Requisó Sedena 7 mil armas al gobierno de Guerrero

Antonio Jiménez Gómez

Más de siete mil armas de diversos tipos y calibres que estaban asignadas a policías estatales o municipales, fueron entregadas por el gobierno de Guerrero a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para su destrucción.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, Juan Heriberto Sainas Altés, informó que la entrega se dio porque las armas se encontraban deterioradas y no cumplían con los requisitos mínimos para ser operadas por los agentes policiacos en acciones de combate a la delincuencia.
Sin embargo, el general retirado del Ejército Mexicano indicó que la entrega no significó un decremento en el armamento a disposición de las autoridades estatales, sino que fueron sustituidas por nuevas que se han adquirido en los últimos dos años.
Salinas Altés indicó que la meta es lograr que para el próximo año se tenga un armamento completamente renovado y adecuado para las labores que se realizan en las policías.
Una vez que se logre eso, comentó, se iniciarán los trámites ante la Sedena para lograr la autorización para la creación de un grupo de policía especializada en reacción inmediata, la cual operaría armas más sofisticadas que las que usan comúnmente los preventivos.
El secretario de Seguridad Pública indicó que dicho grupo especial tendrá como objetivo principal el combate del narcomenudeo, además de enfrentar situaciones especiales como secuestros, así como brindar apoyo a la federación en casos de delincuencia organizada.
Por ello, insistió Salinas Altés, se están realizando las gestiones necesarias ante la Sedena, porque la ley actual no permite a las policías locales porten armas automáticas, lo que los pone en desventaja ante la delincuencia organizada.
Por otra parte, el funcionario estatal dijo que durante el presente año se adquirirán vehículos, para completar el equipamiento de las corporaciones policiacas.
Previó que será a principios del 2008, “si todo sale como se ha planeado”, cuando se tenga completo el parque vehicular terrestre, por lo que será a finales del próximo año o en el 2009 cuando se considere la posibilidad de adquirir un vehículo aéreo, como un helicóptero.
En entrevista, estableció que apenas el pasado martes, la Sedena renovó la licencia 110 que ampara las armas que utilizan las policías del estado y municipales, lo que se logró después de una serie de revisiones.
Dijo que a partir de la evaluación que hizo personal del Ejército Mexicano fue que se dieron de baja las siete mil armas viejas y se incluyeron las nuevas no solo de los policías estatales, sino también de la mayoría de los municipios.

Insuficiente, equipo para emergencias

Antonio Jiménez Gómez

En Chilpancingo existe en promedio una ambulancia por cada 10 mil habitantes, a pesar de ser la capital del estado, ser la segunda ciudad por tamaño de su población y que los hospitales públicos brindan atención a varios municipios de la Región Centro.
De acuerdo a un conteo realizado por Novedades, el número de automotores dedicados a la transportación de personas en caso de accidente o emergencia es de menos de 20 en promedio en la capital del estado, que de acuerdo al último conteo poblacional cuenta con 214 mil habitantes.
Es decir, que en caso de un accidente o incidente de grandes dimensiones podrían enfrentarse problemas de traslado de las víctimas a centros de atención hospitalaria.
Apenas la madrugada del pasado martes, autobús de la línea futura que había salido de Acapulco con dirección a la Ciudad de México, se accidentó en la Autopista del Sol.
La volcadura de la unidad que se precipitó a un barranco de por lo menos 40 metros no dejó heridos de gravedad; sin embargo, la situación pudo haber sido diferente.
Para la subsecretaría de Protección Civil, Nubia Sáyago González, el hecho de que haya pocas ambulancias en Chilpancingo, no implica necesariamente que se tenga que dar un mal servicio para la atención de una emergencia.

EL RECUENTO

De acuerdo a fuentes de diversas instituciones hospitalarias de la ciudad, las ambulancias que se encuentran listas de forma cotidiana para atender una contingencia de mediana o gran magnitud, son pocas.
La Cruz Roja tiene en promedio entre 3 y 5 unidades disponibles, el IMSS 3, el ISSSTE 2, la Secretaría de Salud dispondría hasta de cuatro vehículos, el ayuntamiento y Protección Civil estatal una ambulancia cada uno, y instituciones privadas tienen en promedio 2 unidades.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, los resultados del conteo poblacional que se realizó en el 2005 arrojaron que de entre los nueve municipios que concentran la mitad de la población total del estado, Chilpancingo se encuentra en segundo lugar con 214 mil habitantes.
Es decir, que a partir de la estancia en promedio de entre 18 y 20 ambulancias de forma permanente en la ciudad, implica que hay una unidad de atención a emergencias por cada 12 mil habitantes.

RIESGOS CONTROLADOS

Para la subsecretaría de Protección Civil, Nubia Sáyago González, la situación si bien es preocupante, porque podría hacer falta vehículos para la atención de los afectados por alguna emergencia de mediana magnitud, indicó que hay maneras de contrarrestar esa carencia.
Además, estableció que cuando ocurre algún problema que requiere del empleo de unidades especiales para el traslado de heridos a instituciones hospitalarias, se da un fenómeno de solidaridad y apoyo de forma tal que hay vehículos disponibles para atender los problemas más urgentes.
Por otra parte, indicó que cuando ocurre un accidente de gran magnitud que implica la existencia de un gran número de personas heridas, se aplica el método denominado “triage”.
El término de origen francés implica atender al mayor número de pacientes de manera adecuada y en el menor tiempo, reveló la funcionaria estatal, quien trabajó durante varios años en la Cruz Roja Mexicana.
Sáyago González estableció que ante una situación de crisis, los socorristas o médicos más especializados que cubran el incidente, hacen una clasificación de la gravedad de los heridos, asignándoles un color que va desde los que sufrieron daños leves, hasta quienes se encuentran en situación más grave: verde, amarillo, rojo y negro.
“No sólo consideras la gravedad de las lesiones, sino también el grado de sobrevivencia. Son situaciones muy duras porque se deben tomar decisiones, pero en ese momento lo que importa es salvar el mayor número de vidas”, refirió.
Estableció que en los casos de incidentes donde haya más de 40 heridos, se aplica dicho método de manejo de la situación, y los resultados hasta el momento han sido positivos.

Incrementó la CAPAMA gasto en más de 7 mil %

Antonio Jiménez Gómez

primera de tres partes

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco incrementó en más de 7 mil por ciento sus erogaciones correspondientes a la partida de otros gastos y servicios.
De acuerdo al documento denominado Auditoría Interna en la CAPAMA, elaborada por la Sindicatura Administrativa, Contable y Patrimonial, ese organismo se ha excedido de forma permanente en los gastos que le fueron presupuestados para el primer cuatrimestre del año, en un promedio general de 24 por ciento.
Sin embargo, aún cuando hay partidas que no ha ejercido, en otras el incremento de lo autorizado por el Consejo de Administración fue exponencial, como ocurrió en los gastos de telefonía, “ayudas culturales y sociales”, servicios generales y servicios personales, entre otros.
El documento revela la serie de irregularidades que se han registrado en el organismo operador de agua potable, así como confirma el desvío de recursos ocurrido bajo la administración
De acuerdo al informe preliminar de la revisión de los rubros más relevantes de los estados financieros de la CAPAMA, durante el periodo enero abril del presente año, se confirmó que sus autoridades incurrieron en un gasto mayor al programado.
El documento establece que los ingresos netos durante el periodo de referencia fueron de 136.8 millones de pesos, los cuales fueron casi un millón de pesos menos al ingreso presupuestado.
Sin embargo, el informe señala que aún cuando los ingresos fueron 12 millones de pesos mayores que lo recaudado en el mismo periodo del año anterior, los gastos de operación y administración también registraron un incremento del 24 por ciento en promedio.
Dichos gastos ascendieron a casi 149 millones de pesos, 29 millones de pesos más de lo autorizado por el Consejo de Administración de la CAPAMA en su presupuesto para 2007.
Lo anterior implicó que, en lugar de lograrse el superávit programado a principios de año por 17.8 millones de pesos, se registró una pérdida financiera de 12.1 millones.
Esa cantidad se suma al déficit financiero acumulado por la CAPAMA durante 2006 que asciende a 221 millones de pesos; el decir, la pérdida total de dinero en ese organismo es superior a los 233 millones de pesos.

LLUVIA DE BONIFICACIONES Y APOYOS

En cuanto al desglose de los gastos ejercidos por la CAPAMA durante el primer cuatrimestre del año, destaca el incremento de 24 por ciento en los gastos de operación, productos financieros y los considerados no monetarios.
Los renglones que excedieron el presupuesto que les fue autorizado, son : servicios personales, servicios generales, comunicaciones y transportes, ayudas culturales y sociales, y otros gastos y servicios.
En el caso de los servicios personales, se incrementó en un 20 por ciento, mientras que los servicios generales crecieron por encima de lo autorizado en 45 por ciento.
En el rubro de comunicaciones y transportes, la erogación real se incrementó en 23 por ciento, debido al “excesivo gasto derivado de contratos signados por concepto de telefonía (nextel, unefon, telmex).
En cuanto a la difusión e información que realizó el organismo operador, el monto del presupuesto asignado a medios de comunicación superó el cuarto de millón de pesos.
Estas son sólo algunas de las cifras observadas por la auditoría interna que se realizó a la CAPAMA, las cuales vienen acompañadas por una serie de recomendaciones que, de acuerdo a los especialistas,, se deben aplicar de manera urgente.
Entre estas se encuentran la implementación de programas encaminados a incrementar el ingreso, principalmente en la recuperación de la cartera vencida, la regularización y actualización del padrón de usuarios.
También se recomienda establecer de manera inmediata acciones que racionalicen el gasto y se sujeten a una disciplina presupuestal y un estricto control sobre la nómina, a fin de lograr que el organismo tenga liquidez financiera suficiente, que le permita cumplir con los objetivos de servicio con calidad y eficiencia.

Deben investigarse desvíos en Capach

Antonio Jiménez Gómez

Los presuntos desvíos financieros que se registran en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo, deben investigarse y sancionar a los responsables, demandó el diputado local Arturo Alvarez Angli.
El legislador, quien fuera regidor en la pasada administración municipal, indicó que no se debe permitir que se registren ese tipo de irregularidades en un organismo que, si algo le falta, es dinero.
“Es como golpear a un enfermo”, enfatizó el representante popular cuestionado sobre la investigación que se hace al interior de la CAPACH, para determinar la validez y monto de los presuntos desvíos de recursos.
Novedades Chilpancingo informó ayer que durante una revisión a la caja del organismo, en sólo dos días se registró un faltante de 128 mil pesos, según la auditoria interna de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach).
Dicha Auditoria que encabeza, Félix Salgado Tenorio emitió un oficio al director del organismo, Ernesto Vélez Memije el 8 de junio de este año con copia para el presidente municipal, Mario Moreno Arcos días después, dicho oficio que se denomina “Informe sobre la omisión de depósitos de ingreso”, del cual Novedades Chilpancingo consiguió copia.
En el punto uno de ese informe se explica los antecedentes del jefe de Departamento de Contabilidad, Silverio Galindo Navarro y María Esther Román Arcos quien el pasado 19 de octubre del 2006 se integró al departamento de cajas y a quienes se acusa directamente de haber tomado los recursos.
Al respecto, el diputado Arturo Alvarez exigió que se realice una investigación a fondo sobre esa presunta irregularidad, para confirmar si en realidad hubo un desvío de recursos o sólo se trato de una situación administrativa irregular, pero solventable.
“Debe aclararse esta denuncia para que no quede nada sujeto a ninguna especulación o suposición”, afirmó el representante del Partido Verde Ecologista.
Indicó que los datos arrojados por la auditoria interna confirman que hay algo que funciona mal en el organismo operador, por lo que se debe llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones.
Y adelantó que, de comprobarse el desvío de recursos, “sería algo muy grave porque de por sí Capach opera con números rojos, si algo que le hace falta es el recurso de inversión para infraestructura, mejorar el servicio y muchas cosas”.

Se pudo evitar homicidio de sìndico de Zapotitlán

Antonio Jiménez Gómez

EL homicidio del síndico de Zapotitlán Tablas se pudo haber evitado si el Congreso local hubiera asumido su responsabilidad de evaluar y votar el dictamen que proponía la revocación de su mandato, afirmó la presidenta de la Comisión Instructora, Abelina López Rodríguez.
La legisladora agregó que en reiteradas ocasiones informó al presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Reyes Torres, sobre la gravedad del problema que se registraba en ese municipio de la Montaña de Guerrero, y le solicitó que se presentara ante el pleno del Poder Legislativo el dictamen elaborado por la Comisión Instructora.
Después de hablar con los representantes de 21 comunidades de Zapotitlán Tablas se tenía los elementos suficientes para concebir que el síndico tarde o temprano iba a enfrentar problemas con la gente.
Incluso, dijo que una vez que la gente tomó las oficinas del integrante de la comuna y lo corrió, y posteriormente el propio alcalde acudió al Congreso local a advertir del riesgo social que imperaba en ese lugar, todavía era tiempo de tomar decisiones.
La perredista comentó que en la Montaña “la gente es brava... allá no entienden de leyes, allá dicen el síndico no funciona. Por eso les dije a la Comisión de Gobierno que era un foco rojo”.
Reiteró que la Comisión Instructora ya había preparado el dictamen proponiendo la revocación, por lo que la Comisión de Gobierno debió asumir su responsabilidad, y enfatizó: “se pudo haber evitado la muerte del síndico si se hubiera aplicado la ley”.
Fue la madrugada del pasado 18 de julio cuando el síndico de Zapotitlán Tablas, Juan Ramírez Flores fue acribillado cuando se dirigía a su domicilio en la comunidad de Huitlatzala, en ese municipio.
De acuerdo al reporte de la Policía Investigadora Ministerial, el integrante del cabildo de ese municipio de la región de la Montaña, era esperado por un grupo de desconocidos, metros antes de llegar a su vivienda.
Ramírez Flores recibió por lo menos seis impactos de bala en diversas partes del cuerpo, principalmente en el tórax, los que le quitaron la vida de manera casi instantánea.
Ramírez Flores tenía en su contra un juicio político iniciado en 2006 en el Congreso local, en tanto que en junio pasado, el cabildo en pleno de Zapotitlán Tablas acordó desconocer al síndico y hasta le clausuraron sus oficinas, acusándolo de diversas irregularidades.
Incluso, el pasado 5 de junio, comisarios, delegados y presidentes de colonias del municipio, encabezados por el alcalde, acudieron ayer al Congreso local para solicitar información acerca del juicio político que se le sigue al síndico Juan Ramírez Flores.
“Prácticamente se puede decir que nuestro municipio está viviendo cosas muy fuertes ahorita. Nosotros queremos prever cosas que puedan llegar a suceder”, declaró en esa ocasión el alcalde Nicolás Villar Paulino.
Sobre el posible desbordamiento de la inconformidad social, el alcalde agregó: “Todo va a depender de la respuesta que nos va a dar el Congreso a futuro. Ahí sí se podría dar una serie de conflictos al interior del ayuntamiento. Ahorita no hay nada, pero a futuro no se puede saber”.
El homicidio del síndico, dijo López Rodríguez, “se veía venir por la inconformidad de la gente en su contra. Luego de platicar con los delegados y comisarios municipales de 21 comunidades, quienes dicen que las cosas no andaban bien, fue la primera señal”.
En entrevista con Novedades, la legisladora indicó que en ese caso había demasiadas irregularidades, pero a pesar de ello, los intereses personales o de grupo de algunos legisladores influyeron para que caso no fuera presentado ante el pleno para su análisis y votación.

Provoca inundaciones tromba en la capital

Antonio Jiménez Gómez

Las laterales del bulevar Vicente Guerrero, tramos de los carriles centrales, así como los carriles de la sección sur-norte del bulevar Chilpancingo-Petaquillas se inundaron debido a la torrencial lluvia que cayó la tarde de ayer.
En tanto que en diversas calles también se registraron encharcamientos que provocaron el retraso de la circulación, y que algunos vehículos se quedaran varados.
Fue alrededor de las 14:00 horas cuando la tormenta inició en la salida sur de la ciudad, provocando el estancamiento del tráfico debido a la intensidad de la precipitación.
Asimismo, provocó que del cerro que se ubica detrás del hotel parador del Marqués se deslavaran toneladas de lodo y piedras, que incluso bloquearon la lateral oriente del bulevar Vicente Guerrero, a la altura del puente vehicular sur.
En tanto, la tormenta en cuestión de minutos inundó los carriles del tramo sur-norte del bulevar Chilpancingo-Petaquillas, provocando la interrupción momentánea de vehículos compactos.
Desde el punto conocido como “la avioneta” hasta prácticamente la incorporación a la Autopista del Sol, los dos carriles estaban anegados con el agua de lluvia.
Incluso, las obras de drenaje pluvial que recientemente se construyeron en el comienzo de ese bulevar, fueron insuficientes para captar el agua que se precipitó en cuestión de minutos.
También en los carriles rápidos del bulevar Vicente Guerrero se registraron inundaciones, sobre todo en la parte inferior de las rampas de los puentes, así como en el carril derecho.
De acuerdo a Protección Civil estatal, la precipitación registrada la tarde de ayer fue de 102 milimetros, de acuerdo al reporte de la instalación climatológica instalada en las oficinas de esa subsecretaría.
Sin embargo, su titular, Nubia Sáyago González informó que de acuerdo a los reportes, en la zona sur la precipitación fue mayor, en tanto que en la parte norte de la ciudad apenas llegó a los 20 milímetros.

Pretenden crear nueva Ley de Educación

Antonio Jiménez Gómez

En los 14 meses que le restan a la actual 58 Legislatura, se promulgará una nueva Ley General de Educación, para suplir a la vigente desde 1994 y que sólo es una copia de la norma vigente a nivel federal, afirmó el diputado local Fernando Pineda Ménez.
El presidente de la Comisión de Educación del Congreso local indicó que el tiempo que le resta es suficiente para que se pueda elaborar, presentar, discutir y aprobar una nueva ley en la materia, que venga a cubrir lagunas y acabar con problemas que existen actualmente.
El legislador local estableció que desde hace 13 años, a esa norma no se le han hecho reformas de fondo que permitan adaptarla a los problemas que enfrenta el sector en Guerrero.
Por ello, dijo que actualmente en la mesa temática de educación, investigación y cultura del proceso de reforma política, ya se está trabajando para consolidar un nuevo proyecto de ley.
Indicó que actualmente ya se terminó la fase de análisis de diversos trabajos de investigación y diagnóstico, y que a partir de la próxima semana se iniciarán los foros de consulta en siete ciudades del estado.
De esa forma, Pineda Ménez indicó que para diciembre del presente año se espera tener el anteproyecto de ley de Educación, para que sea sometida a la discusión y análisis de los sectores involucrados, y se pueda aprobar antes de que concluya la actual Legislatura.
El presidente de la Comisión de Educación aceptó que en ese trabajo de elaboración de la nueva legislación en la materia, el sindicato magisterial podría jugar un papel controvertido y posiblemente hasta contrario a los trabajos.
Sin embargo, indicó que por ello se pretende realizar un trabajo incluyente y amplio de consulta, para que al momento de que se integre el proyecto ningún sector se diga desplazado.

Simula gobierno estatal con transparencia

Antonio Jiménez Gómez

A pesar de que el Gobierno de Guerrero pregona que cumple con la transparencia y la rendición de cuentas, de 15 instituciones que lo integran en su nivel central, sólo dos cuentan con expedientes actualizados por lo menos a junio en lo relativo a la información pública obligatoria.
La revisión hecha al apartado en la página de internet del Gobierno de Guerrero con el que supuestamente da cumplimiento a lo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, confirmó que dos dependencias no tienen nada en sus respectivas páginas.
Se trata de las secretarias de Salud y General de Gobierno, las que al ingresar a su sitio virtual aparece una página en blanco. De la de Salud, ya van varios meses en esa situación, en tanto que de la segunda dependencia es la primera vez que aparece vacía su página.
En contraparte, quien tiene más actualizados los archivos obligatorios son la Procuraduría General de Justicia estatal y la Secretaría del Medio Ambiente.
La Secretaría de Finanzas y Administración aún no da a conocer en su página de internet, el informe cuatrimestral del ejercicio presupuestal 2007, a pesar de que su titular se había comprometido semanas atrás a hacer pública esa información. Incluso, ni siquiera aparece el Presupuesto de Egresos del presente año.
La última actualización del sitio fue el 30 de marzo de 2007, es decir, hace casi cuatro meses.
En tanto que desde hace nueve meses, la Secretaría de Desarrollo Urbano no actualiza su sitio de internet relativo a la Información Pública Obligatoria que debe poner a disposición de cualquier ciudadano.
Por su parte, la información de la Secretaría Particular fue actualizada el 26 de septiembre de 2006; es decir, hace 10 meses.
En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública, aún cuando el último reporte de actualización que se aplicó a todos los conceptos data del 19 de junio de 2007, lo cierto es que sus archivos son obsoletos. Por ejemplo, habla sobre el ejercicio presupuestal de 2006 y su aplicación, pero no hay nada respecto al 2007.
Por su parte, la Secretaría de Educación también tiene atrasada la actualización de sus expedientes relativos a la información pública obligatoria.
Lo más reciente es el informe sobre el ejercicio de 100 millones de pesos en obras, tema por el que hay una orden de auditoria por parte del Congreso local debido a presuntas irregularidades detectadas en la asignación de contratos.
De ahí en adelante, la mayor parte de los archivos fueron actualizados en noviembre de 2006. incluso, en el apartado de auditorías, se hace mención a las revisiones hechas a la SEG pero sólo durante el primer trimestre de 2006; es decir, hace más de un año.
Sin embargo, del reporte entregado por la propia Auditoría Int4erna, no se hace mención al número de observaciones realizadas ni tampoco a su seguimiento.
La Secretaría de Desarrollo Económico también tiene su información actualizada a noviembre del año pasado, en tanto que la de Desarrollo Rural sólo tiene actualizado el directorio de servidores públicos.
La que si cumple es la secretaría de Medio Ambiente, que tiene sus expedientes actualizados a junio del presente año, en tanto que la procuraduría General de Justicia, tiene su actualización a julio del presente año.
En la de Asuntos Indígenas, ni siquiera se tomaron la molestia de ponerle fecha a sus archivos, lo mismo ocurre en las secretarías de la Juventud y de la Mujer.
Sin embargo, en esta última dependencia, se aporta un informe actualizado a junio del presente año sobre la atención que brindó la Procuraduría de Defensa de los Derechos de la Mujer.

Sigue en la “congeladora” ley
De justicia para adolescentes

Antonio Jiménez Gómez

A diez meses de que debió haber entrado en vigor la Ley de Justicia para Adolescentes en Guerrero, debido a la conclusión del periodo constitucional previsto, la iniciativa local aún sigue en la congeladora legislativa.
Aún cuando mañana se realizará un periodo extraordinario de sesiones, en la agenda no se abordará esta iniciativa de ley, a la cual le falta sólo la segunda lectura para ser aprobada.
De acuerdo a la reforma aprobada al artículo 18 Constitucional, se obliga a los estados del país a crear su propio sistema de justicia para adolescentes antes del 14 de septiembre, a fin de ajustarla a la aprobación de presupuestos.
La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2005, establece que el sistema de justicia para adolescentes será aplicable en la Federación, los estados y el Distrito Federal, “a quienes se atribuya la realización de alguna conducta tipificada como delito por las leyes penales y que tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad”.
Las personas menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como delito, sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social, establece el texto de la reforma.
Sin embargo, transcurrió septiembre, la discusión del presupuesto de Egresos para el presente año, y no se consideró ni legal ni financieramente la operación de dicha reforma legal.
Al respecto, tanto los poderes Legislativo como Judicial han mantenido una actitud de secrecía en cuanto a las razones reales por las cuales no ha prosperado la entrada en vigor de dicha reforma, que para el caso de Guerrero fue aprobada en lo general por la Comisión de Justicia y presentada el pleno del Congreso local.
Sin embargo, sólo se le dio primera lectura y a partir de ahí el trámite fue suspendido, de forma tal que prácticamente al concluir el segundo año de la actual legislatura no hay indicios de que pueda ser discutida y en su caso aprobada por el pleno.

UNA HISTORIA DE RESISTENCIAS

Desde el 18 de agosto del año pasado –hace casi un año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edmundo Román Pinzón, anunció que se propondría la transformación integral del sistema de justicia para menores de edad, que incluirá la creación de juzgados especiales para ese sector de la población.
Ello para que se tuvieran mayores garantías de respeto a sus derechos y que sus casos sean tratados por especialistas del Poder Judicial y no por funcionarios administrativos que desconocen las leyes, como ocurre en la actualidad.
Sin embargo, aclaró en ese momento que sería el Congreso local el que valoraría si desaparece el Consejo Tutelar, y se crean defensores, ministerios públicos, jueces y magistrados especializados en juicios de adolescentes.
Para el 12 de septiembre, se realizó una reunión en la que participaron representantes de los tres poderes, así como de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
En esa ocasión, Román Pinzón informó que apenas se estaba realizando el cálculo de lo que le costará a esa instancia crear una red de jueces y personal que permita cumplir con esa reforma constitucional.
Román Pinzón confió en que en el presupuesto del próximo año, los diputados aprueben recursos adicionales para financiar el costo que tendrá poner en marcha el sistema de justicia para personas de 14 a 18 años de edad, y que sustituirá al sistema tutelar que opera actualmente.
Sin embargo, en ese momento se admitió por parte de los representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial que faltaba la profesionalización del personal de diversas instituciones responsable de cumplir con dicha reforma.
En contraste, cinco días después, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Cortés Badillo, daba a conocer que el Albergue Tutelar para Menores de Chilpancingo ya había sido remodelado para adaptarlo a las condiciones que planteaba la reforma constitucional que entró en vigor a nivel federal, para la creación de un sistema de justicia para adolescentes.
Agregó que con el propósito de cumplir con las especificaciones que marca dicha reforma, se invirtieron más de 2.3 millones de pesos en hacer más seguras las instalaciones, con trabajos que incluyeron la creación de espacios para que ahí laboren los jueces instructores y los ejecutores de sentencias, agentes del Ministerio Público y defensores de oficio especializados.
Y señaló que con la entrada en vigor de la reforma constitucional, el 12 de marzo de 2006, desde ese momento la Secretaría de Seguridad Pública previó iniciar los trabajos de acondicionamiento del hasta ahora albergue tutelar de Chilpancingo.
Sin embargo, a diez meses de que debió haber entrado en vigor la ley, el Poder Judicial informa que se está llevando a cabo la preparación profesional del personal que atenderá los casos de adolescentes infractores.
Sin embargo, el Congreso local se encuentra en un periodo de receso, por lo que los trabajos legislativos habituales iniciarán hasta el próximo mes de diciembre, cuando cumpla un año la obligatoriedad constitucional.
De acuerdo a la Comision Nacional de Derechos Humanos, el de Guerrero es uno de los tres Congresos estatales que ha evadido el cumplimiento de esa reforma constitucional.

Implementan medidas
Sanitario en Chilapa

Antonio Jiménez Gómez

Ante el riego sanitario derivado del arrastre de animales y desechos orgánicos durante el desbordamiento del río Ajolotero, en Chilapa, trabajadores de la Secretaría de Salud implementaron un “cerco sanitario”.
Desde la mañana de ayer, personal de esa dependencia se presentó en la zona arrasada por la corriente desde la noche del sábado pasado, para implementar acciones de saneamiento y control de vectores de enfermedades.
A dos días de que una tormenta local provocó que el río que atraviesa Chilapa se desbordara, Protección Civil estatal confirmó que sólo 88 viviendas sufrieron daños por inundaciones, principalmente pérdida de enseres domésticos, en tanto que cuatro más registraron daños estructurales.
Sin embargo, la preocupación de las autoridades locales y estatales se centró ayer en la implementación de medidas para evitar cualquier foco infeccioso, derivado de la muerte de animales, y los lodos y aguas que todavía invadían ayer hogares y vialidades.
Una amplia zona de la ciudad, ubicada en los alrededores del cauce del Ajolotero sufrió los estragos de la inundación, ocurrida desde la noche del sábado. Y a pesar de que las labores de limpieza se realizaron domingo y lunes, hasta ayer permanecía el riesgo de que se pudieran generar problemas de salud pública por la contaminación derivada de las secuelas del desbordamiento.
Ayer, personal de Protección Civil estatal y del ayuntamiento de Chilpancingo continuaron las labores de evaluación de daños y limpieza de lugares públicos y viviendas.
En tanto que ante la posibilidad de un brote de dengue o de otro tipo de enfermedades, debido a la presencia de animales muertos que fueron arrastrados por la corriente, personal de vectores y de la jurisdicción sanitaria implementaron medidas de contención y de saneamiento.

Exigen a federación auditoria especial en Taxco

Antonio Jiménez Gómez

Regidores del ayuntamiento de Taxco enviaron a la Secretaría de la Función Pública una denuncia en torno a las presuntas irregularidades cometidas por el alcalde de filiación panista, Ramiro Jaimez Gómez.
Los inconformes demandaron al gobierno federal y al del estado, que se apliquen auditorías especiales a las finanzas del ayuntamiento, para determinar en qué se están gastando los recursos presupuestales desde hace año y medio.
En un escrito enviado a la Presidencia de la República y a dicha dependencia federal, los perredistas Hugo Figueroa Ocampo, María del Carmen Toledo Lagunas y Rubén González Vázquez, y los priistas Víctor Lagunas Cabrera, Alejandra Gómez Zagal y Domingo Salvador García Jaimez, denuncian el caos administrativo que impera al interior del ayuntamiento.
Los regidores manifiestan su “total inconformidad por la forma de conducir los destinos de nuestro municipio del C. Ramiro Jaimez Gómez, presidente municipal”.
Acusan al alcalde panista de estar en contubernio con los regidores de su partido para mayoritear las propuestas que hacen en las sesiones del cabildo, lo que está provocando un caos que convierte a la actual en la peor administración municipal que ha tenido Taxco en los últimos años.
El oficio, signado por los inconformes fue fechado en Taxco desde el pasado 14 de junio, y tiene el sello de recibido de la Oficina del Secretario de la Función Pública con fecha 4 de julio del presente año.
En él, los regidores denuncian el retraso en el pago de dos meses de salarios y la totalidad de los aguinaldos a todo el personal de confianza del gobierno municipal.
“Primero, argumentando que las participaciones federales no le habían sido entregadas en tiempo y forma, tratando de echarle la culpa al gobernador del estado... Cuando su argumento se vino abajo, sistemáticamente ha tratado de culpar a la administración anterior”, argumentan los regidores de PRI y PRD.
Asimismo, critican las declaraciones del alcalde en el sentido de que los recursos del ayuntamiento se han destinado al pago de la deuda institucional heredada por la anterior administración, a pesar de que existen documentos que prueban lo contrario.
Por ello, acusan que hasta el momento Jaimez Gómez no ha demostrado en que se gastan los ingresos del municipio a pesar de que ya se encuentra a la mitad de su administración.
En el texto de la denuncia, los regidores rescatan la controvertida autorización otorgada por el alcalde de Taxco para la construcción de un centro comercial, que “ha destruido totalmente la fisonomía” de esa ciudad.
Agregan que ahora, Ramiro Jaimez pretende quitar el empedrado de algunas de las principales calles de esa ciudad colonial “poniéndoles cemento hidráulico, lo que vendría a quitarle el poco atractivo que aún guarda”, lo cual fue planteado en una sesión de cabildo y fue rechazado por los inconformes.
Agregan que ante la propuesta de que se cobrara a los hoteles el impuesto predial para capitalizar al ayuntamiento, el alcalde se negó argumentando que ese tipo de negocios proporcionaban servicios al gobierno municipal.
De paso, denuncian que en esa ciudad se han incrementado los niveles de inseguridad y delincuencia, y que el alcalde protege a los altos mandos de la policía local, quienes han sido acusados de negligencia, abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos, al grado de que el Congreso local tuvo que intervenir al respecto.
De acuerdo a los regidores, la solicitud de auditoría especial por parte de los gobiernos federal y estatal a la administración taxqueña, fue acompañada por fotografías y documentación, por lo que exigieron un “rápido esclarecimiento de los problemas existentes”.

Que la federación deje de burlarse de Guerrero:
Proponen diputados no pagar
Peaje en la Autopista del Sol

Antonio Jiménez Gómez

Diputados locales calificaron como una burla las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sentido de que la Autopista del Sol se encuentra en buenas condiciones, y amagaron con respaldar medidas de presión al gobierno federal para que apure los trabajos de reconstrucción.
El diputado Fernando Donoso Pérez declaró que “es una grave inmoralidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Capufe el estado en el que tienen la Autopista del Sol, y sobre todo cobrar el peaje en una carretera que raya en los extremos del peligro y de la inseguridad”.
El perredista dijo que a pesar de las constantes reuniones que se ha tenido como Congreso local con Capufe y la SCT, y los constantes exhortos que se han emitido, no se ha logrado más que un pequeño descuento en el pago del peaje.
“De por sí, si la carretera estuviera en buen estado, las tarifas son exageradas. Pero ya no podemos permitir que se siga cobrando y que la federación se siga riendo de los guerrerenses”, acotó.
Y agregó que se debe repensar la necesidad de asumir posiciones más drásticas y urgentes, como la suspensión del pago de las casetas hasta que se concluya la reparación real de la autopista y no sólo un maquillaje.
La diputada Rossana Mora Patiño también propuso que se suspenda el pago del peaje en la Autopista, porque a pesar de que han pasado años de reparaciones, esa vía sigue cada vez peor.
Y lo más preocupante, resaltó, es que el gobierno federal considera que no es su responsabilidad, en tanto que no hay ninguna garantía para quienes por ella circulan.
“¿A quién conviene este negocio? ¿Por qué la negligencia del gobierno federal? Porque sí se están embolsándose el dinero de las casetas, y no les importan los derrumbes y accidentes que ocurren”, comentó la también perredista.
“Esto no puede seguir así, porque la gente corre un gran riesgo. Hay que invitar a que se utilice mejor la carretera libre, porque no pasa nada por parte de Capufe. Hay una gran negligencia de las autoridades”, dijo Mora Patiño.
La diputada panista Jessica García Rojas dijo que aún cuando sea positivo que se realicen reparaciones a la vía de cuota, casi no hay patrullas que la resguarden, hay automovilistas que circulan a exceso de velocidad, y no hay la suficiente señalización en las zonas de obras.“Es reprobable que esta Legislatura local lleva año y medio exigiendo que se terminen las reparaciones, exigiendo señalización, exigiendo mayor calidad, exigiendo la revisión del cobro. Y la respuesta del gobierno federal no ha sido la deseada. Hay que exigirle, pero a través de las instancias legales y no con la toma de casetas que en nada ayuda”, remató.

Se reportan daños en cientos de viviendas
Daños deja en Chilapa
Desbordamiento de río
Arrasa el torrente del Ajolotero con viviendas, negocios y enseres; bajo el lodo y basura una parte de la ciudad; instrumenta Protección Civil estatal y municipal operativo desde la noche del sábado

Antonio Jiménez Gómez

Daños en por lo menos 200 viviendas y 15 negocios que se ubican al margen del río Ajolotero, provocó el desbordamiento de ese afluente la noche del sábado y madrugada del domingo.
A pesar de que la corriente prácticamente barrió con varias calles y la inundación alcanzó los 25 centímetros, hasta el momento no se reportan pérdidas humanas ni heridos.
Debido a la intensidad de una tormenta que se registró la tarde-noche de ayer, el volumen del agua que captó el Ajolotero fue demasiado, al grado de que en algunos puntos se salió del cauce.
Incluso, fue tal la magnitud y fuerza del torrente que pasó por encima de uno de los puentes vehiculares que se encuentran sobre el margen, y arrancó de tajo un barandal.
De acuerdo a los primeros reportes de Protección Civil estatal, el cauce del Ajolotero estaba limpio, ya que no se encontró mucha basura a lo largo de la zona afectada.
Sin embargo, la corriente arrastró piedras, lodo y troncos, algunos de grandes dimensiones, que fueron los que provocaron que en algunos puntos del cauce se conformaron pequeñas represas que contribuyeron al desbordamiento.
Personal de Protección Civil estatal reportó el desbordamiento del afluente desde las diez de la noche del sábado 7 de julio, pero la corriente siguió afectando la ciudad durante las siguientes horas.
Hasta la tarde de ayer, el balance inicial de los daños señala afectaciones parciales en un centenar de viviendas ubicadas en seis colonias de Chilapa, como Xocomulco, Los Sauces, Zapata y Barrio de Villa, las que registraron principalmente pérdidas de enseres domésticos.
También hubo daños parciales en por lo menos 15 negocios, cuyas mercancías fueron echadas a perder por el lodo y el agua que se introdujo en los locales durante la noche.

LA EMERGENCIA

De acuerdo a fuentes consultadas del ayuntamiento de Chilapa y de la Subsecretaría de Protección Civil, fue alrededor de las ocho de la noche cuando se inició el desbordamiento del Ajolotero.
Ante la situación, Protección Civil municipal habilitó un albergue temporal y evacuó a decenas de familias, ante la posibilidad de que la tormenta continuara y se registraran mayores inundaciones.
En tanto que ante la emisión de la alerta de la autoridad municipal, personal de Protección Civil y de la Policía Preventiva estatales se trasladaron la misma noche del sábado a Chilapa para sumarse a las labores de apoyo a la población.
La noche para cientos de chilapeños fue larga y de incertidumbre, al ver que el lodo y el agua iba cubriendo los pisos de sus casas. Mientras tanto, en las inmediaciones del cauce, el estruendo que provocaba la corriente también generó miedo entre los pobladores.
El amanecer fue aciago para la población. En las calles aledañas al río quedaron muebles regados así como una densa capa de lodo que prácticamente hacía intransitables las vialidades.
Quienes acudieron al albergue regresaron a sus viviendas para darse cuenta de la magnitud de los daños, y de inmediato empezaron a trabajar para limpiar y rescatar lo que fuera posible.
En tanto, personal del gobierno estatal se abocó a limpiar los troncos y demás restos que se encontraban en el cauce para lograr que el agua corriera sin mayor obstáculo.
Hasta la tarde de ayer las labores de limpieza continuaban, así como autoridades estatales y municipales se organizaban para realizar un censo de las viviendas y el tipo de afectaciones que sufrieron.

Inicia AGE "caza" de alcaldes y ex alcaldes incumplidos

Antonio Jiménez Gómez

El auditor general del estado, Ignacio Rendón Romero, informó que los ex alcaldes que no han cumplido con la entrega de sus cuentas públicas podrían ser inhabilitados, en tanto que los actuales podrían ser sujetos de una revocación de mandato por el mismo motivo
Rendón Romero dio a conocer que ya envió al Congreso local una propuesta para que se analice la posibilidad de imponer sanciones que podrían llegar hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos, a ex alcaldes que no han cumplido con la entrega de cuentas públicas.
Asimismo, Rendón Romero informó que en el caso de los 13 ayuntamientos que actualmente no han enviado la cuenta pública correspondiente a 2006, no sólo se está planeando la inhabilitación de sus tesoreros.
Comentó que también se envió información a las comisiones de Vigilancia, Presupuesto e Instructora del Congreso local, para que se pueda iniciar un juicio de revocación de mandato en contra de los alcaldes por incumplir la ley de fiscalización.
Cabe agregar que hasta finales de junio, 51 ayuntamientos tampoco habían cumplido con la entrega del informe cuatrimestral 2007.

LOS EX ALCALDES

En el caso de los ex alcaldes, el auditor estatal indicó que la AGE no puede imponer directamente sanciones a los ex munícipes, ya que esa facultad le fue conferida a partir de la reforma a la Ley de Fiscalización realizada en 2006, por lo que será el Poder Legislativo el que tome la decisión al respecto.
Actualmente, a un año y medio de que concluyeron sus administraciones, 36 de 81 –casi la mitad-- ex alcaldes del periodo 2002-2005 no han terminado con la entrega de sus cuentas públicas.
De ese total, 14 no entregaron ningún documento comprobatorio de lo que fue el último año de su administración (2005), en tanto que los demás tienen por lo menos alguna auditoría cuatrimestral pendiente.
Ante ello, Rendón Romero indicó que ya se está proponiendo que se impongan sanciones, ya que ha transcurrido más de año y medio desde que terminaron las anteriores administraciones municipales
“En cuanto a los alcaldes, en una primera etapa, los que terminaron su periodo en noviembre de 2005, se ha requerido la presentación de su cuenta pública, en segunda instancia estamos enviando ya al Congreso del estado toda la información par que puedan ejercer las sanciones en contra de los incumplidos”, declaró en entrevista el titular del órgano fiscalizador.
El caso más grave que prevalece hasta la actualidad de incumplimiento de la Ley de Fiscalización es el de Tlacoapa, municipio ubicado en la región de la Montaña, que a la fecha debe cinco cuentas cuatrimestrales.
En tanto que Chilapa, Cualác, Eduardo Neri, San Luis Acatlán, Tetipac y Tlapehuala tienen pendiente de entregar cuatro informes de cómo ejercieron su presupuesto.
En la lista oficial de la Auditoría estatal, actualizada al 29 de junio del presente año, también se observa que los ex alcaldes de Ajuchitlán del Progreso, Atlixtac, Metlatónoc, Pedro Ascencio de Alquisiras, San Miguel Totolapan y Xalpatláhuac no han cumplido con la totalidad de las cuentas de 2005.
Mártir de Cuilapan, Zapotitlàn Tablas y Zitlala son ayuntamientos cuyos ex alcaldes tienen pendiente la entrega de tres cuentas, aún cuando en los dos últimos no son continuas.
Otros seis ex alcaldes deben las cuentas públicas correspondientes a los últimos siete meses de su administración, en tanto que 13 más no han concluido satisfactoriamente su periodo gubernamental porque tienen pendiente la entrega de un solo documento, el último de ellos.
Cabe comentar que en algunos de los casos que aún tienen cuentas pendientes con la AGE, los ex alcaldes son actualmente diputados locales.
Sin embargo, de acuerdo con el mismo órgano fiscalizador, hasta el momento ningún ex alcalde, principalmente los que enfrentan mayores irregularidades, ha sido sometido a algún procedimiento que los inhabilite para ocupar cargos públicos, derivado de su irresponsabilidad.
Sin embargo, Rendón Romero informó que ya se turnaron sus expedientes para que sea el propio Congreso quien determine las sanciones correspondientes.

Antonio Jiménez Gómez

Luego de permanecer durante casi 400 días cerrado debido a la realización de trabajos de reparación, el puente vehicular Petaquillas fue reabierto ayer a la circulación de vehículos.
Esa obra de infraestructura fue abierta a la circulación el 11 de abril de 2006 e inaugurada oficialmente el día 20 de ese mismo mes. Sin embargo, con la caída de las primeras lluvias de ese año, empezaron a surgir desperfectos.
Fue en los primeros días de junio de 2006, cuando se registraron hundimientos de hasta 30 centímetros en las rampas del puente, principalmente en la sección sur, por lo que la circulación fue cerrada.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes acusó que fue por las “excesivas lluvias” que el puente no aguantó ni dos meses de servicio, aunque un dictamen de Protección Civil estatal desmintió la versión y aclaró que se debió a deficiencias en su construcción.
Tras el cierre de la obra, en la que se invirtieron alrededor de 40 millones de peso, vinieron trabajos de reparación que duraron alrededor de 390 días, hasta que la mañana de ayer fueron quitados los señalamientos que prohibían el paso en esa vía, y los automóviles comenzaron a circular de forma normal.
Cabe comentar que el bulevar Chilpancingo-Petaquillas, a casi 15 meses de inaugurado, todavía no termina de construirse, ya que aún no se terminan las obras complementarias de drenaje.

UNA HISTORIA DE FRACASOS

La construcción del puente Petaquillas fue realizada por la empresa Bempo Kaate, junto con la ampliación a cuatro carriles de la carretera que comunica a esa localidad con la ciudad de Chilpancingo.
Desde el inicio de los trabajos, los cuales se prolongaron a casi el doble de lo programado, se denunciaron irregularidades las cuales fueron denunciadas por los habitantes de las zonas aledañas.
De acuerdo a un informe de la SCT, la obra iba a beneficiar a más de 120 mil habitantes de Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango y sus comunidades.
Los problemas iniciales fueron de tal magnitud, que la inauguración del bulevar se programó y canceló en cuatro ocasiones, hasta que fue inaugurada oficialmente el 20 de abril, a pesar de que las obras estaban inconclusas.
Menos de dos meses después, fue cancelada la circulación en el puente de 400 metros de longitud. Los hundimientos se registraron en amplias zonas de las rampas.
A partir de ese momento, se generó un debate entre autoridades federales y estatales: SCT insistió durante meses que las lluvias habían sido las causantes del desperfecto, en tanto que Protección Civil estatal certificó que se debió a la mala calidad de la construcción.
Fue a finales del año pasado, cuando la SCT admitió que se habían registrado errores en la construcción del puente, los cuales se estaban reparando.
Aún cuando inicialmente se dijo que la rehabilitación de la obra quedaría concluida en diciembre pasado –ya que no se podían hacer reparaciones durante la temporada de lluvias--, esta continuó durante 2007.
En varias ocasiones, autoridades municipales y federales anunciaron el fin de los trabajos, pero estos no llegaban a su fin.
En el puente se quitaron las jardineras iniciales y el segmento fue cubierto por asfalto; posteriormente, se construyó un camellón, el cual al paso de los meses fue nuevamente retirado. Finalmente, esa zona por la cual supuestamente se había trasminado el agua, quedó como tramo asfaltado.
En tanto, en las paredes centrales de la base del puente, que meses atrás estuvieron a punto de derrumbarse, se colocaron tensores metálicos que están conteniendo dichos muros, y se prevé que resistan el paso de los vehículos pesados.

Antonio Jiménez Gómez

Por considerarlos violatorios de los derechos humanos más básicos, diputados de diversos partidos políticos se pronunciaron en contra de los operativos de revisión de mochilas y la aplicación de exámenes anti doping en escuelas primarias.
Los legisladores coincidieron en señalar que si los gobiernos no son capaces de implementar políticas públicas efectivas en materia de prevención del delito y de las adicciones, que busquen otras formas de cumplir con su responsabilidad, y no agrediendo a los menores.
Asimismo, indicaron que en dado caso de que dichas estrategias sean impuestas por el gobierno de la república se deben implementar acciones colaterales.
Por ejemplo, señalaron, cómo le va hacer el gobierno de Guerrero si se confirma la existencia de estudiantes con algún tipo de adicción, si la Secretaría de Salud no tiene una estrategia ni instalaciones para tratar a ese tipo de personas.

CONDENAN MEDIDA

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rossana Mora Patiño, condenó la intención de aplicar exámenes toxicológicos a los alumnos de escuelas públicas.
“Es violatorio a los derechos humanos. Son menores de edad. Y hay que recordar que en la Constitución federal se dice que nadie puede ser molestado en sus pertenencias y en su persona, salvo por estricta orden judicial”, declaró.
La perredista indicó que sólo en los casos en que haya escuelas con graves problemas de drogas, que ya hayan sido denunciados, pudiera implementarse, con la intervención de observadores de derechos humanos y la autorización previa de los padres de familia, operativos de ese tipo.
“Donde no hay, me parece que el querer decir que esculcando mochilas de menores de edad se va a combatir el tráfico de enervantes, no es así. Las autoridades tienen una gran responsabilidad para combatir ese problema, saben bien quiénes son, dónde están y no actúan, consideró Mora Patiño.
Por ello, enfatizó que con ese tipo de programas de justificación, las autoridades “quieren tapar el sol con un dedo, quererle tapar el ojo al macho, queriendo decir que esculcando la mochila de un niño de primaria, van a combatir el tráfico de enervantes”.
Sobre la prevención de adicciones, urgió a las autoridades a que implementen un programa “serio, real y de largo plazo” para en realidad tratar de reducir el mercado de ese tipo de cosas y se concientice a los jóvenes que no tienen que consumir esas sustancias.
“Las adicciones tienen que combatirse desde la escuela con programas serios, y no sólo tomarse la fotografía, o distribuir un folletito cuando se viene a comparecencias, sino donde se ocupa, en las escuelas, en acuerdos con los maestros para que pueda realmente dar resultados”, añadió.
El representante del Partido del Trabajo, Marcos Zalazar Rodríguez, coincidió con la legisladora perredista que aplicar el antidoping a estudiantes de primaria y secundaria violenta sus derechos humanos.
Estableció que el gobierno debe pensar en otro tipo de medidas para eficientar la prevención de las adicciones y el combate a las redes de tráfico de sustancias prohibidas, y no recargarse en los niños para fingir que se está haciendo algo.
“Primero hay que fijar las reglas, para garantizar la defensa de los derechos constitucionales.. hay que establecer las formas de cómo llevar a cabo los estudios y quienes participan”, comentó el legislador.
Sin embargo, alertó que se deben tomar precauciones ante otro tipo de riesgos: “Los niños en ese ámbito ya están siendo presionados psicológicamente, porque en su mundo no entienden qué es lo que se estará buscando. Los de secundaria y de preparatoria, a lo mejor sí, pero los de primaria no, serían más utilizados”.
En tanto que también criticó que por querer combatir la delincuencia “estemos pegándonos a nosotros mismos”.

PROPONE CALVO UN REFERÉNDUM

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Humberto Calvo Memije propuso que el Congreso local podría convocar a un referéndum popular, para consultar a la ciudadanía sobre su respaldo o no a ese tipo de medida.
“Parece sana la propuesta, pero también debemos oír la opinión del pueblo. Sería bueno hacer un referéndum para que, si se aceptara, llevara la fuerza necesaria”, declaró el priista.
Sin embargo, el legislador por Chilpancingo alertó sobre lo que se podría hacer en caso de que se confirmara la existencia de personas con algún tipo de adicción.
“No nada más implica hacer el antidoping. ¿qué van hacer con los que salgan positivos? ¡Se tienen que regenerar! ¿Tendremos la capacidad para regenerar? Por eso hay que ver la opinión de la población”, añadió.

Se intensifica paro laboral de defensores de oficio

Antonio Jiménez Gómez

Trabajadores de la Defensoría de Oficio anunciaron que el próximo lunes habrán de parar labores y tomarán los juzgados, para que ninguno de sus compañeros abogados pueda desahogar audiencias.
Lo anterior luego de que la audiencia que tenían programada para el mediodía de ayer, en la Secretaría General de Gobierno, fue cancelada sin previo aviso.
Los defensores, que desde la semana pasada iniciaron un paro laboral para demandar la destitución de su director, José Ramírez Villalba, acudieron a Palacio de Gobierno, para la reunión con funcionarios estatales en la que se trataría de destrabar el conflicto. Pero no se realizó.
Cabe recordar que los trabajadores están inconformes por el trato despótico del funcionario, así como por haber despedido de forma injustificada a 17 de ellos en semanas pasadas.
Asimismo, demandan la dotación de implementos de trabajo que van desde cosas simples como hojas blancas hasta escritorios, y equipo de cómputo.
Los defensores de oficio dijeron que como resultado de la movilización del pasado lunes, el secretario de Gobierno envió un oficio al director de la Defensoría en el que le solicitaba que se abstuviera de realizar cualquier tipo de represalias en contra de los manifestantes.
Asimismo, ofreció revisar el pliego petitorio, hacer llegar las demandas al gobernador y este viernes ofrecer una respuesta sin embargo estuvieron casi medio día en la sala del secretario, quien acudió a la ceremonia del Día de la Marina realizada en Acapulco.
En su lugar, el secretario particular Noé Jiménez Silverio, quien ofrecía únicamente volver a escuchar las peticiones, por eso se salieron del edificio y amenazaron con la movilizarse el próximo lunes.
La defensoría de oficio cuenta con 92 abogados con los que atiendan más de siete mil 500 casos anualmente, lo que consideraron que es totalmente inadecuado pues cada defensor tiene una carga de trabajo exagerada que no les permite dar la atención debida a cada caso.
Los quejosos reconocieron que hay un pequeño grupo de abogados que simpatiza con el nuevo director porque les ha otorgado canonjías.
Sin embargo, advirtieron que a partir del próximo lunes habrán de tomar los juzgados de toda la entidad para que ellos tampoco puedan desahogar las audiencias.
Agregaron que, tal y como lo habían anunciado, el paro será con carácter de indefinido hasta que haya una respuesta del gobierno a las demandas planteadas, y reiteraron que su pliego petitorio no está sujeto a negociaciones.

Actúan Semarnat y Profepa con negligencia: García

Antonio Jiménez Gómez

De nada sirve hacer denuncias en contra de talamontes, porque las autoridades ambientales del gobierno federal llegan ocho meses después, afirmó el diputado local Raymundo García Gutiérrez.
Indicó que cuando fue alcalde de Acatepec, municipio enclavado en la zona alta de la región de la Montaña, en reiteradas ocasiones presentó denuncias ante la Secretaría del Medio Ambiente federal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en contra de los taladores ilegales.
Sin embargo, reiteró que la vez que acudieron al llamado, lo hicieron ocho meses después, cuando los talamontes ya habían terminado con amplias zonas de bosque y se encontraban en otro lado.
“Y esa vez lo documentamos con fotos y testimonios, para que no dijeran que era invento nuestro, y aún así se tardaron mucho. Por eso, eso de la preservación del medio ambiente es puro cuento”, afirmó el actual diputado local por el Partido de la Revolución Democrática.
Los que mas están deforestando son lo que lo hacen de manera legal, porque les otorgan los permisos Semarnat, y a Profepa no le alcanza su gente para supervisar.
Recordó que cuando fue alcalde “hice la denuncia y me llegó la gente de Profepa ocho meses después. Lo que quería en su momento, era que fueran a ver cómo se habían derribado árboles unos ciudadanos para sembrar maíz”.
Estableció que ese grupo de personas que estaban talando montes se negaba a cumplir las órdenes de las autoridades comunales y municipales, por lo que era necesaria una presión mayor, pero no llegó.
“Entonces, lo que hicimos fue turnarlo a la Profepa con fotos, nombres de la gente que había estado involucrada. Tardaron ocho meses y cuando fueron, ya la vegetación había retoñado, pero ya no había árboles grandes”, detalló en entrevista.
A partir de ello, estableció que hay “pasividad “ de las autoridades ambientales del país, para en realidad implementar acciones que permitan la preservación de la riqueza natural del estado.

CAMBIAR PRINCIPIOS, NECESARIO

El diputado local por la región de la Montaña estableció que si las autoridades federales en realidad quieren cumplir con su responsabilidad, lo ideal “lo que tiene qué hacerse es que si la Semarnat va autorizar la explotación de la madera, primero se tiene que reforestar, que reforesten los interesados en explotar la madera.
“Finalmente es un recurso renovable, hay que aprovechar la madera. Entonces, se tiene que reforestar realmente, cuidando los árboles, por lo menos en la misma extensión que van a cortar”, indicó García Gutiérrez.
Expresó que aún cuando la normatividad actual establece que se debe plantar diez árboles por cada uno que sea cortado, ese sistema no está funcionando y no hay quien vigile su cumplimiento, por lo que es necesario modificar el esquema de operación y que, quien quiera aprovechar ese recurso, que le invierta antes.
“Esto es necesario que se modifique para que no nos sigamos dañando. Hay algunos que sólo ven el beneficio económico, pero se debe tomar conciencia real de que todo el daño que le hagamos a la vida silvestre nos afecta tarde o temprano”, enfatizó el legislador.

JUSTICIA CONVENENCIERA

El integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local también cuestionó la forma en cómo se aplica la justicia ambiental, ya que mientras en ocasiones se detiene y castiga a campesinos que transportan leña para autoconsumo, ninguna autoridad actúa en contra de los aserraderos.
“No le podemos aplicar todo el peso de la ley a un campesino que va a cortar leña para su casa, mientras que los aserraderos procesan trozos y trozos, camiones y tortons, y nadie les dice nada”, comentó.
Y agregó que si las autoridades ambientales autoriza a los aserraderos determinado volumen de madera para procesar, ellos siempre meten más y es el negocio, sin que la autoridad haga algo al respecto.
“Lo cierto es que si les autorizan 2 mil metros cúbicos, sacan 2 mil 500. ¿Y quién vigila? Nadie. ¿Quién está pesando los camiones para ver cuánto saca? Nadie. Unicamente ahí van documentando, pero únicamente registran dos camiones y uno no. Entonces ese es el problema”, abundó.

No se construirá hospital en Chichihualco, confirmó alcalde

Antonio Jiménez Gómez

El alcalde de Leonardo Bravo, Willivaldo Valente Pastor, anunció que la Secretaría de Salud Guerrero negó la posibilidad de que en la cabecera de ese municipio se construya un hospital básico para prestar atención médica a más de 23 mil habitantes.
Sin embargo, dijo que en su lugar se construirá un “centro de salud ampliado” que será el primero en su tipo en la entidad, y permitirá responder a las necesidades médicas básicas de los habitantes de Chichihualco.
El alcalde indicó que los vecinos de su municipio tendrán que conformarse con seguir acudiendo a los hospitales de Chilpancingo –a por lo menos 40 minutos de tiempo de recorrido—o al de Filo de Caballos –trayecto que puede prolongarse más por ser zona serrana—para ser atendidos.
Valente Pastor indicó que el viernes pasado acudió a una reunión de trabajo en la Secretaría de Salud, en la que se les informó que se declaró desierto el proceso de licitud para la construcción del centro de salud en Chichihualco.
“Se declaró desierto el concurso, toda vez que de cuatro empresas participantes, dos se descalificaron, dos quedaron para el análisis económico, pero una quedó baja y otra alta. Hay mucha seriedad por parte de Salud en analizar los presupuestos que presentaron las empresas”, comentó el alcalde.
Indicó que a partir de esa situación, será esta semana cuando se vuelva a emitir la convocatoria para que las empresas concursen para la realización de ese proyecto.
El alcalde de filiación priista dijo que la gestión que se hizo era para contar con un hospital básico comunitario, pero la Secretaría de Salud se negó a respaldar ese proyecto debido a la cercanía (sic) de la cabecera municipal con Chilpancingo.
“Por la cercanía con la capital va a ser un centro de salud con servicios ampliados. Va a tener prácticamente todos los servicios, e incluso posiblemente hasta una ambulancia, lo que nos va a permitir que en casos muy complicados se puedan traer los pacientes a Chilpancingo”, refirió.
Valente Pastor estableció que a pesar de las limitaciones, “es un proyecto muy interesante y además muy necesario para la cabecera municipal”, donde habitan casi 12 mil habitantes, más las comunidades aledañas, para sumar una población municipal de más de 23 mil personas.
Expresó que por parte del ayuntamiento, para tratar de incrementar la cobertura de los servicios de salud, durante el último año de su administración se construyeron tres centros de salud en diversas comunidades.
“Estamos haciendo esfuerzos en las diversas comunidades”, dijo Willibaldo Valente, quien indicó que también se están creando casas de salud en otras comunidades.
Fue entonces cuando indicó que para el caso de varias comunidades ubicadas en la zona serrana, sus habitantes tienen la opción de acudir al hospital que se encuentra en la localidad de Filo de Caballos, en el municipio de Heliodoro Castillo.

Prevalecen graves problemas en gobierno: ASF

Antonio Jiménez Gómez

La corrupción, la falta de transparencia y de rendición de cuentas de los recursos presupuestales ejercidos, la inexistencia de un mecanismo de control que permita evitar el saqueo del patrimonio público, son factores que no ha podido solucionar el gobierno, afirmó el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón.
A lo anterior se suman los ínfimos niveles de recaudación de impuestos que contrastan con los desmedidos sueldos de algunos funcionarios públicos, un exceso en la discresionalidad del manejo de fondos públicos y el desvío de fondos públicos a procesos electorales.
Otras áreas de “opacidad gubernamental” son la baja competitividad económica, la pobreza del conocimiento, la deficiente operación del sistema educativo, la crisis del sistema de pensiones, la inexistencia de sistemas de evaluación gubernamental, la excesiva carga regulatoria
Estos señalamientos los hizo González de Aragón como parte de una conferencia magistral pronunciada ante el personal de la Auditoría General del Estado.
Congregados en un salón ubicado al sur de la ciudad, donde toda la semana se realizó un seminario de profesionalización de los auditores estatales, el auditor Superior de la Federación evaluó los retos y perspectivas de los órganos de fiscalización.
Estableció que aún son muchos los pendientes que tienen los tres niveles de gobierno, para que la transparencia y la rendición de cuentas sea una realidad total.
González de Aragón planteó 12 problemas muy graves que siguen ocurriendo en la administración pública y que le cuestan al patrimonio nacional una cantidad indefinida de recursos.
Asimismo, indicó que es urgente que las auditorías estatales logren una real autonomía técnica y operativa, para que se pueda realizar una fiscalización efectiva de los recursos públicos.

SE RECUPERARON 24.3 MMDP

Durante su intervención, González de Aragón informó que como resultado de su acción fiscalizadora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha logrado recuperar, hasta el 31 de diciembre de 2006, 24 mil 313 millones de pesos en beneficio de la sociedad.
Estableció que esos recursos recuperados de organismos diversos y de gobiernos estatales y municipales, representan casi 30 veces más el presupuesto anual del organismo.
De esos 24 mil 313 millones, precisó, diez mil 856 millones corresponden del Fobaproa por el otorgamiento de créditos irregulares, auditorías, quitas, condonaciones, castigos y quebrantos.
Otros dos mil 457 millones son del Fideicomiso Aduanas I, que devolvió a la Tesorería de la Federación por derechos de trámite aduanero, más mil 580 millones de pesos por el pago del adeudo del sindicato de PEMEX a favor del organismo.
También se recuperaron mil 533 millones del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) por disponibilidades indebidas, así como cerca de tres mil millones recuperados de gobiernos estatales y municipales.

AUDITORIAS ESTATALES, ASIGNATURA PENDIENTE

González de Aragón indicó que la ASF, con sus nuevas facultades, ha coadyuvado a la modernización de las Entidades de Fiscalización Locales, con el fin de que se contribuya a impulsar la transparencia de la gestión gubernamental en los estados.
Señaló que las auditorías estatales tienen una mayor responsabilidad en su función fiscalizadora, por lo que deben privilegiar su adecuado funcionamiento y adecuarlo, como mínimo, a los mismos principios de actuación que rigen a la ASF.

LOS PENDIENTES DEL GOBIERNO

En cuanto a los rubros donde prevalecen rezagos peligrosos, citó la percepción de la corrupción, porque según Transparencia Internacional, México, en el año 2006, fue calificado con 3.3 puntos, en una escala del cero al diez, y de 163 países evaluados, México reprobó al ocupar el lugar 70.
En cuanto a recaudación tributaria, la OCDE señaló en su reporte de 2004 que México registró el peor índice entre las 30 naciones miembros de esa organización, pues recauda el 18 por ciento del Producto Interno Bruto, en tanto que Suecia recauda el 51 por ciento, Dinamarca el 49 y Bélgica el 46.
Señaló que respecto a complicación tributaria (burocratismo), México ocupó el lugar 126, toda vez que una empresa mediana en nuestro país realiza un promedio de 49 pagos anuales de impuestos, en lo cual ocupa alrededor de 552 horas para cumplir sus obligaciones fiscales.
En cuanto a trámites gubernamentales, según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se incrementaron de mil 126 en el año de 2000 a tres mil en 2005; es decir, prácticamente se triplicaron en lugar de disminuir.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe anual de 2006, ubica a la economía mexicana en el lugar número 14 entre 180 países, cuando que en el año 2000 ocupaba el lugar número once, y ha sido superado por economías como las de Rusia, Corea del Sur y la India.
En lo que se refiere a la imparcialidad de las cortes de justicia, México se ubica en el lugar 79 de entre 120 naciones evaluadas. “La falta de confianza de los mexicanos en el Poder Judicial es palpable, pues pareciera ser que algunos de sus fallos no privilegian el interés superior de la nación”, afirmó el auditor federal.
En educación primaria, el país registra una relación de 28 alumnos por profesor, frente al promedio de 17 que tienen en promedio los países integrantes de la OCDE. Mientras que en educación secundaria la misma relación es de 30, en contraste con el promedio de 13 de esa organización.
En el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, México pasó del lugar 48 en 2004 al 58 en 2006, entre 106 países, en cuanto al índice de competitividad mundial.
Destacó que otra área sensible de riesgo lo constituyen las pensiones y jubilaciones, las cuales representan, anualmente, erogaciones crecientes que no son reveladas como pasivos contingentes en la información financiera, que ascienden a seis billones de pesos mexicanos (12 ceros), y es un problema que amenaza con estrangular las finanzas públicas del país.
Otra área de opacidad se refiere a la magnitud de los recursos federales transferidos a estados y municipios que representan aproximadamente el 30 por ciento del total del gasto federal programable, lo cual obliga a la búsqueda de acciones que garanticen su adecuada rendición de cuentas y fiscalización, lo que es una de las áreas más obscuras en materia de transparencia.
Sostuvo que mientras no se modifique el sistema educativo y se forme a un hombre nuevo y diferente, la corrupción se presentará de una manera o de otra, lo cual implica establecer una política de largo plazo sustentada en una reforma integral que privilegie la calidad educativa.
Consideró que un área de oportunidad consiste en que es necesario fortalecer se encuentra en la construcción de sistemas de evaluación del desempeño basados en indicadores estratégicos, de gestión y de servicios, que permitan conocer la forma y grado de cumplimiento de las políticas y programas públicos, la calidad de los servicios que se prestan y el desempeño de los servidores públicos.
Otra área de oportunidad está en la instrumentación de una política integral de desarrollo ecológico para el mejoramiento y preservación de nuestro medio ambiente, mediante programas y proyectos sustentables de largo plazo, con un financiamiento que lo haga posible y con un marco jurídico que sanciones todos los incumplimientos.