de agosto pasado, cuando Acevedo Acevedo incursionó en las instalaciones del Congreso local, llegando hasta las oficinas del diputado Solorio.
En esa ocasión protestaron en contra del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, debido a que, dijeron, los utilizó y les mintió para mejorar su imagen política. Le gritaron consignas en su contra y mostraron mantas.
Los manifestantes afirmaron ser víctimas de la corrupción que impera en el Poder Judicial, lo que ha provocado que diversos juicios o procesos que enfrentan sean retrasados, tergiversados o lleguen a sentencias que no corresponden a la realidad de los hechos.
A nombre de los inconformes, Fausto Acevedo Acevedo, declaró que fue el pasado 23 de marzo, cuando fueron convocados por Solorio Almazán a participar en una audiencia pública en la que presentaron sus quejas en contra del sistema de administración de justicia, en el salón José Francisco Ruiz Massieu del recinto legislativo.
“Estuvo el diputado Solorio, los otros diputados mandaron sus representantes, tomaron nota de nuestras quejas, se comprometieron a darles trámite ante las instancias correspondientes para buscarles solución. Sin embargo, fue pura demagogia”, declaró.
A partir de esa audiencia pública, señaló, han dado muestra de parcialidad y elitismo porque cuando se trata de injusticias cometidas en contra de personajes importantes, se reúnen los legisladores en persona y en privado, y no hacen una pasarela limitada de tiempo como en la que ellos participaron.
“Ahora, después de cinco meses, hemos tocado innumerables puertas, nuestros problemas se han agravado, y todo ha quedado en una expresión demagógica, sobre todo de Ramiro Solorio a quien no podemos encontrar”, indicó Acevedo Acevedo.
Y agregó: “Nos dicen que viene los martes, que viene los jueves, que está en sesión, que está en una reunión, que véngase mañana. Infructuosas todas nuestras vueltas, todos nuestros gastos”.
Sobre este último aspecto, señaló que los inconformes que creyeron en Solorio Almazán han gastado desde pasajes para trasladarse desde sus ciudades de origen a Chilpancingo, alimentación hasta en las fotocopias de los expedientes que le fueron entregados al legislador del sol azteca “para no tener ningún resultado”.
El grupo caminó por varias calles del centro de la ciudad provocando conmoción y curiosidad entre los transeúntes.
Posteriormente, se introdujo furtivamente al salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia, en el momento en que se impartía una conferencia magistral por parte de una especialista en transparencia y corrupción de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cabe mencionar que a pesar de ser la sede de uno de los tres poderes del estado, y de encontrarse en su interior diversas figuras públicas, ni en la entrada ni en las instalaciones había ni un solo policía o elemento de seguridad.
Uno a uno, los individuos ataviados a la usanza castrense se introdujeron paulatinamente al recinto, provocando temor entre algunos de los asistentes, entre quienes se encontraban representantes de partidos políticos, legisladores, universitarios y público en general.
Se concentraron en el centro del salón a donde, algunos de ellos, desplegaron una manta, mientras que otros comenzaron a gritar consignas en contra del aparato de justicia estatal y anunciaron que se harán justicia por su propia mano.
Los llamados al orden por parte del maestro de ceremonias de la reunión que forma parte de los trabajos de la mesa temática para la reforma en materia de función pública y buen gobierno fueron inútiles.
Uno de los camuflajeados se identificó entonces como Fausto Acevedo Acevedo, abogado capitalino que desde hace meses iniciò una campaña de desprestigio en contra de integrantes del Poder Judicial, argumentando que son promotores de la corrupción y protegen a delincuentes.
El dirigente del grupo comenzó a gritar consignas en contra de los jueces tercero y séptimo del ramo penal, y primero del ramo civil, los tres del Distrito Judicial de Bravos.
Acusó directamente a la juez María del Rosario Muñiz de actuar por encima de la ley y proteger a una delincuente que incurrió en el delito de despojo en su perjuicio y de otras personas.
Acevedo Acevedo indicó que lleva dos años solicitando una audiencia con el titular del Ejecutivo para plantearle su caso, pero que hasta el momento no se les ha concedido.
Dijo que lo mismo ha ocurrido con el procurador de justicia de la entidad, y con otras autoridades que se niegan a aplicar la ley y hacer justicia.
A grito abierto, y ante la inconformidad de algunos de los asistentes a la conferencia magistral, Acevedo Acevedo seguía pronunciando reproches a los diferentes niveles de autoridad.
Sólo reconoció al diputado Ramíro Solorio Almazán de ser el único representante de algún poder público que los ha recibido. Lo anterior a pesar de que el propio Fausto Acevedo lanzó severas críticas en agosto pasado al mismo legislador, porque no le había resuelto sus asuntos.
PROCLAMAN APLICAR JUSTICIA POR PROPIA MANO
Fausto Acevedo Acevedo amenazó que ante la incapacidad de las autoridades estatales de aplicar la justicia, él y su grupo tomarán la justicia por sus propias manos.
Reprochó que como los jueces se niegan a liberar órdenes de aprehensión, están dispuestos a hacer lo necesario para que, según ellos, haya justicia.
Los amagos se generalizaron entre los inconformes, quienes espetaban reclamos e insultos a representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de partidos políticos y de la sociedad civil.
Una vez que terminaron de gritar sus consignas, desde su lugar el consejero de la Judicatura, Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, intentó explicar a los inconformes que si tenían quejas concretas contra algún integrante del Poder Judicial, que la presentaran ante la instancia que él representaba.
Sin embargo, tanto Acevedo como sus acompañantes arremetieron con gritos e insultos en contra de Morlet Berdejo; incluso, el abogado que encabezaba el movimiento primero le espetó que no querían presentar su denuncia formal porque el consejo de la Judicatura era “una porquería”.
Posteriormente, Acevedo Acevedo se retractó y refirió que ya había quejas en contra de los jueces promovidas por él mismo ante la Judicatura; incluso, presumió que de cada diez expedientes de inconformidad uno era promovido por él.
Sin embargo, Morlet Berdejo refirió que en el caso concreto de los jueces que había señalado en ese momento, no había ninguna queja.
Fausto Acevedo reaccionó violentamente y le gritó de nuevo al representante de la Judicatura que sí había y que incluso le apostaba que existían dichas quejas.
Ante esa actitud, Morlet Berdejo indicó que si los inconformes mantenían esa actitud de confrontación ya no era problema del Poder Judicial, puesto que se les había ofrecido de forma pública la oportunidad de emplazar procedimientos jurídicos en contra de quienes acusaban de corrupción y las habían rechazado.
A los pocos minutos, de la misma forma furtiva como llegaron, los manifestantes disfrazados de militares se retiraron por el acceso central del salón de plenos.
LOS PRESUNTOS HALAGADORES
El grupo de manifestantes que irrumpieron ayer durante una conferencia impartida en el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia, y que destacaron que el diputado Ramiro Solorio había sido el único que se solidarizó con su causa, son los mismos que hace nueve meses le lanzaron severas críticas por su incapacidad de garantizarles soluciones favorables a sus casos.
Fue a finales de agosto pasado, cuando Acevedo Acevedo incursionó en las instalaciones del Congreso local, llegando hasta las oficinas del diputado Solorio.
En esa ocasión protestaron en contra del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, debido a que, dijeron, los utilizó y les mintió para mejorar su imagen política. Le gritaron consignas en su contra y mostraron mantas.
Los manifestantes afirmaron ser víctimas de la corrupción que impera en el Poder Judicial, lo que ha provocado que diversos juicios o procesos que enfrentan sean retrasados, tergiversados o lleguen a sentencias que no corresponden a la realidad de los hechos.
A nombre de los inconformes, Fausto Acevedo Acevedo, declaró que fue el pasado 23 de marzo, cuando fueron convocados por Solorio Almazán a participar en una audiencia pública en la que presentaron sus quejas en contra del sistema de administración de justicia, en el salón José Francisco Ruiz Massieu del recinto legislativo.
“Estuvo el diputado Solorio, los otros diputados mandaron sus representantes, tomaron nota de nuestras quejas, se comprometieron a darles trámite ante las instancias correspondientes para buscarles solución. Sin embargo, fue pura demagogia”, declaró.
A partir de esa audiencia pública, señaló, han dado muestra de parcialidad y elitismo porque cuando se trata de injusticias cometidas en contra de personajes importantes, se reúnen los legisladores en persona y en privado, y no hacen una pasarela limitada de tiempo como en la que ellos participaron.
“Ahora, después de cinco meses, hemos tocado innumerables puertas, nuestros problemas se han agravado, y todo ha quedado en una expresión demagógica, sobre todo de Ramiro Solorio a quien no podemos encontrar”, indicó Acevedo Acevedo.
Y agregó: “Nos dicen que viene los martes, que viene los jueves, que está en sesión, que está en una reunión, que véngase mañana. Infructuosas todas nuestras vueltas, todos nuestros gastos”.
Sobre este último aspecto, señaló que los inconformes que creyeron en Solorio Almazán han gastado desde pasajes para trasladarse desde sus ciudades de origen a Chilpancingo, alimentación hasta en las fotocopias de los expedientes que le fueron entregados al legislador del sol azteca “para no tener ningún resultado”.
lunes, mayo 14, 2007
Es mala la calidad de la educación: Zalazar
Antonio Jiménez Gómez
El diputado Marcos Zalazar Rodríguez indicó que la calidad de la educación que se brinda en zonas indígenas de Guerrero no ha cambiado mucho en décadas.
Mientras que en las ciudades ya se da educación satelital y se avanza en mejor infraestructura y cobertura, en las zonas rurales la calidad sigue siendo la misma de cuando yo estudié la primaria, comentó el legislador.
“El quipo de maestros tienen poca capacidad en el manejo de la tecnología”, lo que va en contra de la posibilidad de que pueda mejorarse la calidad de las clases que se imparten.
Asimismo, Zalazar Rodríguez dijo que la cantidad de intereses políticos y la corrupción que impera en el sindicato magisterial, provoca muchas irregularidades que afectan directamente la enseñanza de los niños.
Agregó que muchas veces se mandan a zonas indígenas maestros que no tienen la posibilidad de cumplir con su trabajo, por lo que en ligar de enseñar terminan aprendiendo.
Indicó además que en las comunidades rurales se siguen viviendo problemas por el ausentismo de los maestros, quienes aprovechan el pretexto de ir a cobrar o a realizar algún trámite para ausentarse por varios días, descuidando sus aulas.
El legislador del partido del Trabajo refirió que en reiteradas ocasiones se ha recomendado a la Secretaría de Educación Guerrero, que explore mecanismos para evitar que los maestros se ausenten durante días para que acudan a cobrar sus sueldos.
“Se justifica su derecho a cobrar. Pero no ayuda en nada que tengan que ausentarse dos o tres días de su localidad de trabajo. Esa maniobra técnica que los está obligando a venir a la ciudad, hace que se retiren y dejen a los niños sin enseñarles. Eso implica que no se debe actuar a la ligera, sino con mucha responsabilidad”, declaró.
El legislador dijo que a unos días de inauguradas sus oficinas de gestoría en la ciudad de Chilapa, ha recibido quejas de abandono de las aulas por parte de los maestros.
En ese sentido, dijo que se está buscando concientizar a los propios mentores, con el apoyo de las autoridades comunales y los padres de familia, para que puedan ejercer sus derechos sin que descuiden a sus grupos.
El diputado Marcos Zalazar Rodríguez indicó que la calidad de la educación que se brinda en zonas indígenas de Guerrero no ha cambiado mucho en décadas.
Mientras que en las ciudades ya se da educación satelital y se avanza en mejor infraestructura y cobertura, en las zonas rurales la calidad sigue siendo la misma de cuando yo estudié la primaria, comentó el legislador.
“El quipo de maestros tienen poca capacidad en el manejo de la tecnología”, lo que va en contra de la posibilidad de que pueda mejorarse la calidad de las clases que se imparten.
Asimismo, Zalazar Rodríguez dijo que la cantidad de intereses políticos y la corrupción que impera en el sindicato magisterial, provoca muchas irregularidades que afectan directamente la enseñanza de los niños.
Agregó que muchas veces se mandan a zonas indígenas maestros que no tienen la posibilidad de cumplir con su trabajo, por lo que en ligar de enseñar terminan aprendiendo.
Indicó además que en las comunidades rurales se siguen viviendo problemas por el ausentismo de los maestros, quienes aprovechan el pretexto de ir a cobrar o a realizar algún trámite para ausentarse por varios días, descuidando sus aulas.
El legislador del partido del Trabajo refirió que en reiteradas ocasiones se ha recomendado a la Secretaría de Educación Guerrero, que explore mecanismos para evitar que los maestros se ausenten durante días para que acudan a cobrar sus sueldos.
“Se justifica su derecho a cobrar. Pero no ayuda en nada que tengan que ausentarse dos o tres días de su localidad de trabajo. Esa maniobra técnica que los está obligando a venir a la ciudad, hace que se retiren y dejen a los niños sin enseñarles. Eso implica que no se debe actuar a la ligera, sino con mucha responsabilidad”, declaró.
El legislador dijo que a unos días de inauguradas sus oficinas de gestoría en la ciudad de Chilapa, ha recibido quejas de abandono de las aulas por parte de los maestros.
En ese sentido, dijo que se está buscando concientizar a los propios mentores, con el apoyo de las autoridades comunales y los padres de familia, para que puedan ejercer sus derechos sin que descuiden a sus grupos.
Urgente, campañas reales de reforestación: Calvo
Antonio Jiménez Gómez
Es urgente que en Chilpancingo y en todo Guerrero se pongan en operación campañas reales y efectivas de reforestación, para evitar que siga el deterioro del medio ambiente, afirmó el diputado local Humberto Calvo Memije.
El legislador de filiación priista señaló que los cambios en el clima que ocurren actualmente pueden ser reversibles, pero para ello la responsabilidad es de toda la ciudadanía y no de algún nivel de gobierno en particular.
Hoy se celebra el Día Mundial del Clima, y oficialmente estaría iniciando la temporada de lluvias.
Sin embargo, para el diputado por Chilpancingo, no hay mucho que celebrar, porque la falta de cultura ecológica de la sociedad es la principal causa de que se esté deteriorando la naturaleza.
Asimismo, comentó que la temporada de lluvias iniciaría en esta fecha hace décadas, pero por las mismas afectaciones al ecosistema, lo cierto es que ya no se puede establecer algún patrón uniforme de comportamiento climático.
En cuanto al inicio de la temporada de lluvias hoy, dijo que eso ocurría “hace 50 o 60 años cuando había vegetación. Pero desgraciadamente la deforestación, el uso del tlacolol que ha acabado con los campos, provoca cambios en el clima. El calentamiento global se provoca por la falta de vegetación, porque la temperatura del sol es la misma”.
Recordó que antes Chilpancingo tenía otro clima, no se requería portar chamarra en tiempos de frío, en tanto que al mediodía no se soporta el calor, en tanto que la temporada en la que caen las mayores lluvias se va aplazando con el paso de los años.
Lamentó que actualmente el Ejército Mexicano ya no desarrolle las actividades de reforestación con la misma intensidad de años anteriores.
Sin embargo, dijo que más allá de los programas de reforestación que existen, el problema es que no hay un seguimiento, un cuidado permanente de los árboles que se siembran, por lo que muy pocos logran crecer.
“Aquí hay que hacer cultura desde el kinder. En los planes de estudio de la primaria y la secundaria, debe meterse la cultura de la ecología. Yo vine a ver la materia en la facultad, y eso porque soy agrónomo”, afirmó.
Calvo Memije resaltó que mejor las nuevas generaciones tienen una mejor conciencia ecológica que la gente adulta; comentó al respecto que no es raro ver que niños llamen la atención de sus padres cuando estos tiran basura en la calle.
En cuanto a las comunidades, dijo que se debe promover la enculturización entre los ejidatarios y los comuneros, sobre los daños que se provoca a la tierra agrícola con las quemas que hacen de forma cotidiana año con año.
--¿Quién debe tomar la iniciativa?
--Todos los ciudadanos. Aquí no hay a quien echarle la culpa. Ya nos acabamos el río Huacapa. Yo todavía me bañé ahí cuando tenía aguas cristalinas. Y si no hacemos algo, por ejemplo, nos vamos a acabar el río Papagayo, que se supone será la fuente para la presa La Parota.
Es urgente que en Chilpancingo y en todo Guerrero se pongan en operación campañas reales y efectivas de reforestación, para evitar que siga el deterioro del medio ambiente, afirmó el diputado local Humberto Calvo Memije.
El legislador de filiación priista señaló que los cambios en el clima que ocurren actualmente pueden ser reversibles, pero para ello la responsabilidad es de toda la ciudadanía y no de algún nivel de gobierno en particular.
Hoy se celebra el Día Mundial del Clima, y oficialmente estaría iniciando la temporada de lluvias.
Sin embargo, para el diputado por Chilpancingo, no hay mucho que celebrar, porque la falta de cultura ecológica de la sociedad es la principal causa de que se esté deteriorando la naturaleza.
Asimismo, comentó que la temporada de lluvias iniciaría en esta fecha hace décadas, pero por las mismas afectaciones al ecosistema, lo cierto es que ya no se puede establecer algún patrón uniforme de comportamiento climático.
En cuanto al inicio de la temporada de lluvias hoy, dijo que eso ocurría “hace 50 o 60 años cuando había vegetación. Pero desgraciadamente la deforestación, el uso del tlacolol que ha acabado con los campos, provoca cambios en el clima. El calentamiento global se provoca por la falta de vegetación, porque la temperatura del sol es la misma”.
Recordó que antes Chilpancingo tenía otro clima, no se requería portar chamarra en tiempos de frío, en tanto que al mediodía no se soporta el calor, en tanto que la temporada en la que caen las mayores lluvias se va aplazando con el paso de los años.
Lamentó que actualmente el Ejército Mexicano ya no desarrolle las actividades de reforestación con la misma intensidad de años anteriores.
Sin embargo, dijo que más allá de los programas de reforestación que existen, el problema es que no hay un seguimiento, un cuidado permanente de los árboles que se siembran, por lo que muy pocos logran crecer.
“Aquí hay que hacer cultura desde el kinder. En los planes de estudio de la primaria y la secundaria, debe meterse la cultura de la ecología. Yo vine a ver la materia en la facultad, y eso porque soy agrónomo”, afirmó.
Calvo Memije resaltó que mejor las nuevas generaciones tienen una mejor conciencia ecológica que la gente adulta; comentó al respecto que no es raro ver que niños llamen la atención de sus padres cuando estos tiran basura en la calle.
En cuanto a las comunidades, dijo que se debe promover la enculturización entre los ejidatarios y los comuneros, sobre los daños que se provoca a la tierra agrícola con las quemas que hacen de forma cotidiana año con año.
--¿Quién debe tomar la iniciativa?
--Todos los ciudadanos. Aquí no hay a quien echarle la culpa. Ya nos acabamos el río Huacapa. Yo todavía me bañé ahí cuando tenía aguas cristalinas. Y si no hacemos algo, por ejemplo, nos vamos a acabar el río Papagayo, que se supone será la fuente para la presa La Parota.
Priva “machismo” en clase magisterial
Antonio Jiménez Gómez
A pesar de que en Guerrero hay más mujeres que hombres dedicados a la docencia, los sueldos de los maestros son en promedio más altos que los de las maestras, establece el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Hoy en Guerrero, como en todo el país, se conmemora el Día del Maestro, y más de 60 mil mujeres y hombres estarán de manteles largos. En promedio, de acuerdo al INEGI, el 60 por ciento de los trabajadores de ese sector son mujeres.
Sin embargo, al hacer un análisis de sus percepciones en 2006, se establece que las maestras perciben sueldos menores que los maestros, ya que la población masculina ocupada en actividades relacionadas con la educación obtenía en promedio 5 mil 206 pesos mensuales, mientras que las mujeres percibían 4 mil 379 pesos.
Por otra parte, de acuerdo a estadísticas oficiales una proporción similar de maestras (63.2%) y maestros (60.8%), además de trabajar, realizan quehaceres domésticos; sin embargo, mientras que las mujeres dedican en promedio a la semana 21 horas, los hombres apenas destinan 5 horas.
En donde también se registran marcadas diferencias en la distribución genérica en educación superior, ya que de cada 100 hombres ocupados en actividades educativas, 14 se desempeñan en la educación superior, mientras que en mujeres la proporción se reduce a la mitad.
En cuanto al nivel de escolaridad de las personas ocupadas en actividades relacionadas con la educación, el año pasado de cada 100 hombres, 77 tenían al menos un grado aprobado en estudios superiores, 5 contaban con estudios a nivel medio superior, 16 terminaron la educación básica y 2 no habían concluido sus estudios de secundaria.
En cuanto a las mujeres, 72 contaban con al menos un grado aprobado en estudios superiores, 5 tenían algún grado aprobado en el nivel medio superior, 22 concluyeron la educación básica y una no había terminado la secundaria.
En lo que refiere al nivel de ocupación, la mayor parte de las mujeres se desempeñan en el nivel de preescolar, primaria y alfabetización, en tanto que los hombres se concentran en primaria, alfabetización, secundaria, media superior, superior y actividades artísticas.
A pesar de que en Guerrero hay más mujeres que hombres dedicados a la docencia, los sueldos de los maestros son en promedio más altos que los de las maestras, establece el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Hoy en Guerrero, como en todo el país, se conmemora el Día del Maestro, y más de 60 mil mujeres y hombres estarán de manteles largos. En promedio, de acuerdo al INEGI, el 60 por ciento de los trabajadores de ese sector son mujeres.
Sin embargo, al hacer un análisis de sus percepciones en 2006, se establece que las maestras perciben sueldos menores que los maestros, ya que la población masculina ocupada en actividades relacionadas con la educación obtenía en promedio 5 mil 206 pesos mensuales, mientras que las mujeres percibían 4 mil 379 pesos.
Por otra parte, de acuerdo a estadísticas oficiales una proporción similar de maestras (63.2%) y maestros (60.8%), además de trabajar, realizan quehaceres domésticos; sin embargo, mientras que las mujeres dedican en promedio a la semana 21 horas, los hombres apenas destinan 5 horas.
En donde también se registran marcadas diferencias en la distribución genérica en educación superior, ya que de cada 100 hombres ocupados en actividades educativas, 14 se desempeñan en la educación superior, mientras que en mujeres la proporción se reduce a la mitad.
En cuanto al nivel de escolaridad de las personas ocupadas en actividades relacionadas con la educación, el año pasado de cada 100 hombres, 77 tenían al menos un grado aprobado en estudios superiores, 5 contaban con estudios a nivel medio superior, 16 terminaron la educación básica y 2 no habían concluido sus estudios de secundaria.
En cuanto a las mujeres, 72 contaban con al menos un grado aprobado en estudios superiores, 5 tenían algún grado aprobado en el nivel medio superior, 22 concluyeron la educación básica y una no había terminado la secundaria.
En lo que refiere al nivel de ocupación, la mayor parte de las mujeres se desempeñan en el nivel de preescolar, primaria y alfabetización, en tanto que los hombres se concentran en primaria, alfabetización, secundaria, media superior, superior y actividades artísticas.
Se presenta al Congreso ley anti aborto
Antonio Jiménez Gómez
La iniciativa de ley para despenalizar el aborto en Guerrero será presentada hoy ante el pleno del Congreso local, de acuerdo a lo previsto por la Oficialía Mayor de ese poder.
Con ello se abrirá formalmente el debate en torno a modificar la legislación vigente, para permitir que el sector salud en Guerrero pueda hacer operaciones quirúrgicas a mujeres para interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas, sin que ello implique una sanción penal.
La iniciativa, elaborada y presentada por el diputado Fernando Pineda Ménez, tiene como objetivo también cubrir lagunas e imprecisiones que existen actualmente, según su propio autor.
En ese sentido, la iniciativa Pineda propone que el aborto ya no se considere un delito, por lo que se propone la derogación de ese artículo, y que sea un delito punible cuando se realice después de las doce semanas de gestación.
Otro aspecto relevante, es que se pretende la autorización de la interrupción del embarazo cuando la mujer sea portadora o contagiada del VIH sida o que haya sido víctima de lenocinio o trata de personas, o cuando su salud física o mental corra grave peligro.
Mientras tanto, la fracción priista en el Congreso sigue cabildeando con legisladores de Acción Nacional y del Partido Verde, para formar un frente común contra dicha iniciativa.
De concretarlo y de votar de forma unánime, serían 19 legisladores en contra, contra los 22 que oficialmente estarían a favor de despenalizar el aborto: 21 de ellos perredistas y el promotor de la iniciativa que permanece como independiente.
Hasta el momento, los legisladores de los partidos del Trabajo y de Convergencia no han definido posición al respecto, y serán quienes puedan inclinar la balanza respecto a la iniciativa que también ha recibido la condena por parte de la Iglesia Católica, a la cual pertenece más del 90 por ciento de la población.
Respecto a la iniciativa que, de acuerdo a fuentes legislativas, será sometida a primera lectura en la sesión del pleno de hoy –de la cual posee una copia Novedades Chilpancingo--, indica que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en Latinoamérica por cada tres bebés nacidos vivos, hay más de un aborto en promedio.
Asimismo, la misma fuente indica que el 17 por ciento de las muertes maternas se debe a complicaciones durante la práctica de abortos en condiciones inseguras.
También cita cifras del Consejo Nacional de Población, que indican que anualmente se realizan aproximadamente 100 mil abortos, lo que equivale a uno cada 7.5 minutos.
En cuanto a Guerrero, Pineda Ménez cita en su iniciativa que durante los últimos tres años, según la Secretaría de Salud, hubo más de 170 muertes ligadas a abortos y a causas obstétricas directas, desconociéndose el número de indirectas.
¿NORMATIVIDAD ANQUILOSADA E IRREAL?
Sin embargo, cita a una ONG norteamericana que refiere que sólo en 2003 hubo 283 defunciones de mujeres por causa de abortos mal practicados.
En cuanto al marco legal, indica que el Código Penal vigente fue expedido en 1986, por lo que “muchas de sus disposiciones no responden a la realidad que vivimos”.
Asimismo, indica que actualmente todos los códigos penales estatales permiten el aborto por violación; 29 estados consideran el aborto imprudencial o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer; sólo 13 lo autorizan cuando existan malformaciones genéticas graves en el producto.
En tanto que 10 estados del país consideran viable el aborto cuando exista peligro grave de salud para la mujer; once de ellos cuando se presente inseminación artificial no consentida, y sólo uno por razones socio económicas de la mujer.
Para el caso de Guerrero, se considera la interrupción legal del embarazo por imprudencia de la mujer, como resultado de una violación o de una inseminación artificial, por alteraciones genéticas o congénitas.
Sin embargo, el Código Penal en su artículo 116, refiere la iniciativa, no define al aborto como tal, ni establece sanción alguna al que cometa el delito ni contiene los elementos del tipo penal, lo que lo convierte en un delito de carácter declarativo.Asimismo, la legislación actual contiene atenuantes que no son claras, precisas y suficientes. Además de que restringe el derecho de la mujer a decidir de manera libre e informada.
La iniciativa de ley para despenalizar el aborto en Guerrero será presentada hoy ante el pleno del Congreso local, de acuerdo a lo previsto por la Oficialía Mayor de ese poder.
Con ello se abrirá formalmente el debate en torno a modificar la legislación vigente, para permitir que el sector salud en Guerrero pueda hacer operaciones quirúrgicas a mujeres para interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas, sin que ello implique una sanción penal.
La iniciativa, elaborada y presentada por el diputado Fernando Pineda Ménez, tiene como objetivo también cubrir lagunas e imprecisiones que existen actualmente, según su propio autor.
En ese sentido, la iniciativa Pineda propone que el aborto ya no se considere un delito, por lo que se propone la derogación de ese artículo, y que sea un delito punible cuando se realice después de las doce semanas de gestación.
Otro aspecto relevante, es que se pretende la autorización de la interrupción del embarazo cuando la mujer sea portadora o contagiada del VIH sida o que haya sido víctima de lenocinio o trata de personas, o cuando su salud física o mental corra grave peligro.
Mientras tanto, la fracción priista en el Congreso sigue cabildeando con legisladores de Acción Nacional y del Partido Verde, para formar un frente común contra dicha iniciativa.
De concretarlo y de votar de forma unánime, serían 19 legisladores en contra, contra los 22 que oficialmente estarían a favor de despenalizar el aborto: 21 de ellos perredistas y el promotor de la iniciativa que permanece como independiente.
Hasta el momento, los legisladores de los partidos del Trabajo y de Convergencia no han definido posición al respecto, y serán quienes puedan inclinar la balanza respecto a la iniciativa que también ha recibido la condena por parte de la Iglesia Católica, a la cual pertenece más del 90 por ciento de la población.
Respecto a la iniciativa que, de acuerdo a fuentes legislativas, será sometida a primera lectura en la sesión del pleno de hoy –de la cual posee una copia Novedades Chilpancingo--, indica que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en Latinoamérica por cada tres bebés nacidos vivos, hay más de un aborto en promedio.
Asimismo, la misma fuente indica que el 17 por ciento de las muertes maternas se debe a complicaciones durante la práctica de abortos en condiciones inseguras.
También cita cifras del Consejo Nacional de Población, que indican que anualmente se realizan aproximadamente 100 mil abortos, lo que equivale a uno cada 7.5 minutos.
En cuanto a Guerrero, Pineda Ménez cita en su iniciativa que durante los últimos tres años, según la Secretaría de Salud, hubo más de 170 muertes ligadas a abortos y a causas obstétricas directas, desconociéndose el número de indirectas.
¿NORMATIVIDAD ANQUILOSADA E IRREAL?
Sin embargo, cita a una ONG norteamericana que refiere que sólo en 2003 hubo 283 defunciones de mujeres por causa de abortos mal practicados.
En cuanto al marco legal, indica que el Código Penal vigente fue expedido en 1986, por lo que “muchas de sus disposiciones no responden a la realidad que vivimos”.
Asimismo, indica que actualmente todos los códigos penales estatales permiten el aborto por violación; 29 estados consideran el aborto imprudencial o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer; sólo 13 lo autorizan cuando existan malformaciones genéticas graves en el producto.
En tanto que 10 estados del país consideran viable el aborto cuando exista peligro grave de salud para la mujer; once de ellos cuando se presente inseminación artificial no consentida, y sólo uno por razones socio económicas de la mujer.
Para el caso de Guerrero, se considera la interrupción legal del embarazo por imprudencia de la mujer, como resultado de una violación o de una inseminación artificial, por alteraciones genéticas o congénitas.
Sin embargo, el Código Penal en su artículo 116, refiere la iniciativa, no define al aborto como tal, ni establece sanción alguna al que cometa el delito ni contiene los elementos del tipo penal, lo que lo convierte en un delito de carácter declarativo.Asimismo, la legislación actual contiene atenuantes que no son claras, precisas y suficientes. Además de que restringe el derecho de la mujer a decidir de manera libre e informada.
Balacean desconocidos a familia
Israel Díaz Acosta
Los cuatro integrantes de una familia procedente del Miami Florida, entre ellos dos niños, resultaron gravemente lesionados luego de haber sido atacados a balazos por personas desconocidas que portaban armas largas y que mantenían un reten en el bulevar Chilpancingo-Petaquillas.
Se dijo que los hombres armados le marcaron el alto a la lujosa camioneta con vidrios polarizados donde viajaba la familia y al no detenerse, abrieron fuego contra ellos, lesionando a los cuatro tripulantes.
Los lesionados son Lorena Moreno Román, de 35 años de edad; su esposo Oscar Torres Arevalo, de 37 años, así como sus dos hijas Teresa de Jesús y Any, de apellidos Torres Moreno, de 1 y 3 años de edad, vecinos de Miami Florida.
De acuerdo a los testimonios de los afectados, la familia se encontraba en Chilpancingo porque habían venido a pasar unas vacaciones con sus familiares.
Fue la madrugada de ayer, cuando Oscar Torres y su familia viajaban a bordo de una camioneta Ford, tipo Lobo, cabina y media, color blanco, vidrios polarizados, rines cromados de 22 pulgadas, con placas de circulación 052-6ZC, de Florida, por el carril sur-norte del bulevar Chilpancingo-Petaquillas.
Estas personas se dirigían a la ciudad de Chilpancingo, a visitar a unos familiares, pero al llegar a la altura del punto conocido como “El Parador del Márquez”, se toparon con un reten integrado por más de 15 personas que vestían ropa color negro, y que portaban armas largas.
Los presuntos delincuentes le marcaron el alto a la lujosa camioneta, y al ver que el chofer en vez de detenerse aceleró más, le empezaron a disparar con las armas largas.
La llanta delantera del lado derecho de la lujosa camioneta fue destrozada a balazos, lo que impidió a que continuaran su camino, y se alcanzaron a introducir a conocido hotel que está al sur de la ciudad.
Los empleados del hotel al ver la camioneta que entró de manera violenta se asustaron, ya que minutos antes habían alcanzado a escuchar las detonaciones en ráfaga de arma de fuego.
De la camioneta balaceada se bajó una mujer cargando en sus brazos a dos niñas, y empezó a gritar que la ayudaran., cayendo al piso y sus dos hijas al lado.
El chofer de la camioneta quedó en el interior y por las heridas que presentaba no podía ni moverse.
Minutos después arribaron al lugar, los paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a los heridos y los llevaron a la sala de urgencias de una clínica privada.
Los médicos del nosocomio reportaron a las autoridades que el estado de salud de los heridos era grave ya que presentaban heridas por arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
La camioneta quedó abandonada en el interior del hotel, y fue hasta el día de hoy, que acudió personal de la Procuraduría General de Justicia, para hacer las diligencias de ley.
La camioneta presentaba más de 15 impactos de bala en ambos costados y el parabrisas.
Policías federales señalaron que por el orificio del impacto de bala en la camioneta, pareciera que eran armas AK-47 conocido como Cuerno de Chivo, donde se utiliza el cartucho 7.62.Oscar Torres dijo que no tiene nada que ver con nadie, y que llevaba más de cinco años en no venir a Chilpancingo, por lo que parece los confundieron con presuntos delincuentes y fue que las personas del reten abrieron fuego.
Los cuatro integrantes de una familia procedente del Miami Florida, entre ellos dos niños, resultaron gravemente lesionados luego de haber sido atacados a balazos por personas desconocidas que portaban armas largas y que mantenían un reten en el bulevar Chilpancingo-Petaquillas.
Se dijo que los hombres armados le marcaron el alto a la lujosa camioneta con vidrios polarizados donde viajaba la familia y al no detenerse, abrieron fuego contra ellos, lesionando a los cuatro tripulantes.
Los lesionados son Lorena Moreno Román, de 35 años de edad; su esposo Oscar Torres Arevalo, de 37 años, así como sus dos hijas Teresa de Jesús y Any, de apellidos Torres Moreno, de 1 y 3 años de edad, vecinos de Miami Florida.
De acuerdo a los testimonios de los afectados, la familia se encontraba en Chilpancingo porque habían venido a pasar unas vacaciones con sus familiares.
Fue la madrugada de ayer, cuando Oscar Torres y su familia viajaban a bordo de una camioneta Ford, tipo Lobo, cabina y media, color blanco, vidrios polarizados, rines cromados de 22 pulgadas, con placas de circulación 052-6ZC, de Florida, por el carril sur-norte del bulevar Chilpancingo-Petaquillas.
Estas personas se dirigían a la ciudad de Chilpancingo, a visitar a unos familiares, pero al llegar a la altura del punto conocido como “El Parador del Márquez”, se toparon con un reten integrado por más de 15 personas que vestían ropa color negro, y que portaban armas largas.
Los presuntos delincuentes le marcaron el alto a la lujosa camioneta, y al ver que el chofer en vez de detenerse aceleró más, le empezaron a disparar con las armas largas.
La llanta delantera del lado derecho de la lujosa camioneta fue destrozada a balazos, lo que impidió a que continuaran su camino, y se alcanzaron a introducir a conocido hotel que está al sur de la ciudad.
Los empleados del hotel al ver la camioneta que entró de manera violenta se asustaron, ya que minutos antes habían alcanzado a escuchar las detonaciones en ráfaga de arma de fuego.
De la camioneta balaceada se bajó una mujer cargando en sus brazos a dos niñas, y empezó a gritar que la ayudaran., cayendo al piso y sus dos hijas al lado.
El chofer de la camioneta quedó en el interior y por las heridas que presentaba no podía ni moverse.
Minutos después arribaron al lugar, los paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a los heridos y los llevaron a la sala de urgencias de una clínica privada.
Los médicos del nosocomio reportaron a las autoridades que el estado de salud de los heridos era grave ya que presentaban heridas por arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
La camioneta quedó abandonada en el interior del hotel, y fue hasta el día de hoy, que acudió personal de la Procuraduría General de Justicia, para hacer las diligencias de ley.
La camioneta presentaba más de 15 impactos de bala en ambos costados y el parabrisas.
Policías federales señalaron que por el orificio del impacto de bala en la camioneta, pareciera que eran armas AK-47 conocido como Cuerno de Chivo, donde se utiliza el cartucho 7.62.Oscar Torres dijo que no tiene nada que ver con nadie, y que llevaba más de cinco años en no venir a Chilpancingo, por lo que parece los confundieron con presuntos delincuentes y fue que las personas del reten abrieron fuego.
Son de adorno, comisiones legislativas
Antonio Jiménez Gómez
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría y el Comité de Administración son sólo grupos legislativos de trámite que no cumplen con su función, indicaron sus integrantes.
Luego de que hace unos días, el diputado Arturo Alvarez Angli admitiera que el Congreso local no tiene la capacidad de cumplir con su obligación de revisar el desempeño financiero del órgano de fiscalización, el también legislador Sofío Socorro Rodríguez Hernández, confirmó lo anterior y agregó que lo más que han hecho es lograr acuerdos internos que no se han cumplido.
En tanto, integrantes del Comité de Administración que solicitaron resguardar su identidad por temor a que puedan ser despedidos, indicaron que ese grupo legislativo es sólo un adorno.
Lo anterior en virtud de que las decisiones sobre asignación de contratos y el desempeño financiero del Poder Legislativo los aprueban los integrantes de la Comisión de Gobierno, y sólo se los pasan al Comité de Administración para su aval.
LA COMISION DE VIGILANCIA NO VIGILA
El diputado Priista Sofío Socorro Ramírez Hernández confirmó lo dicho por su compañero de la Comisión de Vigilancia, el ecologista Arturo Alvarez Angli, en el sentido de que dicho grupo no cuenta con personal para poder realizar una revisión financiera a la Auditoría General del Estado.
Indicó que a un año y medio de la actual Legislatura, los cinco integrantes de la Comisión de Vigilancia apenas se pusieron de acuerdo en torno a la necesidad de contar con un órgano operativo para poder realizar acciones de fiscalización, ya que ninguno cuenta con conocimientos para desarrollar dicha actividad.
Sin embargo, reprochó al presidente de dicha comisión, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, de no haber tomado las decisiones para cumplir con dicho acuerdo interno.
“La Comisión hemos impulsado acuerdos internos, y uno era precisamente la creación de un órgano técnico interinstitucional de apoyo a las tareas de la comisión, porque de los cinco integrantes ninguno es contador”, admitió el diputado por la región de la Montaña.
Y agregó: “tenemos nada más la facultad, pero no el conocimiento técnico para efecto de la evaluación de las tareas que desarrolla dicha auditoría. Hemos estado más de cerca evaluando a los municipios, a los OPD, y a la administración pública”.
El legislador priista reiteró que como comisión de Vigilancia de la AGE no están cumpliendo con su función: “Pero somos nada más receptores de la información que nos da la Auditoría, y nosotros evaluamos, ¿pero evaluamos en función a qué?”.
EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, SÓLO UN ADORNO
Por su parte, integrantes del Comité de Administración indicaron que hay una gran inconformidad al interior, ya que los diputados que la conforman se quejan de que son sólo utilizados por la Comisión de Gobierno para avalar los acuerdos que se toman con antelación.
Indicaron que temas como el presupuesto interno del Congreso local, los informes cuatrimestrales y la asignación de contratos, aún cuando sean por cantidades que superen el millón de pesos, son consensados y decididos en la Comisión de Gobierno.
Mientras que al Comité de Administración se ha convertido sólo en una “mesa de trámite”, coincidieron los entrevistados, quienes solicitaron reservar su identidad por temor a represalias laborales.
Uno de los ejemplos que más molestaron a los integrantes del Comité, que encabeza el perredista Mario Arrieta, fue la asignación directa del contrato de remodelación del Instituto de Estudios Parlamentarios, el año pasado y en el cual se gastaron alrededor de un millón de pesos.
Los entrevistados coincidieron en afirmar que al Comité sólo le pasaron el acuerdo de asignación del contrato, para que fuera firmado por sus integrantes, sin que siquiera se les explicara la razón por la cual no fue sometido a licitación pública como establece la normatividad.
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría y el Comité de Administración son sólo grupos legislativos de trámite que no cumplen con su función, indicaron sus integrantes.
Luego de que hace unos días, el diputado Arturo Alvarez Angli admitiera que el Congreso local no tiene la capacidad de cumplir con su obligación de revisar el desempeño financiero del órgano de fiscalización, el también legislador Sofío Socorro Rodríguez Hernández, confirmó lo anterior y agregó que lo más que han hecho es lograr acuerdos internos que no se han cumplido.
En tanto, integrantes del Comité de Administración que solicitaron resguardar su identidad por temor a que puedan ser despedidos, indicaron que ese grupo legislativo es sólo un adorno.
Lo anterior en virtud de que las decisiones sobre asignación de contratos y el desempeño financiero del Poder Legislativo los aprueban los integrantes de la Comisión de Gobierno, y sólo se los pasan al Comité de Administración para su aval.
LA COMISION DE VIGILANCIA NO VIGILA
El diputado Priista Sofío Socorro Ramírez Hernández confirmó lo dicho por su compañero de la Comisión de Vigilancia, el ecologista Arturo Alvarez Angli, en el sentido de que dicho grupo no cuenta con personal para poder realizar una revisión financiera a la Auditoría General del Estado.
Indicó que a un año y medio de la actual Legislatura, los cinco integrantes de la Comisión de Vigilancia apenas se pusieron de acuerdo en torno a la necesidad de contar con un órgano operativo para poder realizar acciones de fiscalización, ya que ninguno cuenta con conocimientos para desarrollar dicha actividad.
Sin embargo, reprochó al presidente de dicha comisión, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, de no haber tomado las decisiones para cumplir con dicho acuerdo interno.
“La Comisión hemos impulsado acuerdos internos, y uno era precisamente la creación de un órgano técnico interinstitucional de apoyo a las tareas de la comisión, porque de los cinco integrantes ninguno es contador”, admitió el diputado por la región de la Montaña.
Y agregó: “tenemos nada más la facultad, pero no el conocimiento técnico para efecto de la evaluación de las tareas que desarrolla dicha auditoría. Hemos estado más de cerca evaluando a los municipios, a los OPD, y a la administración pública”.
El legislador priista reiteró que como comisión de Vigilancia de la AGE no están cumpliendo con su función: “Pero somos nada más receptores de la información que nos da la Auditoría, y nosotros evaluamos, ¿pero evaluamos en función a qué?”.
EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, SÓLO UN ADORNO
Por su parte, integrantes del Comité de Administración indicaron que hay una gran inconformidad al interior, ya que los diputados que la conforman se quejan de que son sólo utilizados por la Comisión de Gobierno para avalar los acuerdos que se toman con antelación.
Indicaron que temas como el presupuesto interno del Congreso local, los informes cuatrimestrales y la asignación de contratos, aún cuando sean por cantidades que superen el millón de pesos, son consensados y decididos en la Comisión de Gobierno.
Mientras que al Comité de Administración se ha convertido sólo en una “mesa de trámite”, coincidieron los entrevistados, quienes solicitaron reservar su identidad por temor a represalias laborales.
Uno de los ejemplos que más molestaron a los integrantes del Comité, que encabeza el perredista Mario Arrieta, fue la asignación directa del contrato de remodelación del Instituto de Estudios Parlamentarios, el año pasado y en el cual se gastaron alrededor de un millón de pesos.
Los entrevistados coincidieron en afirmar que al Comité sólo le pasaron el acuerdo de asignación del contrato, para que fuera firmado por sus integrantes, sin que siquiera se les explicara la razón por la cual no fue sometido a licitación pública como establece la normatividad.
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